STS 849/2022, 25 de Octubre de 2022

JurisdicciónEspaña
Número de resolución849/2022
Fecha25 Octubre 2022

T R I B U N A L S U P R E M O

Sala de lo Social

Sentencia núm. 849/2022

Fecha de sentencia: 25/10/2022

Tipo de procedimiento: UNIFICACIÓN DOCTRINA

Número del procedimiento: 3550/2019

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 25/10/2022

Ponente: Excma. Sra. D.ª Concepción Rosario Ureste García

Procedencia: Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla)

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Sagrario Plaza Golvano

Transcrito por: AAP

Nota:

UNIFICACIÓN DOCTRINA núm.: 3550/2019

Ponente: Excma. Sra. D.ª Concepción Rosario Ureste García

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Sagrario Plaza Golvano

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Social

Sentencia núm. 849/2022

Excmos. Sres. y Excmas. Sras.

D. Antonio V. Sempere Navarro

D. Sebastián Moralo Gallego

D.ª María Luz García Paredes

D.ª Concepción Rosario Ureste García

D. Ignacio Garcia-Perrote Escartín

En Madrid, a 25 de octubre de 2022.

Esta Sala ha visto el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por D. Gines, representado y asistido por el Letrado D. Gustavo Cabello Martínez, contra la sentencia dictada el 27 de junio de 2018 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla) en el recurso de suplicación nº 2054/2017, interpuesto contra la sentencia de fecha 29 de marzo de 2017, dictada por el Juzgado de lo Social nº 6 de los de Sevilla en autos núm. 298/2015, seguidos a instancia del ahora recurrente contra D. Indalecio en calidad de administrador concursal y la mercantil A.V. Gerencia Preventiva S.L. y en el que ha sido parte el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

Ha comparecido como parte recurrida Fogasa, representada y asistida por el Abogado del Estado.

Ha sido ponente la Excma. Sra. D.ª Concepción Rosario Ureste García.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Con fecha 29 de marzo de 2017 el Juzgado de lo Social nº 6 de los de Sevilla dictó sentencia, en la que se declararon probados los siguientes hechos:

"Primero: D. Gines, comenzó a prestar servicios bajo las ordenes de la empresa demandada, AV Gerencia Preventiva, con fecha de 22 de marzo de 2004, bajo la modalidad de contratación indefinida, y con la categoría de diplomado grupo 2, siendo el salario bruto anual la cantidad de 48.384 euros.

Segundo: En fecha de 17 de julio de 2012 la empresa comunicó al actor su intención de reducir el salario bruto anual a la cantidad de 37.000 euros, a través de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, ante lo cual el trabajador comunicó a la empresa su intención de optar por la extinción indemnizada del contrato.

Tercero: Con fecha de 31 de julio de 2012, fecha en que se hacía efectiva la extinción indemnizada del contrato, la empresa no hizo frente al pago de la indemnización correspondiente a 20 días por año trabajado con un máximo de 9 mensualidades. La cantidad adeudada por tal concepto asciende a la cantidad de 22.500 euros.

Cuarto: Se dictó sentencia por este juzgado el día 21 de octubre de 2013 por la que se condenó a la empresa abonar la cantidad de 22.500 €. Presentada solicitud de prestaciones ante el focas a (sic), el organismo demandado dicto resolución de fecha de 2 de diciembre de 2014 en el expediente número NUM000 en la que se le denegó el reconocimiento de la prestación por no acreditar el interesado los requisitos establecidos en el artículo 33 del estatuto de los trabajadores. No estando conforme el actor con dicha resolución interpuso la presente demanda.

Quinto: La empresa demandada fue declarada en concurso de acreedores, por auto de fecha de 4.03.2013 dictado por el Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Sevilla.".

En dicha sentencia aparece la siguiente parte dispositiva:

"Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por D. Gines contra Indalecio administrador concursal, y contra la empresa A. V . Gerencia preventiva S.L., y contra FOGASA, en cuya virtud, debo absolver y absuelvo a los demandados de todas las pretensiones ejercitadas en su contra.".

