STSJ Comunidad Valenciana 559/2022, 1 de Junio de 2022

JurisdicciónEspaña
Número de resolución559/2022
Fecha01 Junio 2022

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD VALENCIANA

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN 3

PROCEDIMIENTO ORDINARIO [ORD] - 001041/2021

N.I.G.: 46250-33-3-2021-0001933

SENTENCIA Nº 559/2022

Iltmos. Srs.:

Presidente:

D. LUIS MANGLANO SADA.

Magistrado,a:

D. RAFAEL PÉREZ NIETO.

Dª.BELÉN CASTELLÓ CHECA.

En la Ciudad de València, a 1 de junio de 2022.

VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el recurso contencioso-administrativo nº 1041/2021, interpuesto por D. Jesús María, representado por el Procurador D. Francisco J. García Albert y asistido por el Letrado D. Ignacio J. Varona García, contra el Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana, habiendo sido parte en autos la Administración demandada, representada por la Abogacía del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la Ley, se emplazó a la parte recurrente para que formalizara la demanda, lo que realizó mediante escrito en que solicitó se dictase sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución recurrida.

SEGUNDO

La representación de la parte demandada contestó a la demanda, mediante escrito en el que solicitó se dictara sentencia por la que se confirmara la resolución recurrida.

TERCERO

No habiéndose recibido el proceso a prueba y realizado trámite de conclusiones, quedaron los autos pendientes para votación y fallo.

CUARTO

Se señaló la votación y fallo para el día 1 de junio de dos mil veintidós, teniendo así lugar.

QUINTO

En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

VISTOS: Los preceptos legales citados por las partes, concordantes y de general aplicación.

Siendo Ponente el Magistrado D. Luis Manglano Sada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO

El presente recurso contencioso-administrativo se ha interpuesto por D. Jesús María contra la resolución de 27-5-2021 del Tribunal Económico-administrativo Regional de la Comunidad Valenciana, por la que se desestiman las reclamaciones NUM000 y NUM001, planteadas contra la liquidación de fecha 9-3-2017 de la Inspección de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en concepto de IRPF del ejercicio 2010 a 2012, por un importe de 55.481,34 euros, así como contra la correspondiente sanción de 9-3-2017, por una cuantía de 21.956,43 euros.

SEGUNDO

Del expediente administrativo se desprende que las actuaciones de comprobación e investigación de la Inspección de los Tributos se iniciaron mediante comunicación al actor de 2-2-2016, referida al IRPF de los ejercicios 2010 a 2012, con alcance parcial, limitado a comprobar las ganancias y pérdidas patrimoniales, así como a las rentas de los bienes y derechos en el extranjero, si bien el 1-6-2016 se le notificó la ampliación del alcance del procedimiento, en relación exclusivamente con el IRPF de 2010 que, manteniendo el alcance parcial, pasó a comprender la comprobación de las rentas, cualquiera que fuese su calificación (rendimientos, ganancias o pérdidas patrimoniales), deducidas de las transmisiones aparejadas a los diversos contratos en que se formalizó la transmisión de la entidad PRIMAFLOR, S.A., así como otras empresas del grupo (PELEGRIN, S.L., MULTIFLOR, S.L., y PRIMASERVI, S.L.), y contratos vinculados, y las rentas de los bienes y derechos situados en el extranjero.

La propia Inspección hizo constar que los datos relativos al IRPF de 2010 derivaban de una liquidación provisional practicada por la Administración de la AEAT de Lorca el día 27-8-2012 (notificada el 19-9-2012), que puso fin a un procedimiento de verificación de datos iniciado con fecha 3-11-2011, mediante la notificación del correspondiente requerimiento al obligado tributario para que aportase justificantes de la adquisición y enajenación de acciones o participaciones representativas del capital social para subsanar las discrepancias existentes entre lo declarado como ganancia o pérdida patrimonial, y los datos de los que disponía la Administración por este concepto.

De la documentación aportada en su día por el Sr. Jesús María resultó una discrepancia en los valores de adquisición declarados en relación con dos operaciones de venta de acciones de PRIMAFLOR, S.A., documentadas en escrituras públicas en fecha 30-11-2011, por lo que se practicó la correspondiente regularización, constando que el actor prestó su conformidad a la propuesta de liquidación por alegaciones realizadas el 3-7-2012, finalizando dicho procedimiento de verificación de datos por liquidación provisional de 27-8-2012 (notificada el 19-9-2012) y la correspondiente sanción por infracción leve, siendo dichos actos liquidatorios consentidos y firmes.

Así pues, como consecuencia de la comprobación e investigación realizada por la Inspección de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria al recurrente, se regularizó su situación tributaria del IRPF de 2010 a 2012 mediante la correspondiente liquidación de deuda y la imposición de una sanción, todo ello en fecha 9-3-2017, que fueron confirmados por el TEARCV.

La demandasolicita la anulación de los actos impugnados, por considerar que ha prescrito la acción liquidatoria de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria por caducidad del procedimiento de verificación de datos, por tener este procedimiento diferente objeto al procedimiento inspector y por haber incurrido la oficina de gestión de Lorca en extralimitación competencial, lo que implica la nulidad de tal procedimiento y no tener por interrumpida la prescripción, de forma que habrían transcurrido más de cuatro años desde el fin de período declarativo voluntario del IRPF de 2010 (1-7-2011) hasta el inicio del procedimiento inspector (2-2-2016).

Respecto a la sanción, se alega por la demanda la prescripción del derecho administrativo a sancionar, por las razones apuntadas, denunciando la vulneración del principio del non bis in ídem procedimental, la inexistencia de culpabilidad, la falta de motivación de ésta y de su necesaria prueba, considerando no motivada la sanción impuesta y transgredido el principio de presunción de inocencia.

El Abogado del Estadose opone a la demanda y solicita su desestimación, se alega que no existe prescripción por haberse interrumpido su cómputo por el procedimiento de verificación de datos, con parte del objeto similar al del procedimiento inspector, sin poder examinar las causas de nulidad alegadas por haber finalizado la VD mediante liquidación consentida y firme, impidiéndolo el principio de seguridad jurídica y los actos propios, siendo posible la comprobación inspectora tras el procedimiento de VD seguido en Lorca.

Se alega que la sanción no se impuso de manera duplicada, por ser supuestos distintos, estando debidamente motivada, se cumplen los requisitos legales y cuenta con una culpabilidad demostrada.

TERCERO

En relación a las alegaciones formuladas por la demanda sobre la existencia de prescripción del derecho a determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, esta Sala no comparte dicho criterio por las razones que seguidamente se exponen.

En primer lugar, el plazo enunciado por la demanda fue interrumpido con ocasión de las actuaciones de verificación de datos (VD) de la oficina de gestión, desde el 3-11-2011 hasta el 19-9-2012, de conformidad al artículo 68.1-a) de la LGT, que dispones:

"1. El plazo de prescripción del derecho a que se refiere el párrafo a) del artículo 66 de esta Ley se interrumpe:

  1. Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado tributario, conducente al reconocimiento, regularización, comprobación, inspección, aseguramiento y liquidación de todos o parte de los elementos de la obligación tributaria que proceda, aunque la acción se dirija inicialmente a una obligación tributaria distinta como consecuencia de la incorrecta declaración del obligado tributario".

Consideramos, pues, que el procedimiento de verificación de datos referido al IRPF de 2010 interrumpió el plazo de prescripción del derecho a determinar la deuda tributaria mediante la oportuna...

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