STS 779/2022, 22 de Septiembre de 2022

JurisdicciónEspaña
Número de resolución779/2022
EmisorTribunal Supremo, sala segunda, (penal)
Fecha22 Septiembre 2022

T R I B U N A L S U P R E M O

Sala de lo Penal

Sentencia núm. 779/2022

Fecha de sentencia: 22/09/2022

Tipo de procedimiento: RECURSO CASACION (P)

Número del procedimiento: 10791/2021 P

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 20/09/2022

Ponente: Excmo. Sr. D. Miguel Colmenero Menéndez de Luarca

Procedencia: TSJ Castilla-León

Letrada de la Administración de Justicia: Sección 001

Transcrito por: ARB

Nota:

RECURSO CASACION (P) núm.: 10791/2021 P

Ponente: Excmo. Sr. D. Miguel Colmenero Menéndez de Luarca

Letrada de la Administración de Justicia: Sección 001

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Penal

Sentencia núm. 779/2022

Excmos. Sres.

D. Andrés Martínez Arrieta

D. Miguel Colmenero Menéndez de Luarca

D. Andrés Palomo Del Arco

D. Eduardo de Porres Ortiz de Urbina

D. Ángel Luis Hurtado Adrián

En Madrid, a 22 de septiembre de 2022.

Esta Sala ha visto el recurso de casación nº 10791/2021P por infracción de ley y de precepto constitucional, así como por quebrantamiento de Forma, interpuesto por la representación del acusado D. Alexis, contra la sentencia dictada por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Castilla y León, de fecha 19 de octubre de 2021 en el Rollo de apelación nº 2/2021, que desestimó el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal del acusado contra la sentencia de 26 de abril de 2021, dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León, en el rollo de Sala 62/2020, procedente de causa del T. Jurado número 1/2019, procedente del Juzgado de Instrucción núm. 5 de León, seguida contra el referido acusado por delito de asesinato, robo con violencia y delito leve de lesiones; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido bajo la Presidencia del primero de los indicados, siendo parte el Ministerio Fiscal, estando el recurrente representado por la procuradora D.ª María Angeles Santamaría Blanco, bajo la dirección letrada de D.ª María Luisa Hermida Pérez.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Miguel Colmenero Menéndez de Luarca.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Seguido por la Audiencia Provincial de León, Sección 3ª, el rollo de sala nº 62/2020, procedente de procedimiento T. Jurado número 1/2019, del Juzgado de Instrucción nº 5 de León, contra D. Alexis, por delito de e asesinato, robo con violencia y delito leve de lesiones; se dictó sentencia con fecha 26 de abril de 2021, que contiene los siguientes hechos probados:

"De conformidad con el Veredicto emitido por el Jurado Popular se declaran .probados por unanimidad los siguientes hechos:

Sobre las 00.05 horas del día 19 de agosto de .2,017 el acusado DON Alexis, hallándose en la calle Marqués de Santillana de San Andrés del Rabanedo, se encontró con Doga Francisca y su marido Don Cecilio, nacido el día NUM000 de 1954, cuando regresaban a su domicilio sito en la CALLE000 de la localidad de San Andrés del Rabanedo, partido judicial de León y, entonces, con intención de obtener para sí una ventaja patrimonial, se dirigió a ellos exhibiendo un objeto punzante y diciéndoles "dadme todo u os mato".

Entonces el acusado DON Alexis empujó a D. Cecilio contra un garaje que había en la misma calle, cerrándole el paso, y, exhibiéndole el objeto punzante, le arrebató su bolso, en el cual portaba sus efectos personales, entre ellos, un móvil marca Vcmee Apolo Lite y su carcasa, una cartera con 180 cures en efectivo; tarjetas bancarias, documentación personal, un ITSB, juego de llaves y gafas graduadas.

Al tiempo que le arrebataba el bolso a Don Cecilio, el acusado DON Alexis le clavó un objeto punzante ocasionándole una herida penetrante en el tórax.,

Posteriormente, el acusado DON Alexis se dirigió a Doña Francisca, quien gritaba pidiendo auxilio y, mostrándole el objeto punzante, la empujó tirándola al suelo arrebatándole su bolso en el que llevaba un móvil de la marca HUAWEI con funda de color naranja., chicles Orbit sabor clorofila, pafiuelos, pintalabios, billetera de piel con su documentación, tarjetas bancarias, 150 euros en efectivo y las llaves de su casa.