SEGUNDO

La citada sentencia fue recurrida en suplicación por D. Gines ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla), la cual dictó sentencia en fecha 27 de junio de 2018, en la que consta el siguiente fallo:

"Con desestimación del recurso de suplicación interpuesto por el letrado don Gustavo Cabello Martínez, en nombre y representación de don Gines, contra la sentencia dictada el 29 de marzo de 2017 por el Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla, recaída en autos sobre contrato de trabajo promovidos por el recurrente contra el Fondo de Garantía Salarial, la empresa A.V. Gerencia Preventiva, S.L., en concurso, y la Administración concursal de ésta, confirmamos dicha sentencia. Sin costas.".

TERCERO

Por la representación de D. Gines se formalizó el presente recurso de casación para la unificación de doctrina ante la misma Sala de suplicación.

A los efectos de sostener la concurrencia de la contradicción exigida por el art. 219.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), el recurrente propone como sentencia de contraste, la dictada por la Sala Séptima del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 28 de junio de 2018, (asunto C-57/17).

CUARTO

Por providencia de esta Sala de fecha 8 de junio de 2020 se admitió a trámite el presente recurso y se dio traslado del escrito de interposición y de los autos a la representación procesal de la parte recurrida para que formalizara su impugnación en el plazo de quince días.

Presentado escrito de impugnación por la recurrida Fogasa, se pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal quien emitió informe en el sentido de considerar el recurso procedente.

QUINTO

Instruida la Excma. Sra. Magistrada Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el día 25 de octubre de 2019, fecha en que tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

1. La cuestión casacional suscitada por la parte actora consiste en determinar si procede que el FOGASA responda de la indemnización dimanante de la extinción contractual por modificación de las condiciones de trabajo, cuando la empresa está declarada insolvente.

Impugna la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla) de fecha 27 de junio de 2018, desestimatoria de su recurso. El demandante denunció la infracción del art. 33 ET en relación con el Convenio 173 de la OIT y la Directiva 2008/94 de 22 de octubre. La recurrida interpreta el art. 33.2 ET en el sentido de que no incluye las indemnizaciones debidas a extinción de la relación laboral por voluntad del trabajador como consecuencia de no aceptar las medidas de movilidad geográfica o de condiciones de trabajo, dejándose fuera deliberadamente las indemnizaciones debidas a otros tipos de extinciones de la relación laboral. Exclusión debida, según la sentencia, a la facultad otorgada por el art. 3 de la Directiva 2008/94/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, que matiza la adopción de medidas por los Estados miembros en cuanto al pago de los créditos impagados, "cuando así lo disponga el Derecho interno"; tampoco considera infringido el art. 2 del convenio 173 de la OIT.

  1. El Ministerio Fiscal, partiendo de la concurrencia del presupuesto de contradicción, informa la procedencia del recurso y que la buena doctrina se encuentra en la sentencia de contraste.

El Abogado del Estado, en la representación que tiene del FOGASA, denuncia la falta de contradicción entre las sentencias comparadas, ya que el caso resuelto por la sentencia de contraste es una respuesta a una cuestión prejudicial que, por su propia naturaleza, no resuelve el fondo del asunto que le fue suscitado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Subsidiariamente a lo anterior, sostiene que el recurso debe ser en todo caso desestimado porque la recurrente pretende que el FOGASA abone una prestación al margen de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y que vacía de contenido el conjunto de preceptos legales del ET (el art. 33 en su conjunto) y la LRJS.

SEGUNDO

1. En primer término, ha de resolverse el óbice procesal consistente en despejar el valor referencial de la STJUE invocada en el recurso.

La propia dicción del art. 219 LRJS, en su apartado 2 in fine, cuando contempla la posibilidad de invocar la doctrina establecida en las sentencias del TJUE en interpretación del derecho comunitario, enerva aquella oposición. La vocación ampliatoria del ámbito del recurso unificador que el legislador de 2011 persiguió, tal y como expresa en la exposición de motivos de la ley, no puede en modo alguno ser objeto de la restricción que el impugnante predica respecto de las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en interpretación del Derecho comunitario dimanantes de las cuestiones prejudiciales planteadas ante el mismo.

