ATS, 21 de Octubre de 2020

PonenteRAFAEL SARAZA JIMENA
ECLIES:TS:2020:9168A
Número de Recurso1581/2018
ProcedimientoRecurso de casación
Fecha de Resolución21 de Octubre de 2020
EmisorTribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil

T R I B U N A L S U P R E M O

Sala de lo Civil

Auto núm. /

Fecha del auto: 21/10/2020

Tipo de procedimiento: CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL

Número del procedimiento: 1581/2018

Fallo/Acuerdo:

Ponente: Excmo. Sr. D. Rafael Sarazá Jimena

Procedencia: AUD.PROVINCIAL SECCIÓN N. 28 DE MADRID

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Mª Teresa Rodríguez Valls

Transcrito por: AVS/MJ

Nota:

CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL núm.: 1581/2018

Ponente: Excmo. Sr. D. Rafael Sarazá Jimena

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Mª Teresa Rodríguez Valls

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Auto núm. /

Excmos. Sres.

D. Francisco Marín Castán, presidente

D. Rafael Sarazá Jimena

D. Juan María Díaz Fraile

En Madrid, a 21 de octubre de 2020.

Esta sala ha visto

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Rafael Sarazá Jimena.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

La representación procesal de Isdin, S.A., presentó escrito de interposición recurso extraordinario por infracción procesal y de casación contra la sentencia n.º 52/2018, de 19 de enero, dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28.ª, en el rollo de apelación n.º 202/2016, dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 690/2012, del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Madrid.

SEGUNDO

Mediante diligencia de ordenación se tuvieron por interpuestos los recursos y se acordó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes por término de treinta días.

TERCERO

El procurador D. Ignacio Melchor de Oruña, en nombre y representación de Isdin, S.A., presentó escrito personándose en concepto de recurrente. El procurador D. Enrique Thomas de Carranza y Méndez de Vigo presentó escrito en nombre y representación de D.ª Amelia, D. Juan Miguel y D. Pedro Miguel personándose en concepto de parte recurrida. La procuradora D.ª Ana Isabel Arranz Grande presentó escrito, en nombre y representación de D. Adriano, personándose en concepto de parte recurrida. El procurador D. Manuel María García Ortiz de Urbina presentó escrito, en nombre y representación de D. Anibal.

CUARTO

La recurrente efectuó los depósitos para recurrir exigidos por la disposición adicional 15.ª LOPJ.

QUINTO

Por providencia de 24 de junio de 2020 se pusieron de manifiesto las posibles causas de inadmisión de los recursos a las partes personadas.

SEXTO

Mediante diligencia de ordenación de 20 de agosto de 2020 se hace constar que han presentado alegaciones en relación con las posibles causas de inadmisión todas las partes personadas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Los presentes recurso extraordinario por infracción procesal y de casación se interponen contra una sentencia recaída en juicio ordinario en el que la parte demandante, Isdin, S.A., presentó demanda frente a D.ª Amelia, D. Juan Miguel, D. Pedro Miguel, D. Anibal y D. Adriano, en su calidad de administradores de la mercantil Medios Farmacéuticos, S.L. La demandante reclama 17.118,46 euros, derivados del impago de dos facturas, así como de costas judiciales de recobro, en ejercicio de las acciones de responsabilidad de administradores, tanto la prevista en el art. 367 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), como en la prevista en el art. 241 en relación con el art. 236 LSC. La actora entiende que la sociedad estaba incursa en causa legal de disolución al no constar depositadas las cuentas anuales, habiendo desaparecido de facto. Considera igualmente que la sociedad deudora está incursa en las causas de disolución previstas en el apartado a) del art. 363.1 LSC por haber cesado en el ejercicio de la actividad más de un año; b) por conclusión de la empresa; c) por imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social; d) por paralización de órganos sociales; y e) por perdidas cualificadas.

Las partes demandadas contestaron a la demanda y se opusieron a las pretensiones de la demanda.

