STS 113/2022, 15 de Febrero de 2022

Tramitación en primera instancia

1. - El procurador D. Jordi Pich Martínez, en nombre y representación de D.ª Araceli, interpuso demanda de juicio ordinario contra Caser Seguros, en la que solicitaba se dictara sentencia:

   "[...] por la que condene a la misma a abonar

   "a) La cantidad de 25.710,5 euros en concepto de indemnización por los daños sufridos en la vivienda asegurada como consecuencia del siniestro producido el 25 de noviembre de 2009.

   "b) La cantidad de 3.000,00 euros en concepto de honorarios devengados cubiertos por la defensa jurídica.

   "c) La cantidad que resulte en concepto de interés legal que devengue las expresadas cantidades, desde el vencimiento de la obligación de pago, hasta su efectivo pago. "d) Las costas causadas y que se causen en este procedimiento".

2. - La demanda fue repartida al Juzgado de Primera Instancia n.º 55 de Barcelona y se registró con el n.º 451/15. Una vez fue admitida a trámite, se procedió al emplazamiento de la parte demandada.

3. - El procurador D. Sergi Bastida Batlle, en representación de Caser, contestó a la demanda mediante escrito en el que solicitaba al juzgado:

   "[...] se sirva dictar Sentencia de conformidad con lo manifestado en el cuerpo del presente escrito, con imposición de costas a la parte actora".

4. - Tras seguirse los trámites correspondientes, la Magistrada-juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 55 de Barcelona, dictó sentencia de fecha 30 de mayo de 2016, con la siguiente parte dispositiva (según traducción jurada):

   "Que estimando íntegramente la demanda presentada por parte de D.ª Araceli, representada por parte del Procurador de los Tribunales D. Jordi PICH MARTÍNEZ contra la entidad "CASER SEGUROS" representada por parte del Procurador de los Tribunales Sergi BASTIDA tengo que CONDENAR Y CONDENO a la entidad "CASER SEGUROS" a abonar a D.ª Araceli la suma de 25.710,5 euros. Suma que devengará desde el día 25 de noviembre de 2009 un interés anual igual al del interés legal del dinero vigente en el momento del devengo, incrementado en el 50% hasta el día de esta resolución, con la expresa prevención que transcurrido desde la referida fecha, devengará el interés anual no inferior al 20%.

   "Y todo ello, con expresa imposición de las costas procesales causadas a la parte demandada".

   Con fecha 2 de junio de 2016, el Juzgado de Primera Instancia n.º 55 de Barcelona dictó auto con la siguiente parte dispositiva:

   "Rectif‌ico l'error que presenta la redacción de la Senténcia de data 30 de maig de 2016, en el sentit que on hi diu: "Vistos per mi, Martina, Titular del Jutjat de Primera Instància nº 3", quan hauria de dir: "Vistos per mi, Martina, Titular del Jutjat de Primera Instància nº 55"".

Tramitación en segunda instancia

1. - La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de Caser Seguros.

2. - La resolución de este recurso correspondió a la sección 11.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, que lo tramitó con el número de rollo 693/2016, y tras seguir los correspondientes trámites dictó sentencia en fecha 7 de noviembre de 2018, cuya parte dispositiva dispone:

"FALLAMOS: ESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por CASER contra la Sentencia dictada en fecha 30 de mayo de 2016 en los autos de juicio ordinario 451/2015 seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia

55 de Barcelona, y en consecuencia, se desestima íntegramente la demanda interpuesta por D.ª Araceli . Se imponen las costas de primera instancia a la parte actora.

"No se imponen las costas del recurso a ninguna de las partes litigantes".

Interposición y tramitación del recurso de casación

1. - El procurador D. Jordi Pich Martínez, en representación de D.ª Araceli, interpuso recurso de casación.

   El motivo del recurso de casación fue:

   "Infracción en la aplicación del artículo 23 de la Ley 50/1980 de Contrato de Seguro, en relación con los artículos 1961 y 1969 Código Civil y artículo 111y 114 L.E.Crim.".

2. - Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta Sala, y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en esta Sala y personadas ante la misma las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó auto de fecha 9 de junio de 2021, cuya parte dispositiva es como sigue:

   "1.º) Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de D.ª Araceli contra la sentencia dictada con fecha de 7 de noviembre de 2018 por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección

   11.ª), en el rollo de apelación n.º 693/2016, dimanante del juicio ordinario n.º 451/2015 del Juzgado de Primera instancia n.º 55 de Barcelona, sin expresa imposición de costas.

