AAN 138/2022, 3 de Marzo de 2022
| Ponente | FERMIN JAVIER ECHARRI CASI |
| Emisor | Audiencia Nacional - Sala de lo Penal |
| ECLI | ECLI:ES:AN:2022:1557A |
| Número de Recurso | 109/2022 |
AUD.NACIONAL SALA PENAL SECCION 4
MADRID
RECURSO DE APELACIÓN 109/2022
DILIGENCIAS PREVIAS 85/2014
Pieza de Investigación nº 6
Juzgado Central de Instrucción nº 6
ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:
Doña Ángela Murillo Bordallo
Doña Carmen Paloma González Pastor
D. Fermín Javier Echarri Casi
AUTO: 00138/2022
En la Villa de Madrid a tres de marzo de dos mil veintidós
Por auto de fecha 30 de septiembre de 2021 el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, en las Diligencias Previas al margen reseñadas, entre otros particulares, acordó seguir las presentes actuaciones por los trámites del procedimiento abreviado establecido en el Capítulo IV, Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, contra el investigado Gumersindo, por su participación en los delitos de cohecho de particular ( art. 424 CP) en concurso con un delito de prevaricación administrativa ( art. 404 CP), tráfico de influencias ( art. 428 CP), fraudes en la contratación cometido por particular ( art. 436 CP), aprovechamiento de información reservada para sí o para tercero ( art. 418 CP), y organización criminal ( art. 570 bis CP).
Por la Procuradora de los Tribunales Doña Laura Lozano Montalvo, en nombre y representación del investigado Gumersindo formuló contra aquella recurso de apelación directo, mediante escrito de fecha 21 de octubre de 2021, por entender que la misma no era ajustada a derecho y perjudicial para los intereses de su representado, interesando su revocación y se acuerde el sobreseimiento provisional y archivo respecto de su principal.
Por la representación procesal del Ayuntamiento de Móstoles, mediante escrito de fecha 10 de noviembre de 2021, se opuso al recurso formulado de contrario.
El Ministerio Fiscal mediante escritos de fecha 7 de diciembre de 2021 y 18 de febrero de 2022, impugnó el meritado recurso, interesando su desestimación y la confirmación de la resolución recurrida por ser ajustada a Derecho.
Remitido el testimonio de particulares confeccionado al efecto, tuvo entrada en la Secretaría de esta Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, acordando mediante Diligencia de Ordenación, la formación del presente Rollo de Apelación al margen reseñado, designando como Magistrado-Ponente a D. Fermín Javier Echarri Casi, y señalándose para deliberación el próximo día 3 de marzo de 2022, lo que tuvo lugar.
Motivos de recurso.
Argumenta el recurrente, que aquél, no obstante ser el máximo representante del municipio de Móstoles, y último responsable de las decisiones adoptadas, no formaba parte de la Mesa de Contratación, ni tuvo intervención alguna en el concurso que se desarrolló con escrupuloso respeto a las normas de contratación, como así lo refrendó por dos veces el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. De no haberse cometido el error palmario que cometió la entidad "Fulton, S.A." que fue detectado por los técnicos de contratación, la adjudicación se hubiera efectuado a la misma, lo que inexorablemente, hubiera dejado sin sentido esta investigación. E comportamiento del ahora recurrente resulta ajustado a las funciones que le compelían como alcalde. Se ha construido a lo largo de la investigación un andamiaje de sospechas y conjeturas totalmente infundadas para llegar a la conclusión de que su participación en asuntos que influían de forma transcendente en el municipio de Móstoles, estuvo rodeada de un halo delictivo. Lo cierto es que no hay nada más alejado de la realidad. El Sr. Íñigo no ha tenido relación directa alguna con el Sr. Gumersindo, ni es cierto que revelase información reservada del expediente de contratación a los directivos de "Cofely".
Naturaleza jurídica del auto de continuación.
Antes de entrar en el fondo de las argumentaciones del recurso, merece la pena efectuar un análisis acerca de la naturaleza jurídica de la resolución objeto de aquél.
Así cuando, el Instructor acuerda la conclusión de las diligencias previas y su transformación en procedimiento abreviado, dictando la resolución prevenida en la regla 4ª del número 1 del artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo hace en función de los hechos que han sido objeto de imputación, sobre los que ha girado la instrucción de las diligencias previas y que deben ser perfectamente conocidos por el imputado. En consecuencia, el antecedente fáctico de esta resolución transformadora del procedimiento puede configurarse, ordinariamente, por remisión a los hechos sobre los que ha versado la instrucción, sin que ello ocasione indefensión alguna al imputado.
