STS 162/2020, 19 de Mayo de 2020

PRIMERO.- La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, condenó a Bernardo como autor criminalmente responsable de tres delitos continuados de agresión sexual en concurso medial con otros tres delitos continuados de prostitución coactiva, relativo a tres víctimas, a las que después nos referiremos, así como a Camila como cooperadora necesaria de tales delitos, y también en el caso de esta última como autora criminalmente responsable de dos delitos de maltrato habitual, a penas de prisión junto a penas de alejamiento e incomunicación, así como de libertad vigilada, decretando la pertinente indemnización civil, frente a cuya resolución judicial han interpuesto este recurso de casación los aludidos acusados en la instancia, recursos que seguidamente procedemos a analizar y resolver.

Recurso de Bernardo.

SEGUNDO.- En un único motivo de contenido casacional, denuncia la vulneración de su derecho a la presunción de inocencia, por la vía autorizada en el art. 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El principio constitucional de inocencia, proclamado en el art. 24.2 de nuestra Carta Magna, gira sobre las siguientes ideas esenciales: 1º) El principio de libre valoración de la prueba en el proceso penal, que corresponde efectuar a los jueces y tribunales por imperativo del art. 117.3 de la Constitución española; 2º) que la sentencia condenatoria se fundamente en auténticos actos de prueba, suficientes para desvirtuar tal derecho presuntivo, que han ser relacionados y valorados por el Tribunal de instancia, en términos de racionalidad, indicando sus componentes incriminatorios por cada uno de los acusados; 3º) que tales pruebas se han de practicar en el acto del juicio oral, salvo los limitados casos de admisión de pruebas anticipadas y preconstituidas, conforme a sus formalidades especiales; 4º) dichas pruebas incriminatorias han de estar a cargo de las acusaciones personadas (públicas o privadas); 5º) que solamente la ausencia o vacío probatorio puede originar la infracción de tal derecho fundamental, pues la función de este Tribunal Supremo, al dar respuesta casacional a un motivo como el invocado, no puede consistir en llevar a cabo una nueva valoración probatoria, imposible dada la estructura y fines de este extraordinario recurso de casación, y lo dispuesto en el art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pues únicamente al Tribunal sentenciador pertenece tal soberanía probatoria, limitándose este Tribunal a verificar la siguiente comprobación:

1. Comprobación de que hay prueba de cargo practicada en la instancia ( prueba existente).

2. Comprobación de que esa prueba de cargo ha sido obtenida y aportada al proceso con las garantías exigidas por la Constitución y las leyes procesales ( prueba lícita).

3. Comprobación de que esa prueba de cargo, realmente existente y lícita, ha de considerase bastante para justificar la condena ( prueba suficiente).

4. Comprobación de que tal prueba ha sido razonadamente tenida como de cargo en función del análisis del cuadro probatorio en su conjunto ( prueba de cargo razonada).

En el desarrollo de su queja casacional, este recurrente se limita a exponer diversos pasajes de las declaraciones obrantes en fase sumarial y en el plenario, tratando de combatir algunos extremos de la narración fáctica de la sentencia recurrida, desconociendo que el ejercicio de valoración probatoria ha sido llevado a cabo con pulcritud, ya que los jueces "a quibus" destacan que obtienen su convicción judicial de la declaración en el plenario de dos víctimas, y de la prueba preconstituida de la otra, tramitada sumarialmente a presencia de las partes, correspondiente a la hija menor de Camila.

En suma, los hechos probados refieren comportamientos de agresión sexual llevados a cabo materialmente por el acusado Bernardo, pero con la participación de la madre de los menores, Camila, sobre sus hijos, llamados Eugenia, Fulgencio y Isidora, mediante tal comportamiento se conseguía la explotación sexual de los mismos, a cambio de precio, que pagaba el primero a los menores, y éstos se lo daban a su madre.