Seguidamente a estos hechos, el acusado DON Alexis huyó del lugar, perdiendo en la huida un móvil de la marca ALCATEL que el usaba y de cuya línea era titular su pareja D.ª Nuria.

El acusado DON Alexis fue localizado posteriormente por la policía sobre las 07.27 horas del día 19 de agosto de 2017 en la Calle Juan XXIII de la localidad de León, portando dos móviles, uno marca HUAWEI con funda naranja propiedad de Doña Francisca y otro Veme e Apolo lite propiedad de Don Cecilio, además de otros efectos propiedad de los mismos los pañuelos y los chicles de Doña Francisca y el USB propiedad de D. Cecilio).

Ante la presencia de los policías, el acusado DON Alexis intentó huir, siendo detenido por los agentes.

La herida causada por el acusado DON Alexis a Don Cecilio era mortal de necesidad, pues le causó a este la rotura de la cavidad ventricular derecha, y provocó una intensa hemorragia y su posterior muerte pese a los cuidados médicos prestados.

A consecuencia de su caída al suelo, Doña Francisca sufrió una contusión periocular y malar izquierda con hematoma periorbitario que requirió para su sanidad de una primera asistencia facultativa, tardando en curar ocho días de los cuales dos días fueron particularmente moderados y seis exclusivamente básicos,

A consecuencia del asalto y la muerte de su marido, Doña Francisca presentó un trastorno de estrés postraumático para cuya sanidad ha precisado tratamiento médico y psicoterápico tardando en curar 479 días de perjuicio moderado y quedándole como secuela trastorno por estrés postraumático con sintomatologia moderada que ocasiona hiperactivación emocional y evitación valorada en cinco puntos por los médicos forenses.

El acusado DON Alexis agredió a Don Cecilio consciente y voluntariamente con claro ánimo de acabar con su vida.

La agresión con el objeto punzante par parte del acusado DON Alexis a Don Cecilio la llevó a cabo dicho acusado consciente y voluntariamente de manera súbita e inesperada o repentina procurando que no existiera riesgo para su persona y eliminar así toda posibilidad de que el agredido se defendiera.

El acusado, DON Alexis, previamente a la agresión, había comenzado a seguir a unas metros a Doña Francisca y a su marido Don Cecilio en la calle Miguel de Unamuno de la localidad de San Andrés del Rabanedo, partido judicial de León, cuando ambos volvían a su domicilio sito en la CALLE000 de la citada localidad, decidiendo consciente y voluntariamente el acusado adelantar, al matrimonio y esperar a que llegaran a la altura del paso de peatones de la Calle Marqués de Santillana de San Andrés del Rahanedo antes de iniciar el acometimiento.

La agresión con el objeto punzante por parte del acusado DON Alexis a Don Cecilio la efectuó el acusado consciente y voluntariamente con el fin de favorecer Ia sustracción de los objetos que éste portaba.

La agresión con el objeto punzante por parte del acusado DON Alexis a Don Cecilio la efectuó el acusado consciente y voluntariamente con el fin de no ser identificado y evitar así la acción de la justicia en relación a la sustracción de los objetos pertenecientes a la víctima,

La agresión por parte del acusado DON Alexis a Doña Francisca la efectué el acusado consciente y voluntariamente con clara intención de lesionaría.

Los gastos ocasionados a Doña Francisca por el sepelio de su esposo fueron por importe de 5.715,13 euros y por el tratamiento psicológico al que tuvo que ser sometida 665 euros.

El valor aproximado de los efectos sustraídos y recuperados ha sido determinado en la cantidad de. 582 euros, y los no recuperados en 338 euros.

A la fecha del fallecimiento D. Cecilio, estaba casado con Doña Francisca, no tenía hijos ni padres vivos, habiendo comparecido únicamente en el juicio Doña Francisca.

