STS 291/2021, 11 de Mayo de 2021

PonenteRAFAEL SARAZA JIMENA
ECLIES:TS:2021:1634
Número de Recurso4324/2018
ProcedimientoRecurso de casación
Número de Resolución291/2021
Fecha de Resolución11 de Mayo de 2021
EmisorTribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil

T R I B U N A L S U P R E M O

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 291/2021

Fecha de sentencia: 11/05/2021

Tipo de procedimiento: CASACIÓN

Número del procedimiento: 4324/2018

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 29/04/2021

Ponente: Excmo. Sr. D. Rafael Sarazá Jimena

Procedencia: Audiencia Provincial de Salamanca, Sección Primera

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José María Llorente García

Transcrito por: ACS

Nota:

CASACIÓN núm.: 4324/2018

Ponente: Excmo. Sr. D. Rafael Sarazá Jimena

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José María Llorente García

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 291/2021

Excmos. Sres.

D. Ignacio Sancho Gargallo

D. Rafael Sarazá Jimena

D. Pedro José Vela Torres

En Madrid, a 11 de mayo de 2021.

Esta sala ha visto el recurso de casación respecto de la sentencia 234/2018 de 5 de junio, dictada en grado de apelación por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Salamanca, como consecuencia de autos de juicio ordinario núm. 544/2016 del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Salamanca, sobre nulidad de contrato de permuta.

Es parte recurrente D. Paulino, representado por la procuradora D.ª Teresa Fernández de la Mela Muñoz y bajo la dirección letrada de D. Ángel J. Domínguez Domínguez.

Es parte recurrida D. Ramón, representado por la procuradora D.ª Elena Jiménez Ridruejo Ayudo y bajo la dirección letrada de D. Máximo Mayoral Cornejo.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Rafael Sarazá Jimena.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Tramitación en primera instancia.

  1. - La procuradora D.ª Elena Jiménez-Ridruejo Ayuso, en nombre y representación de D. Ramón, interpuso demanda de juicio ordinario contra D. Paulino y Llorias Collar S.L., en la que solicitaba se dictara sentencia:

    "[...] por la que se declare la resolución del contrato de permuta suscrito entre D. Ramón y Dña. Cristina y la entidad demandada Llorias Collar S.L. el día 4 de abril de 2006 ante el notario de Salamanca D. Ángel Gómez Rodulfo Delgado, condenando a la entidad demandada Llorias Collar S.L. a estar y pasar por el anterior pronunciamiento, condenando solidariamente a los demandados D. Paulino y Llorias Collar S.L., a indemnizar a la parte actora, en concepto de daños y perjuicios, con la cantidad de 60.000,00 euros, más los intereses legales de dicha cantidad desde el día 27 de noviembre de 2014, fecha en que devino imposible el cumplimiento de la obligación asumida por la entidad demandada y hasta su completo pago, todo ello con expresa imposición de costas a los demandados".

  2. - La demanda fue repartida al Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Salamanca, fue admitida por decreto de 26 de julio de 2016 y registrada con el núm. 544/2016. Una vez fue admitida a trámite, se procedió al emplazamiento de la parte demandada.

  3. - La procuradora D.ª Teresa Fernández de la Mela Muñoz, en representación de D. Paulino y Llorias Collar S.L., contestó a la demanda, solicitando se dicte sentencia:

    "por la que:

    " 1º.- Se acuerde la existencia de acumulación indebida de acciones, con las consecuencias inherentes a tal declaración e imposición de costas a la actora.

    " 2º.- De forma subsidiaria tenga por reconocido la imposibilidad de cumplimiento de la obligación por la sociedad Llorias Collar S.L. en cuanto a la permuta, estableciéndose como indemnización con cargo a la sociedad la entrega de los bienes inmuebles propiedad de la sociedad referenciados en la parte expositiva referida al hecho quinto de nuestra contestación a la demanda, o en su defecto el importe del valor del solar a la fecha de hoy cuyo importe asciende a la cantidad de 31.852,60 € con imposición de costas a la parte actora.

