ATS, 5 de Mayo de 2021
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 05 Mayo 2021 |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Civil
Auto núm. /
Fecha del auto: 05/05/2021
Tipo de procedimiento: QUEJAS
Número del procedimiento: 100/2021
Fallo/Acuerdo:
Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán
Procedencia: AUD.PROVINCIAL SECCIÓN N. 1 DE LEÓN
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José María Llorente García
Transcrito por: FCG/MJ
Nota:
QUEJAS núm.: 100/2021
Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José María Llorente García
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Civil
Auto núm. /
Excmos. Sres.
D. Francisco Marín Castán, presidente
D. Francisco Javier Arroyo Fiestas
D. José Luis Seoane Spiegelberg
En Madrid, a 5 de mayo de 2021.
Esta sala ha visto
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán.
En el rollo de apelación nº 614/2020 de la Audiencia Provincial de León (Sección 1ª), se dictó auto, de fecha 5 de marzo de 2021, declarando la inadmisión del recurso de casación interpuesto por la representación de D.ª Ana María, contra la sentencia de fecha 18 de noviembre de 2020 dictada por dicho Tribunal.
Por el procurador D. Antonio Aláez Gutiérrez, en nombre y representación de la indicada parte litigante, se ha interpuesto recurso de queja por entender que cabía el recurso de casación, y debían de haberse tenido por interpuesto.
La parte recurrente ha constituido el depósito para recurrir exigido por la disposición adicional 15.ª de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
La Audiencia Provincial ha inadmitido el recurso de casación que se pretende formular al amparo del ordinal 3.º del art. 477.2 LEC, contra sentencia dictada en juicio ordinario sobre condiciones generales de contratación, al estimar que el recurso se interpuso fuera de plazo, porque se hizo ante el juzgado de primera instancia, por el sistema lexnet, y con mención de procedimiento distinto, con partes litigantes distintas .
El recurso, en su día interpuesto, se desarrollaba en un motivo, por infracción del art. 1205 CC y art. 118 LH en relación con la directiva 93/13 CEE, y con infracción de al doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, SSTS 643/2017, 25/2018, 32/2018, 38/2018, 42/2018, y las 303/2020, y 314/2020. Y esto porque dice que es nula la cláusula donde le atribuye el pago de notaría, gestoría, y Registro, al comprador.
Consideramos, que efectivamente el recurso se presentó fuera de plazo, porque, aunque se presentó dentro del plazo legal, por lexnet, se presentó en el Juzgado de Primera Instancia nº 7 de León, y con una referencia numérica distinta, de un número de procedimiento que existía en el Juzgado, y con partes diferentes, por lo que el sistema no lo rechazó, pero es que además dictada diligencia de firmeza, esta no se recurre, y solo se pide la subsanación, y frente a esta resolución tampoco se formula recurso, y el recurso de casación se presenta al final el 11 de febrero, por lo cual no existe ningún defecto técnico en el sistema, sino que efectivamente la parte recurrente debió ser más diligente en la presentación.
La STS 544/2020, de 20 de octubre razona, sobre los errores de las partes en la formulación de los recursos, que "[e]n definitiva, los juzgados y tribunales deberán observar el principio de proporcionalidad, que impone un tratamiento jurídico distinto a los diversos grados de defectuosidad de los actos procesales, con criterios favorables a una tutela efectiva A dicho principio hace referencia la sentencia del Tribunal Constitucional 107/2005, de 9 de mayo, FJ 4, con cita de la sentencia de ese mismo Tribunal 187/2004, de 2 de noviembre, FJ 2, cuando insta a los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, a:
"[...] llevar a cabo una adecuada ponderación de los defectos que adviertan en los actos procesales de las partes, guardando en sus decisiones la debida proporcionalidad entre la irregularidad cometida y la sanción que debe acarrear, y procurando, siempre que ello sea posible, la subsanación del defecto o irregularidad a fin de favorecer la conservación de la eficacia de los actos procesales y del proceso como instrumento para alcanzar la efectividad de la tutela judicial. Y añadimos que "[e]n dicha ponderación debe atenderse a la entidad del defecto y a su incidencia en la consecución de la finalidad perseguida por la norma infringida, así como a su trascendencia para las garantías procesales de las demás partes del proceso. E igualmente debe atenderse a la voluntad y grado de diligencia procesal apreciada en la parte en orden al cumplimiento del requisito procesal omitido o irregularmente observado ( SSTC 41/1992, de 30 de marzo; 64/1992, de 29 de abril; 331/1994, de 19 de diciembre; y 145/1998, de 30 de junio)".