   "2.º) Abrir el plazo de veinte días, a contar desde la notif‌icación de este auto, para que la parte recurrida formalice por escrito su oposición al recurso. Durante este plazo las actuaciones estarán de manif‌iesto en la Secretaría.

   "Contra la presente resolución no cabe recurso alguno".

3. - Se dio traslado a la parte recurrida para que formalizara su oposición, lo que hizo mediante la presentación del correspondiente escrito.

4. - Por providencia de 17 de enero de 2022 se nombró ponente al Excmo Sr. D. Antonio García Martínez y se acordó resolver el recurso sin celebración de vista pública, señalándose para votación y fallo el 1 de febrero del presente. Comenzada la deliberación, el magistrado ponente no se conformó con el voto de la mayoría y anunció voto particular discrepante, por lo que la redacción de la ponencia fue encomendada por el presidente de la Sala al magistrado Excmo. Sr. D. José Luis Seoane Spiegelberg.

Antecedentes relevantes

A los efectos decisorios del recurso de casación interpuesto partimos de las consideraciones siguientes:

1. - Es objeto del proceso, la demanda formulada por la actora, contra la compañía de seguros Caser, en su condición de sucesora de la entidad Cep Grup Assegurador Caixa Penedés, en virtud de compra de parte de su cartera de seguros. El fallecido esposo de la actora concertó una póliza de seguros multirriesgo que cubría entre otros el incendio de la f‌inca sita en Sant Sadurni de lHeure s/n (Girona).

2. - El 25 de noviembre de 2009, en la f‌inca asegurada, se produjo un incendió intencionadamente provocado por un tercero, para la investigación de tales hechos por parte del Juzgado de Instrucción n.º 4 de la Bisbal de lÉmpordá se iniciaron diligencias previas n.º 1019/2009, contra el presunto autor de los hechos.

3. - Puesto el siniestro en conocimiento de la compañía demandada ésta efectuó dos pagos a cuenta, como así consta expresamente en los recibos correspondientes ( rebut dacompte ), uno por importe de 15.000 euros, de 8 de enero de 2010, y otro, el 10 de junio de 2010, por 29.761,50 euros, sin que se pusieran de acuerdo con respecto al f‌iniquito del siniestro.

4. - La demandante se personó en el proceso penal para el ejercicio de las acciones civiles y penales dimanantes del delito, así como la compañía aseguradora a los efectos de ejercitar la acción subrogatoria del art. 43 de la LCS.

5. - Durante la sustanciación del procedimiento penal, se procedió a valorar el daño causado por el incendio mediante un perito judicial, cuyo importe lo tasó en la suma de 67.100,62 euros, que, conjuntamente con otras facturas satisfechas por la parte actora, determinó que el montante de los desperfectos causados se f‌ijara en la cantidad de 70.382,11 euros.

6. - Igualmente, durante la sustanciación del procedimiento, la parte actora solicitó de la compañía de seguros, una provisión de fondos para hacerse cargo de los gastos de su defensa jurídica, toda vez existía entre ellas un conf‌licto de intereses. La compañía abonó, al f‌inalizar el proceso penal, por tal concepto, la suma de 3.000 euros, según f‌iniquito datado el 9 de septiembre de 2015.

7. - Las diligencias previas penales se transforman en procedimiento abreviado. En trance de calif‌icación, la compañía de seguros presenta escrito de 20 de septiembre de 2012, en el que hace constar, expresamente, que el importe de los daños ocasionados en la vivienda asegurada se eleva a la cantidad de 66.356,33 euros, según informe pericial, e indica que de dicha suma se abonaron por la aseguradora 44.671,55 euros, según las garantías de la póliza.

   8 º. En el escrito de acusación de la demandante, datado el 24 de octubre de 2012, se solicita la condena del acusado a abonarle la cantidad de 70.382,11 euros, con la solicitud de que la compañía sea declarada responsable civil directa en base a las garantías de la póliza conforme al art. 117 del CP.

9. - Según consta, en los antecedentes de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal, la compañía de seguros mostró conformidad con la petición de responsabilidad civil solicitada por el Ministerio Fiscal.