La sentencia de primera instancia desestima íntegramente la demanda. Dicha resolución no considera acreditada la existencia de causa de disolución por pérdidas, al valorar la prueba documental aportada, en particular, las autoliquidaciones tributarias presentadas y las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010, aprobadas por Junta Universal. En cuanto a la acción individual del art. 241 LSC, la juzgadora "a quo" considera que tal responsabilidad no puede recaer en los tres administradores que cesaron con anterioridad al vencimiento de la deuda y respecto a don Adriano, no se le puede exigir responsabilidad por actos operados después de su cese, en fecha 16 de mayo de 2012. Se debe añadir que la sentencia recurrida tampoco considera que se haya acreditado ni el cierre de facto ni la insolvencia de la mercantil deudora.

Contra dicha resolución se interpone recurso de apelación por la demandante, recurso que fue desestimado por la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid. Más en concreto, en relación con la acción de responsabilidad por deudas sociales ( art. 367 LSC), la Audiencia comparte la valoración conjunta que se ha efectuado de la documental aportada, añadiéndose que, aún siendo un hecho acreditado que las cuentas anuales no constan depositadas, la parte demandada ha aportado prueba suficiente de su contabilidad en el periodo que resulta relevante. Por lo que respecta a la acción individual, la Audiencia rechaza que la falta de depósito de cuentas sea, per se, constitutiva de daño alguno, citando la STS de 20 de junio de 2005 que, a su vez, recoge lo dicho por la STS de 26 de abril de 2005, reiterando que no considera acreditada la insolvencia de la sociedad, recordando, a mayor abundamiento, el criterio jurisprudencial que considera insuficiente atribuir responsabilidad a los administradores con sustento exclusivo en la insolvencia de la sociedad, citando la STS n.º 253/2016 de 18 de abril.

Contra la sentencia de la Audiencia Provincial se interponen los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación por la parte actora, Isdin, S.A.

El procedimiento fue tramitado en atención a la cuantía siendo la misma inferior a los 600.000 euros, siendo su cauce de acceso a la casación el contemplado en el ordinal 3.º del art. 477.2 LEC.

SEGUNDO

El recurso de casación se interpone por el cauce correcto, y se articula en dos motivos. En el primero, sin encabezamiento formal, se alega como infringido el art. 367 LSC. En su desarrollo, cita expresamente las SAP Barcelona, Sección 15.ª, n.º 84/2015, de 7 abril; SAP Barcelona, Sección 15.ª, n.º 325/2013, de 10 de septiembre; SAP Barcelona, Sección 15.ª, n.º 112/2011, de 16 de marzo; SAP Barcelona, Sección 15.ª, n.º 438/2012; SAP Zaragoza, Sección 5.ª, n.º 79/2018, de fecha 26 de enero; SAP Guadalajara, Sección 1.ª, n.º 192/2017, de 26 de septiembre; SAP Málaga, Sección 6.ª, n.º 160/2017, de 20 de febrero y STS n.º 937/2004, de 5 de octubre. La parte recurrente alega la falta de eficacia probatoria del impuesto de sociedades, ante la ausencia de cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil, a los efectos de desvirtuar la presunción de que la sociedad se encuentra incursa en causa de disolución.

En el motivo segundo se alega la infracción de los arts. 236 y 241 LSC, invocando la STS n.º 472/2016, de Pleno, de 13 de julio. En él se argumenta que la resolución recurrida resulta contradictoria con la doctrina jurisprudencial que emana de la resolución citada, al concurrir todos los requisitos allí exigidos.

El recurso extraordinario por infracción procesal se articula en dos motivos. En el primero, sin invocar motivo alguno, entiende vulnerados el art. 367.2 LSC y los arts. 217.6, 217.7 y 326.2 LEC, así como la "facilidad probatoria" y la "impugnación de documentos". Por su parte, en el segundo tampoco se invoca motivo alguno, y se hace por vulneración del art. 394 LEC.

