STSJ Murcia 38/2021, 2 de Febrero de 2021

JurisdicciónEspaña
EmisorTribunal Superior de Justicia de Región de Murcia, sala Contencioso Administrativo
PonenteLEONOR ALONSO DIAZ-MARTA
ECLIES:TSJMU:2021:94
Número de resolución38/2021
Fecha02 Febrero 2021
Recurso número1163/2019
Categoríaimpuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados,comprobación de valores

T.S.J.MURCIA SALA 2 CON/AD

MURCIA

SENTENCIA: 00038/2021

UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO

Equipo/usuario: UP3

Modelo: N11600

PALACIO DE JUSTICIA, RONDA DE GARAY, 5 -DIR3:J00008051

Correo electrónico:

N.I.G: 30030 33 3 2019 0001572

Procedimiento: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0001163 /2019

Sobre: HACIENDA ESTATAL

De D./ña. Luis Enrique

ABOGADO MARIA PATRICIA ORTEGA LETE

PROCURADOR D./Dª. MANUEL SEVILLA FLORES

Contra D./Dª. TRIBUNAL ECONOMICO ADMINITRATIVO DE LA REGION DE MURCIA, COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA C.A.R.M.

ABOGADO ABOGADO DEL ESTADO, LETRADO DE LA COMUNIDAD

PROCURADOR D./Dª. ,

RECURSO Núm. 1163/2019

SENTENCIA Núm. 38/2021

LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MURCIA

SECCIÓN SEGUNDA

Compuesta por los Iltmos. Sres.:

D.ª Leonor Alonso Díaz-Marta

Presidente

D.ª Ascensión Martín Sánchez

D. José María Pérez-Crespo Payá

Magistrados

ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

S E N T E N C I A N.º 38/21

En Murcia, a dos de febrero de dos mil veintiuno.

En el recurso contencioso administrativo n.º 1.163/19 tramitado por las normas del procedimiento ordinario, en cuantía de 2.163,97 €, y referido a: ITP y AJD.

Parte demandante :

D. Luis Enrique, representado por el Procurador Sr. Sevilla Flores y defendido por la Letrada D.ª M.ª Patricia Ortega Lete.

Parte demandada :

La Administración del Estado, Tribunal Económico-Administrativo Regional de Murcia (TEAR), representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado.

Parte codemandada:

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, representada y defendida por un Letrado de sus Servicios Jurídicos.

Acto administrativo impugnado :

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Murcia de 26 de julio de 2019, desestimatoria de la reclamación económico-administrativa n.º NUM000 presentada contra la liquidación núm. NUM001, por el concepto de Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD, con deuda a ingresar de 2.163,97 €, girada por el Servicio de Gestión Tributaria de la Consejería Hacienda y Admón. Públicas-Agencia Tributaria Región de Murcia.

Pretensión deducida en la demanda :

Se dicte sentencia por la que estime íntegramente el presente Recurso, se declare la disconformidad a derecho del Fallo y de la liquidación tributaria del que trae causa, anulándolos, con expresa condena en costas a la Administración demandada.

Siendo Ponente la Magistrada Ilma. Sra. D.ª Leonor Alonso Díaz-Marta, quien expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. - El escrito de interposición del recurso contencioso administrativo se presentó el día 10 de octubre de 2019, y admitido a trámite, y previa reclamación y recepción del expediente, la parte demandante formalizó su demanda deduciendo la pretensión a que antes se ha hecho referencia.

SEGUNDO. - La parte demandada y la codemandada se han opuesto pidiendo la desestimación de la demanda, por ser ajustada al Ordenamiento Jurídico la resolución recurrida.

TERCERO. - No ha habido recibimiento del proceso a prueba, al solicitarse solo por la actora la reproducción del expediente administrativo, y, tras evacuarse el trámite de conclusiones y, cuando por turno correspondió, se señaló para la votación y fallo el día 22 de enero de 2021.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - Dirige el actor el presente recurso contencioso-administrativo, como ya hemos señalado en el encabezamiento de la presente, contra la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Murcia de 26 de julio de 2019, desestimatoria de la reclamación económico-administrativa n.º NUM000 presentada contra la liquidación núm. NUM001, por el concepto de Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD, con deuda a ingresar de 2.163,97 €, girada por el Servicio de Gestión Tributaria de la Consejería Hacienda y Admón. Públicas-Agencia Tributaria Región de Murcia.

En cuanto a la cuestión planteada por el interesado consistente en determinar si la valoración está suficientemente motivada, parte el TEAR del art. 57.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en la redacción dada por la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, que establece los medios por los que podrá ser comprobado el valor de las rentas, productos, bienes y demás elementos determinantes de la obligación tributaria; y enumera tales medios de comprobación. A lo que añade, siguiendo lo establecido por el TS en numerosas sentencias, que el liquidador goza de una absoluta discrecionalidad para seleccionar el medio de comprobación, imponiendo como único requisito que sea adecuado a la naturaleza de los bienes a valorar, por lo que procede examinar si resulta ajustada a la normativa vigente la comprobación acordada mediante la utilización del sistema que remite al valor de tasación de las fincas hipotecadas, previsto de forma específica en la letra g) del citado art. 57.1 LGT.

