STSJ Castilla-La Mancha 408/2020, 16 de Diciembre de 2020
| Ponente | JAIME LOZANO IBAÑEZ |
| ECLI | ES:TSJCLM:2020:3161 |
| Número de Recurso | 40/2019 |
| Procedimiento | Procedimiento ordinario |
| Número de Resolución | 408/2020 |
| Fecha de Resolución | 16 de Diciembre de 2020 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
T.S.J.CAST.LA MANCHA CON/AD SEC.2
ALBACETE
SENTENCIA: 00408/2020
Recurso núm. 40 de 2019
Guadalajara
S E N T E N C I A Nº 408
SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATI VO. SECCIÓN 2ª.
Iltmos. Sres.:
Presidenta:
D.ª Raquel Iranzo Prades
Magistrados:
D. Jaime Lozano Ibáñez
D. Miguel Ángel Pérez Yuste
D. Ricardo Estévez Goytre
En Albacete, a dieciséis de diciembre de dos mil veinte.
Vistos por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, los presentes autos número 40/19 el recurso contencioso administrativo seguido a instancia de DON Augusto , representado por el Procurador Sr. Gómez Ibáñez y dirigido por el Letrado D. Israel Agudo Yélamos, contra el TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CASTILLA-LA MANCHA, que ha estado representado y dirigido por el Sr. Abogado del Estado, sobre I.V.A.; siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. Jaime Lozano Ibáñez.
PRIMERO.- DON Augusto interpuso recurso contencioso-administrativo contra la Resolución dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla-La Mancha el 3 de diciembre de 2018, recaída en la Reclamación número NUM000, y su acumulada NUM001, por la que se desestimaba la Reclamación Económico-Administrativa presentada frente a la liquidación con número de referencia NUM002, derivada del procedimiento de inspección referido al IVA, cuatro trimestres de 2009, así como frente al acuerdo de resolución del procedimiento sancionador con número de referencia NUM003, derivada de la liquidación anterior.
Formalizada demanda, tras exponer los hechos y fundamentos jurídicos que estimó aplicables, terminó solicitando se dicte sentencia estimando el recurso de conformidad con lo interesado en el suplico de la misma. Dice:
-
Caducidad del procedimiento de inspección conforme al artículo 150.1 de la LGT. En este caso, el plazo que la Dependencia Regional de Inspección de Castilla-La
Mancha de la A.E.A.T. tenía para llevar a cabo el procedimiento de inspección debía finalizar 12 meses después de iniciado, esto es, el 3 de julio de 2014, y sin embargo la
notificación de las propuestas de liquidación se produce casi cuatro meses (118 días) después de esos 12 meses reglamentarios. Conforme a esto, y según establece el artículo104.4 de Ley General Tributaria , la consecuencia de esta demora debe ser la caducidad del procedimiento inspector, con las consecuencias de prescripción que legalmente se establecen.
La Inspección aprecia una serie de períodos de dilaciones por un total de 171 días, que imputa al sujeto pasivo y que podrían influir en el plazo que legal y reglamentariamente se establece para llevar a cabo la inspección, y que entendemos que el inspector ha utilizado o aplicado indebida e irregularmente para justificar su demora en llevar a cabo el procedimiento inspector.
Esas supuestas dilaciones imputables al sujeto pasivo se podrían dividir en dos grupos, "no aportar documentaciónsolicitada" y "solicitud de aplazamiento". Si bien la última de las dilaciones se refiere a "solicitud ampliación plazo alegaciones".
En cuanto a lo que el actuario identifica como "no aportar documentación solicitada", y conforme al cual pretende imputar un total de 136 días como período de dilación imputable al sujeto pasivo, el recurrente entrega la práctica totalidad de los documentos requeridos, y sin embargo el actuario considera dilación todo el tiempo transcurrido hasta que se entrega el documento que faltaba, lo cual implica una mala fe constatada por parte del inspector, y un abuso en el cómputo de la dilación. La documentación aportada al inspector, pese a la falta de alguno de esos documentos, no imposibilita ni impide al actuario continuar el procedimiento inspector, ni por supuesto paraliza el mismo.
Por lo que se refiere a lo que el inspector denomina "solicitudes de aplazamiento", imputando como períodos de dilación del 30/04/2014 al 22/05/2014 (22 días), del 26/06/2014 al 03/07/2014 (7 días) y del 14/08/2014 al 15/09/2014 (32 días), tampoco pueden ser considerados como períodos de dilación imputables al sujeto pasivo, dado que estos aplazamientos normalmente se derivan del retraso en la entrega de algún documento solicitado por el actuario, documento que, al igual que lo expuesto en el párrafo anterior, en ningún caso perjudica, demora o impide las actuaciones inspectoras.