10. - Con fecha 7 de enero de 2015, el Juzgado de lo Penal n.º 5 de Girona dicta sentencia condenatoria del acusado, como autor de un delito de robo y otro de daños, a las penas, respectivamente, de un año, por el primero de dichos delitos; y nueve meses y un día por el segundo, todo ello con las atenuantes de embriaguez y dilaciones indebidas, así como a abonar a la actora 25.710,61 euros y a la compañía demandada 44.671,90 euros. El 17 de abril de 2015, el acusado es declarado insolvente.

11. - El 4 de mayo de 2015, se formula demanda civil contra la compañía de seguros en reclamación de la suma de 25.710,61 euros, más otros 3000 euros por defensa jurídica, que posteriormente se reconocen abonados en la audiencia previa. Al contestar a la demanda, la aseguradora alegó la falta de legitimación activa de la actora, la excepción de prescripción, toda vez que, desde el último pago efectuado por la demandada el 10 de junio de 2010, no recibió reclamación alguna; así como oponiendo infraseguro, pluspetición, improcedencia de abono de los honorarios de letrado, luego satisfechos, e inaplicación de los intereses del art. 20 LCS.

12. - El Juzgado de Primera Instancia n.º 55 de Barcelona estimó la demanda. Contra dicha resolución, la compañía interpuso recurso de apelación. El conocimiento del recurso correspondió a la sección 11 de la Audiencia Provincial de Barcelona, que estimó la prescripción de la acción, al discrepar con respecto al dies a quo para comenzar el cómputo del plazo de dos años del art. 23 LCS, con el razonamiento literalmente transcrito siguiente:

    "[...] el procedimiento penal no puede tenerse en cuenta para interrumpir la prescripción dado que desde que se reparan los daños y se facturan las reparaciones, hecho el de la última factura o presupuesto de 29 de abril de 2010 la actora ya sabía la cantidad a reclamar, en cuanto a quien reclamar dada la acción contractual ejercitada en la presente Litis la misma podría haber sido interpuesta desde esa fecha sin esperar a que el posible autor del incendio fuese condenado en vía jurisdiccional penal, sin perjuicio de las acciones que la aseguradora demandada (Caser) tuviese frente al responsable del siniestro".

13. Contra dicha sentencia se interpuso por la demandante recurso de casación.

Examen y estimación del recurso de casación

El recurso de casación se fundamenta en un único motivo, cual es la infracción de los arts. 23 LCS, 1961, 1969, 111 y 114 LECR. Se considera que el plazo de prescripción no se inicia sino a partir de la f‌inalización del proceso penal seguido por los mismos hechos, lo que se fundamenta en la oportuna cita jurisprudencial.

El recurso debe ser estimado.

En efecto, el objeto de la demanda consiste en la reclamación del importe de los daños sufridos por la actora en una vivienda de su titularidad, en virtud de un incendio causado intencionalmente por una tercera persona, riesgo que era objeto de cobertura en la compañía demandada. Por tales hechos, se siguieron las correspondientes diligencias previas penales. Comunicado el siniestro a la compañía demandada esta efectúa dos pagos a cuenta, lo que supone falta de conformidad de la perjudicada con respecto a la indemnización correspondiente, pues en otro caso se trataría de un f‌iniquito. Tal acto jurídico implica además la plena constancia por parte de la compañía sobre que la actora discrepaba con la cantidad abonada por los daños sufridos.

Nada impide, por supuesto, que la compañía de seguros abone el siniestro voluntariamente, es más constatada su realidad es obligación suya hacerlo, salvo causa justif‌icada ( art. 18 LCS), de hecho se hicieron pagos a cuenta, o que entre asegurada y compañía aseguradora alcanzasen un acuerdo satisfactorio para el

resarcimiento del daño. La cuestión debatida es otra, cual es si, en el supuesto de controversia entre ambas partes, el proceso penal en trámite, que versa sobre el mismo siniestro objeto de cobertura, y en el que intervenían ambas partes litigantes como perjudicadas, impide la prescripción de la acción contra la compañía por la cantidad pendiente de pago, o si, necesariamente, la actora debió promover demanda contra la aseguradora, durante la sustanciación del proceso penal, para evitar que la acción derivada del contrato de seguro hubiera prescrito.