  1. En ese marco litigioso, deberá examinarse seguidamente el cumplimiento del presupuesto de contradicción preceptuado en el art. 219 LRJS. Esta norma y la jurisprudencia perfilan la necesidad de que converja una igualdad "esencial", sin que por lo tanto medie diferencia alguna que permita concluir que, a pesar de la contraposición de pronunciamientos en las sentencias contrastadas, ambos puedan resultar igualmente ajustados a Derecho y que por ello no proceda unificar la doctrina sentada. Entre otras muchas, recuerdan esta doctrina las SSTS de fechas 12.01.2022, rcud 5079/2018, 13.02.2022, rcud 39/2019, 19.01.2022, rcud 2620/2019 o 20.01.2022, rcud 4392/2018.

La resolución citada de contraste es la STJUE de 28 de junio de 2018 (C-57/17), resolutoria de una cuestión prejudicial planteada por la Sala de lo Social del TSJ de la Comunidad Valenciana. En el litigio principal consta que la demandante (limpiadora), ante la comunicación de su traslado a otro centro de trabajo sito a 450 km del anterior, optó por la extinción de su contrato conforme al art. 40 ET, lo que aceptó la empresa. Ante la falta de abono voluntario de la indemnización, promovió judicialmente la reclamación de cantidad; se dictó sentencia condenatoria y en el trámite de ejecución la empresa fue declarada insolvente después de haber pagado una parte de la deuda. El FOGASA rechazó abonar la parte de indemnización impagada alegando que su origen era una extinción contractual por voluntad del trabajador no garantizada por el art. 33.2 ET; su resolución se impugnó en vía judicial. La STJUE cita jurisprudencia propia para afirmar que solo cabe admitir la diferencia de trato contenida en el art. 33.2 ET si está objetivamente justificada, y rechaza el argumento del Gobierno español de que el margen de apreciación del art. 3 de la Directiva permite al Estado miembro optar por garantizar solo las indemnizaciones derivadas de una extinción de la relación laboral por causas ajenas a la voluntad del trabajador. El Tribunal sostiene que las extinciones de los arts. 50 a 52 ET y la del art. 40 son situaciones comparables pues no puede entenderse que ésta lo sea por voluntad del trabajador, sino que es consecuencia de la pretensión empresarial de llevar a cabo una modificación sustancial de las condiciones de trabajo (traslado geográfico que implicaba cambio de residencia).

La descripción de los supuestos de hecho de ambas resoluciones evidencia su similitud, al igual que las pretensiones y sus fundamentos; sin embargo, la interpretación de la normativa comunitaria que hace la sentencia recurrida es contraria a la efectuada por el TJUE en la referencial, alcanzado sus fallos soluciones divergentes, de lo que deriva la necesidad de unificación de la doctrina en esta materia.

TERCERO

1. En el motivo destinado a la infracción legal incorpora el recurrente los siguientes preceptos: art. 33 ET (en relación son sus arts. 50, 51 y 52), la Directiva 2008/94 ( art. 11), y art. 41 del mismo ET. Argumenta correlativamente que los trabajadores que acuden a la extinción del contrato de ese art. 41 del ET, se encuentran en una situación comparable a la de los trabajadores cuya extinción acaece conforme al art. 50 ET, toda vez que vienen a optar por la extinción en base a una modificación de las condiciones laborales efectuada por el empresario.

Nuestra STS de fecha 8.01.2019, rcud 1649/17, reiterando la doctrina precedente -así con remisión a lo recogido en STS de 18 de mayo de 2016 (rcud. 2919/2014)- razona acerca de la procedencia del abono por el FOGASA al actor de la indemnización correspondiente como consecuencia de la extinción del contrato de trabajo al amparo de lo dispuesto en el art. 41.3 ET -a causa de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo-, con posterior concurso de acreedores de la empresa. Y ello porque, la jurisprudencia comunitaria equipara las extinciones de contrato derivadas de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo unilateralmente decididas por el empresario a los despidos.

