STSJ Cataluña 2274/2021, 23 de Abril de 2021
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 23 Abril 2021 |
| Número de resolución | 2274/2021 |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
CATALUNYA
SALA SOCIAL
NIG : 08019 - 34 - 4 - 2021 - 0000223
MC
Recurso de Suplicación: 135/2021
ILMO. SR. IGNACIO MARÍA PALOS PEÑARROYA
ILMO. SR. LUIS REVILLA PÉREZ
ILMO. SR. EMILIO GARCIA OLLÉS
En Barcelona a 23 de abril de 2021
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen,
EN NOMBRE DEL REY
ha dictado la siguiente
S E N T E N C I A núm. 2274/2021
En el recurso de suplicación interpuesto por Gaspar frente a la Sentencia del Juzgado Social 26 Barcelona de fecha 31 de julio de 2020 dictada en el procedimiento nº 382/2020 y siendo recurridos LSC BARCELONA REPORTING, S.L., MINISTERIO FISCAL y FONDO DE GARANTIA SALARIAL, ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. Luis Revilla Pérez.
Tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Despido en general, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 31 de julio de 2020 que contenía el siguiente Fallo:
"Que estimando en parte la demanda origen de las presentes actuaciones, promovida por D. Gaspar, contra la empresa LSC Barcelona Reporting S.L., y el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), con intervención del Ministerio Fiscal, sobre despido objetivo, ACUERDO:
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Declaro IMPROCEDENTE el despido sufrido por el demandante el 2 de abril de 2020, condenando a la empresa Barcelona Reporting S.L. a estar y pasar por tal declaración y a que readmita al demandante en su mismo puesto de trabajo y en iguales condiciones a las que regían la relación laboral con anterioridad al despido, con abono de
los salarios de tramitación, a razón de 95,99 euros brutos diarios, y devolución de la indemnización ya percibida; o, a su opción, que deberá ejercitar en el improrrogable plazo de cinco días, a que abone al actor una indemnización en cuantía de 3.431,64 euros, con compensación de la ya abonada.
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Condeno al Fogasa a estar y pasar por el anterior pronunciamiento, de conformidad con sus obligaciones legales."
En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:
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El demandante, D. Gaspar, mayor de edad, con NIE nº NUM000, trabajaba por cuenta de la empresa LSC Barcelona Reporting S.L. (CIF nº B87618971), con domicilio en la ciudad de Madrid y centro de trabajo en la de Barcelona, con una antigüedad de 1 de abril de 2019, categoría profesional de grupo 3 NI, jornada a tiempo completo, y salario mensual de 2.919,55 euros brutos, incluida la parte proporcional de pagas extras.
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La sociedad demandada forma parte de un grupo empresarial de dimensiones internacionales, con sede en Manila (Filipinas), llamado Regus. El grupo empresarial se dedica al arrendamiento de espacios para oficinas en todo el mundo. La compañía demandada se dedica a dar soporte logístico a las empresas locales del grupo en Europa (excepto en las islas británicas), África y Oriente Medio. Existe otra empresa del grupo, de ámbito local, que se dedica a gestionar los inmuebles de los que dispone en el territorio nacional, denominada Regus Management España S.L., que ha tenido que acogerse a un expediente temporal de regulación de empleo (ERTE), por fuerza mayor, por la crisis provocada por la pandemia de Covid 19.
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El demandante desarrollaba funciones de manager informático, prestando soporte a todas las áreas de la empresa, estando ubicado su responsable en la sede de Manila (Filipinas).
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El grupo empresarial se encuentra, desde finales del año 2019, en un proceso de reestructuración, con concentración de tareas en la central en Manila.
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El día 2 de abril de 2020 la compañía demandada comunicó al actor su despido por causas objetivas, de carácter organizativo, mediante carta que se da aquí por íntegramente reproducida (documento adjuntado a la demanda). En la misma se indicaban como causas las siguientes: "Tras un estudio a nivel internacional relativo a un Plan de reorganización de su estructura, las conclusiones fueron las de la necesidad de centralizar tareas y suprimir duplicidades a nivel internacional. La compañía inició este Plan en España, a partir del último trimestre de 2019, con la amortización del puesto local de Dirección General. La finalidad del Plan es la de optimizar los recursos disponibles, mejorar la atención al cliente, reducir costes y ganar en eficiencia y productividad. La implementación total de dicho plan debería hacerse efectiva en el primer cuatrimestre de 2020. En cumplimiento de dicho Plan y tras un estudio de reorganización interna a nivel de mejorar la eficiencia del Departamento al que usted pertenece, y tras la correspondiente valoración de los puestos de trabajo se ha llegado a la conclusión de la ineficiencia que supone mantener el puesto de trabajo en Barcelona que usted ocupa en el Departamento de IT como IT Engineer. De esta manera, y tal y como se señalaba al inicio de este escrito, se procede a la extinción de su contrato de trabajo en el día de la fecha por medio de despido objetivo, ante la existencia de causas organizativas". En la propia carta de despido se informaba de la puesta a disposición del demandante de la correspondiente indemnización, por importe de 2.071,95 euros.