La perjudicada se persona en las diligencias previas para el ejercicio de las correspondientes acciones civiles y penales ( art. 110 de la LECR), lo que conforma un indiscutible derecho que le corresponde. También, lo hace la compañía de seguros para ejercitar la acción penal, de naturaleza pública, y la civil subrogatoria del art. 43 LCS, en el precitado procedimiento criminal. Ambas pretensiones exigían la cuantif‌icación del daño, pues obviamente el imputado no tenía que abonar más indemnización que la correspondiente a los daños efectivamente causados, con independencia de la cantidad satisfecha por la compañía y lo reclamado por la perjudicada; por consiguiente, la cuantif‌icación del daño fue objeto del proceso penal y, a tal efecto, se practicó una prueba pericial judicial, en la que ambas partes litigantes pudieron intervenir. La efectiva cuantif‌icación del daño causado por el incendio tenía además una indiscutible repercusión en el contrato de seguro, que cubría dicho siniestro.

Conforme al art. 114 de la LECR, "[...] promovido juicio criminal en averiguación de un delito o falta, no podrá seguirse pleito sobre el mismo hecho; suspendiéndole si le hubiese, en el estado en que se hallare, hasta que recaiga sentencia f‌irme en la causa criminal".

Como señalamos en la sentencia 47/2013, de 19 de febrero:

"55. Tampoco tolera el sistema la pluralidad de procedimientos con un objeto total o parcialmente idéntico y reacciona mediante instituciones como la litispendencia, la cosa juzgada y la prejudicialidad, a f‌in de evitar innecesarios sobrecostes y una indeseable duplicidad de decisiones, eventualmente contradictorias.

"56. Esta reacción se acentúa en el supuesto de que el enjuiciamiento de determinadas conductas se efectúe en el ámbito de un proceso penal, habida cuenta del carácter exclusivo y excluyente que tiene la jurisdicción penal respecto de cualquier otro órgano jurisdiccional, de acuerdo con el principio tradicional según el cual "le criminel tient le civil en êtat" [lo penal prevalece sobre lo civil], lógica consecuencia del principio de investigación de of‌icio en busca por el Estado de la verdad material, que cristaliza en los artículos 111 -"mientras estuviese pendiente la acción penal, no se ejercitará la civil con separación"- y 114 -"promovido juicio criminal en averiguación de un delito o falta, no podrá seguirse pleito sobre el mismo hecho..."-, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por lo que está vedado a la jurisdicción civil entrar a enjuiciar hechos o actos investigados en un procedimiento penal en averiguación de una infracción de tal naturaleza ( sentencia 422/2010, de 5 de julio, RC 1748/2006).

"57. Este efecto se produce incluso en el supuesto de que el denunciante o querellante no sea el mismo que posteriormente interpone la demanda ya que, sin perjuicio del valor que pueda atribuirse a la falta de actividad en la defensa de los propios derechos e intereses, el efecto excluyente de la jurisdicción criminal se anuda objetivamente a los hechos investigados. En este sentido, la STS 574/2010, de 6 de octubre, RC 2137/2006 pone de relieve que el artículo 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prohíbe que se siga pleito civil sobre el mismo hecho que sea objeto de un juicio criminal, y que el artículo 10.2 Ley Orgánica del Poder Judicial establece la prevalencia de la decisión de la cuestión penal sobre todas las demás que guarden relación con ella y deban ser resueltas por otros órdenes jurisdiccionales.

"58. Claro está que, como sostiene la STS 27/2009, de 11 de febrero, RC 2101/2002, la interrupción de la prescripción "no tiene lugar automáticamente por la mera existencia de un procedimiento penal, sino que se requiere que verse sobre el hecho presuntamente delictivo y que la calif‌icación sea indispensable para el procedimiento civil. En consecuencia, se exige que se produzca una identidad de procesos sobre el mismo hecho, por lo que no tiene sentido seguir un proceso civil que puede acabar con una sentencia coincidente o contradictoria y es por ello que se interrumpe la prescripción".

"59. En consecuencia, la cuestión queda ceñida a decidir si los hechos investigados en el proceso penal y los que han sido objeto de la demanda inicial del presente pleito son sustancialmente los mismos y su calif‌icación, o la declaración de inexistencia en vía penal, habría podido vincular a la jurisdicción civil".