TERCERO

A la vista de lo expuesto y pese a las manifestaciones de la parte recurrente tras la puesta de manifiesto de las posibles causas de inadmisión, el recurso de casación incurre, en cuanto a su primer motivo, en la causa de inadmisión prevista en el 483.2.2.º LEC, en relación con el art. 477.1 LEC, ya que se plantean cuestiones ajenas al ámbito del recurso de casación, propias del recurso extraordinario por infracción procesal. Las cuestiones procesales deben examinarse en el marco del recurso extraordinario por infracción procesal, quedando el recurso casación limitado a una estricta función revisora del juicio jurídico consistente en la determinación del alcance y significado jurídico de los hechos probados. Hemos reiterado que el recurso de casación está limitado a una estricta función revisora de la aplicación de las normas sustantivas al objeto del proceso a que alude el art. 477.1 LEC, y que debe entenderse referido a las pretensiones materiales deducidas por las partes, relativas "al crédito civil o mercantil y a las situaciones personales o familiares", correspondiéndole al recurso extraordinario por infracción procesal controlar las "cuestiones procesales" entendidas en sentido amplio, dejando el de casación limitado a determinar el alcance y significado jurídico de los hechos probados, es decir, la calificación jurídica de tales hechos y la subsunción en el supuesto de hecho previsto en la norma de las resultas de aquel juicio fáctico, así como en la aplicación al caso enjuiciado de la norma sustantiva en sí misma.

El recurso de casación en cuanto a tal extremo resulta improcedente, dado que plantea una cuestión que ha de calificarse de procesal, lo que en todo caso excede actualmente del ámbito del recurso de casación, sin que pueda eludirse este nuevo sistema de recursos y la regla 2.ª del apartado uno de la disposición final decimosexta de la LEC por la vía de denunciar infracciones procesales a través del recurso de casación.

En el motivo, la parte recurrente, a pesar de citar una norma sustantiva como sustento del interés casacional, en el caso la relativa a las causas de disolución societarias contempladas en el art. 367 LSC, lo cierto es que dicha normas se utiliza con un carácter claramente instrumental para denunciar una cuestión claramente procesal, cual es la aplicación indebida de las normas sobre la prueba, en relación con la eficacia probatoria de determinados documentos a los efectos de desvirtuar la presunción de que la sociedad se encuentra incursa en causa de disolución, de conformidad con el art. 367 LSC. En consecuencia en el recurso de casación se plantea una cuestión eminentemente procesal que, por tanto, excede del ámbito del recurso de casación el cual está limitado al examen de cuestiones sustantivas.

El motivo incurre igualmente en la causa de inadmisión de carencia de justificación del interés casacional ( art. 483.2.3.º LEC, en relación con el art. 477.2.3 de la LEC), al no acreditar el interés casacional por ninguna de las modalidades que permite el art. 477.3 LEC. Así, aunque por el recurrente se cita la STS n.º 937/2004, de 5 de octubre, para justificar el interés casacional por oposición a la doctrina jurisprudencial de esta Sala, como hemos señalado de forma reiterada, es necesario que en el escrito de interposición se citen dos o más sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo y que, además, se razone cómo, cuándo y en qué sentido la sentencia recurrida ha vulnerado o desconocido la jurisprudencia que se establece en ellas. Requisito que no es cumplido por el recurrente en el que se cita una única sentencia dimanante de esta Sala, siendo que el extracto acompañado tampoco se pronuncia en el sentido afirmado por ella. Por otro lado, en cuanto al interés casacional por jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales, como igualmente tenemos dicho reiteradamente, para justificar el interés casacional por existencia de resoluciones contradictorias de las Audiencias Provinciales, es necesario que se invoquen dos sentencias firmes y colegiadas, de una misma sección, de una Audiencia Provincial, que decidan en sentido contrario al seguido en otras dos sentencias, también firmes, y colegiadas de una misma sección, que ha de ser distinta, pertenezca a o no a la misma Audiencia Provincial. Debe además la parte recurrente expresar el modo en que se produce esa contradicción y exponer la identidad de razón entre cada punto del problema jurídico resuelto en la sentencia recurrida y aquel sobre el que versa la jurisprudencia contradictoria identidad. De esta forma no cabe entender cumplidos estos requisitos, puesto que en el recurso se citan siete sentencias de audiencias, siendo que cuatro de ellas se corresponden con la Sección 15.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona y el resto de Secciones distintas de las Audiencias de Guadalajara, Málaga y Zaragoza, mas todas ellas decidiendo en el mismo sentido.

