STSJ Comunidad Valenciana 3206/2020, 22 de Septiembre de 2020
| Ponente | FRANCISCO JAVIER LLUCH CORELL |
| ECLI | ES:TSJCV:2020:6808 |
| Número de Recurso | 1164/2020 |
| Procedimiento | Recurso de suplicación |
| Número de Resolución | 3206/2020 |
| Fecha de Resolución | 22 de Septiembre de 2020 |
| Emisor | Sala de lo Social |
Recurso de Suplicación nº 1164/20
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA COMUNIDAD VALENCIANA
Sala de lo Social
Recurso de suplicación 001164/2020
Ilmo. Sr. e Ilmas. Sras.
D. Javier Lluch Corell, presidente Dª. Inmaculada C. Linares Bosch Dª. Ana Sancho Aranzasti
En Valencia, a veintidós de septiembre de dos mil veinte.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha dictado la siguiente,
SENTENCIA Nº 003206/2020
En el recurso de suplicación 001164/2020, interpuesto contra la sentencia de fecha 29/11/2019, dictada por el JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 3 DE VALENCIA, en los autos 000605/2019, seguidos sobre demanda de incidente concursal, a instancia de Dª Ángela, asistida por el Letrado D. Emilio Antonio Gras Pardo, contra POSTIGO OBRAS Y SERVICIOS, S.A., GRUPO POSTIGO INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.L., POSTIGO CONSERVACIÓN Y MEDIO AMBIENTE S.L.U. y ADMINISTRACIÓN CONCURSAL DE ERNST & YOUNG S.L.
- Benita -, y en los que es recurrente Dª Ángela, ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Lluch Corell.
La sentencia recurrida dice literalmente en su parte dispositiva: "FALLO: Desestimo la demanda, sin condena en costas.".
En la citada sentencia se declaran como HECHOS PROBADOS los siguientes:
"La valoración de las alegaciones de las partes y de su actvidad probatoria, permite establecer, como acreditada en la instancia y relevante para la solución del caso, la siguiente relación de hechos probados: 1.- Mediante Auto de 16/4/19, acordé la extnción colectva de las relaciones laborales de la concursada Postgo Obras y Servicios S.A., fundada en circunstancias objetvas de carácter económico. (hecho no controvertdo). 2.- En dicha fecha, Dña. Ángela era empleada de la concursada y resultó afectada por la medida extntva acordada. (hecho no controvertido). ".
Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandante Dª Ángela, habiéndose impugnado por la representación letrada de contrario. Recibidos los autos en esta sala, se acordó la formación del rollo correspondiente y su pase al ponente.
Por el letrado designado por doña Ángela se recurre en suplicación la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Valencia de 29 de noviembre de 2019, que desestima el incidente concursal por el que, en esencia, se pretendía que se declarara no ajustado a derecho el cese de la demandante que le fue notificado el 26 de abril de 2019 mediante carta del administrador concursal, tras haber dictado el Juzgado de lo Mercantil auto de 16 de abril de 2019 aprobando el expediente de regulación de empleo promovido por la empresa Postigo Obras y Servicios, S.A.
La misma cuestión que se plantea en este recurso, si bien que respecto de otra trabajadora, ha sido resuelta por esta Sala de lo Social en el recurso 1163/20, por lo que elementales razones de seguridad jurídica y de igualdad en la aplicación de la ley, aconsejan seguir el mismo criterio y reproducir los argumentos expuestos en la sentencia resolutoria de aquel recurso. Así, se dice en ella lo siguiente:
Interpone recurso de suplicación la parte actora por tres motivos incardinados cada uno de ellos en las letras a, b y c del art 193 de la LRJS, solicitando en el primero de ellos por el apartado a) del art. 193 de la LRJS, que se repongan los autos al estado en que se encontraban en el momento de cometerse una infracción de normas o garantías del procedimiento que hayan producido indefensión, alegando que el magistrado se negó a practicar la prueba testifical propuesta con la que se intentaba acreditar el grupo de empresas, lo que correspondía a la actora según reza el art. 217 de la LEC, mencionando una sentencia del TSJ de Madrid que declara la existencia de grupo entre las demandadas a afectos laborales y la STS 427/2015, de 10 de julio, en relación a la indefensión material que la inadmisión de la prueba ha generado para la recurrente.