En el mismo sentido, las sentencias 339/2020, de 23 de junio, 92/2021, de 22 de febrero; 434/2021, de 22 de junio y 780/2021, de 15 de noviembre, entre otras muchas.

En el caso que nos ocupa, el proceso penal versaba sobre la existencia de un delito de daños por incendio y su valoración. El Legislador, mediante la consagración normativa del principio derivado del derecho francés le criminelle tient le civil en etat (lo criminal paraliza el proceso civil) pretende evitar una eventualidad

de pronunciamientos contradictorios, así como consagrar normativamente el reconocimiento del carácter

exclusivo y excluyente que tiene la jurisdicción penal sobre la civil.

Además de la identidad de los hechos, de seguirse la tesis de la sentencia recurrida que obliga, para no perder el derecho de resarcimiento contra la aseguradora, a promover acción civil contra la misma -precisamente por no hacerlo así se declara su acción prescrita- serían factibles pronunciamientos contradictorios, con indiscutibles puntos de interferencia incompatibles, por ejemplo sobre la relación de causalidad entre incendio y daños, antagónicas valoraciones de su cuantía, pago en el proceso penal de la indemnización por el acusado, y manif‌iesta incompatibilidad de reclamar al mismo tiempo el importe del daño al causante del mismo (acusado en el proceso penal) y a la compañía de seguros en virtud de la póliza suscrita, so pena de incurrir en vedado enriquecimiento del perjudicado asegurado ( sentencias 699/2013, de 19 de noviembre y 148/2021, de 16 de marzo), entre otros.

Como hemos dicho, en sentencia 175/2016, de 17 de marzo, una interpretación adecuada del artículo 1969 CC requiere que la posibilidad de ejercicio sea efectiva y no una mera posibilidad legal, siendo así que sólo en aquel caso la inactividad involuntaria del reclamante producirá efectos prescriptivos y en este caso el daño causado por el incendio, objeto de cobertura, y su efectiva cuantía se determinó con intervención de las partes en el proceso penal.

Por otra parte, hemos expresado, también, por ejemplo, en la sentencia 159/2021, de 22 de marzo, que:

"La prescripción conforma un instituto destinado a otorgar certeza a las relaciones jurídicas por el transcurso del tiempo y con ello conf‌iere estabilidad y seguridad al tráf‌ico jurídico. Genera el efecto de extinguir el derecho o mejor la facultad de exigirlo o imponerlo. Su justif‌icación radica en impedir que dichas relaciones se prolonguen sin limitación temporal instalándose en el limbo de la indef‌inición. En este sentido, limpia y purif‌ica el tráf‌ico jurídico mediante la eliminación de situaciones de incertidumbre que perjudican su f‌luido funcionamiento.

"La prescripción es la consecuencia que se impone al titular de un derecho cuando con su comportamiento no lo cuida, conserva o def‌iende adecuadamente y crea la apariencia o presunción de abandonarlo. Su juego normativo opera en benef‌icio del deudor (favor debitoris), que se ve de esta forma legítimamente liberado de su prestación. En def‌initiva, se trata de una suerte de contra derecho otorgado al demandado para dejar sin efecto y enervar la acción ejercitada".

Pues bien, difícilmente cabe entender que la perjudicada haya abandonado su derecho a reclamar a la compañía aseguradora, y que ésta desconociese que se mantenía viva la reclamación contra ella, derivada de la liquidación del siniestro, de manera que pudiera presumir, conforme a la buena fe, una apariencia de abandono de su ejercicio, cuando en el proceso penal se estaba dirimiendo el importe real del daño sobre el cual no habían llegado extrajudicialmente a un acuerdo las partes litigantes. Incluso, se insta a la demandada a que provisione fondos a la actora, en virtud de la cobertura de defensa jurídica, por la existencia de intereses contrapuestos, lo que demandada termina por reconocer al abonar 3000 euros por tal concepto, y cuando, en el escrito de calif‌icación provisional, se insta la condena de la compañía por la vía del art. 117 del CP.