Camila consigue que sus hijos se trasladen al domicilio del coacusado o a lugares controlados por éste, como el bar " DIRECCION002", o a su casa de campo, con actos de agresión física (mediante "golpes") o conminándoles con agredirles, o con no darles de comer, todo ello para mantener encuentros de carácter sexual con Bernardo, a cambio de recibir de éste una suma de dinero, que previamente había concertado Camila con el mismo, y que era entregada a los menores para su posterior recepción por su madre, "y ello cada vez que dichos encuentros se producían".

Para conseguir la convicción judicial, la Audiencia se vale de la declaración de los menores, tanto en el plenario, como en la prueba preconstituida. En la fundamentación jurídica, analizan los jueces "a quibus" los requisitos relativos a la declaración de la víctima (requisitos subjetivos, objetivos y temporales), ponen de manifiesto las corroboraciones existentes, y señalan también que los menores resaltan no solamente su comportamiento, sino la conducta del acusado Bernardo o de su madre, con referencia a conductas ajenas, de los que pueden dar cuenta como prueba testifical, por haberlos presenciado personalmente. En cualquier caso, como dice la Audiencia "a quo", las diferencias particulares que se han observado en las declaraciones de los menores, únicamente han servido para beneficiar a los acusados, aún cuando es manifiesta -también señalan- la tendencia de los hijos de Camila de minimizar los hechos que para ellos son extremadamente vergonzantes. De este modo, ante cualquier variación, la Sala sentenciadora de instancia opta por lo más favorable al reo. Así ha ocurrido respecto de la fecha de inicio de las agresiones expresadas por Fulgencio, teniendo por probado la fecha más favorable a los acusados, esto es cuando aquel contaba 14 ó 15 años de edad. En relación con Eugenia, aunque en el acto de plenario manifestó que tuvo que practicarle al acusado una felación y en una ocasión también le introdujo un dedo en la vagina, el haber negado en su declaración en sede de instrucción el primer acto, y no haber precisado el segundo, la Audiencia razona que les "obliga" a tener por probados besos y tocamientos en sus pechos y genitales sin penetración de ningún miembro corporal.

También debemos ratificar la posición de la Audiencia cuando reprocha el argumento de las defensas de tratar de desvirtuar la veracidad del testimonio de los hijos de Camila por una mínima variación de lugares, cuando se trata de una actuación tan dilatada en el tiempo y ocurrida en diferentes sitios y horas. Así manifestó la defensa de Bernardo que el menor Fulgencio en la declaración sumarial no hizo referencia a la casa de campo con tal nombre, sin embargo la descripción tan exhaustiva de esta última permite inferir que los hechos también ocurrieron así, con independencia de la falta de trascendencia para la calificación jurídica de los hechos y para la determinación de la pena.

Con respecto a las franjas temporales, las actuaciones ilícitas por parte de los acusados se vendrían desarrollando al menos desde el año 2007 hasta el 2009, incluso respecto de Eugenia; durante al menos cinco o seis meses en el periodo temporal de 2013-2014, respecto de su hermano Fulgencio y desde al menos el año 2012 al 2014, por lo que hace a Isidora, siguiendo Camila y Bernardo el mismo método criminal, repitiendo las mismas actuaciones, las mismas pautas y en general los mismos lugares en el caso de los tres menores.