El acusado DON Alexis en el momento de. los hechos no padecía una grave adicción a sustancias estupefacientes(sic)"

SEGUNDO

La Audiencia de instancia en la citada sentencia, dictó la siguiente parte dispositiva:

"En virtud del Veredicto de CULPABILIDAD emitido por el Tribunal del Jurado, debo condenar y condeno a DON Alexis, como AUTOR DE. UN DELITO DE ASESINATO en la persona de DON Jose María, de un DELITO DE ROBO CON VIOLENCIA E INTIMIIDACIÓN CON UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTO PELIGROSO, y de un DELITO LEVE DE LESIONES en la persona de Doña Francisca, ya definidos, todos ellos en relación sic concurso real, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las siguientes penas:

  1. Por el delito de asesinato, la pena de VEINTIDÓS AÑOS y SEIS MESES DE. PRISIÓN, con la accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena,

  1. - Por el delito de robo con violencia o intimidación con utilización de instrumento peligroso, la pena de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y

  2. - Por el delito leve de lesiones, MULTA DE TRES MESES con una cuota diaria de seis euros (en total, 540 euros), con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas,

Para el cumplimiento de las penas privativas de libertad, se le abonará el tiempo de cumplimiento de prisión provisional.

El acusado indemnizará a Dota Francisca en las cantidades de 170.000 euros (ciento setenta mil euros) por daños morales y lucro cesante, 5315,13 curas (cinco mil setecientos quince con trece euros) por gastos de sepelio, 29.632,36 euros (veintinueve mil seiscientos treinta y dos con treinta y seis euros) por lesiones psíquicas y secuelas sufridas y 668 euros (seiscientos sesenta y ocho euros) por facturas médicas de psicólogo.

Se imponen expresamente las costas al acusado, excluidas las de la Acusación Particular.

Respecto de la suspensión de la pena e indulto, fin -11e que sea la presento sentencia, se resolverá al respecto(sic)".

TERCERO

Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por el acusado; dictándose sentencia por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con fecha 19 de ocutbre de 2021, cuya parte dispositiva es la siguiente:

"Que, DESESTIMANDO el recurso interpuesto por la Defensa del acusado D. Alexis, contra la sentencia de fecha 26 de abril de 2.021, dictada por el Tribunal del Jurado constituido en la Audiencia Provincial de León (Sección 3 ª), DEBEMOS CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS dicha resolución.

Todo ello Imponiendo las costas de esta alzada a la recurrente. Y con correlativa pérdida del depósito para recurrir(sic)".

CUARTO

Notificada la resolución a las partes, se preparó recurso de casación por infracción de Ley y de precepto constitucional, así como por quebrantamiento de Forma, por la representación procesal del acusado D. Alexis, que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el presente recurso.

QUINTO

El recurso interpuesto por la representación procesal del recurrente D. Alexis, se basó en los siguientes motivos de casación:

  1. - Al amparo del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por la aplicación indebida de la agravante de Alevosía del artículo 139.1 del Código Penal.

  2. - Por la vía del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por entender quebrantada la Presunción de Inocencia contemplada en el artículo 24 de la Constitución Española.

Tanto la Audiencia Provincial como el Tribunal Superior de Justicia no analizó en ningún momento los indicios o pruebas de descargo que pudieran establecer una duda razonable para la condena de mi representado, analizando únicamente aquella prueba de cargo para justificar una condena. Pero en el caso presente incluso se llegó a analizar prueba obtenida con vulneración de derechos fundamentales y sin la debida autorización judicial y pasó por alto las contradicciones evidentes respecto a la identificación del autor de los hechos considerando que había prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia.

SEXTO

Instruido el Ministerio Fiscal del recurso de casación presentado de contrario, interesa la inadmisión a trámite del mismo, por las razones vertidas en el escrito que obra unido a los presentes autos y subsidiariamente su desestimación; quedando conclusos los autos para señalamiento de Fallo cuando por turno correspondiera.