En sentido análogo nos pronunciamos en SSTS IV de 12.11.2019, rcud 1357/2017 y 8.09.2021, rcud 3348/2018. Esta última resolución también precisaba que la normativa legal vigente a los efectos de este litigio es la anterior a la modificación operada en el art. 33.2 ET por la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, pero eso no ha de ser óbice para que alcancemos la misma solución que finalmente ha impuesto esta reforma legal, con independencia de la cuestión relativa al límite máximo de 9 mensualidades en el importe de tal indemnización, que no se plantea en el caso de autos, y que no regía en la fecha en la que se produce la situación jurídica respecto a la que debemos pronunciarnos.

Recordamos también el pasaje transcrito de la STS/IV de 18 de mayo de 2016 (rcud. 2919/2014), en la que señalamos: "Además al derivar el citado precepto estatutario de lo establecido en la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, debe tenerse en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en especial de la interpretación de los conceptos de "despido" y de "extinciones de contrato asimiladas al despido", la que corroboran la conclusión anteriormente expuesta. En este sentido, la STJUE 11-noviembre-2015 (C-422/14, Pujante Rivera vs. Gestora Clubs Dir, S.L. y FGS), incluye en el concepto de "despido" ex art. 1.1.a) de la Directiva 98/59/CE ("se entenderá por Ždespidos colectivosŽ los despidos efectuados por un empresario, por uno o varios motivos no inherentes a la persona de los trabajadores...") la extinción contractual derivada de una modificación unilateral introducida por el empresario en un elemento esencial del contrato de trabajo por motivos no inherentes a la persona del trabajador; declarando, entre otros extremos, que:

  1. el concepto de "despido" en la Directiva 98/59, atendido al objetivo perseguido por la misma y al contexto en que se integra, «este concepto debe interpretarse en el sentido de que engloba cualquier extinción del contrato de trabajo no deseada por el trabajador y, en consecuencia, sin su consentimiento ( sentencias Comisión/Portugal [TJCE 2004, 376], C-55/02, ..., y Agorastoudis y otros [ TJCE 2006, 235], C-187/05 a C-190/05 ...)»;

  2. «de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que los despidos se distinguen de las extinciones del contrato de trabajo, que, en las condiciones mencionadas en el artículo 1, apartado 1, último párrafo, de la Directiva 98/59..., se equiparan a los despidos por falta de consentimiento del trabajador ( sentencia Comisión/Portugal [TJCE 2004, 376] , C-55/02 ...)», en dicho art.1.1 último párrafo se preceptúa que "A efectos del cálculo del número de despidos previsto en la letra a) del párrafo anterior se asimilarán a los despidos las extinciones del contrato de trabajo producidos por iniciativa de empresario en base a uno o varios motivos no inherentes a la persona de los trabajadores, siempre y cuando los despidos sean al menos 5";

  3. «En cuanto al asunto principal, dado que fue la trabajadora la que solicitó la extinción del contrato de trabajo con arreglo al artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, podría entenderse, a primera vista, que accedió a esta ruptura. No obstante, no es menos cierto que ..., el origen de la extinción de esa relación de trabajo es la modificación unilateral introducida por el empresario en un elemento esencial del contrato de trabajo por motivos no inherentes a la persona de la trabajadora»;

  4. el concepto de "despido" en la Directiva 98/59 «condiciona directamente la aplicación de la protección y de los derechos que esta Directiva otorga a los trabajadores. Dicho concepto, por tanto, tiene una repercusión inmediata en las cargas que esta protección supone. Así pues, cualquier normativa nacional o interpretación de dicho concepto que llevase a considerar que, en una situación como la debatida en el litigio principal, la rescisión del contrato de trabajo no es un despido, en el sentido de la Directiva 98/59, alteraría el ámbito de aplicación de dicha Directiva y la privaría así de su plena eficacia (véase, en este sentido, la sentencia Confédération générale du travail y otros [TJCE 2007, 14], C-385/05...)»; y