La Sala sentenciadora de instancia ha valorado toda la documental, entre la que encontramos: Informe propuesta de derivación a EICAS realizado por Psicóloga CAI DIRECCION007 realizado por la Psicóloga del CAI DIRECCION007, de fecha 11 de febrero de 2015 (Fol. 40 y ss.), Informe de Evaluación y Diagnóstico de Isidora, emitido por la Psicóloga de la asociación DIRECCION005 de fecha 10 de junio de 2015 (Fol. 59 y ss), Informe del Servicio de Protección de Menores, en relación a Fulgencio y Isidora, emitido por Técnicos del Equipo de Menores n° 9 de fecha 20 de octubre de 2015 (Fol. 76 y ss), Informe de Evaluación y diagnóstico de Fulgencio realizado por la asociación DIRECCION005, con fecha de 15 de marzo de 2016 (Fol. 116 y ss), Informe sobre el desarrollo de la prueba anticipada realizada por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales (Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, sobre Fulgencio y Isidora, de fecha 13 de marzo de 2017 (Fol. 276 y ss), Informe de tratamiento de Isidora del programa de Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento de Menores Víctimas de Violencia Sexual, de fecha 6 de marzo de 2017 (Fol. 290 y ss), Informe psicológico emitida en Sevilla, realizado por Adriana y Ángela, psicólogas de los Juzgados de Sevilla con fecha 14 de marzo de 2017 (Fol. 303 y ss), Informe de DIRECCION005, emitido por la Coordinadora del programa de Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento a Menores Víctimas de Violencia Sexual, de fecha 20 de junio de 2017 (Fol. 358 y ss), Informe de DIRECCION005, emitido por la Coordinadora del programa de Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento a Menores Víctimas de Violencia Sexual, realizado a Fulgencio y Isidora, con fecha 23 de junio de 2017 (Fol. 358 y ss.).

Todos los aludidos menores han narrado detalladamente ante el Tribunal sentenciador la agresión a su indemnidad sexual. En el caso de Isidora, relata las agresiones sexuales desde un mes después de cumplir los nueve años, pues ella cumple en agosto y las mismas comenzaron a ocurrir en septiembre u octubre cuando empezaba el colegio ya que lo sabe porque ella precisamente nunca iba al mismo, y que estuvo ocurriendo hasta los 11 años, cesando en el 2014 con motivo de su ingreso en el centro de acogida. Manifiesta que todo empezó cuando a sus cuatro años de vida, su padre abandonó el domicilio, ya que su madre lo expulsó de casa, y para procurarse dinero, su madre la enviaba con un hombre para robarle y obligarle a "hacerle cosas", y si no quería, le pegaba o le amenazaba con pegarle. Que aunque el acusado lo intentó antes de los nueve años, su madre no quería que acudiera a las citas sola, pero a partir de los nueve años "ya no le defendió más en el aspecto sexual", y desde entonces, prácticamente a diario, tenía que acudir sobre las cuatro de la mañana al bar del referido acusado antes de que abrieran, y a las 7 de la mañana al domicilio del referido Bernardo, acudiendo a veces con su madre y la mayoría de las veces sola. También ocurría en su propia casa y su madre se quedaba en la parte de abajo.

Que lo primero que hacía era bajarle los pantalones, aunque ella no quería, pero él la agarraba o le decía que si no lo hacía se lo iba decir a su madre para que le pegara; que se tenía que abrir de piernas, se la tenía que "chupar a él". Siempre tenía que acudir a la misma hora que él calculaba que no había nadie. El acusado le decía que iba a quitarle la virginidad y que le compraría un móvil, que él intentaba penetrarla pero ella siempre se apartaba. Que en varias ocasiones lo ha tenido que hacer delante de su hermano y él también delante suya aunque no quería mirar, pero a él, obligándole, "se la metía por el culo".

Los jueces manifiestan su convicción, al señalar que sin lugar a duda podemos afirmar que las referidas declaraciones carecen de incredibilidad subjetiva ya que ha sido nota común en las mismas la tendencia a no exagerar los hechos, más bien a minimizarlos bien por el sentimiento de vergüenza o como forma de autoprotección, lo cual es una característica habitual en supuestos de agresiones sexuales continuadas a menores, y que ha sido apreciado en el presente supuesto por este Tribunal, no sólo a través de las declaraciones prestadas por Eugenia y Fulgencio en el acto de plenario y de la declaración mediante prueba preconstituida respecto de Isidora, negando actos concretos o de mayor gravedad por los que eran preguntados, sino comparando sus respectivas declaraciones en el juicio con sus declaraciones anteriores, siendo en relación a ello muy expresiva la comparación de las declaraciones sumariales de Eugenia y Fulgencio referidas por la defensa: así la primera en sede de instrucción afirmó haber sido víctima de dichos actos de agresión sexual a la temprana edad de 11 o 12 años, mientras que en el acto de plenario manifestó que ocurrieron a los 12 o 13 años; y Fulgencio en la prueba preconstituida afirmó que los referidos episodios le habrían ocurrido desde muy pequeño, desde los 10 u 11 años y "un montón de veces", si bien en el acto de juicio manifestó que estos hechos le habrían ocurrido a los 14 o 15 años y durante cinco o seis meses. Esto mismo se puso de manifiesto en los informes periciales practicados por los psicólogos de DIRECCION005 los cuales expresaron respecto de Fulgencio y respecto de Isidora, la inexistencia de ánimo espurio o de agrandar o dramatizar y ello como forma de tratar de protegerse frente a sentimientos de vergüenza o de culpa, de forma que tanto uno como otro pueden omitir los datos o los episodios de mayor gravedad porque son los que mayor desagrado y vergüenza le producen.