    " 3º.- En todo caso respecto del administrador Don Paulino, se desestime íntegramente la demanda, con expresa imposición de las costas procesales a la parte actora".

  4. - Tras seguirse los trámites correspondientes, el Magistrado-juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Salamanca, dictó sentencia 204/2017 de 9 de octubre, cuyo fallo dispone:

    "Que estimando la demanda formulada por la Procuradora de los Tribunales Dª Elena Jiménez-Ridruejo Ayuso, en nombre y representación de D. Ramón, contra Paulino y Llorias Collar S.L., representados por la Procuradora de los Tribunales Dª Teresa Fernández de la Mela Muñoz debo declarar y declaro la nulidad del contrato de permuta suscrito entre las partes el día 4 de abril de 2006 y condeno a los demandados a abonar solidariamente a la actora la cantidad de sesenta mil euros (60.000 €), más los intereses legales desde la fecha de interposición de la demanda, con expresa imposición de las costas del presente procedimiento".

SEGUNDO

Tramitación en segunda instancia.

  1. - La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de D. Paulino. La representación de D. Ramón se opuso al recurso.

  2. - La resolución de este recurso correspondió a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Salamanca, que lo tramitó con el número de rollo 796/2017, y tras seguir los correspondientes trámites dictó sentencia 234/2018 de 5 de junio, cuyo fallo dispone:

"Estimando, en parte, el recurso de apelación interpuesto por el demandado, Paulino, representado por la Procuradora Doña María Teresa Fernández de la Mela Muñoz, revocamos parcialmente la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de esta ciudad, con fecha 9 de octubre de 2017, en el Juicio Ordinario nº 544/2016, del que dimana el presente Rollo, en el exclusivo particular referido a que no procede imponer las costas procesales causadas en la primera instancia a la parte demandada en dicho procedimiento, ratificando el resto de pronunciamientos de dicha sentencia; y sin hacer especial imposición a ninguna de las partes de las costas causadas en esta alzada, y con devolución al recurrente del depósito constituido".

Con fecha 18 de junio de 2018 se dictó auto de aclaración, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

"La Sala acuerda: Estimando la solicitud de aclaración de la sentencia de 5 de junio de 2018 formulada por la representación procesal del demandante Ramón, se declara que la no imposición de las costas de primera instancia que se decreta en dicha sentencia se refiere, exclusivamente, al codemandado Paulino y no a la codemandada Sociedad Llorias Collar S.L."

TERCERO

Interposición y tramitación del recurso de casación

  1. - La procuradora D.ª Teresa Fernández de la Mela Muñoz, en representación de D. Paulino, interpuso recurso de casación.

    En el encabezamiento del único motivo del recurso de casación, al amparo del art. 477.2.3.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se denunció la infracción de los arts. 367 de la Ley de Sociedades de Capital y 1124 del Código Civil.

  2. - Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta Sala, y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en esta Sala y personadas ante la misma las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó auto de fecha 17 de febrero de 2021, que admitió el recurso y acordó dar traslado a la parte recurrida personada para que formalizara su oposición.

  3. - D. Ramón se opuso al recurso.

  4. - Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 29 de abril de 2021 en que ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Antecedentes del caso

  1. - D. Ramón interpuso una demanda contra Llorias Collar S.L. y D. Paulino. En la demanda ejercitó, en primer lugar, una acción de resolución del contrato de permuta de solar por construcción futura que suscribió con Llorias Collar S.L. el 4 de abril de 2006, por el que el demandante y su esposa transmitieron un solar de su propiedad a Llorias Collar S.L. y esta se obligó a transmitirles una vivienda y una plaza de garaje en el edificio que construiría en ese solar. El demandante consideró que estaba acreditada la imposibilidad de cumplimiento de las obligaciones asumidas por Llorias Collar S.L., pues el solar había sido adjudicado en subasta a la entidad financiera que otorgó el préstamo hipotecario para financiar la construcción del edificio que no llegó a llevarse a cabo, por lo que solicitó la resolución del contrato de permuta y, ante la imposibilidad de restitución recíproca de las prestaciones que fueron objeto del contrato, se condenara a Llorias Collar S.L. al pago de 60.000 euros, en que fue valorado el solar.