Añade que, según mantiene de forma reiterada el Tribunal Supremo, a los Tribunales Económico-Administrativos les está vedado examinar el acierto o desacierto de las valoraciones pues de otro modo supondría revisar los criterios técnicos sustentados por un profesional en el ejercicio de las competencias propias de su titulación, debiendo limitarse a observar si se han cumplido los requisitos legales para efectuarlas. Por su parte, el TEAC mantiene de forma reiterada que, en esta materia, la reclamación económico administrativa tan solo puede versar sobre el examen de vicios de forma en la práctica de las valoraciones, y que el resultado de la tasación pericial realizada en forma reglamentaria sólo puede combatirse mediante la tasación pericial contradictoria, tal y como aparece regulada, con carácter general, en el art. 57.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y, con carácter específico, en el art. 47 del Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y AA.JJ.DD.

En el supuesto que se examina, se ha efectuado la Comprobación de Valores declarados utilizando el medio recogido en el transcrito art. 57.1.g) LGT, es decir aplicando "El valor asignado para la tasación de las fincas hipotecadas", por lo que la Oficina gestora entiende que el valor del bien es de 69.513,51 euros al ser el valor fijado a efectos de subasta que figura reflejado en la escritura de préstamo hipotecario otorgada por el sujeto pasivo ante el notario D. José Antonio Lozano Olmos, el 21/03/2016, con el número de protocolo 483, por lo que, en consecuencia, debe confirmarse el acto impugnado.

Y en cuanto a la inexistencia de motivación suficiente alegada por el reclamante, señala el TEAR que el fundamento de la valoración es el precepto legal ya citado, a tenor del cual la Administración puede llevar a cabo la comprobación acudiendo o remitiéndose al valor asignado para la tasación de las fincas hipotecadas. De esta forma, al tratarse de una finca hipotecada y existir una tasación en cumplimiento de la legislación hipotecaria, el obligado tributario tuvo, incluso con anterioridad a la presentación de la autoliquidación, la oportunidad de conocer el valor de dicha finca, que fue aceptado por el hoy reclamante, o, al menos no consta en el expediente que formulara oposición al mismo, sin que pueda alegar desconocimiento del mismo o se le pueda ocasionar indefensión alguna.

No obstante, habiendo sido reservado el derecho a promover tasación pericial contradictoria, y concurriendo los requisitos legales para su práctica, se concede a la entidad interesada un plazo de un mes para que se pronuncie sobre la incoación de dicho procedimiento, contado a partir de la recepción de la notificación del presente Acuerdo.

SEGUNDO. - La parte actora, tras el relato del iter administrativo seguido, señala inicialmente que el objeto del presente recurso consiste en dilucidar si el acuerdo de liquidación provisional emitido por la Agencia Tributaria de la Región de Murcia con referencia NUM001, es conforme a Derecho, y en concreto, si el método de comprobación del que resulta la valoración administrativa ha sido correctamente aplicado por la Oficina de Gestión para desvirtuar la presunción de certeza de la autoliquidación y la prueba directa aportada por el contribuyente sobre la realidad del valor declarado.

Con relación al método de comprobación aplicado, el previsto en la letra g) del art. 57.1 LGT, la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en las Sentencias de 7 de diciembre de 2011 (Rec. Casación en interés de Ley n.º 71/2010) y reiterada de 17 de septiembre de 2012 (Rec. Casación para la unificación de doctrina 177/2010), fijó la doctrina de que la utilización de dicho método de comprobación no requiere ninguna carga adicional para la Administración tributaria respecto de los demás medios de comprobación de valores.

Tras lo anterior, basa su recurso en los siguientes fundamentos:

  1. - Incumplimiento por la administración de los requisitos generales exigibles a toda comprobación de valores .

Los requisitos comunes a toda comprobación de valores, sea cual sea el método de comprobación escogido por la Administración, han sido recientemente reinterpretados por el Tribunal Supremo, en las Sentencias n.º 842 y 843 de 23 de mayo de 2018 (Rec. Casación 1880/2017 y 4202/2017, respectivamente), n.º 943 de 5 de junio de 2018 y n.º 1051 de 19 de junio de 2018 (Rec. 1670/2017), todas ellas de la Sala 3.ª de la Sección Segunda.

Conforme a tales pronunciamientos, resulta que:

-El valor declarado en la autoliquidación goza de presunción de certeza, siendo la Administración quien debe justificar las razones por las que considera que el valor real del inmueble es el que refleja en la liquidación, y no el valor declarado en una autoliquidación que la ley presume cierta.

-Tratándose de la determinación de la base imponible del ITP, la comprobación de valores debe estar dirigida a la determinación del valor real del bien, que se identifica con el 'precio que sería acordado en condiciones de mercado entre partes...

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