Sobre tal cuestión debemos referir en primer lugar que la nulidad como consecuencia del defecto procesal no se produce en todo caso puesto que los motivos de reposición de autos al estado en que se encontraban en el momento de haberse infringido normas o garantías del procedimiento que hayan producido indefensión tiene por finalidad genérica denunciar irregularidades en la tramitación del procedimiento especialmente cualificadas por el efecto de que su apreciación conlleva la declaración de nulidad de las actuaciones viciadas. Tal es así que resulta necesario en la configuración legal y jurisprudencial del motivo la denuncia de la infracción o garantía de carácter procedimental entendida en un sentido amplio que alcance incluso los principios constitucionales. Pero además esa denuncia ha de referirse no a la infracción de cualquier norma procesal sino aquélla que cualificadamente implica la efectiva indefensión de la parte como concurrencia de un impedimento del derecho a alegar y demostrar en el proceso los propios argumentos. En todo caso es necesario que la parte recurrente haya intentado la subsanación de la infracción en el momento procesal oportuno o haya formulado correspondiente protesta en tiempo y forma, y todo ello salvo supuestos de anulación de oficio si son defectos propios del orden jurídico público procesal. Esas exigencias de invocación de preceptos infringidos tratándose de infracciones de normas procesales como normas vulneradas de carácter esencial, que hayan producido indefensión y que quien invoca tal transgresión de la norma procesal no lo haya provocado o propiciado con su conducta formulando la oportuna protesta en tiempo y forma. Y es que resulta evidente que la parte que articula esta motivación está sujeta a cargo de precisar las específicas reglas procesales infringidas y su razonamiento ya que no corresponde al Tribunal Superior examinarlo por su cuenta al estar ante un recurso extraordinario, máxime cuando la consecuencia de una infracción de estas características no es resolver el litigio en la forma pedida por el recurrente, sino retrotraer el curso del proceso al momento en que aquélla se cometió a fin de que se desarrolle en forma correcta y sin perjuicio para los litigantes.
Sin embargo este especial efecto que es contrario a cualquier principio de economía y rapidez procesal determina que únicamente deba decretarse la nulidad cuando la infracción sea de tal calado que haya producido verdadera indefensión máxime tras los dictados orgánicos tras la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (RCL 1985, 1578, 2635) 19/2003 de 23 de diciembre. Para el éxito del recurso de suplicación por quebrantamiento de forma contemplado en el artículo 193 a) de la LRJS (RCL 2011, 1845)
, es necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos:
-
) Que en el procedimiento de instancia se haya infringido una norma procesal o una de las garantías procesales explícitas en la Constitución, sobre todo en el art. 24, pero no basta con que el órgano judicial haya incurrido en una irregularidad formal, sino que es
además necesario, que tal infracción determine la indefensión del afectado, ( STC 158/1989, de 5 de octubre (RTC 1989, 158)). Indefensión no en sentido puramente formal, sino también material, que suponga una vulneración del art. 24 de la Constitución ( STC 161/1985 de 29 de noviembre (RTC 1985, 161)); 158/1989 de 5 de octubre y 124/1994 de 25 de abril (RTC 1994, 124) ). La indefensión consiste en un impedimento del derecho a alegar y demostrar en el proceso los propios derechos y, en su manifestación más trascendente, es la situación en que se impide a una parte, por el órgano judicial en el curso del proceso el ejercicio del derecho de defensa, privándola de ejercitar su potestad de alegar y, en su caso justificar sus derechos e intereses para que
le sean reconocidos o para replicar dialécticamente las posiciones contrarias en el ejercicio del indispensable principio de contradicción ( STC 89/1986 de 1 de julio (RTC 1986, 89)).
-
) Que se cite por el recurrente la norma o garantía cuya infracción se denuncia, ( SS del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 1988 (RJ 1988, 8866) y 6 de junio de 1990).
-
) Que el defecto procesal sea invocado, por la parte que, sin haberlo provocado, haya resultado perjudicada por el mismo, ( sentencias del Tribunal Constitucional 159/1988 de 19 de septiembre (RTC 1988, 159) y 48/1990 de 20 de marzo (RTC 1990, 48)).
-
) Que se haya formulado protesta en tiempo y forma.
En el supuesto de autos pretendía la parte actora practicar una prueba testifical acreditativa de la existencia de un grupo empresarial que permitiría dejar sin efecto el auto del Juez del Concurso que determinó la extinción colectiva de contratos de trabajo, prueba testifical que no fue admitida e impugnada en acto de juicio (hecho no discutido).
Sobre el derecho al acceso a la prueba debemos referir que es doctrina instaurada por el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia que el derecho a la prueba suficiente es una de las garantías que reconoce el artículo 24.2 de la Constitución como parte de la tutela judicial efectiva; de suerte que la denegación de pruebas pertinentes podrá justificar el recurso de amparo si de ello se deriva indefensión o alteración del resultado del proceso. Pero este derecho a aportar los medios de prueba pertinentes y necesarios, no puede significar una sumisión de la actividad judicial al arbitrario impulso de las partes y es principio reiteradamente mantenido el de la libertad de criterio del juez en cuanto a la admisión de las pruebas propuestas, y de otra parte que no existe un derecho ilimitado a la prueba, pues éste queda concretado a los medios de prueba que guarden relación con la pretensión del litigio...
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