STSJ Extremadura 180/2021, 22 de Abril de 2021

JurisdicciónEspaña
Número de resolución180/2021
Fecha22 Abril 2021

T.S.J.EXTREMADURA SALA CON/AD

CACERES

SENTENCIA: 00180/2021

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados del margen, en nombre de S.M. el Rey ha dictado la siguiente:

SENTENCIA NUM. 180/2021

PRESIDENTE:

D. DANIEL RUIZ BALLESTEROS

MAGISTRADOS:

Dª ELENA MÉNDEZ CANSECO

D. MERCENARIO VILLALBA LAVA

D. RAIMUNDO PRADO BERNABEU

D. CASIANO ROJAS POZO

Dª CARMEN BRAVO DÍAZ

En Cáceres, a veintidós de abril de dos mil veintiuno.

Visto el recurso contencioso administrativo nº 234 de 2020, promovido por la Procuradora Sra. Fernández Fabián, en nombre y representación de D. Juan Enrique, D. Silvio, D. Pedro Enrique y Dª Ascension, siendo demandada la JUNTA DE EXTREMADURA, defendida y representada por Letrado de sus Servicios Jurídicos; recurso que versa sobre: Resolución de 24 de abril de 2020 dictada por la Directora de Función Pública de la Junta de Extremadura por la que se desestima el certificado de silencio positivo interesado en relación con la reclamación administrativa presentada el 30 de julio de 2019 y contra la desestimación presunta de la citada reclamación, ampliado posteriormente a resoluciones de 10 de agosto de 2020 y 24 de julio de 2020.

Cuantía: Indeterminada.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- Por la parte actora se presentó escrito mediante el cual interesaba se tuviera por interpuesto recurso contencioso administrativo contra el acto que ha quedado reflejado en el encabezamiento de esta sentencia.

SEGUNDO .- Seguido que fue el recurso por sus trámites, se entregó el expediente administrativo a la representación de la parte actora para que formulara la demanda, lo que hizo seguidamente dentro del plazo, sentando los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes y terminando suplicando se dictara una sentencia por la que se estime el recurso, con imposición de costas a la demandada; dado traslado de la demanda a la parte Administración demandada para que la contestase, evacuó dicho trámite interesando se dictara una sentencia desestimatoria del recurso, con imposición de costas a la parte actora.

TERCERO .- Recibido el recurso a prueba, se admitieron y practicaron las declaradas pertinentes por la Sala, obrando en los ramos separados de las partes, declarándose concluso este periodo, donde las partes evacuaron por su orden interesando cada una de ellas se dictara sentencia de conformidad a lo solicitado en el suplico de sus escritos de demanda y de contestación a la misma, señalándose seguidamente día para la votación y fallo del presente recurso, que se llevó a efecto en el fijado.

CUARTO .- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Siendo Ponente para este trámite la Ilma. Sra. Magistrada Dª CARMEN BRAVO DÍAZ, quien expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La Procuradora de los Tribunales Dª Ana María Fernández Fabián, formula recurso contencioso-administrativo, en representación y defensa de D. Juan Enrique, D. Silvio, D. Pedro Enrique y Dª Ascension, contra la Resolución de 24 de abril de 2020 dictada por la Directora de Función Pública de la Junta de Extremadura por la que se desestima el certificado de silencio positivo interesado en relación con la reclamación administrativa presentada el 30 de julio de 2019 y contra la desestimación presunta de la citada reclamación. Posteriormente se amplió el recurso a la Resolución de 10 de agosto de 2020 y la Resolución de 24 de julio de 2020, dictadas por la Dirección General de Función Pública, por las que se desestimaban expresamente las reclamaciones presentadas el 30 de julio de 2019

La demanda pretende se declare el derecho de la parte recurrente a la plena y completa aplicación de la Directiva 1999/70/CE y de su Acuerdo Marco y, en consecuencia, y sin carácter limitativo, solicita:

  1. Se les nombre funcionarios de carrera al servicio de la Administración demandada en el puesto de trabajo al que están adscritos y en el mismo cuerpo, especialidad, servicio, centro y órgano en que están destinados, y titulares en propiedad de la plaza que ocupan.

  2. Subsidiariamente, se proceda a su nombramiento como personal público fijo equiparable a los funcionarios de carrera al servicio de la Administración demandada en el cuerpo, especialidad, servicio, centro y órgano en que están adscritos, bajo los principios de permanencia e inamovilidad y con la misma estabilidad en el empleo que aquéllos, con todos los derechos y obligaciones inherentes, en régimen de igualdad con los funcionarios de carrera comparables, con derecho a permanecer en el servicio u órgano en el puesto de trabajo al que están actualmente destinados.