  5. concluyendo que «La Directiva 98/59 ... debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que un empresario proceda, unilateralmente y en perjuicio del trabajador, a una modificación sustancial de elementos esenciales del contrato de trabajo por motivos no inherentes a la persona del trabajador queda comprendido en el concepto de "despido" utilizado en el artículo 1, apartado 1, párrafo primero, letra a), de dicha Directiva».

(...) En definitiva, entendemos que, dadas las circunstancias concurrentes expuestas, cuando en el ámbito de una serie de medidas de flexibilización interna y externa por causas organizativas y productivas, adoptadas, en su día, con autorización administrativa, procede la reposición del derecho a la prestación por desempleo consumida durante un periodo previo de suspensión temporal del contrato por causas organizativas y productivas con el límite máximo legal de 180 días cuando la extinción contractual posterior, acaecida como consecuencia del global de medidas adoptadas, se produce no directamente por la resolución administrativa que autorice la extinción sino por no acogerse el trabajador afectado a una medida de modalidad geográfica adoptada por el empresario e incluida en dicho plan de reestructuración empresarial global, concurriendo los demás requisitos legales, al tratarse de una medida equiparable al despido por causas no inherentes a la persona del trabajador".

La doctrina de la referencial incide en esa misma línea de enjuiciamiento. Responde así a la cuestión prejudicial entonces suscitada declarando que el art. 3, párrafo 1º de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que "cuando, según la normativa nacional de que se trate, determinadas indemnizaciones legales debidas por la extinción del contrato de trabajo por voluntad del trabajador y las debidas en caso de despido por causas objetivas, como las contempladas por el órgano jurisdiccional remitente, estén comprendidas en el concepto de "indemnizaciones debidas al término de la relación laboral" en el sentido de la referida disposición, las indemnizaciones legales debidas como consecuencia de la extinción del contrato de trabajo por voluntad del trabajador a causa del traslado del lugar de trabajo por decisión del empresario, traslado que obliga al trabajador a cambiar su lugar de residencia, también deben incluirse en dicho concepto".

  1. La aplicación de tales precedentes, por mor de los principios de igualdad y seguridad jurídica, al caso objeto del actual enjuiciamiento, en el que la cuestión litigiosa ha quedado centrada y limitada a determinar si el trabajador tiene derecho a que el FOGASA le abone la indemnización correspondiente como consecuencia de la extinción del contrato de trabajo al amparo de lo dispuesto en el art. 41.3 ET, a causa de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, con posterior concurso de acreedores de la empresa, implicará, teniendo en cuenta las circunstancias fácticas concurrentes ya expuestas, la procedencia de su estimación.

CUARTO

De conformidad con lo informado por el Ministerio Público, estimaremos el recurso unificador, casando y anulando la sentencia impugnada, y resolviendo el debate formulado en suplicación, ha de estimarse el recurso de tal clase, revocando la sentencia de instancia y estimar la demanda a fin de reconocer la reclamación de prestación de garantía salarial deducida por la parte actora frente al FOGASA, dentro de los límites establecidos legalmente.

No ha lugar a efectuar pronunciamiento en costas ( art. 235.1 LRJS).

F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido estimar el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por D. Gines.

Casar y anular la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla) el 27 de junio de 2018 (rollo 2054/2017) y, resolver el debate formulado en suplicación, estimando el recurso planteado por dicha parte, revocando la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 6 de los de Sevilla el 29 de marzo de 2017 en sus autos nº 298/2015 y estimar la demanda formulada por el ahora recurrente, reconociendo la reclamación de cantidad deducida por la parte actora frente al FOGASA, a quien se condena al abono correspondiente.

No ha lugar a efectuar pronunciamiento en costas.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

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