SAP Madrid 69/2020, 4 de Marzo de 2020

PonentePABLO QUECEDO ARACIL
ECLIES:APM:2020:5265
Número de Recurso728/2019
ProcedimientoAbstención / Recusación Jueces y Magistrados
Número de Resolución69/2020
Fecha de Resolución 4 de Marzo de 2020
EmisorAudiencia Provincial - Madrid, Sección 14ª

Audiencia Provincial Civil de Madrid

Sección Decimocuarta

c/ Santiago de Compostela, 100, Planta 6 - 28035

Tfno.: 914933893/28,3828

37007740

N.I.G.: 28.079.00.2-2018/0055491

Recurso de Apelación 728/2019

O. Judicial Origen: Juzgado de 1ª Instancia nº 49 de Madrid

Autos de Procedimiento Ordinario 372/2018

APELANTE: MINISTERIO FISCAL

APELADO: D. Isidro

PROCURADOR Dña. MARIA JESUS LORENZO CUESTA

SENTENCIA

ILMOS/AS SRES./SRAS. MAGISTRADOS/AS:

D. PABLO QUECEDO ARACIL

D. JUAN UCEDA OJEDA

Dña. PALOMA GARCÍA DE CECA BENITO

En Madrid, a cuatro de marzo de dos mil viente.

Siendo Magistrado Ponente D. PABLO QUECEDO ARACIL

La Ilma. Audiencia Provincial de esta Capital, constituida por los Sres. que al margen se expresan, ha visto en trámite de apelación los presentes autos civiles sobre procedimiento Ordinario 372/2018 seguidos en el Juzgado de 1ª Instancia Nº 49 de Madrid, en los que aparece como parte apelante el MINISTERIO FISCAL y como parte apelada D. Isidro representado por la Procuradora Dña. MARIA JESUS LORENZO CUESTA y defendido por el Letrado D. EDUARDO FERNANDEZ CERDEIRIÑA, todo ello en virtud del recurso de apelación interpuesto contra Sentencia dictada por el mencionado Juzgado, de fecha 16/05/2019

Se aceptan y se dan por reproducidos en lo esencial, los antecedentes de hecho de la Sentencia impugnada en cuanto se relacionan con la misma.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Por el Juzgado de 1ª Instancia nº 49 de Madrid se dictó Sentencia de fecha 16/05/2019 cuyo fallo es del tenor siguiente:

"Que estimo la demanda formulada por la Procuradora doña María Jesús Lorenzo Cuesta en nombre y representación de don Isidro, contra el MINISTERIO FISCAL, declaro la validez de los documentos que se aportan con la demanda y por tanto que la fecha de nacimiento de don Isidro es el NUM000 de 2001.

Todo ello sin especial pronunciamiento en cuanto a las costas causadas".

SEGUNDO

Notificada la mencionada resolución, contra la misma se interpuso recurso de apelación por la parte demandada MINISTERIO FISCAL, al que se opuso la parte apelada D. Isidro, y tras dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 457 y siguientes de la LEC, se remitieron las actuaciones a esta sección, sustanciándose el recurso por sus trámites legales.

TERCERO

Por Providencia de esta Sección, se acordó para deliberación, votación y fallo el día 19/02/2020

CUARTO

En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas las prescripciones legales.

No se aceptan los fundamentos jurídicos de la sentencia apelada

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO

El debate.

El actor formuló demanda contra el Ministerio Fiscal, ejercitando acción de tutela de sus derechos fundamentales.

Alega la documentación aportada con la demanda, consistente en tarjeta de identidad consular, certificado de inscripción consular, y la copia del acta de nacimiento, se acredita su identidad y fecha de nacimiento.

El Decreto de Fiscalía fija su fecha de nacimiento basándose en unas pruebas isométricas, y obvia la existencia de esta documentación, no habiendo tenido asistencia Letrada ni de su representante cuando fue citado en Fiscalía de Menores de Madrid.

Además si se hubiera designado al actor, en aquel momento menor de edad, Defensor Judicial, se hubiera podido revisar la conducta seguida por La Administración Tutelar y por la Fiscalía de Menores, se le hubiera evitado el menoscabo y desamparo causado, al no haber podido hacer valer su documentación y defenderse en igualdad de armas.

El Ministerio Fiscal contestó, alegando la falta de fiabilidad de los documentos auto certificados o "self service", que son aquellos en el que el funcionario extranjero extiende la fecha de nacimiento que le da el solicitante del documento, sin realizar comprobación alguna en una fuente objetiva, no siendo aplicable la doctrina del Tribunal Supremo.

En este caso el actor no era portador de pasaporte o documento equivalente de identidad que se considere válido para tal fin en virtud de convenios internacionales suscritos por España. Añadiendo que el Decreto tiene efectos provisionalísimos, no supone resolución definitiva sobre la edad de una persona que podrá ser sometida a pruebas complementarias en otros procedimientos.

La sentencia de instancia estimo la demanda

SEGUNDO

Recurso del M.F.