Mención aparte merece también la dilación imputada del 14/08/2014 al 15/09/2014 (32 días), los cuales se derivaron del período vacacional del representante del sujeto pasivo y del propio inspector, quienes acordaron la suspensión de la comparecencia conforme al interés de ambos, por lo que en modo alguno esa dilación puede ser imputable de forma exclusiva al sujeto pasivo, dado que el mismo actuario acordó ese aplazamiento por su propio interés.
Por tanto, de los 171 días de dilaciones imputadas al demandante, solo podrían serle imputados 6 días, lo que no alcanzaría en ningún caso para justificar los 118 días de retraso en la realización de las actuaciones inspectoras.
-
Prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria del ejercicio 2008. El actor incluye este alegato en su demanda, cuando no es propio de este pleito, sino del recurso contencioso-administrativo 39/2019, en su caso.
-
Improcedencia de la modificación del Epígrafe del I.A.E. en el que se encuadra la actividad del sujeto pasivo. Se encuadra en el 504.1 y no en el 503.3.
En primer lugar, con fecha 18 de julio de 2004 y 26 de julio de 2005, el recurrente compareció ante la Unidad de Gestión de Módulos de la Agencia Tributaria, al objeto de llevar a cabo comprobaciones y verificaciones en relación a los ejercicios 2003 y 2004, y respecto al IRPF e IVA, aportando toda la documentación y aclaraciones que el agente tributario consideró necesarias para llevarla a cabo, sin que por parte de esa Unidad de Módulos se considerase oportuno excluir a mi mandante de la tributación por módulos en ambos impuestos.
Del mismo modo, estas mismas actuaciones y comprobaciones se llevaron a cabo respecto a los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011. Por tanto, la misma Administración tributaria, por medio de la Dependencia de Gestión, y de la Unidad de Módulos (verdaderos expertos en la comprobación de la idoneidad de la tributación de
los contribuyentes por este sistema de tributación), ha comprobado que la actividad de mi representado se encontraba correctamente encuadrada en el Epígrafe 504.1 del I.A.E. de "Instalaciones Eléctricas en General", y que no realiza varias actividades que deban ser encuadradas en varios epígrafes, sino que realiza una actividad, con los trabajos complementarios que son necesarios para desarrollar esa actividad.
El sujeto pasivo no desempeña varias actividades que puedan encuadrarse en varios epígrafes del IAE, sino que solo realiza única y exclusivamente la actividad de "Instalaciones eléctricas", para la cual realiza las operaciones precisas que se integran dentro de la actividad para el desarrollo de la misma.
Es más, la maquinaria que posee el sujeto pasivo es precisamente para la realización de estas operaciones precisas y necesarias que se integran dentro de la actividad de instalación eléctrica, pero en modo alguno para la construcción o instalación de torres metálicas, como pretende mantener el actuario, y la Administración demandada. Se adjuntaron a la reclamación económico-administrativa, y forman parte del expediente administrativo como documentos números 3 a 7, los certificados de instalador del demandante, que acreditan su capacitación para la instalación de líneas de baja tensión y de alta tensión con categoría eran las instalaciones eléctricas.
Es posible que, al estar en disposición del certificado como empresa habilitada para líneas de alta tensión, el actuario pudiera haber considerado que se trataba de trabajos con una envergadura superior a la que realmente se realizaban, pero como se puede comprobar con el certificado aportado, y con el concepto reflejado en las facturas aportadas al procedimiento de inspección, se trata de trabajos que como máximo se pueden encuadrar en instalaciones de categoría LAT1, para líneas de menos de 30 kv, lo que en modo alguno puede llevar a considerar que se trate de trabajos de gran envergadura como para entender que, las operaciones precisas y necesarias para llevar a cabo la instalación eléctrica, suponen una actividad distinta a la propia del epígrafe 504.1 del IAE, ya que su actividad se limita a realizar instalaciones eléctricas, y además carece de cobertura técnica y de los medios mecánicos, materiales y humanos necesarios para realizar ese tipo de trabajos que podrían ser encuadrados en otro epígrafe, como pretendía el actuario, concretamente el en epígrafe 503.3 de "Montaje einstalación de estructuras metálicas para transportes, puerto, obras hidráulicas, puentes, postes y torres metálicas, carriles, etc.", porque esta no es la actividad del Sr. Augusto, ni así se refleja en ninguna de las facturas aportadas.
-
Improcedencia de inspeccionar unos impuestos ya comprobados y verificados, conforme a lo dispuesto en el artículo 140.1 de la LGT.
En este caso, el 18 de octubre de 2010, mi representado fue requerido por la Dependencia de Gestión Tributaria de Guadalajara para subsanar ciertas incidencias y realizar actuaciones de comprobación limitada del I.R.P.F. del ejercicio 2009, con el resultado siguiente:
" Como resultado de la comprobación limitada realizada en relación con su declaración anual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2009, y habiendo estimado las alegaciones presentadas, esta oficina le comunica que conforme a la normativa vigente no procede practicar liquidación provisional".
Iguales hechos se produjeron con la declaración del I.R.P.F. del ejercicio 2008, al ser...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba