AAP Lleida 486/2020, 26 de Octubre de 2020

JurisdicciónEspaña
PonenteVICTOR MANUEL GARCIA NAVASCUES
Número de resolución486/2020
Fecha26 Octubre 2020

AUDIENCIA PROVINCIAL DE LLEIDA

SECCIÓN PRIMERA

Rollo de Apelación instrucción núm. 420/2020

Previas núm. 146/2019

JUZGADO INSTRUCCIÓN 3 BALAGUER (UPAD)

A U T O NUM. 486/20

Ilmos/as. Sres/as.

Magistrados/as:

MERCE JUAN AGUSTIN

VICTOR MANUEL GARCIA NAVASCUES

MARIA ANGELES ANDRES LLOVERA

En la ciudad de Lleida, a veintiseis de octubre de dos mil veinte.

La Sección Primera de esta Audiencia Provincial, integrada por los señores/as indicados al margen, han visto el presente recurso de apelación contra auto de 06/07/20, dictada en Previas número 146/2019, seguidas ante el Juzgado Instrucción 3 Balaguer (UPAD).

Es apelante LOGISTICA GRILLO, S.L., representado por la Procuradora Dª. MERCE ARNO MARIN y dirigido por el Letrado D. JUAN MANUEL NEGROLES PAREDES, siendo apelado el Ministerio Fiscal.

Es Ponente de esta resolución el Magistrado Ilmo. Sr. D.Víctor Manuel García Navascués.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Por el Juzgado se dictó auto acordando decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones, auto que fue recurrido en apelación, del que se dió traslado al Ministerio Fiscal y demás partes para alegaciones, evacuando dicho trámite en el sentido de impugnarlo y de solicitar la desestimación del recurso y la íntegra conf‌irmación del Auto recurrido.

SEGUNDO

Elevada la causa a esta Audiencia Provincial, Sección Primera, la Sala acordó formar rollo y se designó Magistrado ponente al que se entregaron los autos con señalamiento de día y hora para deliberación y votación.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
PRIMERO

El presente procedimiento tiene su origen la denuncia interpuesta por la entidad mercantil ahora recurrente, en la que atribuía al investigado la comisión de un delito de frustración de la ejecución, previsto en el artículo 258.2 del Código Penal, por haber desatendido el requerimiento judicial consistente en informar sobre la persona física o jurídica a la que tenía alquilados los locales industriales propiedad de la empresa de la que era administrador y sobre el importe que percibe en concepto de rentas y en facilitar una relación de bienes, y todo ello con la f‌inalidad de cubrir la deuda que se está ejecutando en un procedimiento civil.

La resolución ahora impugnada decreta el sobreseimiento provisional de las actuaciones argumentando que el requerimiento judicial efectuado no concretaba las sanciones en las que podría incurrir el requerido si no lo cumplía y que además no fue realizado personalmente al investigado.

El recurso de apelación que interpone la entidad mercantil denunciante argumenta que concurren indicios suf‌icientes de criminalidad en la conducta del investigado, ya que no cumplió el requerimiento judicial efectuado en el procedimiento civil de ejecución, estimando que tenía conocimiento del mismo al haber sido efectuado a su hermano, con quien indiciariamente comparte domicilio, expresando además que había sido autorizado para recoger tal requerimiento, de modo que, pudiendo ser incardinados tales hechos en el delito tipif‌icado en el artículo 258.2 del Código Penal, solicita la continuación de las diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado, a lo que se opone el Ministerio Fiscal.

SEGUNDO

De conformidad con la STC núm. 63/2002, de 11 de marzo: "Hemos de reiterar que el ejercicio de la acción penal no comporta en el marco del art. 24.1 CE un derecho incondicionado a la apertura y plena substanciación del proceso penal, sino sólo a obtener un pronunciamiento motivado del Juez en la fase instructora sobre la calif‌icación jurídica que le merecen los hechos, expresando las razones por las que inadmite su tramitación, o acuerda el sobreseimiento y archivo de las actuaciones. De modo que las exigencias derivadas del derecho a la tutela judicial efectiva se verán satisfechas por la resolución de inadmisión si se fundamenta de forma razonable en la exclusión ab initio del carácter delictivo de los hechos imputados ( arts. 269 y 313 LECrim.), y, si se admite la querella, por la resolución que acuerda la terminación anticipada del proceso penal, sin apertura de la fase de plenario, en caso de que se sustente razonablemente en la concurrencia de los motivos legalmente previstos de sobreseimiento libre o provisional de conformidad con los arts. 637, 641 y 789.5.1 LECrim." (entre otras muchas, SSTC 115/ 2001, de 10 de mayo, 129/2001, de 4 de junio y 178/2001, de 17 de septiembre).

Así pues, la...

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