SÉPTIMO

Hecho el señalamiento para Fallo, se celebró el mismo prevenido para el día 20 de Septiembre de 2022.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

El Tribunal del jurado constituido en la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de León condenó al acusado Alexis como autor de un delito de asesinato a la pena de 22 años y 6 meses de prisión; como autor de un delito de robo con violencia e intimidación y uso de instrumento peligroso, a la pena de 4 años de prisión; y como autor de un delito leve de lesiones, a la pena de multa de 3 meses. Contra la sentencia de instancia interpuso recurso de apelación que fue desestimado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en sentencia de 19 de octubre de 2021. Contra esta última sentencia interpone recurso de casación formalizando dos motivos. En el segundo, que examinaremos en primer lugar, se queja de la vulneración de la presunción de inocencia. Alega en primer lugar que se ha utilizado prueba ilícitamente obtenida en referencia a la actuación de un agente policial que declaró haber encontrado un terminal móvil en la calle, en el lugar de los hechos, procediendo a realizar una llamada al 091 para obtener la identidad de su titular, lo que, a juicio del recurrente, precisaba de autorización judicial. Se queja igualmente de la falta de constancia de la integridad de la cadena de custodia. Alega en segundo lugar la ausencia de pruebas acerca del medio empleado para causar la muerte, al no haberse encontrado el instrumento o arma utilizados. En tercer lugar, alega que no existe prueba directa acerca del reconocimiento del recurrente como autor de los hechos, señalando contradicciones en las declaraciones de los testigos respecto a la vestimenta del autor. En cuarto lugar, considera que los efectos encontrados en poder del recurrente no son los sustraídos. En quinto lugar, se refiere a las contradicciones que aprecia en las declaraciones de los agentes policiales en cuanto a la vestimenta del acusado. En sexto lugar, afirma la inexistencia de pruebas biológicas. En séptimo lugar, analiza las declaraciones de la testigo Sra. Francisca, víctima de los hechos, que considera que incurre en contradicciones acerca del reconocimiento del acusado y del orden en que sucedieron. Y en último lugar, señala la falta de poder probatorio del silencio del acusado al negarse a declarar.

  1. El derecho a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 24 CE implica, en el marco del proceso penal, que toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley, y, por lo tanto, después de un proceso con todas las garantías, ( artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículo 6.2 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Como regla de juicio en el ámbito de la jurisdicción ordinaria, se configura como derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida más allá de toda duda razonable (entre muchas, últimamente, STC 78/2013, de 8 de abril, FJ 2) ( STC 185/2014). Todo ello supone que se haya desarrollado una actividad probatoria de cargo con arreglo a las previsiones constitucionales y legales, y por lo tanto válida, cuyo contenido incriminatorio, expresa y racionalmente valorado de acuerdo con las reglas de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicos, sea suficiente para desvirtuar aquella presunción inicial, permitiendo al Tribunal alcanzar una certeza que pueda considerarse objetiva, en tanto que asumible por la generalidad, sobre la realidad de los hechos ocurridos y la participación del acusado, tanto en los aspectos objetivos como en los subjetivos, de manera que con base en la misma pueda declararlos probados, excluyendo sobre los mismos la existencia de dudas que puedan calificarse como razonables. A través de la prueba deben quedar acreditados todos los elementos fácticos, objetivos y subjetivos, que sean necesarios para la subsunción.

    El control casacional se orienta a verificar estos extremos, validez y suficiencia de la prueba y racionalidad en su valoración, sin que suponga una nueva oportunidad para proceder de nuevo a la valoración del material probatorio, de manera que no es posible que el Tribunal de casación, que no ha presenciado las pruebas personales practicadas en el plenario, sustituya la realizada por el Tribunal de instancia ante el cual se practicaron.

    No se trata, por lo tanto, de comparar la valoración probatoria efectuada por el Tribunal y la que sostiene la parte que recurre o cualquier otra posible, sino, más limitadamente, de comprobar, de un lado, la regularidad de la prueba utilizada, es decir, su ajuste a la Constitución y a la ley, y, de otro lado, la racionalidad del proceso argumentativo. Esta forma de proceder en el control de la racionalidad del proceso valorativo no implica que el Tribunal que resuelve el recurso pueda realizar una nueva valoración de las pruebas cuya práctica no ha presenciado, especialmente las de carácter personal. Se trata, solamente, de comprobar que el Tribunal de instancia se ha ajustado a las reglas de la lógica, no ha desconocido injustificadamente las máximas de experiencia y no ha ignorado los conocimientos científicos, y que, por lo tanto, su valoración de las pruebas no ha sido manifiestamente errónea, absurda, caprichosa o absolutamente inconsistente. Como se decía en la STS nº 584/2014, de 17 de junio, de forma muy sintética, " Solo debemos sopesar si en el iter discursivo a través del cual el Tribunal ha llegado desde el material probatorio a la convicción de culpabilidad existe alguna quiebra lógica o algún déficit no asumible racionalmente, o si el material probatorio no es concluyente".

    Cuando se trata del recurso de casación en procedimientos en los que, tras la reforma operada por la Ley 41/2015, existe un recurso de apelación previo a la casación, al igual que ocurre con los seguidos conforme a la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de instancia, ya ha sido previamente revisada por el Tribunal Superior de Justicia al resolver el recurso de apelación, donde, sin incidir en los aspectos que dependen directamente de la inmediación, deberá haber procedido a analizar la fiabilidad y el poder demostrativo de las pruebas valoradas y a verificar si, en un análisis racional, permiten alcanzar la certeza necesaria para dictar una sentencia de condena. En consecuencia, en estos aspectos, ya se ha dado cumplimiento a la exigencia contenida en el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en cuanto reconoce el derecho de toda persona declarada culpable de un delito a someter el fallo condenatorio y la pena a un Tribunal superior.

    Desde esta perspectiva, el control que corresponde al Tribunal Supremo, cuando se alega vulneración de la presunción de inocencia, se concreta, en realidad, en verificar si la respuesta que ha dado el Tribunal de apelación ha sido racional y ha respetado la doctrina del Tribunal Constitucional y de esta Sala Segunda sobre el alcance de la revisión, sobre la motivación y sobre la validez de las pruebas. En definitiva, se concreta en cuatro puntos: a) en primer lugar, si el Tribunal Superior de Justicia, al examinar la sentencia del Tribunal del Jurado, se ha mantenido dentro de los límites de revisión que le corresponden; b) en segundo lugar, si ha aplicado correctamente la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional sobre la necesidad de motivar la valoración de la prueba, tanto al resolver sobre la queja de falta de motivación, en su caso, como al fundamentar sus propias decisiones; c) en tercer lugar, si ha respetado la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional acerca de las garantías y reglas relativas a la obtención y práctica de las pruebas, con objeto de determinar su validez como elementos de cargo; d) en cuarto lugar, si el Tribunal de la apelación ha resuelto las alegaciones del recurrente sobre la existencia de prueba de forma racional, es decir, con sujeción a las reglas de la lógica, a las máximas de experiencia y a los conocimientos científicos, examinando adecuadamente si el valor demostrativo de la prueba de cargo, dentro del cuadro probatorio en su conjunto, justifica la declaración de hechos probados.

  2. En el caso, la Sala asume sustancialmente los amplios razonamientos contenidos en la sentencia recurrida en los que se analiza la valoración de la prueba efectuada por el jurado y se afirma su racionalidad y suficiencia.

    En síntesis, la víctima y otra de las testigos manifestaron a los agentes policiales que acudieron inmediatamente al lugar de los hechos y que vieron cómo al autor de los mismos se le había caído algún objeto en el inicio de su huida. Examinado el lugar y sus inmediaciones se halló un terminal móvil, procediendo un agente de policía a hacer una llamada al 091 con la finalidad de identificar al titular de la línea, resultando ser una mujer que afirmó que el usuario de la misma era el acusado. Los testigos, asimismo, describieron la vestimenta del autor. Es cierto que sus manifestaciones no son coincidentes en su totalidad respecto de los detalles, lo cual no resulta extraño si se tiene en cuenta que vieron al autor durante poco tiempo y en el curso de un suceso que puede resultar estresante para quien lo sufre o lo presencia. Pero coinciden en lo fundamental: el autor llevaba una sudadera oscura y unos pantalones cortos más claros (piratas o bermudas según los testigos). Y cuando se detiene el acusado sobre las 7,00 horas de ese mismo día, llevaba esa misma clase de ropas.