En segundo lugar, en lo concerniente al parámetro de la verosimilitud del testimonio o credibilidad objetiva, lo basa la jurisprudencia en la coherencia interna de la declaración y en el suplementario apoyo de datos objetivos de corroboración periférica. Los relatos de Eugenia, Fulgencio y Isidora presentan un enlace lógico entre las diversas partes de los mismos y además son expresados, en virtud de sus gestos y de la forma de su verbalización, con convencimiento, seguridad y firmeza en los elementos esenciales de los distintos delitos.

La Audiencia muestra los elementos de corroboración, en los siguientes datos objetivos:

1) Los tres testimonios aparecen corroborados por lo que se refiere a la contraprestación económica que recibían por parte de Bernardo cada vez que tenían un encuentro sexual con él, suma de dinero que tenían que entregársela a su madre, quien les pedía inmediatamente el dinero cuando regresaban a su domicilio. De la misma forma los tres testimonios aparecen corroborados entre sí por lo que se refiere a los malos tratos habituales y a la situación de abandono en la que estuvieron por la falta de cumplimiento de la acusada de sus deberes maternos, pues los tres hijos refieren múltiples agresiones y amenazas por parte de su madre a lo largo de su convivencia con la misma y los tres igualmente inciden en la situación de abandono en la que se encontraban por parte de su progenitora, teniendo que cuidar Eugenia y Isidora de sus hermanos menores (la primera de Fulgencio y Isidora y ésta última de su hermanastro Horacio) bajo agresiones o amenazas por parte de Camila, no acudiendo los mismos al colegio. Son testimonios coincidentes, que convergen en hechos similares, referidos cada uno de ellos, a la conducta de Bernardo con los menores. Esa coincidencia puede ser valorada por el Tribunal sentenciador en sentido corroborativo. Tal opción no infringe la presunción de inocencia, sino que proporciona un dato que, junto con los demás elementos y los informes periciales, permite a los jueces "a quibus" llegar a una conclusión convictiva.

La Audiencia igualmente analiza la prueba de descargo, ciertamente para no darla credibilidad, como es de ver en la sentencia recurrida, y que aquí damos por reproducido.

En consecuencia, no hay base alguna para sostener que se ha vulnerado el principio de presunción de inocencia, que ampara al recurrente, razón por la cual el motivo no puede prosperar.

Recurso de Camila.

TERCERO. - Se articula su recurso en cuatro motivos de contenido casacional, sin demasiada ortodoxia procesal, pero, en cualquier caso, la recurrente establece un apartado conjunto para determinar el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que autoriza cada motivo. Los tres primeros por pura infracción de ley, y el cuarto, por "error facti", al amparo de lo autorizado en el art. 849-2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Por el primer motivo, y por pura infracción de ley, "en relación con el artículo 21.1 y 2 del Código Penal".

En el desarrollo del motivo, en vez de un breve extracto de su contenido, la parte recurrente se limita a transcribir el cuarto fundamento jurídico de la sentencia recurrida, que es del siguiente tenor literal:

En cuanto a las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal se aprecia la agravante de parentesco del artículo 23 del Código Penal respecto de los delitos de prostitución de menores cometidos por Camila respecto de sus hijos y asimismo la atenuante de grave adicción del artículo 21.2 y la atenuante de alteración psíquica del artículo 21.1 del referido Código respecto de los dos delitos de maltrato habitual.