    A esa acción acumuló la de exigencia de responsabilidad al administrador de Llorias Collar S.L. por deudas sociales, pues esta sociedad había incurrido en causa legal de disolución, al ser su patrimonio neto negativo, y el administrador social había incumplido las obligaciones relativas a instar la disolución de la sociedad, por lo que solicitó la condena solidaria de dicho administrador social al pago de los 60.000 euros reclamados a la sociedad.

  2. - El Juzgado de Primera Instancia estimó plenamente la demanda. En primer lugar, consideró que concurría la causa de resolución del contrato de permuta de solar por obra futura, pues la adjudicación del solar a la entidad financiera que concedió el préstamo hipotecario suponía la imposibilidad absoluta de entregar al demandante la vivienda y el garaje a que venía obligada Llorias Collar S.L. por el contrato de permuta, por lo que esta sociedad debía pagar a la parte demandante 60.000 euros, al ser este el valor del solar cuando se suscribió el contrato resuelto. Asimismo, consideró que esta sociedad se encontraba incursa en causa legal de disolución, por pérdidas agravadas, al menos desde el ejercicio 2010, pues en ese ejercicio ya declaró un patrimonio social negativo, y que la obligación social de pagar la citada cantidad a los permutantes nació cuando se vio privada de la propiedad del solar y devino imposible el cumplimiento de su obligación contractual, lo que tuvo lugar el 27 de noviembre de 2014. Por tal razón, al ser el nacimiento de la obligación posterior a la concurrencia de la causa legal de disolución, y al haber incumplido el administrador social sus obligaciones relativas a promover la disolución y consiguiente liquidación de la sociedad, condenó al administrador social, con carácter solidario respecto de la sociedad, al pago de la indicada cantidad de 60.000 euros a la parte demandante.

  3. - D. Paulino recurrió en apelación la sentencia del Juzgado de Primera Instancia. La Audiencia Provincial desestimó su recurso de apelación, excepto en el extremo relativo a la condena en costas, que revocó y sustituyó por la no imposición de costas en primera instancia, por las serias dudas de derecho existentes.

  4. - D. Paulino ha interpuesto un recurso de casación contra dicha sentencia, que se basa en un motivo.

  5. - Las alegaciones relativas a la inadmisibilidad del recurso deben ser rechazadas, pues el recurrente ha indicado en el encabezamiento del motivo la infracción legal denunciada, ha identificado con precisión el problema jurídico planteado en relación con esa infracción, lo ha argumentado, y ha justificado cómo considera que concurre el interés casacional.

SEGUNDO

Formulación del recurso de casación

  1. - En el encabezamiento del recurso, el recurrente cita como infringidos los arts. 367 de la Ley de Sociedades de Capital y 1124 del Código Civil.

  2. - En el desarrollo del motivo, el recurrente argumenta que la infracción se ha producido al aplicar incorrectamente la jurisprudencia existente sobre el nacimiento de la obligación restitutoria derivada de una condición resolutoria expresa a un supuesto de ejercicio de la facultad resolutoria con base en el art. 1124 del Código Civil. El criterio utilizado por la Audiencia Provincial dejaría el nacimiento de la obligación a la voluntad del demandante, cuando este ejercite la facultad resolutoria del art. 1124 del Código Civil.