    En el momento de la detención se le ocupan dos terminales móviles que le habían sido sustraídos a las personas atracadas, cuya identificación no plantea duda alguna; así como un pendrive que contenía grabaciones efectuadas por un amigo del atracado que falleció, así como un paquete de pañuelos de menta y unos chicles de un concreto sabor, coincidentes igualmente con los que portaban las víctimas y les habían sido también sustraídos. Es posible sostener que algunos de esos elementos tienen un carácter de uso genérico que hace que resulten poco significativos si se consideran aisladamente. Pero, por una parte, esa argumentación se debilita al tratarse de varios, todos ellos coincidentes. Y, de otra parte, no son las únicas pruebas, como resulta de las argumentaciones de la sentencia recurrida, en parte mencionadas en esta de casación.

    Y, finalmente, la esposa del fallecido, que le acompañaba en el lugar de los hechos y que fue asimismo agredida sustrayéndole el bolso, reconoció al acusado en juicio oral, ratificando los reconocimientos efectuados con anterioridad. Reconocimientos que vienen reforzados por todos los elementos probatorios a los que se ha hecho referencia.

    No se trata, por lo tanto, de una única prueba, sino de varias que se complementan entre sí, apuntando todas ellas a la misma conclusión.

  3. No se aprecia irregularidad alguna en la identificación del titular de la línea en la forma en la que se obtuvo. El artículo 588 ter.m de la LECrim dispone que " Cuando, en el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Fiscal o la Policía Judicial necesiten conocer la titularidad de un número de teléfono o de cualquier otro medio de comunicación, o, en sentido inverso, precisen el número de teléfono o los datos identificativos de cualquier medio de comunicación, podrán dirigirse directamente a los prestadores de servicios de telecomunicaciones, de acceso a una red de telecomunicaciones o de servicios de la sociedad de la información, quienes estarán obligados a cumplir el requerimiento, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia".

    En cuanto a la cadena de custodia, aunque formalmente no se hayan cumplido algunas de las exigencias establecidas reglamentariamente, no existe ninguna duda racional acerca de que el teléfono encontrado en el lugar de los hechos es el mismo que los agentes entregaron en la Comisaría durante la instrucción de las diligencias. En cualquier caso, dicho terminal es solo un elemento probatorio más, dentro del amplio material disponible.

  4. Se queja también el recurrente de que no se ha identificado el instrumento utilizado para causar la muerte. En realidad, aunque no haya sido hallado, de un lado, ha de reconocerse que el autor tuvo tiempo suficiente para deshacerse del mismo; y, de otro lado, sus características se obtienen del contenido de los informes forenses sobre la herida que determinó la muerte.

    Por todo ello, ha de concluirse que ha existido prueba de cargo suficiente y que ha sido valorada de forma racional, con respeto a las reglas de la lógica y sin contradecir de forma irrazonada las máximas de experiencia, así como aplicando los conocimientos científicos respecto a los aspectos contenidos en los informes forenses.

    En consecuencia, el motivo se desestima.

SEGUNDO

En el primer motivo, al amparo del artículo 849.1º de la LECrim, denuncia la indebida aplicación de la agravante de alevosía. Argumenta que no debe apreciarse un ánimo necandi inicial, sino un ánimo depredatorio, sosteniendo que hay un momento puntual en el que "la descoordinación o un elemento sobrevenido ocasiona una herida mortal al fallecido". No constan, dice, ninguno de los elementos que permiten hablar de alevosía. Y señala que el hecho se produce en una zona iluminada, sin que hubiera emboscada ni sorpresa.

  1. Hemos señalado reiteradamente que el artículo 849.1º de la LECrim exige un respeto absoluto a los hechos que se han declarado probados, de los que es necesario partir para examinar la correcta aplicación del derecho. El artículo 884.3º de la LECrim prevé la inadmisión a trámite del motivo cuando no se respeten los hechos los hechos probados o se hagan alegaciones jurídicas en notoria contradicción o incongruencia con aquellos.