Señala la Audiencia con generosidad interpretativa, que en lo tocante a la atenuante de grave adicción tanto al alcohol como a las drogas, "aunque no existe ninguna documentación aportada por la defensa, se desprende de la declaración de los hijos de Camila, fundamentalmente de la declaración de Eugenia, de la declaración de Fulgencio y de las resoluciones de desamparo de éste último y de su hermana Isidora de donde resulta el consumo abusivo que del alcohol y de las drogas realizaba la acusada, y la atenuante de alteración psíquica resulta de la declaración de Eugenia en la que afirma que su madre tenía un tratamiento para los nervios sin especificar enfermedad, pero que no lo llevaba bien porque bebía, la cual se concreta en la documentación correspondiente al procedimiento de desamparo, como así resulta de la resolución provisional de desamparo de Fulgencio, en la que se afirma que Camila está diagnosticada de DIRECCION006, extremo que es confirmado por la propia acusada".

Mantiene el recurrente que no debió aplicarse la circunstancia atenuante conjunta de drogadicción y de la alteración mental solamente en el delito de maltrato habitual, sino en todos.

Pero como el motivo se ha formalizado por el cauce autorizado por el art. 849-1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, debemos acudir a los hechos declarados probados para su análisis. Dicen así: " Camila era al tiempo de los hechos consumidora habitual de drogas y alcohol y además estaba diagnosticada de DIRECCION006 siguiendo tratamiento farmacológico".

No se ha descrito en la resultancia fáctica la incidencia que tal consumo o afectación puede tener con respecto a los delitos de prostitución y agresión sexual, y hemos declarado que para apreciar una circunstancia que exima o aminore la imputabilidad del sujeto, es preciso no solo la presencia de la causa biopatológica, sino también la constatación de la afectación real de la bases de la imputabilidad y determinar la intensidad de tal afectación. No es suficiente, con ello, con precisar la causa que las origina, es obligado especificar los efectos producidos en el caso concreto ( STS 397/2019, de 12 de junio).

Es lógico pensar que tales atenuantes tienen mayor componente en la imputabilidad en los delitos de maltrato, por el impulso que originan en el sujeto, que la constatación del comportamiento más frío en la continuada prostitución de los propios hijos, que se describe en el factum.

Por ello, debemos entender que son insuficientes los datos exigidos para la apreciación de la pretendida atenuación en los delitos relacionados con la prostitución, pues no consta en los hechos probados la afectación que le provocó el consumo de drogas y alcohol ni el DIRECCION006 con tratamiento, con respecto a los delitos de agresión sexual y de prostitución, a los que se refiere el presente recurso. Cabe pensar por el contrario que al tratarse de hechos muy extendidos en el tiempo, no conllevan afectación de tipo alguno relacionada con cualquier grado de imputabilidad. En cualquier caso, los hechos probados guardan silencio al respecto.

Por lo demás, ya hemos visto que el fundamento fáctico relativo a las circunstancias modificativas, se conceden tales atenuantes prácticamente por la simple afirmación de los menores.

Por tanto, ante la ausencia de descripción fáctica de la afectación a la conciencia y voluntad de dicho consumo habitual de alcohol y drogas, ni del DIRECCION006 en la recurrente, no solo en el relato de hechos probados sino también en la fundamentación jurídica que podría servir de complemento a aquellos, hace inviable por el cauce casacional del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la apreciación de la pretensión atenuatoria que se postula por la recurrente.

Y, en todo caso, como pone con acierto de manifiesto el Ministerio Fiscal, la apreciación de la atenuación pretendida sería inoperante a efectos penológicos, toda vez que aún así a las penas resultantes también les sería de aplicación el límite de 20 años establecido en la sentencia y en el art. 76 del Código Penal.

El motivo no puede prosperar.