TERCERO

Decisión del tribunal: diferente régimen de la obligación nacida del acaecimiento de una condición resolutoria expresa y de la obligación restitutoria propia de la resolución por incumplimiento contractual, a efectos de la responsabilidad solidaria del administrador por las deudas sociales

  1. - Esta sala se ha pronunciado sobre el régimen de responsabilidad por deudas del administrador social regulada en el art. 367 de la Ley de Sociedades de Capital, en concreto, sobre el momento en que debe considerarse nacida la obligación social, cuando esa obligación nace del acaecimiento del acontecimiento que constituya la condición, en el caso de una obligación condicional.

  2. - La trascendencia de esta cuestión deriva de la reforma en el régimen de la responsabilidad del administrador por las deudas sociales establecido en el art. 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas y en el art. 105.5 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada operada por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre. Con anterioridad a dicha reforma, la responsabilidad solidaria de los administradores derivada del incumplimiento de sus obligaciones de promover la disolución de la sociedad cuando concurriera una causa legal de disolución, abarcaba todas las obligaciones sociales. Con esa reforma legal, esta responsabilidad quedó ceñida a "las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución", y así se recogió en el art. 367 de la Ley de Sociedades de Capital. De ahí la importancia de determinar el momento temporal en que ha de considerarse originada una obligación social cuando se exige al administrador social la responsabilidad prevista en el art. 367 de la Ley de Sociedades de Capital.

  3. - En nuestra sentencia 505/2014, de 8 de octubre, resolvimos un recurso en el que se planteaba cuándo había nacido una obligación de restituir el precio de una compraventa cuando el nacimiento de dicha obligación dependía de una condición, en concreto una condición negativa consistente en no haber adquirido el vendedor una parcela y no haber obtenido la licencia de obras en el plazo de 16 meses, de forma que si no se cumplían esas condiciones, "el contrato quedaba sin efecto, surgiendo a partir de este momento la obligación de los vendedores de devolver las cantidades recibidas a cuenta". Sobre el momento en que debía considerarse que nacía la obligación restitutoria derivada de la condición prevista en el contrato, declaramos:

    "La obligación a cargo de los vendedores no nace hasta entonces. Como señala el art. 1114 CC y la doctrina de esta Sala en las obligaciones condicionales la adquisición de los derechos dependerá del acontecimiento que constituya la condición. La realización de la condición estipulada como tal constituye un requisito necesario para la plena eficacia de la relación, y durante la fase de pendencia la obligación no es exigible, suspende el cumplimiento de la obligación hasta que se verifique o no el acontecimiento ( SSTS de 18 de mayo de 2005, 30 de junio de 1986 y 6 de febrero de 1592 [1992]).

    " Esta obligación de devolución del precio anticipado es reclamada por los actores a partir del momento en que es exigible, no antes. Y no se pudo devolver porque la sociedad no tenía liquidez y resulta probado en la instancia que la sociedad vendedora tenía fondos negativos en el ejercicio de 2007 (5.148.186,28.- €), según un balance de situación a 31 de octubre de 2008.

    " Por tanto, la obligación de la sociedad nació en fecha posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución".

  4. - En la posterior sentencia 151/2016, de 10 de marzo, abordamos otro supuesto de obligación nacida de una condición contractual. La fecha de celebración del contrato era anterior a la concurrencia de la causa legal de disolución, pero la fecha en que acaeció el acontecimiento que constituía la condición resolutoria, de la que derivaba la obligación de restituir por parte de la sociedad, fue posterior a la concurrencia de la causa legal de disolución. En esa sentencia declaramos que la obligación de restituir el precio de la opción de compra y el anticipo del precio abonados por el optante no nació cuando se firmó el contrato de opción de compra que contenía esa condición resolutoria explícita, sino cuando se cumplió tal condición, cuando se produjo el acaecimiento del hecho resolutorio, tras lo cual el optante exigió la restitución del precio de compra y del anticipo del precio que había abonado al celebrar el contrato.

  5. - Por tanto, la doctrina de esta sala en materia de obligaciones con condición resolutoria es que, a efectos de la responsabilidad solidaria de los administradores por obligaciones sociales, la fecha de nacimiento de la obligación social derivada del acaecimiento del acontecimiento, futuro e incierto, que constituye la condición, no es la del contrato en el que se contiene tal condición, sino la del acaecimiento del acontecimiento en que consiste la condición, que origina la obligación derivada del cumplimiento de la condición. En el caso de una condición resolutoria, la obligación de restitución anudada a dicha condición nace cuando se produce el hecho resolutorio previsto en el contrato como supuesto de hecho de la condición.

  6. - Esa doctrina no es extrapolable al ejercicio de la acción resolutoria por incumplimiento del contrato, por cuanto que se trata de supuestos diferentes, teniendo en cuenta la ratio del art. 367 de la Ley de Sociedades de Capital.

  7. - El art. 367 de la Ley de Sociedades de Capital prevé que los administradores sociales responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución cuando incumplan las obligaciones relativas a la disolución de la sociedad cuando está esté incursa en una causa legal de disolución.

  8. - El art. 1124 del Código Civil prevé los remedios que el contratante cumplidor tiene frente al incumplimiento de su obligación por el otro contratante en los contratos sinalagmáticos:

    "El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. También podrá pedir la resolución, aun después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible".

  9. - Si el acreedor social opta por exigir a la sociedad deudora el cumplimiento de la obligación social derivada de un contrato, cuando esta obligación ha sido incumplida, no cabe duda de que la fecha de perfeccionamiento del contrato determina la fecha de la obligación social a efectos de decidir, en aplicación del art. 367 de la Ley de Sociedades de Capital, si es posterior a la concurrencia de la causa legal de disolución y, por tanto, para decidir si el administrador social responde solidariamente de la obligación social.

  10. - La fecha de nacimiento de la obligación del contratante incumplidor no puede depender de que el contratante cumplidor opte por uno u otro remedio de los previstos en el art. 1124 del Código Civil. En ambos casos, a efectos del art. 367 de la Ley de Sociedades de Capital, hemos de entender que la obligación ha nacido cuando se suscribió el contrato. No puede ser de peor condición el contratante que opta por exigir el cumplimiento de la obligación que el que opta por exigir la resolución y la consiguiente restitución de prestaciones. Tanto más cuando el contratante cumplidor puede optar por exigir al incumplidor el cumplimiento de la obligación y, si este resultare imposible, ejercitar el ius variandi y optar por la resolución. Resulta absurdo que esta última opción supusiera una mejora de su situación en la aplicación del art. 367 de la Ley de Sociedades de Capital respecto del que se ha limitado a ejercitar la acción para exigir el cumplimiento de la obligación contractual.

  11. - Además de lo anterior, la naturaleza de la resolución resultante del ejercicio de la facultad prevista en el art. 1124 del Código Civil es diferente de la que resulta del cumplimiento de una condición resolutoria. En el régimen del art. 1124 del Código Civil no existe propiamente un "hecho resolutorio" que determina automáticamente el cumplimiento de una condición y la consiguiente resolución de la obligación condicional. El supuesto de hecho del art. 1124 del Código Civil es la existencia de una obligación preexistente derivada de un contrato sinalagmático, que resulta incumplida, y dos remedios distintos que se conceden al contratante cumplidor frente al incumplimiento de esa obligación: exigir el cumplimiento o ejercitar la facultad resolutoria.

  12. - La resolución con base en el art. 1124 del Código Civil no es consecuencia automática del acaecimiento de un hecho futuro e incierto, como ocurre con la condición resolutoria expresa, sino que es una consecuencia directa, por más que sea facultativa, del incumplimiento de la obligación prevista en un contrato sinalagmático, del que constituye un efecto natural, como lo constituye también la facultad de exigir el cumplimiento de la obligación en forma específica.

