STSJ Castilla-La Mancha 287/2021, 22 de Noviembre de 2021

JurisdicciónEspaña
PonenteINMACULADA DONATE VALERA
Fecha22 Noviembre 2021
Número de resolución287/2021

T.S.J.CAST.LA MANCHA CON/AD SEC.1

ALBACETE

SENTENCIA: 00287/2021

Recurso Contencioso-Administrativo nº 319/19

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA.

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Sección Primera.

Presidente:

Iltma. Sra. Dª Eulalia Martínez López

Magistrados:

Iltmo. Sr. Dº Constantino Merino González

Iltmo. Sr. Dº Guillermo B. Palenciano Osa

Iltma. Sra. Dª Inmaculada Donate Valera

Iltma. Sra. Dª. Purificación López Toledo

SENTENCIA Nº 287

En Albacete a veintidós de Noviembre de 2021.

Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha los presentes autos, bajo el número 319 /2019 del recurso contencioso-administrativo, seguido a instancia de la mercantil TACOUCA 2016 SA, representada por el Procurador D. Lorenzo Gómez Monteagudo y dirigida por la Letrada Dª Ana Isabel Montero Gómez, frente a la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (TEARCM) que ha actuado bajo la representación y defensa del Sr. Letrado del Estado, sobre IVA; siendo ponente en la Ilma. Sra. Dª Inmaculada Donate Valera.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Por la representación procesal de la mercantil TACOUCA 2016 SA, se presentó recurso contencioso-administrativo contra la Resolución del TEAR de Castilla-La Mancha, de fecha 15 de febrero de 2019, que desestima las reclamaciones nº 45-02053-2015 y 45-02054-2015, confirmando el acuerdo de liquidación nº A23 72523833, por el concepto de Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 2010 y 2011, dimanante de la propuesta de liquidación contenida en el acta A02 72523833 e importe de 64.336,64 euros, y el acuerdo de resolución de expediente sancionador nº A51 77532150, por el referido concepto y períodos, en virtud del cual se sanciona a la recurrente por la comisión de dos infracciones tributarias leves por dejar de ingresar, dentro del plazo reglamentariamente establecido al efecto, la deuda tributaria en el Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2010 y 2011, las sanciones que se detallan y que ascienden a la cantidad de 27.112 euros.

SEGUNDO

Formalizada demanda, tras exponer los hechos y fundamentos jurídicos que estimó aplicables, terminó solicitando sentencia "declarando no ser conforme a Derecho la resolución administrativa impugnada, y en consecuencia la anule, y ello con las consecuencias inherentes a tal pronunciamiento".

TERCERO

Contestada la demanda por la Administración, tras relatar a su vez los hechos y fundamentos jurídicos que entendió aplicables, solicitó sentencia desestimatoria del recurso.

CUARTO

Acordado el recibimiento del pleito a prueba y practicadas las declaradas pertinentes, se reafirmaron las partes en sus escritos de demanda y contestación, por vía de conclusiones, se señaló día y hora para votación y fallo, en que tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO

Objeto del recurso.

Como se ha adelantado en los antecedentes de hecho, el presente recurso contencioso-administrativo tiene por objeto la Resolución del TEAR de Castilla-La Mancha, de fecha 15 de febrero de 2019, que acuerda desestimar las reclamaciones nº 45-02053-2015 y 45-02054-2015.

SEGUNDO

Posición de la parte actora.

La parte actora alega, en síntesis, lo siguiente:

  1. - Dilaciones.

    La parte actora muestra su disconformidad con las dilaciones que la Administración imputa a la recurrente, prácticamente un año. Señala a este respecto que la inspección, a lo largo de ese año, ha ido realizando actuaciones y estudiando documentación, con lo que no ha estado sin realizar trabajo alguno durante todo ese tiempo esperando la documentación. Se siguieron realizando diligencias (básicamente, la totalidad de la inspección) durante ese tiempo, y la débil defensa de esta dilación de motivarse en mucha mayor medida para considerarse válida, ya que la inspección establece tres dilaciones diferentes, la segunda y la tercera dentro de la primera, y todas ellas genéricas; la primera desde el 9/12/2013 hasta el 12/12/2014; la segunda desde el 2/1/204 hasta el 12/12/2014; y la tercera desde el 02/6/2014 hasta el 12/12/2014, todos ellos argumentando que había documentación no aportada.

    En primer lugar, sorprende a la parte actora que se le impute una dilación de 358 días, imputables a la primera de las tres diferentes dilaciones y que versa sobre justificantes de entregas intracomunitarias, que nada tienen que ver con la regularización del Impuesto sobre Sociedades, que es sobre lo que versa el presente Acuerdo de Liquidación.