CUARTO

Por lo que respecta al segundo de los motivos del recurso de casación, incurre en la causa de inadmisión prevista en el art. 483.2.4.º LEC, de carencia manifiesta de fundamento, por hacer supuesto de la cuestión; esto es, formular una impugnación dando por sentado lo que falta por demostrar o afirmando lo contrario a lo declarado como cierto en la instancia, tal y como ha venido sosteniendo la doctrina jurisprudencial ( SSTS 286/2011, de 29 de abril; 329/2013, de 6 de mayo y 159/2016, de 16 de marzo).

En el motivo se defiende que el cierre de hecho de la mercantil MEDIOS FARMACEUTICOS, S.L., por parte de los administradores demandados, y la falta de disolución o liquidación ordenada, constituyen los hechos que causalmente conducen a la imposibilidad de cobro de sus créditos. La parte recurrente incurre en supuesto de la cuestión, ya que pretende dar por probados los requisitos de dicha acción, cuando la Audiencia ha considerado insuficiente la prueba practicada, en particular, por lo que respecta al incumplimiento de las obligaciones de carácter orgánico, pretendiendo obtener una revisión de la valoración probatoria, de forma que se considere que concurren los elementos exigidos por la acción individual de responsabilidad.

La Audiencia concluye que no cabe tener por acreditado el cierre de hecho, al tiempo que afirma que no resulta procedente establecer sin más un nexo causal entre la falta de depósito de las cuentas anuales y el impago de la deuda del actor.

Por otro lado, como decimos, el motivo incurre en la causa de inadmisión prevista en el art. 483.2.3.º LEC, de inexistencia de interés casacional, por falta de oposición de la resolución recurrida a la doctrina de esta Sala.

En lo que respecta a la acción individual de responsabilidad de administradores, la sentencia del Pleno n.º 472/2016, de 13 de julio, entre otros extremos, declaró lo siguiente:

"[...] Con carácter general, debemos reiterar, como hicimos en la Sentencia 253/2016, de 18 de abril, "que no puede recurrirse indiscriminadamente a la vía de la responsabilidad individual de los administradores por cualquier incumplimiento contractual. De otro modo supondría contrariar los principios fundamentales de las sociedades de capital, como son la personalidad jurídica de las mismas, su autonomía patrimonial y su exclusiva responsabilidad por las deudas sociales, u olvidar el principio de que los contratos sólo producen efecto entre las partes que los otorgan, como proclama el art. 1257 CC ( Sentencias 242/2014, de 23 de mayo, con cita de la anterior sentencia de 30 de mayo de 2008)".

"No obstante, en alguna ocasión, la Sala ha admitido que se ejercite la acción individual de responsabilidad para solicitar la indemnización del daño que suponía para un acreedor el impago de sus créditos como consecuencia del cierre de facto de la actividad empresarial de la sociedad (por ejemplo, la Sentencia 261/2007, de 14 de marzo).

"Para ajustar de forma más adecuada el ejercicio de la acción individual en estos casos de cierre de hecho, resulta conveniente realizar algunas matizaciones en relación con el daño directo y la relación de causalidad.

"2. En primer lugar, no debe obviarse que la acción individual de responsabilidad presupone, en contraposición con la acción social de responsabilidad, la existencia de un daño directo al tercero que la ejercita (en este caso un acreedor). Al respecto, sirva la distinción que respecto de una y otra acción se contiene en la sentencia 396/2013, de 20 de junio:

"La jurisprudencia y la doctrina han distinguido en el sistema legal de responsabilidad de los administradores sociales que los daños se causen a la sociedad, o se causen a socios o terceros, generalmente acreedores; y en este último caso, que la lesión sea directa, o que sea indirecta, en cuanto refleja de la causada directamente a la sociedad. [...]

"La exigencia de responsabilidad a los administradores por los daños causados a la sociedad se hace a través de la denominada acción social, que regula el art. 134 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (actualmente, art. 238 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital). [...]

