ATS, 5 de Octubre de 2021

JurisdicciónEspaña
Fecha05 Octubre 2021

T R I B U N A L S U P R E M O

Sala de lo Social

Auto núm. /

Fecha del auto: 05/10/2021

Tipo de procedimiento: UNIFICACIÓN DOCTRINA

Número del procedimiento: 18/2021

Fallo/Acuerdo:

Ponente: Excmo. Sr. D. Ángel Blasco Pellicer

Procedencia: T.S.J.MADRID SOCIAL SEC.5

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Alfonso Lozano De Benito

Transcrito por: AGH / V

Nota:

UNIFICACIÓN DOCTRINA núm.: 18/2021

Ponente: Excmo. Sr. D. Ángel Blasco Pellicer

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Alfonso Lozano De Benito

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Social

Auto núm. /

Excmos. Sres.

D. Ángel Blasco Pellicer

D. Sebastián Moralo Gallego

D. Ignacio Garcia-Perrote Escartín

En Madrid, a 5 de octubre de 2021.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Ángel Blasco Pellicer.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Por el Juzgado de lo Social Nº. 4 de los de Madrid se dictó sentencia en fecha 4 de diciembre de 2018, en el procedimiento nº. 671/18 seguido a instancia de D. Bernardino contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), sobre incapacidad permanente, que desestimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO

Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en fecha 19 de octubre de 2020, que estimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, revocaba la sentencia impugnada.

TERCERO

Por escrito de fecha 11 de diciembre de 2020 se formalizó por el letrado D. Borja Vila Tesorero en nombre y representación de D. Bernardino, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO

Esta Sala, por providencia de 13 de julio de 2021, acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que no efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales" ( sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005 , R . 430/2004 y R. 2082/2004; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006; 4 y 10 de octubre de 2007, R. 586/2006 y 312/2007, 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006; 8 de febrero y 10 de junio de 2008, R. 2703/2006 y 2506/2007), 24 de junio de 2011, R. 3460/2010, 6 de octubre de 2011, R. 4307/2010, 27 de diciembre de 2011, R. 4328/2010 y 30 de enero de 2012, R. 4753/2010. Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales, SSTS 14/05/2013 (R. 2058/2012), 23/05/2013 (R. 2406/2012), 13/06/2013 (R. 2456/2012), 15/07/2013 (R. 2440/2012), 16/09/2013 (R. 2366/2012), 03/10/2013 (R. 1308/2012), 04/02/2014 (R. 677/2013) y 01/07/2014 (R. 1486/2013).

La sentencia recurrida de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, Sección 5ª, de 19 de octubre de 2020 (R. 921/2019) estima el recurso de suplicación interpuesto por el actor contra la sentencia de instancia revocando esta y reconociendo a la parte actora la pensión de gran invalidez con base reguladora de 562,20 Euros, y complemento de 218,10 Euros, con fecha de efectos desde el cese del trabajo. Consta que el demandante se encuentra afiliado a la Seguridad Social, en el régimen general, y por resolución del INSS de 7.04.1994 se le declaró en situación de IPA en base a las siguientes lesiones: "enucleado el ojo derecho a los 9 años de edad. Retinosis pigmentaria del ojo izquierdo". Instada la revisión de la declaración de GI, por resolución del INSS de 22.03.2018 se resolvió no haber lugar a revisar la situación de incapacidad permanente derivada de enfermedad común, según dictamen de 8.03.2018, que objetivó las siguientes lesiones: "enucleación de OD, AV OI 0,02 y campo visual mayor de 10º". El demandante acredita el período mínimo de cotización para causar derecho a la prestación. La base reguladora de la prestación, de ser estimada la demanda, asciende a la cantidad de 562,20 euros mensuales, complemento de 281,10 euros y la fecha de efectos desde el cese en el trabajo. El demandante está afecto de las siguientes patologías: enucleación de OD, AV OI 0,02 y campo visual mayor de 10º. A juicio de la Sala de Suplicación de la sentencia recurrida, se asimila a ceguera total, a efectos de su consideración como gran invalidez, la agudeza visual inferior a una décima en ambos ojos, aunque se hubieran adquirido habilidades adaptativas necesarias para realizar alguno de los actos esenciales de la vida sin ayuda de terceros o sin necesidad de ayuda permanente; tampoco es necesaria la continuidad en la colaboración de una tercera persona para la realización de determinadas actividades esenciales de la vida.