CUARTO. - El segundo motivo, formalizado igualmente por estricto "error iuris", interesa la subsunción de los hechos de prostitución coactiva respecto a Eugenia en el art. 188.2 del Código Penal, denunciando la indebida aplicación del art. 188.3 del propio texto legal, en su redacción anterior a la LO 1/2015, de 30 de marzo.

Así, respecto a Eugenia, la recurrente es autora de un delito continuado de prostitución de menores al ejecutarse los actos sexuales anteriores mediante precio previamente convenido, cometido por Camila y Bernardo de los artículos 188.3, en relación en el artículo 74.1 y 3 del Código Penal.

Los hechos probados declaran que: "... Al comenzar el período de adolescencia de Eugenia y con seguridad a partir de 2007, año en que Eugenia cumplió los 13 años de edad, Camila obligó a su hija Eugenia, con golpes o conminándole con agredirla, o con no darle de comer a que mantuviera encuentros de carácter sexual con Bernardo, a cambio de recibir de este una suma de dinero que previamente había concretado...".

Eugenia cumple los 13 años de edad en 2007, pero los hechos, "con seguridad" dice la Audiencia, se producen desde principios de año 2007, "a partir de 2007", razón por la cual el motivo no puede prosperar, puesto que hubo una franja temporal en la cual no tenía 13 años de edad (nació el NUM000 de 1994, a tenor de los hechos probados). Además, no tiene trascendencia penológica porque el delito más grave para aplicar la continuidad delictiva ha sido el delito continuado de agresión sexual (en el subtipo de vulnerabilidad de la víctima), dentro de una fracción penológica de 5 a 10 años de prisión, por aplicación de la continuidad delictiva (art. 74) y el carácter medial del delito (art. 77). Por ello, tampoco puede estimarse el motivo.

Además, Camila se prevalece de una situación de superioridad o parentesco, por ser su madre, para inducir a prostituir a sus hijos.

Por último, obsérvese que en el delito de agresión sexual no se ha aplicado respecto de Eugenia (el art. 183, menores de edad de 13 años), sino el 180 (con vulnerabilidad de la víctima). Y por lo que hace a la agravante de parentesco solamente se aplica respecto al delito de prostitución de menores, para no incurrir en un "non bis in idem".

QUINTO.- El tercer motivo, articulado igualmente por pura infracción de ley, al amparo de lo autorizado en el art. 849-1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denuncia la infracción del principio non bis in idem con respecto a la violencia o intimidación, pues dice que se ha aplicado de forma incompatible en los delitos de agresión sexual y, a la vez, en los de prostitución.

Concretamente, se denuncia "la aplicación indebida del artículo 178 y del art. 180.1 3ª y 4ª respecto a Eugenia; del art. 180.1 3ª y 4ª respecto a Fulgencio; y del artículo 183. 2 , y 4 d) del CP respecto a Isidora, en relación al principio ne bis in idem y al principio de proporcionalidad de las penas".

Termina su argumento señalando que con respecto a la especial vulnerabilidad de la víctima por la edad, si la misma ya se ha tenido en cuenta para aplicar el tipo básico, no debe volverse a aplicar ex art. 180-3º del Código Penal porque se estaría valorando dos veces dando vida a dos expedientes agravatorios fundados en una misma situación fáctica - SSTS 510/2007 de 21 de Mayo; 1697/2000 de 9 de Noviembre y 23 de Septiembre de 2010-.

Pero en el caso de autos, la violencia e intimidación integra el delito de agresión sexual, mientras que la situación de superioridad de la víctima, el delito de prostitución de menores.

Como dice acertadamente el Ministerio Fiscal, debe destacarse que en el presente supuesto la violencia e intimidación que se producen en cada una de las situaciones son absolutamente independientes y con carácter continuado.

La actuación ilícita de la recurrente se venía "desarrollando al menos desde el año 2007 hasta el 2009 inclusive respecto de Eugenia, durante al menos cinco o seis meses en el periodo temporal de 2013-2014 respecto de su hermano Fulgencio y desde al menos el año 2012 al 2014 respecto de Isidora, siguiendo Camila y Bernardo el mismo método criminal, repitiendo las mismas actuaciones, las mismas pautas y en general los mismos lugares en el caso de los tres menores".

