STS 80/2022, 27 de Enero de 2022

Con fecha 22 de noviembre de 2018, el Juzgado de lo Social núm. 16 de Madrid, dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: "FALLO: Que desestimando las excepciones de caducidad de la acción e indebida acumulación de acciones, que estimando parcialmente la demanda interpuesta por D. Bernabe contra la SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARITIMA debo declarar y declaro la improcedencia del despido condenando a la empresa a elección del trabajador dada su condición de representante de los trabajadores:

1. A que readmita al trabajador en su puesto de trabajo en las mismas condiciones que regían con anterioridad al cese.

2. Al abono de la indemnización en cuantía de 10.253,10 euros, calculada desde la fecha de antigüedad hasta la del despido a razón de 33 días de salario por año de servicio prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores al año, hasta un máximo de 24 mensualidades. La opción por la indemnización determinaría la extinción del contrato de trabajo, que se entenderá producida en la fecha del cese efectivo en el trabajo.

   La opción deberá ejercitarse por el actor mediante escrito o comparecencia ante la oficina del Juzgado de lo Social, dentro del plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, sin esperar a la firmeza de la misma.

   De no efectuarse la opción por el actor, se entenderá que lo hace por la readmisión. Cuando la opción, expresa o presunta, sea en favor de la readmisión, esta será obligada.

3. Tanto si el actor opta por la indemnización como si lo hace por la readmisión, tendrá derecho al abono de los salarios de tramitación, equivalente a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de la sentencia a razón de 95,60 euros día, deducidos en su caso los percibidos por su trabajo para otra empresa".

   En dicha sentencia se declararon probados los siguientes hechos:

   "PRIMERO.- El actor D. Bernabe ha venido prestando servicios para la demandada SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARITIMA EMPRESA PUBLICA ESTATAL, entidad dependiente del Ministerio de Fomento, en virtud de los siguientes contratos:

   1. - Contrato de duración determinada suscrito el 20/07/2013 para la sustitución de Dña. Estrella, trabajadora con derecho a reserva de puesto de trabajo (folio 128).

   2. - Contrato de trabajo de duración determinada eventual por circunstancias de la producción suscrito el 01/05/2014, sin especificar la causa (folios 130 y 131).

   3. - Contrato de duración determinada eventual por circunstancias de la producción especificándose como causa servicios de búsqueda, rescate y salvamento de la vida humana y lucha contra la contaminación", al tratarse de la actividad normal de la empresa suscrito el 16/05/2014 (Folios 132 y 133).

   La categoría profesional en todos ellos es la de controlador y el salario anual de 34.893,12 euros, equivalente salario día 95,60 euros (hecho incontrovertido).

   SEGUNDO.- En la comunicación de fecha 29/06/2017 para producir efectos de 31/07/2017 el demandante es cesado en su puesto de trabajo mediante comunicación escrita del siguiente tenor:

   En Madrid a 29 de junio de 2017

   Muy Sr. Mío,

   En fecha 12 de Junio ha quedado resuelta la Convocatoria de 33 plazas fijas de controlador, para los centros de Coordinación de Salvamento y Lucha contra la contaminación de SASEMÁR publicada en Diciembre de 2016.

   En la actualidad usted ocupa un puesto de Controlador en el CCS Tarragona suscrito a través de un contrato de interinidad para cubrir temporalmente un puesto de trabajo hasta su cobertura definitiva.

   Una vez concluido el proceso de selección de la Convocatoria mencionada en el párrafo primero y de conformidad con lo estipulado en la cláusula tercera de su contrato de trabajo suscrito en fecha 31/05/2014, el mismo quedará extinguido en cuanto el candidato que ha obtenido una plaza fija en la entidad se incorpore a su plaza de Controlador.

   Es por todo lo anterior, que en fecha 31/07/2017 quedará extinguida la relación laboral que le unía con nosotros, por incorporación del candidato que ha obtenido plaza fija en el CCS Tarragona teniendo a su disposición la correspondiente liquidación.

   Y para que conste a los efectos oportunos, firma la presente en Madrid a 29 de Junio de 2017

   Folio 6.

   TERCERO.- El actor ostenta la condición de representante de los trabajadores en el centro de Tarragona (hecho incontrovertido).

   CUARTO.- Resulta de aplicación en la empresa el VII Convenio Colectivo de EPE Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima. BOE 02/12/2010.