    En cuanto a la alevosía, dispone el artículo 22.1ª del Código Penal que es circunstancia agravante "ejecutar el hecho con alevosía" y que hay alevosía "cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando en la ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido". De acuerdo con esta definición legal, para apreciar la alevosía, es necesario, en primer lugar, un elemento normativo consistente en que se trate de un delito contra las personas. En segundo lugar, que el autor ejecute los hechos empleando medios, modos o formas que han de ser objetivamente adecuados para asegurar el resultado, precisamente mediante la eliminación de las posibilidades de defensa, sin que sea suficiente el convencimiento del sujeto acerca de su idoneidad. En tercer lugar, que el dolo del autor se proyecte no sólo sobre los medios, modos o formas empleados, sino también sobre su significado tendente a asegurar la ejecución y a impedir la defensa del ofendido, eliminando así conscientemente el posible riesgo que pudiera suponer para su persona una eventual reacción defensiva de aquél. Y en cuarto lugar, como consecuencia, que se aprecie una mayor antijuridicidad en la conducta derivada precisamente del modus operandi, conscientemente orientado a aquellas finalidades, ( STS nº 1866/2002, de 7 noviembre).

    De lo antes expuesto se desprende que la esencia de la alevosía se encuentra en el desarrollo de una conducta agresora que, objetivamente, puede ser valorada como orientada al aseguramiento de la ejecución en cuanto tiende a la eliminación de la defensa, y correlativamente a la supresión de eventuales riesgos para el actor procedentes del agredido, lo que debe ser apreciado en los medios, modos o formas empleados; y que, subjetivamente, venga caracterizada por el conocimiento por parte del autor del significado de los medios, modos o formas empleados en la ejecución, en cuanto tendentes a asegurar el resultado, impidiendo la defensa del atacado y suprimiendo los riesgos que de ella pudieran derivarse para el agresor.

    La forma tradicional del ataque alevoso viene constituida por la agresión a traición, pues es claro que en esos casos la acción agresiva pretende principalmente la supresión de una posible defensa. Así, es ataque alevoso el realizado por sorpresa, de modo súbito e inopinado, imprevisto, fulgurante y repentino ( STS nº 382/2001, de 13 de marzo y las que se citan en ella), ejecutado contra quien está confiado en que tal clase de ataque no se produzca. En estos casos es precisamente el carácter sorpresivo de la agresión, es decir, la acción a traición, lo que tiende a suprimir la posibilidad de defensa, pues quien, confiado, no espera el ataque difícilmente puede prepararse contra él, al menos en la medida de lo posible. Esta modalidad de la alevosía es apreciable en los casos en los que se ataca sin previo aviso. Pero también reviste este carácter cuando, aun habiendo mediado un enfrentamiento, se produce, imprevisiblemente, un cambio cualitativo en la situación ( STS nº 178/2001, de 13 de febrero, ya citada), de modo que esa última fase de la agresión, con sus propias características, no podía ser esperada por la víctima en modo alguno en función de las concretas circunstancias del hecho. ( STS nº 1031/2003, de 8 de setiembre).

    Una segunda modalidad de alevosía se aprecia en los casos de emboscada, trampa o similar en la que el ataque se prepara de forma que se asegure contra cualquier posible defensa del agredido.

  2. En el caso, el Tribunal del jurado declaró probado que la acción causante de la muerte se ejecutó de forma sorpresiva. Se dice en los hechos probados que el acusado llevó a cabo la agresión con el objeto punzante "de manera súbita e inesperada o repentina".

    Y así resulta de la secuencia de hechos probados. El recurrente amenazó al matrimonio con la muerte si no le entregaban lo que llevaran, exhibiendo un objeto punzante. Empujó a Cecilio contra la puerta de un garaje, cerrándole el paso, y al tiempo que le arrebataba el bolso que portaba, le clavó el objeto punzante en tórax, causándole una herida que afectó al corazón lo que determinó su fallecimiento. El atacado, si bien podía esperar la sustracción violenta, a la que no se resistió, no tenía razones para suponer que, una vez que entregaba a la fuerza el bolso que portaba, el autor iba a proceder a clavarle el instrumento punzante con el que lo amenazaba. Ninguna necesidad había de ello, desde ninguna perspectiva, lo que hace que, dadas las circunstancias, pudiera considerarse como algo imprevisible, resultando por lo tanto una ejecución sorpresiva, que eliminaba totalmente cualquier posibilidad de defensa por parte del agredido.