"La exigencia de responsabilidad por daños causados directamente a los socios o a terceros (señaladamente, a los acreedores) se hace a través de la denominada acción individual, que está regulada en el art. 135 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (actualmente, art. 241 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital ). El texto del precepto explicita claramente el requisito del carácter directo de la lesión resarcible mediante el ejercicio de dicha acción, al disponer: "[n] o obstante lo dispuesto en los artículos precedentes, quedan a salvo las acciones de indemnización que puedan corresponder a los socios y a terceros por actos de los administradores que lesionen directamente los intereses de aquéllos " (énfasis añadido).

"Por esa razón, doctrina y jurisprudencia han excluido que mediante la acción individual pueda el socio exigir al administrador social responsabilidad por los daños que se produzcan de modo reflejo en su patrimonio como consecuencia del daño causado directamente a la sociedad. Para que pueda aplicarse el art. 135 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se requiere la existencia de un daño directo a los socios o a terceros. Si el daño al socio es reflejo del daño al patrimonio social solo puede ejercitarse la acción social de responsabilidad. En tal caso, la indemnización que se obtenga reparará el patrimonio social y, de reflejo, el individual de socios o terceros. [...]

"Como resumen de lo expuesto, cuando la actuación ilícita del administrador social ha perjudicado directamente a la sociedad, produciendo un quebranto en su patrimonio social o incluso su desaparición de hecho, la acción que puede ejercitarse es la acción social del art. 134 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas , dirigida a la reconstitución del patrimonio social, en los términos previstos en tal precepto legal en cuanto a legitimación activa, esto es, legitimación directa de la sociedad y subsidiaria, cumpliéndose ciertos requisitos, de la minoría social o de los acreedores."

"De acuerdo con la reseñada distinción lógica, para que el ilícito orgánico que supone el cierre de hecho (incumplimiento de los deberes de disolución y liquidación de la sociedad) pueda dar lugar a una acción individual es preciso que el daño ocasionado sea directo al acreedor que la ejercita. Esto es: es necesario que el ilícito orgánico incida directamente en la insatisfacción del crédito.

"3. En este contexto, como ya hemos adelantado al resolver el recurso extraordinario por infracción procesal, para que pueda imputarse al administrador el impago de una deuda social, como daño ocasionado directamente a la acreedora demandante, debe existir un incumplimiento nítido de un deber legal al que pueda anudarse de forma directa el impago de la deuda social.

"Es indudable que el incumplimiento de los deberes legales relativos a la disolución de la sociedad y a su liquidación, constituye un ilícito orgánico grave del administrador y, en su caso, del liquidador. Pero, para que prospere la acción individual en estos casos, no basta con que la sociedad hubiera estado en causa de disolución y no hubiera sido formalmente disuelta, sino que es preciso acreditar algo más, que de haberse realizado la correcta disolución y liquidación sí hubiera sido posible al acreedor hacerse cobro de su crédito, total o parcialmente. Dicho de otro modo, más general, que el cierre de hecho impidió el pago del crédito.

"Como ya hemos adelantado en el fundamento jurídico anterior, esto exige del acreedor social que ejercite la acción individual frente al administrador un mínimo esfuerzo argumentativo, sin perjuicio de trasladarle a los administradores las consecuencias de la carga de la prueba de la situación patrimonial de la sociedad en cada momento ( sentencia 253/2016, de 18 de abril). [...]".

Y en la sentencia de 150/2017, de 2 de marzo, reiteramos:

"[...] 8.- Para que el administrador responda frente al socio o frente al acreedor que ejercita una acción individual de responsabilidad del art. 135 TRLSA, es necesario que el patrimonio receptor del daño directo sea el de quien ejercita la acción. Y no es directo, sino indirecto, el daño sufrido por el patrimonio de la sociedad que repercute en los socios o acreedores.