   QUINTO. - Presentada papeleta-demanda de conciliación ante el SMAC. Por el área de Mediación Arbitraje y Conciliación, en fecha 14/08/2017 se emite contestación a la solicitud de conciliación frente a la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, anulando el expediente de conciliación NUM000 y el señalamiento para conciliación administrativa de fecha 12/09/2017, considerando que al ser la demandada entidad de derecho público, con personalidad jurídica propia vinculada o dependientes de los mismos, es requisito necesario haber agotado la vía administrativa. Remitiéndose al actor al agotamiento de la vía administrativa, y luego presentar demanda ante el Juzgado de lo Social (folio 17).

   El actor en fecha 19/08/2017 presentó reclamación previa a la vía jurisdiccional social ante el departamento de recursos humanos de la Social de Salvamento y Seguridad Marítima (folio 7).

   SEXTO.- La demanda origen de las presentes actuaciones aparece interpuesta en fecha 25/09/2017.

   SÉPTIMO.- Con fecha 29/09/2017 se dicta providencia advirtiendo a la parte de indebida acumulación de acciones, en relación con la de cantidad horas extras optando la parte actora por la acción de despido (folios 13 y 16)".

Interpuesto recurso de suplicación contra la anterior resolución, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictó sentencia con fecha 18 de septiembre de 2019, en la que consta la siguiente parte dispositiva: "FALLAMOS: Que estimando el recurso de suplicación interpuesto por la representación de SASEMAR-E.P.E. SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 16 de Madrid en fecha 22 DE NOVIEMBRE DE 2018, en los autos 1047/2017, seguidos en virtud de demanda formulada por D. Bernabe, en reclamación por DESPIDO, debemos revocar y revocamos dicha resolución, apreciando la excepción de caducidad de la acción y absolviendo a la demandada de los pedimentos de la demanda. Sin costas".

Contra la sentencia dictada en suplicación, se formalizó, por la representación procesal de D. Bernabe, el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, alegando la contradicción existente entre la sentencia recurrida y la dictada por el Tribunal Supremo de fecha 21 de julio de 2016, rcud 3327/2014.

Admitido a trámite el presente recurso, se dió traslado del mismo a la parte recurrida para que formalizara su impugnación en el plazo de quince días.

Evacuado el trámite de impugnación, pasó todo lo actuado al Ministerio Fiscal para informe, dictaminando en el sentido de considerar que el recurso debe ser desestimado. Instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, se declararon conclusos los autos.

Por Providencia de fecha 25 de noviembre de 2021 y por necesidades del servicio se designó como nuevo Ponente al Magistrado Excmo. Sr. D. Ignacio García-Perrote Escartín, señalándose para votación y fallo del presente recurso el día 25 de enero de 2022.

Cuestión planteada y la sentencia recurrida

1. La cuestión planteada en el presente recurso es si la acción de despido deducida por el trabajador, ahora recurrente en casación para la unificación de doctrina, estaba caducada, como apreció la sentencia recurrida.

2. El trabajador prestó servicios en favor de la entidad pública empresarial Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar), en virtud de diversos contratos de duración determinada.

   El 29 de junio de 2017, la empresa comunica al trabajador la extinción de su contrato de trabajo, con efectos del 31 de julio de 2017, por incorporación del candidato que ha obtenido la plaza fija.

   La comunicación no indicaba vía ni plazo de impugnación.

3. El trabajador presentó papeleta de conciliación ante el SMAC. El 14 de agosto de 2017 el SMAC anula el expediente y el señalamiento para la conciliación administrativa por considerar que, siendo la demandada una entidad de derecho público tenía que haberse agotado la vía administrativa y luego presentar demanda ante el juzgado de lo social.

   El 19 de agosto de 2017, el trabajador presentó reclamación administrativa previa ante Sasemar.

4. El 25 de septiembre de 2017 el trabajador interpuso demanda por despido.

   Previa desestimación de la excepción de caducidad de acción opuesta por la empresa, la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 16 de Madrid, de 22 de noviembre de 2018 (autos 1047/2017), estimó parcialmente la demanda y declaró la improcedencia del despido, condenando a la empresa, a elección del trabajador por ser representante de los trabajadores, a la readmisión o al abono de la correspondiente indemnización. La sentencia desestimó asimismo la excepción de indebida acumulación de acciones, pero ello no es relevante para el presente recurso.

5. Sasemar interpuso recurso de suplicación contra la sentencia del juzgado de lo social.

   La sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid de 18 de septiembre de 2019 (rec. 180/2019) estimó el recurso de suplicación de la empresa y revocó la sentencia del juzgado de lo social, apreciando el TSJ la excepción de caducidad de la acción.

El recurso de casación para la unificación de doctrina, su impugnación y el informe del Ministerio Fiscal

1. La sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de 18 de septiembre de 2019 (rec. 180/2019) ha sido recurrida por el trabajador en casación para la unificación de doctrina.