  13. - A la vista de lo anterior, no resulta razonable otorgar un régimen diverso a una y otra opción, en el sentido de que si se opta por exigir el cumplimiento se entiende que la obligación nació cuando se suscribió el contrato y si se opta por exigir la resolución del contrato, con la consiguiente restitución (y, en su caso, indemnización), entender que la obligación nace cuando se ejercita la facultad resolutoria, por la vinculación directa de ambos remedios con la obligación nacida del contrato.

  14. - El supuesto de este recurso es, por tanto, diferente del que fue objeto de la sentencia 151/2016, de 10 de marzo, y la solución ha de ser también diferente. En el caso objeto de esa anterior sentencia, se trataba de una condición resolutoria contenida en el contrato, dependiente de un hecho futuro e incierto, y solo cuando este acontece se produce la resolución del contrato y nace la obligación de restituir, derivada directamente del hecho resolutorio y no del incumplimiento de la obligación que hubiera nacido con la perfección del contrato en que tal condición resolutoria se contenía, como ocurre en el supuesto de ejercicio de la facultad resolutoria del art. 1124 del Código Civil, que es el objeto de la presente sentencia.

  15. - En el caso objeto del presente recurso, el evento futuro, que es el incumplimiento de la obligación contractual, no puede considerarse como un evento condicional, no dependiente de la exclusiva voluntad del deudor, cuyo acaecimiento haga nacer la obligación derivada del acaecimiento de la condición (la de cumplir la prestación contractual como consecuencia de la plena eficacia de la obligación, en el caso de la condición suspensiva, o la de restituir lo recibido, en el caso de la condición resolutoria). El cumplimiento es un acto debido y las consecuencias del incumplimiento (facultad del contratante cumplidor de optar entre exigir el cumplimiento específico o ejercitar la facultad resolutoria) no entran en juego por efecto de una condición negocial, incierta, sino como consecuencia de la aplicación del ordenamiento jurídico en defensa del interés del contratante cumplidor derivado del contrato.

  16. - Que en el caso objeto del recurso el incumplimiento resolutorio haya venido determinado por la imposibilidad sobrevenida de la prestación no es relevante, pues se trata de un subtipo dentro del extenso género del incumplimiento definitivo.

  17. - La consecuencia de lo anterior es que la obligación social de restitución debe entenderse originada, a efectos de la aplicación del art. 367 de la Ley de Sociedades de Capital, cuando se suscribió el contrato entre la sociedad Llorias Collar S.L. y la parte demandante. Dado que en ese momento esta sociedad no se hallaba incursa en causa de disolución, el administrador social no responde solidariamente de la obligación social. El recurso de casación debe ser estimado y la sentencia de la Audiencia Provincial, revocada, por lo que el recurso de apelación interpuesto por D. Paulino debe ser estimado y su condena en primera instancia, revocada.

CUARTO

Costas y depósito

  1. - No procede hacer expresa imposición de las costas del recurso de casación que ha sido estimado, ni de las del recurso de apelación, que resulta estimado como consecuencia de lo anterior, de conformidad con los artículos 394 y 398, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Respecto de las costas de primera instancia, por las mismas razones expuestas por la Audiencia Provincial, no procede hacer expresa imposición de las causadas a D. Paulino en la primera instancia.

  2. - Procédase a la devolución del depósito constituido de conformidad con la disposición adicional 15.ª , apartado 8, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

  1. - Estimar el recurso de casación interpuesto por D. Paulino contra la sentencia 234/2018 de 5 de junio, dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Salamanca, en el recurso de apelación núm. 796/2017.

  2. - Casar la expresada sentencia, y en su lugar, estimar el recurso de casación interpuesto por D. Paulino contra la sentencia 204/2017 de 9 de octubre, del Juzgado de Primera Instancia de Salamanca, y en consecuencia, revocar la condena a D. Paulino, a quien absolvemos libremente de la acción dirigida contra el mismo.

  3. - No hacer expresa imposición de las costas del recurso de casación, del recurso de apelación, ni de las causadas a D. Paulino en la primera instancia.

  4. - Devolver al recurrente el depósito constituido para interponer el recurso.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

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