  3. Por otro lado, el Ministerio Fiscal pone de relieve la escasa trascendencia del motivo. El recurrente solamente cuestiona la concurrencia de la alevosía, sin hacer alegación alguna respecto del artículo 139.1.4ª, también aplicado en la sentencia condenatoria. Aunque se prescindiera de aquella la pena tipo se situaría entre 15 y 25 años, y resultaría aplicable la agravante de abuso de superioridad, de forma que, no concurriendo otras circunstancias, la pena impuesta sería igualmente imponible y, dadas las características de los hechos, aun cuando no se apreciase la alevosía, no podría considerarse desproporcionada a la gravedad de los hechos.

    En consecuencia, el motivo se desestima.

F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

  1. Desestimamos el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de D. Alexis, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Castilla y León, de fecha 19 de octubre de 2021 en el Rollo de apelación nº 2/2021, interpuesto contra la sentencia de 26 de abril de 2021, dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León, en el rollo de Sala 62/2020,, seguida contra el referido acusado por delito de asesinato, robo con violencia y delito leve de lesiones .

  2. Condenar a dicho recurrente al pago de las costas ocasionadas en el presente recurso.

Comuníquese esta resolución al mencionado Tribunal a los efectos legales oportunos, con devolución de la causa que en su día remitió interesando acuse de recibo.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la presente no cabe recurso alguno e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

Andrés Martínez Arrieta Miguel Colmenero Menéndez de Luarca Andrés Palomo del Arco

Eduarrdo de Porres Ortiz de Urbina Angel Luis Hurtado Adrián

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    • Práctico Procesal Penal Sumario ordinario Casación y revisión en el sumario ordinario
    • 1 Febrero 2024
    ... ... (TC) elaborada a partir de su STC 167/2002, de 18 de septiembre, [j 3] en torno al derecho a un proceso con todas las garantías , que ... en aplicación de preceptos penales modificados por las Ley 10/2022, de 6 de septiembre y la LO 4/23 de 27 de abril ... STS 344/2023 de ... STS 908/2022, de 22 de noviembre [j 21] –FJ3–. Para que exista quebrantamiento de forma ... ...
27 sentencias
  • SAP A Coruña 172/2023, 2 de Mayo de 2023
    • España
    • 2 Mayo 2023
    ...tiempo y en su caso, la concreta versión alternativa ofrecida por el acusado por carencia de la necesaria racionalidad ( SSTS 11/07/2022, 22/09/2022, 19/12/2022, 20/01/2023 y La sentencia de 16 de febrero acata lo que signif‌ica ese derecho fundamental y construye el juicio de autoría del i......
  • SAP Barcelona 616/2022, 11 de Octubre de 2022
    • España
    • 11 Octubre 2022
    ...sea suf‌icientemente razonable y razonada para justif‌icar la condena (prueba suf‌iciente). Dice con respecto a tal derecho la STS 779/22, de 22 de septiembre (Ponente Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, ROJ: STS 3412/2022 - ECLI:ES:TS:2022:3412) lo El derecho a la presunción de inocencia ......
  • SAP A Coruña 91/2023, 8 de Marzo de 2023
    • España
    • 8 Marzo 2023
    ...en su caso, la concreta versión alternativa ofrecida por el mismo por carencia de la necesaria racionalidad ( SSTS 09/05/2022, 11/07/2022, 22/09/2022, 22/11/2022, 19/12/2022, 20/01/2023 y En el supuesto revisitado y bajo ese paraguas jurídico sostiene la defensa de Reino que no se ha demost......
  • SAP A Coruña 227/2023, 12 de Junio de 2023
    • España
    • 12 Junio 2023
    ...tiempo y en su caso, la concreta versión alternativa ofrecida por el acusado por carencia de la necesaria racionalidad ( SSTS 11/07/2022, 22/09/2022, 19/12/2022, 26/01/2023 y 27/02/2023). La sentencia de 30 de junio de 2022 se atiene escrupulosamente a lo que arraiga en el hueso de ese dere......
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