   El recurso invoca como sentencia de contraste la STS 21 de julio de 2016 (rcud 3327/2014) y denuncia la infracción del artículo 24 CE y del artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).

2. El recurso ha sido impugnado por el Abogado del Estado, en representación de Sasemar, solicitando su desestimación por ser la sentencia recurrida conforme a derecho.

3. El Ministerio Fiscal interesa en su informe la desestimación del recurso.

La existencia de contradicción

1. Debemos examinar si existe contradicción entre la sentencia recurrida y la sentencia de contraste.

   El examen lo debemos de hacer en todo caso, pero adicionalmente, en el presente supuesto, tanto el Ministerio Fiscal en su informe, como el Abogado del Estado en la impugnación del recurso, alegan la inexistencia de contradicción. Previamente, el razonado informe del Ministerio Fiscal entiende que el recurso no realiza una relación precisa y circunstanciada de la contradicción alegada ( artículo 224.1 a) LRJS), limitándose a transcribir parte de la fundamentación jurídica de las sentencias contrastadas.

   El recurso de casación para la unificación de doctrina es, desde luego, manifiestamente mejorable, pero, además de reproducir parte de la fundamentación jurídica de las sentencias comparadas, analiza, escueta, pero estimamos que suficientemente, la contradicción alegada, como puede verse en las páginas 4, 5, 8 y 9 del recurso.

2. Como se ha anticipado, la sentencia referencial es la STS 21 de julio de 2016 (rcud 3327/2014).

   En el supuesto examinado por esta STS, el trabajador prestó servicios en favor del Patronato Provincial de Turismo de Cádiz, en virtud de diversos contratos de duración determinada. La empresa comunicó al trabajador la extinción de su último contrato de trabajo. El trabajador interpuso reclamación previa a la vía judicial, que le fue desestimada expresamente por la empresa, señalándose en la desestimación que podía ejercer acciones ante el orden social de la jurisdicción en el plazo de veinte días. El trabajador demandó por despido, siendo estimada su demanda por sentencia del juzgado de lo social, que declaró la procedencia del despido. El Patronato interpuso recurso de suplicación contra la sentencia del juzgado de lo social, siendo estimado el recurso por sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía por entender que la acción de despido estaba caducada.

   Pues bien, la STS 21 de julio de 2016 (rcud 3327/2014) estimó el recurso de casación para la unificación de doctrina, casó y anuló la sentencia recurrida y, resolviendo el debate suplicado en suplicación, desestimó el motivo del recurso de tal clase en que se planteaba la cuestión de la caducidad. Es de interés mencionar que en la sentencia referencial esgrimida en el recurso de casación unificadora resuelto por la STS 21 de julio de 2016 (rcud 3327/2014), la comunicación empresarial no contenía indicación alguna sobre el modo de impugnación.

3. Apreciamos que existe contradicción entre la sentencia recurrida y la sentencia referencial.

   El artículo 219.1 LRJS requiere una igualdad sustancial y, desde esta perspectiva, y como asimismo lo apreció la sentencia de contraste respecto de la referencial allí invocada, en ambas sentencias nos hallamos ante situaciones análogas en las que la entidad empleadora extingue el contrato de trabajo del trabajador, facilitándose a éste información equivocada o ninguna información sobre la vía y los plazos que tiene para combatir la decisión extintiva. Y, en ambos casos, se trata de analizar el efecto y consecuencias que esa deficiente información ha de tener sobre el cómputo del plazo de caducidad de la acción de despido, sin que la similitud quede desvirtuada -precisa la STS 21 de julio de 2016 (rcud 3327/2014)- por el hecho de que el error de la información recaiga sobre aspectos distintos.

   A los efectos de la contradicción y del presente recurso de casación unificadora, lo relevante es que en los dos casos la información dada al trabajador fue equivocada, no siéndolo que en un caso la información errónea proviniera de la propia entidad empleadora y en el otro del SMAC, debiéndose recordar, adicionalmente, que en el supuesto examinado por la sentencia ahora recurrida la comunicación de despido de la empresa no indicaba vía ni plazo de impugnación, como igualmente ocurría en la sentencia referencial esgrimida en el supuesto resuelto por la STS 21 de julio de 2016 (rcud 3327/2014).

   Por lo demás, tanto en el supuesto de la sentencia recurrida como en la de contraste, las sentencias de los juzgados de lo social declararon la improcedencia del despido y, asimismo en ambos casos, fueron las sentencias de suplicación las que revocaron las sentencias de instancia por apreciar que la acción de despido estaba caducada, apreciación que la sentencia de contraste corrige expresamente.