  3. En todo caso, o alternativamente, que se proceda por la Administración demandada a reconocer a este personal el derecho a permanecer en el puesto de trabajo que actualmente desempeñan, como titulares o propietarios del mismo, aplicándoles las mismas causas, requisitos y procedimientos para el cese en dicho puesto de trabajo que la Ley establece para los homónimos funcionarios de carrera comparables, con los mismos derechos y condiciones de trabajo de estos últimos.

  4. En todo caso, se les abone una indemnización de 18.000 euros y/o lo que legalmente proceda, como compensación al abuso sufrido en la relación temporal sucesiva mantenida, para reparar el daño sufrido derivado de la situación que vienen padeciendo de abuso en su contratación temporal sucesiva y de discriminación en sus condiciones de trabajo, y sin perjuicio también de los daños indemnizables que, en su caso se pongan de manifiesto, hagan efectivos y se individualicen en el momento del cese del personal temporal recurrente. Y todo ello como sanción al abuso en la relación temporal sucesiva y para eliminar las consecuencias de la infracción precitada y con imposición de costas a la Administración demandada.

    La demanda se sustenta en la nulidad de las resoluciones impugnadas en cuanto vulneran las cláusulas 4 y 5 del Acuerdo Marco anexo a la Directiva 1999/70/CE sobre trabajo temporal, y los artículos 6.4 y 7.2 del Título Preliminar del Código Civil al no sancionar el abuso producido en la relación temporal sucesiva mantenida con los actores.

    La Administración demandada se opone a la demanda en base a los siguientes argumentos:

  5. La cláusula 5ª del Acuerdo no puede ser invocada por un particular en un litigio ante un Tribunal nacional.

  6. Inexistencia de concatenación de contrataciones y, por tanto, de fraude, con lo que no es de aplicación el Acuerdo Marco anexo a la Directiva 1999/70.

  7. La normativa nacional impide que un funcionario interino adquiera la condición de funcionario de carrera.

  8. La parte demandante no ha superado un proceso selectivo con lo que no existe vulneración del principio de igualdad.

  9. Improcedencia de indemnizar al no haber existido abuso en los nombramientos como funcionarios interinos.

    SEGUNDO.- Planteado el debate en estos términos, y sustentándose la demanda en la aplicación al caso de la Directiva 1999/70/CE, y el Acuerdo Marco que lleva anexo, por estar ante una situación de abuso por concatenación de contrataciones (utilización sucesiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada, por utilizar la terminología empleada por el artículo 5.1 de la Directiva), lo primero que hemos de abordar es si, efectivamente, estamos ante el supuesto de una utilización sucesiva de contratos (o de nombramientos), o, por el contrario, estamos en presencia de un único contrato o relación laboral, independientemente del tiempo que se esté manteniendo la situación de prestación de servicios, puesto que estamos en supuestos en los que los interinos actores siguen desempeñando, al día de hoy, el mismo puesto de trabajo que les atribuye la condición de tal, y cuyo mantenimiento pretenden, sin que haya habido más que un único nombramiento.

    La importancia de esta determinación se pone de manifiesto si acudimos a la STJUE de 23 de abril de 2009, ASUNTO C-378/07, que inició una doctrina según la cual la cláusula 5ª, apartado 1, letra a) del Acuerdo Marco sobre trabajo de duración determinada " no se aplica a la celebración de un primer o único contrato o relación laboral de duración determinada".

    Y esta conclusión no se ve modificada, a nuestro juicio, por la STJUE C-103/18, ya que cuando en su punto 64 establece que no se puede excluir del concepto de « sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada», a efectos de dicha disposición, una situación en la que un empleado público nombrado sobre la base de una relación de servicio de duración determinada ocupa el mismo puesto de trabajo de modo ininterrumpido durante varios años y ha desempeñado de forma constante y continuada las mismas funciones, exige que lo sea " en el marco de varios nombramientos", incluso aunque lo sean de forma implícita por prorrogas anuales (o por prórrogas automáticas por actos legislativos, como en el asunto C760/18).

    A pesar de lo que se defiende en la demanda, estamos ante nombramientos que se efectúan por la existencia de vacantes de funcionarios de carrera, por lo que no es de aplicación la Directiva 1999/70/CE ni el Acuerdo Marco que lleva anexo, lo que lleva, por esta sola circunstancia a la desestimación del recurso. En ocasiones pueden existir varios nombramientos, pero no se trata de una concatenación de contratos realizados en fraude de Ley, sino que los nombramientos siempre responden a la existencia de vacantes por falta de funcionarios de carrera que se ocupan por funcionarios interinos.

    Nuestro Tribunal Supremo se ha pronunciado en idéntico sentido, sentando la doctrina de que no se aplica el Acuerdo Marco cuando se trata de una única relación funcionarial en la Sentencia nº 1202/2020 de 24 de septiembre, Rec. 2302/2018, donde se razona que: " QUINTO.- La situación fáctica de la que debemos partir: un único nombramiento.

    Está...

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