SAP Zaragoza 425/2021, 14 de Abril de 2021

PonenteANTONIO LUIS PASTOR OLIVER
ECLIES:APZ:2021:909
Número de Recurso221/2021
ProcedimientoRecurso de apelación
Número de Resolución425/2021
Fecha de Resolución14 de Abril de 2021
EmisorAudiencia Provincial - Zaragoza, Sección 5ª

SENTENCIA núm 000425/2021

Presidente

D./Dª. ANTONIO LUIS PASTOR OLIVER (Ponente)

Magistrados

D./Dª. JUAN CARLOS FERNANDEZ LLORENTE

D./Dª. ALFONSO Mª MARTÍNEZ ARESO

En Zaragoza, a catorce de abril de dos mil veinte.

En nombre de S.M. el Rey,

VISTO en grado de apelación ante esta Sección Quinta, de la Audiencia Provincial de ZARAGOZA, los Autos de Procedimiento Ordinario (Materia Mercantil - 249.1.4) 0000417/2019 - 00, procedentes del JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE ZARAGOZA, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LEC) 0000221/2021, en los que aparece como parte apelante, Teodora y Darío , representados por el/la Procurador de los tribunales, JUAN MANUEL ANDRES ALAMAN; y asistidos por el/la Letrado JOSÉ DANIEL FERRER BENEDÍ; y como parte apelada, ALBERTO POLO DISTRIBUCIONES SA representado por el/la Procurador de los tribunales, ROSARIO VIÑUALES ROYO y asistido por el/la Letrada IBAN ABALDE SESTELO siendo Magistrado-Ponente el/la Ilmo/a. Sr./Sra. ANTONIO LUIS PASTOR OLIVER.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Se aceptan los de la sentencia apelada de fecha 04 de diciembre del 2020 , cuyo FALLO es del tenor literal: "Que, estimando la demanda interpuesta por ALBERTO POLO DISTRIBUCIONES, SA, representada por la procuradora Sra. Viñuales Royo contra Darío y Teodora, en calidad de administradores solidarios de la entidad mercantil GRACIA BERDUQUE, SL, representados por el procurador Sr. Andrés Alamána condeno a estos a abonar solidariamente a la parte actora la cantidad de 26.720,93 €, así como aquellas cuantías que se devenguen en concepto de intereses y costas procesales contra la empresa GRACIA BERDUQUE, SL en el juicio monitorio nº 358/2016 del Juzgado de Primera Instancia número siete de Zaragoza y ejecución de títulos judiciales nº 262/2016 y las costas del presente procedimiento".

SEGUNDO

Notificada dicha sentencia a las partes por la representación procesal de, Teodora y Darío ; se interpuso contra la misma recurso de apelación.

Y dándose traslado a la parte contraria se opuso al recurso; remitiéndose las actuaciones a esta Sección Quinta de la Audiencia, previo emplazamiento de las partes.

TERCERO

Recibidos los Autos; y una vez personadas las partes, se formó el correspondiente Rollo de Apelación con el número ya indicado.

No considerando necesaria la celebración de vista, se señaló para deliberación, votación y fallo el día 13 de abril de 2021.

CUARTO

En la tramitación de estos autos se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan en parte los de la sentencia recurrida, y

PRIMERO

La demandante solicitó la condena de los administradores sociales de la sociedad "García Berduque S.L." por darse los requisitos de la responsabilidad subjetiva individual y de la objetiva, de la ley de sociedades de capital. Concretamente, la desaparición de facto de la citada sociedad sin haberse procedido a una disolución y liquidación ordenada y la existencia de causa de disolución anterior al surgimiento de la deuda con la sociedad actora por despatrimonialización de la sociedad administrada por los demandados.

Por tanto, art. 241 y 363 y 367 LSC. Respecto a la deuda no existe causa de oposición directa, pues está fijada en proceso monitorio ya en fase de ejecución.

SEGUNDO

La contestación a la demanda realiza una serie de alegatos sobre el error en la identificación de uno de los demandantes y la existencia de pagos posteriores.

En cuanto al fondo se limita a oponer la desidia de la demandante quien hasta 2016 no instó la averiguación patrimonial en la ejecución del proceso monitorio. Que aún hay bienes con los que satisfacer la deuda y que existe un crédito contra Hacienda de la sociedad ejecutada, que podía haber sido embargado y liquidado.

No había causa de disolución ni desaparición de hecho de la sociedad. Lo que -dice- se acreditará mediante pericial que aportará en su momento. Tampoco ha creado empresas nuevas para asumir el negocio de la deudora.

TERCERO

En la Audiencia Previa la parte actora reconoció pagos posteriores por cuantía de 2.392Ž24 Euros, lo que dejaría una deuda de 26.720Ž93 Euros. No se impugnaron los documentos. Y se plantearon las cuestiones controvertidas, que quedaron constreñidas fundamentalmente a la existencia o no de los requisitos de las responsabilidades que se reclaman.

La parte demandada no se opuso formalmente a la presentación de la pericial de la parte actora, pues no lo recurrió ni protestó. Pese a no estar conforme a los plazos en los que se presentó aquella pericia.