Inexistencia de la caducidad de la acción de despido. Ausencia de información sobre la vía y el plazo de impugnación de la extinción del contrato de trabajo

1. De conformidad con la doctrina de la STS 727/2020, 24 de julio de 2020 (rcud 1338/2018), reiterada por las SSTS 402/2021, 14 de abril de 2021 (rcud 3663/2018) y STS 1254/2021, 10 de diciembre de 2021 (rcud 947/2019), la notificación del acto de despido por la administración, sin indicar vía y plazo de impugnación, mantiene suspendido el plazo de caducidad hasta que el trabajador lo impugne por la vía procedente.

   Las anteriores SSTS han recordado que la LPACAP (el recurso denuncia la infracción del artículo 40 de esta Ley), si bien eliminó la exigencia de la reclamación administrativa previa y toda referencia a ella, con las excepciones que no vienen ahora al caso, mantuvo sin alteración el régimen de notificaciones introducido por la LRJS en los párrafos segundo y tercero de su artículo 69.1.

   Y, como señalan aquellas sentencias, el régimen jurídico de los requisitos de las notificaciones se introdujo por la LRJS porque dicho régimen no existía en la regulación procesal anterior, lo que provocaba que las decisiones extintivas de la relación laboral se impugnaran en ocasiones fuera de plazo o acudiendo a vías previas y jurisdiccionales inadecuadas, a veces porque el despido era tácito o verbal o porque se dudaba de la real naturaleza del ente que había adoptado la decisión o porque se demandaba a varias personas jurídicas y no todas eran de naturaleza pública o era discutible que lo fueran. Al impugnarse acudiendo a estas posibles vías inadecuadas, la respuesta judicial fue en ocasiones la de entender caducada la acción de despido, lo que en determinados supuestos fue considerado contrario al derecho a la tutela judicial efectiva ( artículo 24.1 CE, precepto cuya infracción se denuncia asimismo en el presente recurso) por la jurisprudencia constitucional, por haberse impedido el acceso a la jurisdicción, vertiente primigenia y esencial de aquel derecho, de forma desproporcionada e irrazonable.

   En definitiva, la declaración de caducidad de la acción de despido interpuesta contra una decisión extintiva adoptada por una administración pública solo es proporcionada y respetuosa con el derecho fundamental del acceso a la jurisdicción, si la notificación de dicha decisión indica correctamente la vía y el plazo de la impugnación. Ya la jurisprudencia clásica de esta Sala Cuarta, con cita de jurisprudencia constitucional, señalaba entre los supuestos en que cabía excepcionalmente entender suspendido el plazo de caducidad aquellos en que no se hubiera indicado al litigante la vía previa oportuna.

   Pueden citarse, en este sentido, por ejemplo, la STS 28 de junio de 1999 (Sala General, rcud 2269/1998), que menciona la STC 11/1998, 2 de febrero, y la STS 6 de octubre de 2004 (rcud 4447/2004), que cita la STC 12/2003, 28 de enero; también las SSTC 193/1992, 16 de noviembre, 194/1992, de 16 de noviembre, y 154/2004, de 20 de septiembre. Y, más recientemente, las SSTS 13 de junio de 2012 (rcud 2180/2011), 14 de enero de 2014 (rcud 4121/2011), 10 de junio de 2016 (rcud 601/2015) y 21 de julio de 2016 (rcud 3327/2014), en supuestos de despido verbal o de información incorrecta en la notificación del despido por la administración demandada.

2. Pues bien, teniendo en cuenta todo lo anterior, las SSTS 727/2020, 24 de julio de 2020 (rcud 1338/2018), 402/2021, 14 de abril de 2021 (rcud 3663/2018), y STS 1254/2021, 10 de diciembre de 2021 (rcud 947/2019) afirman que "a la vista de la actual regulación, en orden a si la notificación de la comunicación de despido emitida por una Administración Pública está bajo las previsiones del art. 69.1 párrafo segundo de la LRJS, esta Sala entiende que aquel acto está sometido a dicho régimen de notificaciones y debe contener su condición de decisión impugnable directamente ante la vía judicial laboral en el plazo de veinte días, o la que pudiera proceder, órgano y plazo que esté establecido a tal efecto".

   Como declara la sentencia del TSJ de Madrid recurrida en casación para la unificación de doctrina, Sasemar es "una entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Fomento, teniendo la consideración de Administración Pública", a los efectos que aquí importan.

   Debemos examinar, en consecuencia, si en el presente caso Sasemar cumplió con los requisitos de notificación de la decisión extintiva previstos en el párrafo segundo del artículo 69.1 LRJS, como tendría que haber hecho, de conformidad con las citadas SSTS.