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El demandante no ostenta, ni ha ostentado, la condición de representante unitario o sindical de los trabajadores.
Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte actora, que formalizó dentro de plazo, y que la parte demandada LSC BARCELONA REPORTING, S.L., lo impugnó, elevando los autos a este Tribunal dando lugar al presente rollo.
El trabajador formuló demanda en la que ejercitó acción en la que postulaba que se declarase nulo o subsidiariamente improcedente el despido objetivo que por causas organizativas, actuó sobre el mismo su empleadora demandada, con efectos de 02/04/2020.
La sentencia dictada por el juzgado de lo social desestimó la pretensión principal de la acción acumulada en demanda en la que se postulaba la calificación jurídica de nulidad del despido y acogió la subsidiaria, declarándolo improcedente.
Como corolario de la declaración de improcedencia establece las consecuencias implementadas por el legislador para la misma sin incluir entre ellas la peticionada expresamente por el trabajador actuante de abono de intereses moratorios ex artículo 1108 del CC en referencia a la indemnización legal por despido improcedente.
Contra la anterior resolución y con exclusivo motivo de censura jurídica se alza en suplicación el trabajador para sostener, como motivo principal, que el despido merece la adjetivación que ya sostuvo en demanda, de nulidad y no simple improcedencia, y, como motivo subsidiario vinculado a la falta de éxito del motivo principal, que la indemnización legal por despido que se fija en la sentencia, para el supuesto de que la empresa opte por la extinción, ha de devengar, y han de reconocerse, intereses moratorios.
La empresa que se aquietó a la declaración de improcedencia, tras aceptar que la carta que comunicó la decisión del despido no completaba la formalidad constitutiva mínima, ha impugnado el recurso así configurado.
Como premisas de las que habremos de partir para dar solución al candente conflicto al que hemos de dar respuesta, tenemos lo siguiente:
La resultancia fáctica de la sentencia, no controvertida en el recurso, informa que el demandante trabajaba como manager informático para la demandada, desde del 01/04/2019, con salario de 2.919,55 euros al mes y que en fecha 02/04/2020, con iguales efectos, le fue comunicado su despido objetivo por causas organizativas, en expresión de la sentncia recurrida que reproduce la carta de despido: "...conclusión de la ineficiencia que supone mantener el puesto de trabajo en Barcelona que usted ocupa".
La demanda primero y ahora el recurso, para defender la petición de calificar como nulo el despido, después de reseñar el momento histórico en que se produce, en el marco de la pandemia sanitaria COVID 19 y vigentes las regulaciones singulares de los RDL 8/2020 y 9/2020, afirma que la citada regulación especial ha establecido "la prohibición de despedir".
Concreta con mas detalle la calificación de nulidad con sustento en la que afirma infracción de los artículos 4, 7, 8 y 9.1 del Convenio 158 OIT, de los artículos 1 y 24 de la Carta Social Europea y de los artículos 24.1 y 35 de la CE y, en referencia al que se postula fraude de ley, invoca el artículo 6.4 del CC.
Sostiene, en definitiva, que todo despido sin causa o con causa ficticia, ha de ser sancionado con la declaración de nulidad, "aplicando la doctrina de la proscripción del fraude ley y del abuso de derecho como principio informador de todo el ordenamiento jurídico", en especial después de la derogación del denominado "despido exprés" por la Ley 3/2012.
Añade además que, literalmente: "los despidos disciplinarios sin causa, durante todo el periodo de estado de alarma, suponen una nueva categoría de despidos prohibidos o vedados por causa de utilidad pública y emergencia nacional que deben tener el mismo tratamiento que los discriminatorios o vulneradores de derechos fundamentales".
La demandada acepta, por falta de causalidad y cumplimiento de la formalidad constitutiva, la declaración de improcedencia del despido pero se opone a la de nulidad porque, afirma, ninguno de los fundamentos que despliega el trabajador en defensa de tal pretensión permite y habilita tal conclusión. Tampoco la que deriva de la legislación especial COVID 19.
La sentencia concluyó como presupuesto de su final solución y respecto a la...
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ATS, 8 de Marzo de 2022
...por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha 23 de abril de 2021, en el recurso de suplicación número 135/2021, interpuesto por D. Moises, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 26 de los de Barcelona de fecha 31 de julio de 2020, en ......