CUARTO

La sentencia de primera instancia estima la demanda.

Recurre la parte demandada. Alega la posible irregularidad, incluso nulidad del proceso monitorio del que deriva la deuda de la sociedad. Aduce indefensión y nulidad de pleno derecho al haberse permitido la aportación de parte del informe pericial a la demandante.

En cuanto al fondo reitera la inexistencia de los requisitos para que surja la responsabilidad de los demandados.

QUINTO

Cuestiones procesales. -

Que la confirmación y autenticidad de la deuda conseguida en el proceso monitorio previo hubiere sido obtenida de forma irregular, ni le consta a este tribunal, ni tiene competencia para anular actuaciones pertenecientes a otro procedimiento y tribunal. Por lo que hay que partir de la validez y eficacia jurídica de aquellas actuaciones. Tampoco se planteó en la Audiencia Previa como cuestión litigiosa.

En lo atinente a la pericial de la parte actora, fue admitida por la juez de instancia. Pero, pese a las protestas y exposición de su postura contraria por la parte demandada, ni recurrió tal admisión ni formuló protesta formal frente a la decisión definitiva de la juzgadora. Esa posible nulidad y consiguiente indefensión debió de haberse hecho valer por la parte demandada y ahora apelante mediante el pertinente recurso ante la decisión del tribunal a quo, como estipula el Art. 227 LEC.

Una cosa son los alegatos previos a la decisión y otra la postura que la parte adopte frente a la decisión judicial que resuelve en contra de dichos argumentos.

SEXTO

Responsabilidad objetiva. -

Como ha reiterado la jurisprudencia el art. 367 LSC exige los siguientes requisitos: 1) concurrencia de alguna causa de disolución social ( art. 363 LSC); 2) omisión por los administradores de convocatoria de Junta General para la adopción de acuerdos de disolución o de remoción de sus causas; 3) transcurso de dos meses desde que concurra la causa de disolución; 4) imputabilidad al administrador de la conducta pasiva; y 5) inexistencia de causa justificadora de la omisión ( SS.T.S. 942/11, 29-12 y 395/12, 18-6).

La razón de ser de esta clase de responsabilidad se ha recogido por la jurisprudencia. La STS 346/14, 27-6 recoge la doctrina de la precedente STS 173/11, 17-3, que decía: "23 Tenemos declarado en la sentencia 458/2010, de 30 de junio, que el reconocimiento por el Ordenamiento Jurídico de personalidad jurídica a las sociedades capitalistas, con la consiguiente limitación de responsabilidad por deudas a los bienes y derechos de la sociedad, correlativamente impone a sus administradores una serie de deberes que tienen por destinatarios no solo a los socios que les designan, sino también al orden público económico y a los terceros que con ellas contratan, de tal forma que cuando la sociedad incurre en pérdidas cualificadas determinantes de la concurrencia de causa legal de disolución, les obliga a reaccionar diligentemente y, alternativamente:

1) Promover la liquidación de la sociedad por el procedimiento societario, reorientando el objeto social al reparto entre los socios del haber existente después de pagar las deudas sociales; o

2) Promover la adopción de acuerdos dirigidos a remover la causa de disolución concurrente y reconstruir el patrimonio social o, en su caso, reducir el capital social restableciendo el equilibrio entre la cifra de capital y el patrimonio, con la necesaria publicidad que ello conlleva.

  1. Para garantizar el efectivo y diligente cumplimiento del mismo la norma impone a los incumplidores el deber de responder solidariamente de las deudas sociales, dentro de ciertos límites.

  2. Una vez que los administradores ya han incurrido en responsabilidad por tolerar el funcionamiento de la sociedad incursa en causa de disolución sin adoptar las medidas alternativamente previstas dentro del plazo señalado, la reacción tardía no opera a modo de excusa absolutoria como causa de exención de la responsabilidad."

Abunda en estos principios la reciente S.T.S. 363/2016, 1-6: "Si de las deudas sociales sólo responde el patrimonio social, hay que garantizar su afección a la empresa, su realidad, su integridad, su permanencia y que exista una correspondencia razonable entre la cifra de capital social que aparece publicada en el Registro Mercantil y el patrimonio realmente existente, esto es, que el Capital Social sea un dato real y no ficticio. De ahí la disciplina legal antes indicada"

En resumen, responsabilidad grave por exigencias no sólo de relaciones privadas sino de defensa del orden público mercantil.

SÉPTIMO

Pero esta responsabilidad se configuró tras la reforma introducida por la ley 19/2005, como relativa sólo a las obligaciones sociales posteriores al nacimiento de la causa de disolución. Lo que resulta más coherente con la finalidad perseguida, que es la de prevenir que la sociedad siga adquiriendo nuevos compromisos que con toda probabilidad no podría atender si ya está incursa la causa de dilución ( S.A.P. Madrid secc. 28, 152/16, 22-4).

Por lo que resulta fundamental fijar la fecha de operación del desbalance...

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