    Con respecto a este punto, alega que la administración imputa al contribuyente una dilación respecto a otro procedimiento inspector, el relativo al Impuesto sobre el Valor Añadido, de los mismos ejercicios. Nada impedía a la administración cerrar el expediente del Impuesto sobre Sociedades y continuar con el del Impuesto sobre el Valor Añadido, con lo que las dilaciones en uno no debían repercutir en el otro.

    A continuación, se centra a valorar la procedencia o no de las dilaciones 2 y 3, subrayando que tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo determinan en numerosas ocasiones que en caso de que no quede perfectamente fijado el plazo para la entrega de documentación, no puede considerarse dilación. En el presente caso, la Administración continuó realizando diligencias, es más, la totalidad de la inspección, con lo que no procede la estimación de que todo el período es dilación imputable al contribuyente, máxime cuando durante este plazo se presentó una enorme cantidad de documentación. Por ello la imputación de 358 días seguidos es del todo improcedente.

    Como consecuencia de la improcedencia de estas dilaciones totalmente desproporcionadas y sin fundamento, nos encontramos con que se ha sobrepasado con creces el plazo máximo para llevar a cabo la inspección, fijado en 12 meses, ya que el inicio de la misma fue el 25 de noviembre de 2013 y finalizaron con el Acuerdo de Liquidación aquí recurrido el 9 de junio de 2015, debiendo anularse el Acuerdo de Liquidación y sustituirlo por otro que considere este plazo sobrepasado, con respecto a los intereses de demora, posibles prescripciones y el resto de consecuencias legales pertinentes.

  2. Créditos incobrables.

    Las consideraciones contables hechas por el inspector son absolutamente arbitrarias. Lo cierto es que, según manifiesta acertadamente la propia acta, el Plan General de Contabilidad de 1990, aplicable en esos años, dice: "Deberán realizarse las correcciones valorativas que procedan, dotándose, en su caso, las correspondientes provisiones en función del riesgo que presenten las posibles insolvencias con respecto al cobro de los activos de que se trate." O lo que es lo mismo, no en función de los plazos de pago, sino en función de las expectativas de cobro en cada caso, siempre con el principio de prudencia. Por lo tanto, el inspector está entrando a valorar lo que los gerentes y empleados de una sociedad debían esperar cobrar o no cobrar, simplemente estudiando desde fuera una factura, sin conocer al cliente ni la situación habitual con clientes de la entidad. Sin duda será mejor criterio el empleado por los gestores de INMONTA, que el que se pueda dar viendo tres documentos años después. Lo único que se establece es que pueda computarse como gasto a partir de los 6 meses del vencimiento del plazo de cobro, no que deba ser necesariamente justo a los 6 meses.

    A este respecto, la resolución del TEAR determina que todos los créditos incobrables de facturas del año 2005 o anteriores deben estimarse como no deducibles, y acepta el criterio de la inspección de que ello es así debido a que imputar un gasto de un periodo ya prescrito disminuye la tributación con respecto a declararlo en el ejercicio de devengo (dado que en ese caso no aplicaría al estar ese ejercicio prescrito).

    Lo que sucede con esta línea argumental es que está dando por válido un argumento erróneo. Está estableciendo que un crédito incobrable es gasto a partir de los 6 meses del vencimiento del pago, y eso no es cierto. El principio contable de prudencia al que hace referencia tanto la inspección como el TEAR no establece ese plazo en absoluto. Puede suceder, y de hecho sucede en muchos casos, que un cliente pague un año después de que se le emita una factura, o incluso más tiempo. La inspección ha establecido que todos los créditos incobrables del ejercicio 2005 o anteriores no pueden admitirse, porque el año de devengo del gasto ha prescrito. Pero es que el año de devengo del gasto no lo han calculado, sino que han tomado el año de emisión de las facturas. Si una factura se emite en 2005, puede que el crédito se contabilice como incobrable 2 años después, es decir en 2007, y por tanto en 2010 se debe admitir como gasto dicha insolvencia dado que el 2007 no está prescrito.

    Es decir, sin entrar a valorar el momento de cada crédito en donde debe estimarse como incobrable (sin duda diferente para cada uno de ellos), estiman que la fecha a la que corresponde el gasto es la de emisión de la factura, o como mucho 6 meses después, cuando no establece eso ninguna norma contable, y posteriormente establecen que dado que ese ejercicio está prescrito en el año en que se imputa (2010) entonces no es deducible.

    Por lo tanto, en el presente caso la totalidad de los créditos por insolvencia cumplen los requisitos exigidos por la normativa fiscal y son por ello deducibles fiscalmente.

    Además, no responde la inspección a la alegación hecha por esta parte de por qué se solicitaron los libros diarios de los ejercicios 2003, 2004 y 2005 si posteriormente no iban a utilizarlos. Pues bien, no fue otro el motivo que porque pensaban que la sociedad no iba a tenerlos en su poder y de este modo eliminar por esa vía el gasto. Al ver que estaba la contabilidad totalmente en regla y que quedaba demostrado que esos créditos...

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