La fundamentación jurídica de la resolución transformadora del procedimiento debe adecuarse a la naturaleza y funciones que desarrolla dicha resolución en el proceso. Como señala la STS 1088/1999 de 2 de julio, esta resolución cumple una triple función: a) Concluye provisoriamente la instrucción de las diligencias previas; b) Acuerda continuar el trámite a través del procedimiento abreviado, por estimar que el hecho constituye un delito de los comprendidos en el artículo 757, desestimando implícitamente las otras tres posibilidades prevenidas en el artículo 779.1.1ª, 2ª y 3ª (archivar el procedimiento, declarar falta el hecho o inhibirse en favor de otra jurisdicción competente); c) Con efectos de mera ordenación del proceso, adopta la primera resolución que el Ordenamiento prevé para la fase intermedia del procedimiento abreviado: dar inmediato traslado a las partes acusadoras, para que sean éstas las que determinen si solicitan el sobreseimiento o formulan acusación, o bien, excepcionalmente, interesan alguna diligencia complementaria.
En cuanto que constituye un auto de conclusión de la instrucción, la resolución debe expresar sucintamente el criterio del Instructor en el sentido de que no se aprecia la necesidad de practicar otras diligencias adicionales, y únicamente en el caso de que exista pendiente alguna diligencia solicitada por las partes que no haya sido practicada ni rechazada motivadamente con anterioridad, deberá justificarse expresamente por qué no se estima procedente su práctica, razonando su impertinencia o inutilidad.
Por cuanto acuerda continuar el trámite del procedimiento abreviado, deberá expresar sucintamente el criterio del Instructor de que el hecho originario del procedimiento podría constituir alguno de los delitos comprendidos en el artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y sólo en el caso de que exista pendiente y sin resolver alguna solicitud expresa de archivo, declaración de falta o inhibición, debe razonarse sucintamente por qué no se estima procedente dicha solicitud. No precisando el auto de transformación del procedimiento abreviado, formular imputaciones fácticas concretas, pudiendo configurarse ordinariamente por remisión a los hechos sobre los que ha versado la instrucción.
En definitiva, no se trata de una resolución de imputación formal, a modo del auto de procesamiento donde el juez de instrucción o de violencia sobre la mujer valora los indicios, sino que se trata de un auto de impulso procesal donde el órgano instructor valora que existen indicios para continuar la tramitación del
procedimiento y ordena dar traslado a las partes acusadoras para que presenten escrito de acusación, soliciten el sobreseimiento de las actuaciones o la práctica de diligencias, dejando de lado el resto de resoluciones que prevé el artículo 779 Ley de Enjuiciamiento Criminal, es decir el sobreseimiento de las actuaciones, la declaración de falta del hecho o la inhibición a otra jurisdicción. Son las partes acusadoras las que fijan el objeto del proceso y las que llevan a cabo la calificación jurídica de los hechos, pues los únicos requisitos que exige el artículo 779 Ley de Enjuiciamiento Criminal, para dictar el auto de continuación del procedimiento abreviado es que contenga un relato de hechos punibles, que se puede llevar a cabo por remisión a la denuncia inicial, y la identificación del imputado.
Por último, en cuanto resolución impulsora del procedimiento, debe acordar el traslado a las acusaciones, a los efectos prevenidos en el artículo 780.1º, bastando como fundamentación de este acuerdo la mera cita de la norma procedimental ( STS 1088/1999, de 13 de enero de 2000).
De lo que se desprende con claridad que la apertura de la fase intermedia -a través del Auto de incoación del procedimiento abreviado previsto en el artículo. 790.1 LECrim - supone necesariamente la clausura de la fase anterior de instrucción, sin posibilidad de replantear lo ya decidido en ella. Y como consecuencia de lo anterior, el Auto de incoación del procedimiento abreviado no sólo tiene el significado de clausurar de manera implícita la anterior fase de instrucción ( STC 186/1990, de 15 de noviembre), sino que, por la propia naturaleza y características de esta fase procesal, impide al imputado solicitar nuevas diligencias o tener conocimiento de las ya practicadas, o pedir el sobreseimiento.
En el mismo sentido la STS 530/2014, de 10 de junio, ya aludida, indica: "Así pues el presupuesto de tal resolución es doble: a) que se considere que han sido practicadas las diligencias pertinentes, según deriva del inciso inicial del citado precepto y b) que el Juez estime que los hechos son susceptibles de ser calificados como constitutivos de alguno de los delitos a que se refiere el art. 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, determinación realizada exclusivamente en función de la pena imponible. Es decir, se pretende por un lado la identificación de la persona imputada; y por otra, la determinación de los hechos que se reputan como punibles. En todo caso, la resolución que nos ocupa debe ser motivada y hacer una...
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