Partimos de su alegación segunda, ya que la primera se dedica a relatar antecedentes del caso

SEGUNDA

APELACIÓN POR INFRACCIÓN PROCESAL. FALTA DE JURISDICCIÓN Y FALTA DE COMPETENCIA OBJETIVA. INFRACCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 9.4, 85 Y 90 LOPJ.

Señala el ATC Sala 1" de 9 septiembre de 2013: " De lo expuesto hasta aquí, y en el mismo sentido nos manifestábamos en el ATC 151/2013 EDI 2013/158808 puede deducirse "que hay una falta de previsión legal respecto de recurso directo contra el decreto de determinación de edad, mas ello en modo alguno permite a los recurrentes acudir directamente al recurso de amparo constitucional, dada su naturaleza :subsidiaria, puesto que tal como se subraya en la citada Consulta 1/2009 los interesados tienen abierta la vía jurisdiccional ordinaria para impugnar las resoluciones del Ministerio Fiscal en esta materia.

La determinación de la edad de un menor indocumentado se adopta por una resolución interlocutoria, que reviste los caracteres de cautelar y provisionalísima, y que se desarrolla en el ejercicio de las competencias del Ministerio Fiscal en materia de protección de menores, por lo que la resolución se integra en el conjunto de medidas protectoras o de otra naturaleza que se adoptan a raíz de la fijación de la edad que realiza el Fiscal. Tales

medidas son desde luego impugnables en vía judicial, ya sea ante la jurisdicción civil, cuando se trata de medidas de protección de menores, por lo vía del proceso especial de oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores del art. 780 de la Ley de enjuiciamiento civil, ya sea ante la jurisdicción contencioso administrativas, cuando se trata de medidas administrativas que *clan al estatuto del extranjero, ya sea mediante el ejercicio de otras acciones contempladas en el ordenamiento procesal en función del contenido de las medidas adoptadas".

De lo anterior se desprende la falta de competencia del Juzgado para conocer de la pretensión que se solicita. No porque los Juzgados de Primera Instancia no puedan conocer de determinadas pretensiones relacionadas con el Decreto de Fiscalía sino por razón de lo que se pide y se concede finalmente en la sentencia. Entendemos que este juzgado sería competente si lo que se hubiera ventilado fuera una posible vulneración de los derechos fundamentales en la actuación del Ministerio Fiscal que da lugar al Decreto y si se hubiera solicitado cualquier medida que no fuera la revocación del mismo, ya que esa revocación excede de las competencias de este Juzgado conforme señala el ATC citado. Y ello al margen de que, a la vista de los fundamentos de la sentencia que se recurre, no se ha apreciado vulneración de derecho fundamental alguno y se ha entrado a evaluar cuestiones de legalidad ordinaria del Decreto dictándose un pronunciamiento de carácter general sobre el estado civil del demandante, más allá del limitado alcance de los efectos del Decreto del Fiscal que se recogen en el ATC citado. Por tanto, resulta que este Juzgado carecería de competencia para conocer de la demanda en los términos planteados en la misma (y aceptados por el juzgador) puesto que si se hubiera solicitado una medida protectora mediante la oposición a la resolución final de la CAM (respecto de la cual el Decreto del Fiscal no es más que un eslabón) la competencia objetiva correspondería a los juzgados de Familia. Y si lo fuera por vulneración de su condición extranjero correspondería a la jurisdicción contenciosa administrativa.

TERCERA

INFRACCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 144, 323 y 319.1° Y DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL.

La Sentencia de fecha 1 615/20 19 dictada por el Juzgado de Primera Instancia Nº 49 de Madrid estima la demanda formulada por la representación procesal de D. Isidro contra el Ministerio Fiscal y declara la validez de los documentos que se aportan con la demanda y por tanto la fecha de nacimiento de D. Isidro es el NUM000 de 2001.

La citada resolución se estima que no es ajustada a Derecho por incorrecta aplicación de los artículos 144, 323, 319.1° y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En relación con los documentos aportados cuya validez se solicita que se declare en éste procedimiento y que se acuerda por el Juzgador de instancia en la Sentencia de fecha 16/5/2019 (documentos n° 3, 4, 5 y 6), fueron impugnados expresamente en el escrito de contestación a la demanda por el Ministerio Fiscal por falta de autenticidad y por no estar debidamente traducidos al idioma castellano,

En relación con. los documentos denominados acta de nacimiento (documentos Nº 3) y certificación judicial de nacimiento (documentos Nº 4) consta que están redactados en idioma francés y no que se aporta la correspondiente traducción, ni privada, ni oficial, de conformidad con lo dispuesto en el art. 144.1 Artículo 144 de la LEC que establece: "Documentos redactados en idioma no oficial.

  1. A todo documento redactado en idioma que no sea el castellano o, en su caso, la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma de que se trate, se acompañará la traducción del mismo. ".

    La LEC dispone, por tanto, que todo documento que se aporte redactado en un idioma extranjero debe ser traducido, siendo que el órgano juzgador debe poder entender el contenido de los documentos de prueba aportados con la demanda, de otro modo no podrá valorarlos, siendo un defecto que puede ser subsanado aportando su traducción antes de la celebración del juicio, por la parte que invoca su validez, pues si no se subsana...

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