   Es claro que no fue así y que Sasemar no se atuvo a lo que prescribe el párrafo segundo del artículo 69.1 LRJS, que le obligaba, de acuerdo con nuestra doctrina, a indicar la vía y el plazo de impugnación de la decisión extintiva.

   En efecto, como se ha recogido más arriba y figura en los hechos probados de la sentencia, en la comunicación dirigida por Sasemar al trabajador el 29 de junio de 2017, en la que se le comunicaba la extinción de su contrato de trabajo, no se indicaba vía ni plaza de impugnación.

3. Clarificado que la notificación por Sasemar de su decisión extintiva no se atuvo a los requisitos establecidos por el párrafo segundo del artículo 69.1 LRJS, la consecuencia de lo anterior está expresamente prevista en el párrafo tercero del artículo 69.1 LRJS: el mantenimiento de la suspensión del plazo de caducidad. Y, por su parte, el artículo 69.3 LRJS dispone que el plazo de caducidad debe contarse "a partir del siguiente a aquél en que se hubiera producido el acto o a la notificación de la resolución impugnada."

   El párrafo tercero del artículo 69.1 LRJS dispone que la notificación que no cumpla con los requisitos del párrafo segundo del precepto "únicamente surtirá efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de notificación o resolución o interponga cualquier recurso que proceda".

   Pero, como señalan las SSTS 727/2020, 24 de julio de 2020 (rcud 1338/2018), 402/2021, 14 de abril de 2021 (rcud 3663/2018) y STS 1254/2021, 10 de diciembre de 2021 (rcud 947/2019), una notificación defectuosa tiene como consecuencia que el plazo de caducidad no se inicia hasta que el trabajador actúa mediante actos que vengan a poner de manifiesto que conoce, no solo el contenido de la decisión, sino "cómo actuar frente a ella".

   Y, como igualmente advierten aquellas sentencias, "al no haberse indicado el modo de combatir la decisión de despedir se mantiene suspendido el plazo de caducidad hasta que la persona afectada "interponga cualquier recurso que proceda" ( párrafo tercero del artículo 69.1 LRJS)". Y, así como la desaparecida vía de reclamación previa ya no cumple ese requisito, como dijeran las SSTS 727/2020, 24 de julio de 2020 (rcud 1338/2018) y 402/2021, 14 de abril de 2021 (rcud 3663/2018), tampoco la conciliación previa es una vía "que proceda" ( párrafo tercero del artículo 69.1 LRJS), como se razona en la STS 1254/2021, 10 de diciembre de 2021 (rcud 947/2019). Por lo demás, en el presente caso, no se puede reprochar al trabajador falta de diligencia o abandono de la acción a la vista de lo que consta en los antecedentes y de lo que hemos recordado en los apartados 3 y 4 del fundamento de derecho primero.

   Con cita de la STS 727/2020, 24 de julio de 2020 (rcud 1338/2018), el razonado informe del Ministerio Fiscal afirma que, como en el caso la administración pública no es que diera una información errónea sobre medios y plazos de impugnación, sino que no dio ninguna información al respecto, la consecuencia es que no podía empezar a correr el plazo de caducidad. El Ministerio Fiscal afirma que lo anterior no fue alegado en la inicial demanda de despido del trabajador. Pero, además de que, como reconoce el propio Abogado del Estado, la caducidad puede apreciarse de oficio, por afectar al orden público procesal, si quedan acreditados los hechos en los que se funda la caducidad y las partes se han podido pronunciar al respecto (por todas, STS 1204/2021, 2 de diciembre de 2021, Pleno, rec. 165/2021) -requisitos que aquí se cumplen-, lo cierto es que si la acción por despido estaba o no caducada ha formado parte en todo el momento del debate desde que fue esgrimida por Sasemar en la oposición a la demanda de despido del trabajador.

La estimación del recurso

1. De acuerdo con lo razonado, y oído el Ministerio Fiscal, procede: estimar el recurso; casar y anular la sentencia recurrida; resolver el debate suscitado en suplicación, en el sentido de desestimar el motivo del recurso de tal clase en que se planteaba la cuestión de la caducidad confirmando en este punto, aunque por distintas razones, la desestimación de la excepción de caducidad realizada por la sentencia de instancia; y devolver las actuaciones a la Sala de lo Social del TSJ de procedencia para que dicte nueva sentencia en la que, partiendo de que la acción de despido no está caducada, resuelva los restantes motivos del recurso de suplicación.

2. Sin costas ( artículo 235.1 LRJS).