Contra dicha sentencia recurre en casación para la unificación de doctrina el actor, articulándolo en un único motivo, pretende que se incremente la cuantía de la base reguladora de la prestación gran invalidez. Invoca la parte recurrente de contraste la sentencia del TS Sala IV de 16 de octubre de 2013 (rcud 907/2012). Se trata en este caso de un agente vendedor de la ONCE que vino prestando servicios para dicha entidad desde el 1 de abril de 1988, siendo declarado en situación de gran invalidez derivada de enfermedad común, con efectos del 1 de octubre de 1989. Tras serle desestimada por sentencia firme la petición de que se recalculase la base reguladora de la pensión con las nuevas cotizaciones, causó baja por incapacidad temporal y el INSS le denegó el reconocimiento de cualquier grado de incapacidad permanente por agravación. La sentencia de contraste confirma la declaración de gran invalidez efectuada a favor del demandante con una base reguladora resultado de computar las nuevas cotizaciones pagadas por el trabajo de vendedor de la ONCE, reiterando doctrina unificada sobre los trabajos compatibles con la incapacidad permanente absoluta o la gran invalidez. A juicio de la Sala de la sentencia de contraste, las cotizaciones satisfechas como consecuencia del nuevo trabajo desarrollado por el pensionista han de tener eficacia para recalcular la pensión anteriormente reconocida, prestación de incapacidad permanente absoluta o de gran invalidez, siempre y cuando la situación clínica del pensionista le impida seguir desarrollando la actividad profesional -o actividades profesionales- desarrollada desde que se produjo su primera declaración de incapacidad. Puesto que en el caso de autos se da esta condición, procede confirmar la sentencia recurrida.

No puede apreciarse la existencia de contradicción entre las resoluciones comparadas, al no concurrir las identidades del artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. En la sentencia recurrida, ante la agravación del estado de salud, se accede a la revisión de grado por la existencia de una agudeza visual inferior a una décima en ambos ojos y, aunque se hubieran adquirido habilidades adaptativas necesarias para realizar alguno de los actos esenciales de la vida sin ayuda de terceros o sin necesidad de ayuda permanente, se considera una situación acreedora de gran invalidez, pero no consta que haya abandonado su actividad profesional, siéndole reconocida la cuantía base reguladora pedida por el actor en su recurso de suplicación y que consta en los hechos probados de la sentencia recurrida. En cambio, en la sentencia de contraste, las cotizaciones satisfechas como consecuencia del nuevo trabajo desarrollado por el pensionista han de tener eficacia para recalcular la pensión anteriormente reconocida, prestación de incapacidad permanente absoluta o de gran invalidez, siempre y cuando la situación clínica del pensionista le impida seguir desarrollando la actividad profesional -o actividades profesionales- desarrollada desde que se produjo su primera declaración de incapacidad. Ante la falta de continuidad de la actividad profesional en la sentencia referencial, circunstancia que no consta acreditada en la recurrida, reconociéndole la base reguladora instada en el escrito de formalización del recurso de suplicación y en los hechos probados de la sentencia recurrida, obsta la existencia de contradicción.

SEGUNDO

No habiendo presentado la parte recurrente alegaciones en el plazo establecido para ello, procede inadmitir el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, de conformidad con lo establecido en los artículos 217 y 223 de la LRJS, y con lo informado por el Ministerio Fiscal, sin imposición de costas por gozar la parte recurrente del beneficio de justicia gratuita.

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA: Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el letrado D. Borja Vila Tesorero, en nombre y representación de D. Bernardino contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 19 de octubre de 2020, en el recurso de suplicación número 921/19, interpuesto por D. Bernardino, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº. 4 de los de Madrid de fecha 4 de diciembre de 2018, en el procedimiento nº. 671/18 seguido a instancia de D. Bernardino contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), sobre incapacidad permanente.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.

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