En definitiva, los hechos probados están correctamente subsumidos produciéndose un concurso medial entre los delitos continuados de agresiones sexuales y los delitos continuados de prostitución, toda vez que convergen en los mismos la relación de medio a fin: para Bernardo la prostitución de los menores era medio necesario para acceder a ellos sexualmente, mientras que para Camila las agresiones sexuales de sus hijos era medio necesario para conseguir como fin la explotación económica de los mismos.

No se produce doble incriminación, toda vez que la intimidación y la violencia continuada ejercidas sobre los menores son elementos configurados de ambos tipos penales. Se producen numerosas actuaciones violentas e intimidatorias por parte de la recurrente sobre los menores que tienen carácter individualizado y continuado en cada una de las víctimas y en cada uno de los delitos.

El motivo no puede prosperar.

SEXTO. - En el cuarto motivo, y por la vía autorizada en el art. 849-2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se denuncia error en la valoración de la prueba, a base de los informes periciales que se citan y relacionan en el desarrollo del motivo.

La jurisprudencia de esta Sala exige para que pueda estimarse este motivo, que concurran los siguientes requisitos: a) que se invoque tal error de hecho en la apreciación de las pruebas, de modo que tenga significación suficiente para modificar el sentido del fallo, pues en caso contrario estaríamos en presencia de una simple corrección de elementos periféricos o complementarios; b) que se citen con toda precisión los documentos en que se base la queja casacional, incorporados a la causa, con designación expresa de aquellos particulares de donde se deduzca inequívocamente el error padecido; c) que tales documentos sean literosuficientes, es decir, que basten por sí mismos para llegar a la conclusión acreditativa que se pretende, evidenciando el objeto de prueba sin necesidad de acudir a otras fuentes probatorias o a complejos desarrollos argumentales; d) que su eficacia probatoria no haya sido desvirtuada o contradicha merced a otras pruebas que obren igualmente en la causa; e) que el recurrente lleve a cabo, al menos, una mínima justificación argumental como causa de la impugnación; f) que el recurrente proponga una nueva redacción del "factum" derivada del error de hecho denunciado en el motivo; y g) que tal rectificación del "factum" no es un fin en sí mismo, sino un medio para crear una premisa distinta a la establecida y, consiguientemente, para posibilitar una subsunción jurídica diferente de la que se impugna.

Sin embargo, tales documentos no tienen el carácter de documento literosuficiente, toda vez que han sido sometidos, junto con el resto de las pruebas a la crítica y valoración razonada del Tribunal a quo de conformidad con el art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Como dice el Ministerio Fiscal, no se trata de informes periciales, sino de documentos que relatan los diversos pasos que se han dado por la Administración de la Junta de Andalucía para proteger a los menores.

No se trata de documentos literosuficientes que acrediten que los hechos no se produjeron en la forma narrada por la sentencia recurrida.

Hemos analizado en el recurso del anterior acusado, la prueba con la que contó el Tribunal sentenciador.

En consecuencia, el motivo no puede prosperar.

Costas procesales.

SÉPTIMO.- Las costas procesales se imponen a los recurrentes al proceder la desestimación de los recursos ( art. 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

1. - DESESTIMAR el recurso de casación interpuesto por las representaciones legales de los encausados DON Bernardo y DOÑA Camila contra Sentencia de fecha 7 de marzo de 2019 de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla.

2. - CONDENAR a dichos recurrentes al pago de las costas procesales ocasionadas en la presente instancia por sus respectivos recursos.

3. - COMUNICAR la presente resolución a la Audiencia de procedencia a los efectos legales procedentes, con devolución de la causa que en su día remitió, interesándole acuse de recibo.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

Manuel Marchena Gómez Julián Sánchez Melgar Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre

Vicente Magro Servet Eduardo de Porres Ortiz de Urbina