SJMer nº 1 325/2022, 16 de Junio de 2022, de Palma
| Ponente | VICTOR HEREDIA DEL REAL |
| Fecha de Resolución | 16 de Junio de 2022 |
| ECLI | ECLI:ES:JMIB:2022:9332 |
| Número de Recurso | 70/2020 |
JDO. DE LO MERCANTIL N. 1
PALMA DE MALLORCA
SENTENCIA: 00325/2022
C/TRAVESSA D'EN BALLESTER, 20
Teléfono: 971 21 94 14 Fax:
Correo electrónico: mercantil1.palmademallorca@justicia.es
Equipo/usuario: F
Modelo: N04390
N.I.G. : 07040 47 1 2020 0000151
ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000070 /2020
Procedimiento origen: /
Sobre OTRAS MATERIAS
DEMANDANTE D/ña. EXCAVACIONS COLOMETA S.L.
Procurador/a Sr/a. FRANCISCO BARCELO OBRADOR
Abogado/a Sr/a.
DEMANDADO D/ña. Florentino
Procurador/a Sr/a.
Abogado/a Sr/a.
JUZGADO DE LO MERCANTIL
NÚMERO 1 DE PALMA DE MALLORCA
Travessera den Ballester s/n
JUICIO VERBAL núm. 70/2020
SENTENCIA
En PALMA DE MALLORCA, a dieciséis de junio de dos mil veintidós.
Vistos por mí, Víctor Heredia del Real, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Palma de Mallorca y su partido, los presentes autos de JUICIO VERBAL seguidos ante este Juzgado con el número 70/2020 a instancia de la entidad mercantil EXCAVACIONS COLOMETA, S.L., representada por el procurador
de los tribunales don Francisco Barceló Obrador, contra don Florentino, procede dictar la presente resolución con base en los siguientes:
Por la indicada presentación procesal de la actora se interpone demanda de juicio ordinario en la que, expuestos los hechos y alegados los fundamentos jurídicos en que basa su pretensión, termina por suplicar del Juzgado se dicte sentencia de conformidad con los pedimentos contenidos en la misma.
Por turnada la anterior demanda, se dictó decreto por el que se admitió a trámite y fueron convocadas las partes para la celebración de la preceptiva audiencia previa. Fijada la controversia y admitidos los medios de prueba que se reputaron pertinentes y útiles para esclarecer los hechos controvertidos, al estar en rebeldía la parte demandada, quedaron las actuaciones vistas para sentencia al haberse admitido exclusivamente medios de prueba documentales.
En la tramitación de este procedimiento se han seguido los preceptos y prescripciones legales.
El objeto del proceso es la reclamación de cantidad en ejercicio de la acción de responsabilidad por deudas prevista en el artículo 367 del artículo 241 del RDL 1/2010, de 12 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
La responsabilidad de los administradores de las sociedades mercantiles supone una excepción al principio general de la limitación de responsabilidad tradicional en las sociedades de capital, que con carácter general está limitada a la aportación de los socios, y, en la práctica, este régimen especial de responsabilidad, se erige como un mecanismo de protección para la sociedad misma, los socios y los acreedores sociales, frente a situaciones en que una gestión fraudulenta o negligente por parte de un órgano de gestión ponga a la sociedad en un estado de peligro o insolvencia.
La acción individual presente un carácter residual por entenderse que sólo puede ejercitarse en defecto de acción social y, respecto a los supuestos en que se ejercite de forma acumulada la acción ex artículo 367 RDL 1/2000, de 12 de julio, porque en la mayoría de los supuestos de responsabilidad de administradores de sociedades mercantiles, la responsabilidad se exige ante situaciones de insolvencia, pre insolvencia o de causa legal de disolución, en cuanto la responsabilidad deriva del incumplimiento de obligaciones sociales. No obstante, no existe óbice alguno a que ambas acciones se ejerciten separadamente o, bien, como sucede en el presente caso, se opte por su ejercicio acumulado.
A tenor del artículo 363.1 RDL 1/2000, de 12 de julio, " La sociedad de capital deberá disolverse: a) Por el cese en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social. En particular, se entenderá que se ha producido el cese tras un período de inactividad superior a un año. b) Por la conclusión de la empresa que constituya su objeto, c) Por la imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social, d) Por la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento, e) Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso, f) Por reducción del capital social por debajo del mínimo legal, que no sea consecuencia del cumplimiento de una ley, g) Porque el valor nominal de las participaciones sociales sin voto o de las acciones sin voto excediera de la mitad del capital social desembolsado y no se restableciera la proporción en el plazo de dos años, h) Por cualquier otra causa establecida en los estatutos ".
A su vez, a según establece el artículo 367.1 RDL 1/2000, de 12 de julio, " Responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución los administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución ".
En relación con esta acción de responsabilidad por deudas, la STS de 10 de noviembre de 2010, en cuanto a la concurrencia de elementos, concreta los siguientes:
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" Existencia de alguna de las causas de disolución de la sociedad, previstas en los números 3, 4, 5 y 7 del apartado uno del artículo 260 de la propia Ley ".
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" Omisión por los administradores de la convocatoria de Junta General para la adopción de acuerdos de disolución o de remoción de sus causa ".
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" Transcurso de dos meses desde que concurre la causa de disolución ".
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" Imputabilidad al administrador de la conducta pasiva ".
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" Inexistencia de causa justificadora de la omisión ".
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" Existencia de crédito contra la sociedad", en cuanto se trata de una acción reservada a los acreedores de la sociedad .
Siguiendo en este punto la doctrina del Tribunal Supremo, nos encontramos ante una responsabilidad ex lege, sea o no cuasi objetiva, que dimana del incumplimiento de los deberes legales impuestos a los administradores sociales, en este caso, de convocar en el plazo de dos meses la Junta General desde que tengan noticia de la concurrencia de la causa de disolución, bien para adoptar el acuerdo de disolución, bien para solicitar la declaración de concurso. Si la Junta no se reuniera o no se adoptase el pertinente acuerdo, los administradores sociales están obligados individualmente a solicitar el concurso o judicialmente la disolución de la sociedad, en un plazo de dos meses desde que se celebró o se debió celebrar la Junta.
De esta forma, conociendo los administradores que la entidad que administran se encuentra en situación legal de insolvencia y que no podrá hacer frente a las obligaciones futuras, al no actuar diligentemente para superar dicho obstáculo, bien convocando Junta General para que en su seno se adopten las medidas adecuadas, bien adoptando las medidas que permitan superar la situación de insolvencia, abocan con su actuación a la sociedad a no responder de los...
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