"Lo expuesto no significa, sin embargo, incurrir en los excesos de un criterio antiformalista, que conduzca a prescindir de los requisitos establecidos por las leyes procesales, y, entre ellos, las normas que regulan los recursos en garantía de los derechos de todas las partes ( sentencias del Tribunal Constitucional 187/2004, de 2 de noviembre, FJ 2; 107/2005, de 9 de mayo, FJ 4; 166/2016, de 6 de octubre, FJ 3); pero tampoco significa que quepa elevar cualquier defecto procesal a causa de inadmisión. En definitiva, en la proporcionalidad está la solución y la guía en el derecho a la tutela judicial efectiva de rango constitucional".
Y en este caso, como se ha indicado, no se recurrió la diligencia de 20 de enero de 2021, que declaró la firmeza de la sentencia, ni tampoco el segundo rechazo de la pretensión acordado en la posterior diligencia de 26 de enero de 2021.
Circunstancias las expuestas que determinan la desestimación del presente recurso de queja y la subsiguiente confirmación del auto derogatorio de la admisión, aun cuando sea, al menos en parte, por motivos distintos a los contenidos en éste, sin que para ello exista óbice alguno, pues la recurribilidad en casación es cuestión de orden público, sustraída al poder de disposición de las partes y aún del propio órgano jurisdiccional (cfr. SSTC 90/86 y 93/93), por lo que a esta Sala incumbe controlar la procedencia de la admisión en atención a las razones que resultan de la normativa aplicable, con independencia de las que haya tenido en cuenta el tribunal a quo.
Se debe añadir que ninguna vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva o indefensión de la recurrente se produce por la desestimación del recurso, pues la propia doctrina del Tribunal Constitucional es bien clara al señalar que no existe un derecho constitucionalmente protegido a interponer determinados recursos y, por tanto, que no existe un derecho de relevancia constitucional a recurrir en infracción procesal y casación, siendo perfectamente imaginable, posible y real que no esté prevista semejante posibilidad ( SSTC 37/88, 196/88 y 216/98); por el contrario, el derecho a los recursos, de neta caracterización y contenido legal ( SSTC 3/83 y 216/98, entre otras), está condicionado al cumplimiento de los requisitos de admisibilidad establecidos por el legislador y delimitados por vía interpretativa por esta Sala, a la que corresponde la última palabra sobre la materia, con el único límite consistente en la proscripción de la arbitrariedad y la evitación de los errores materiales ( SSTC 37/95, 186/95, 23/99 y 60/99), sin que la interpretación de las normas rectoras del acceso a la casación tenga que ser necesariamente la más favorable al recurrente ( SSTC 230/93, 37/95, 138/95, 211/96, 132/97, 63/2000, 258/2000 y 6/2001); y que el "principio pro actione", proyectado sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, no opera con igual intensidad en las fases iniciales del pleito que en las posteriores ( SSTC 3/83, 294/94 y 23/99), habiéndose añadido que el referido derecho constitucional se satisface incluso con un pronunciamiento sobre la inadmisibilidad del recurso, y no necesariamente sobre el fondo, cuando obedezca a razones establecidas por el legislador y proporcionadas en relación con los fines constitucionalmente protegibles a que los requisitos procesales tienden ( SSTC 43/85, 213/98 y 216/98).
La desestimación del recurso determina la pérdida del depósito para recurrir ( disposición adicional 15.ª LOPJ).
LA SALA ACUERDA:
Desestimar el recurso de queja interpuesto en nombre y representación de D.ª Ana María, contra el auto de fecha 5 de marzo de 2021 que se confirma, por el que la Audiencia Provincial de León (Sección 1ª) en el rollo de apelación 614/2020 declaró inadmisible el recurso de casación contra la sentencia de 18 de noviembre de 2020, debiendo ponerse esta resolución en conocimiento de la referida Audiencia, para que conste en los autos.
La parte recurrente perderá el depósito efectuado para recurrir.
Contra este Auto no cabe recurso alguno de conformidad con el art. 495.5 LEC.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
