DECRETO 1/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el I Plan Integral para la Inmigración en Andalucía.
| Sección | 1. Disposiciones Generales |
| Emisor | CONSEJERIA DE GOBERNACION |
| Rango de Ley | Decreto |
DECRETO 1/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el I Plan Integral para la Inmigración en Andalucía.
El Decreto del Presidente 6/2000, de 28 de abril, sobre reestructuración de Consejerías, atribuye a la Consejería de Gobernación las competencias relativas a la coordinación de las políticas migratorias. Por Decreto 138/2000, de 16 de mayo, se aprobó la estructura orgánica de la Consejería de Gobernación, que asigna las precitadas competencias, dentro de ésta, a la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, y concretamente la planificación de la actuación de la Junta de Andalucía al respecto, todo ello a tenor del artículo 10 del mismo. Posteriormente, por Decreto 382/2000, de 5 de septiembre, se creó la Comisión Interdepartamental de Políticas Migratorias, como órgano de asesoramiento adscrito a la Consejería de Gobernación. Por otro lado, el Pleno del Parlamento de Andalucía, en su sesión de los días 7 y 8 de febrero de 2001, aprobó diversas Resoluciones en las que se instaba al Consejo de Gobierno la elaboración de un Plan Integral para la Inmigración en Andalucía.
La Junta de Andalucía ha venido desarrollando políticas referidas a la inmigración desde hace años, tanto en el marco del I Plan Andaluz de Servicios Sociales como de las competencias propias de Consejerías como la de Educación y Cien
cia y la de Salud. Pero la realidad del fenómeno de la inmigración, su actual desarrollo así como las perspectivas de su evolución, obligan a reforzar las políticas referidas al mismo, para poder dar una respuesta sistemática, estructurada y organizada en el medio plazo, que proporcione a la sociedad andaluza un marco global de referencia para su cabal comprensión.
La principal responsabilidad en materia de inmigración concierne a la Administración del Estado, no en vano le corresponden a ella las competencias en materia de legislación de extranjería, control de fronteras, permisos de residencia y de trabajo, acogida y/o asilo, inspección de trabajo, convenios con terceros países, persecución de mafias y delincuencia organizada, y determinación de cupos anuales, por enumerar las más destacadas. Y a nadie se le oculta que estas competencias son decisivas para la configuración global que el fenómeno de la inmigración adopta en nuestro país, puesto que del correcto ejercicio de las...
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