"En este sentido, la sentencia 417/2006, de 28 de abril, declaró:

"Y ese daño directo no puede consistir en la insolvencia de la sociedad ( Sentencias de 11 de octubre de 1991, de 10 de diciembre de 1996, de 21 de noviembre de 1997), pues, como ha señalado la doctrina, estos preceptos no convierten a los administradores en garantes de la sociedad, a diferencia de lo que se obtendría de una de las lecturas posibles de la acción ex artículo 262.5 LSA.

"La viabilidad de la acción individual de responsabilidad requiere, pues, una lesión directa en los intereses del acreedor reclamante derivado de un acto o acuerdo (o una mera omisión, aunque más difícilmente), y exige la relación de causalidad entre daño y actuación, suponiendo una culpa, aunque bajo la presunción, que puede destruir el afectado (133.3 LSA)".

"En caso de que el acreedor haya sufrido daños como consecuencia de la insolvencia de la sociedad deudora, la acción que puede ejercitarse no es por regla general la individual, sino la social, que permite reintegrar el patrimonio de la sociedad.

"9.- Es cierto que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha considerado, en determinados supuestos, que la imposibilidad del cobro de sus créditos por los acreedores sociales es un daño directo imputable a los administradores sociales.

"Pero para ello es preciso que concurran circunstancias muy excepcionales y cualificadas: sociedades que por la realización de embargos han quedado sin bienes y han desaparecido de hecho, pese a lo cual los administradores, en su nombre, han seguido contrayendo créditos; concertación de servicios económicos por importe muy elevado justo antes de la desaparición de la empresa; desaparición de facto de la sociedad con actuación de los administradores que ha impedido directamente la satisfacción de los créditos de los acreedores; vaciamiento patrimonial fraudulento en beneficio de los administradores o de sociedades o personas con ellos vinculados que imposibilitan directamente el cobro de los créditos contra la sociedad, etc.[...]".

No puede estimarse que exista contradicción entre la doctrina jurisprudencial que interpreta la acción de responsabilidad individual de responsabilidad y la sentencia recurrida, sino que esta valora las circunstancias fácticas del caso en atención a la prueba practicada, y alcanza la conclusión de que no se ha probado la relación de causalidad existente entre el daño y la actuación de los administradores.

QUINTO

La improcedencia del recurso de casación determina igualmente que deba inadmitirse el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto, ya que la viabilidad de este último recurso está subordinada a la recurribilidad en casación de la Sentencia dictada en segunda instancia, conforme a lo taxativamente previsto en la disposición final 16.ª , apartado 1, párrafo primero y regla 5.ª, párrafo segundo, de la LEC.

Las razones expuestas justifican la inadmisión de los recursos interpuestos sin que las alegaciones realizadas tras la puesta de manifiesto de las posibles causas de inadmisión supongan una alteración de dichos razonamientos habida cuenta que la parte recurrente se limita a reiterar los argumentos expuestos en los recursos ahora examinados.

SEXTO

Consecuentemente procede declarar inadmisibles los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación y firme la sentencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 483.4 y 473.2 LEC, dejando sentado los artículos 473.3 y 483.5 de la misma ley, que contra este auto no cabe recurso alguno.

SÉPTIMO

Abierto el trámite de puesta de manifiesto contemplado en los artículos 483.3 y. 473.2 LEC, y habiendo formulado alegaciones las partes recurridas, procede imponer las costas a la parte recurrente.

OCTAVO

La inadmisión de los recursos recurso extraordinario por infracción procesal y de casación conlleva la pérdida de los depósitos constituidos, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional 15.ª , apartado 9, LOPJ.

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA:

  1. ) Inadmitir los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por la representación procesal de Isdin, S.A., contra la sentencia n.º 52/2018, de 19 de enero, dictada por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28.ª), en el rollo de apelación n.º 202/2016, dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 690/2012 del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Madrid.

  2. ) Declarar firme dicha sentencia.

  3. ) Imponer las costas a la parte recurrente, que perderá los depósitos efectuados para recurrir.

  4. ) Y remitir las actuaciones, junto con testimonio de esta resolución al órgano de procedencia, llevándose a cabo la notificación de la presente resolución por este Tribunal a las partes recurrente y recurrida comparecidas ante esta sala.

Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.

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