En def‌initiva, se ha mantenido siempre, con plena constancia de la demandada, la intención de reclamar la parte del daño no abonado, lo que, efectivamente, se hace, al terminar el proceso penal, en el que se determinó su cuantía, con intervención de las litigantes, y que f‌inalizó con una sentencia de conformidad, que f‌ijó el montante real del daño causado por el incendio, con aquiescencia de las partes. Mientras se sustanció el proceso penal, la actora tampoco podía reclamar la misma cantidad al acusado y aseguradora, pues cobraría dos veces el daño sufrido. Extremo este perfectamente conocido por la compañía que, sin duda, lo excepcionaría. Una vez se declaró la insolvencia del condenado, f‌inalizado el proceso penal, contaba la actora con los datos fácticos y jurídicos precisos para entablar la acción, a partir de ahí se cuenta el plazo para ejercitarla conforme reiterada jurisprudencia ( sentencias 92/2021, de 22 de febrero; 434/2021, de 22 de junio, entre las más recientes).

Como hemos dicho en la sentencia 782/2012, de 11 de diciembre: "[...] la proyección de la buena fe resulta decisiva para valorar el iter del fenómeno prescriptivo, desde la lesión del derecho subjetivo, como posible inicio del cómputo para el ejercicio de la acción, hasta la posibilidad de su ejercicio, conforme a unos criterios de ética social en las relaciones jurídicas y unos parámetros de diligencia básica y de razonable conf‌ianza en la apariencia creada", apariencia sobre el abandono de la acción que la compañía en modo alguno podía albergar, en este caso, en coherencia con la conducta llevada a efecto por la demandante antes analizada. De la misma manera, insistiendo en tales ideas, la sentencia 537/2013, de 14 de enero, establece que: "[...] resulta innegable la función informadora que debe desplegar el principio general de buena fe en la interpretación y aplicación del mencionado instituto, ya como acción o como excepción solicitada".

Señalar, por último, que la prescripción es una institución que, no fundada en principios de estricta justicia sino en la presunción de abandono o dejadez en el ejercicio del propio derecho, determina que su aplicación por los tribunales deba ser cautelosa y restrictiva ( SSTS 877/2005, de 2 de noviembre; 134/2012, de 27 de febrero; 623/2016, de 20 de octubre; 708/2016, de 25 de noviembre, 721/2016, de 5 de diciembre; 326/2019, de 6 de junio; 279/2020, de 10 de junio, 751/2021, de 2 de noviembre, entre otras muchas).

Consecuencias jurídicas de la estimación del recurso

La asunción de la instancia y estimación del recurso interpuesto conduce a la devolución de las actuaciones a la Audiencia para que dicte la sentencia correspondiente, a los efectos de no privar a las partes de la correspondiente instancia, lo que tiene su base en la jurisprudencia de este tribunal, de la que es botón de muestra la STS 62/2018, de 5 de febrero, en que indicamos:

"Al considerar esta Sala que no existe la prescripción que ha sido apreciada por la sentencia impugnada, procede casar la sentencia recurrida y devolver las actuaciones a la Audiencia Provincial para que, teniéndose por interpuesta la demanda en tiempo, se resuelva sobre las pretensiones formuladas en la misma. Así se ha acordado en sentencias como la 285/2009, de 29 abril (dictada por la sala en pleno al resolver Recurso 325/2006 por considerar procedente en tal caso "devolver las actuaciones al tribunal de apelación para que dicte nueva sentencia en la que, no pudiendo tener ya la acción civil por extinguida ni caducada, se pronuncie sobre todas las demás cuestiones planteadas (...)", teniendo en cuenta que "otra solución distinta traería consigo que la casi totalidad del asunto quedara privada de la segunda instancia y esta Sala, desnaturalizando su función de órgano de casación y mediante un procedimiento no adecuado a la revisión total de los problemas procesales y probatorios del litigio, tuviera que proceder a una nueva valoración conjunta de la prueba".

En el mismo sentido, las sentencias 899/2011, de 30 de noviembre; 721/2014, de 17 de diciembre; 97/2015, de 24 de febrero; 623/2016, de 20 de octubre; 710/2018, de 18 de diciembre; 161/2019, de 16 de marzo; 326/2020, de 22 de junio y 275/2021, de 10 de mayo, entre otras.

Costas y depósito

De conformidad con lo previsto en los arts. 394.1 y 398.1 LEC, no se impone a la parte recurrente las costas del recurso de casación. Las devengadas en las instancias se determinarán al conocerse del recurso de apelación por el tribunal provincial.

Procede la devolución del depósito constituido para recurrir conforme a la disposición adicional quince, apartado 8 de la LOPJ.