STS 433/2020, 18 de Mayo de 2020

Resolución recurrida en casación.

En el procedimiento ordinario núm. 4/500/2016, seguido en la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con fecha 27 de septiembre de 2017, se dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

"FALLO. Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Generalitat Valenciana, contra la resolución del T.E.A.R. de la Comunidad Valenciana de fecha 15 de marzo de 2015 estimatoria de la reclamación económico-administrativa NUM000 interpuesta contra liquidación NUM001 del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, y por importe de 7.245,51 €; y todo ello condenando en costas a la actora en cuantía máxima de 1.200 € por todos los conceptos".

Preparación del recurso de casación.

Notificada dicha sentencia a las partes, por el Letrado de los Servicios Jurídicos de la Generalidad Valenciana, en la representación que ostenta, se presentó escrito con fecha 15 de noviembre de 2017, ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, preparando recurso de casación, y la Sala, por auto de 20 de noviembre de 2017, tuvo por preparado el recurso de casación, con emplazamiento de las partes ante esta Sala Tercera del Tribunal Supremo, habiendo comparecido, dentro del plazo de 30 días señalado en el artículo 89.5 LJCA, como parte recurrente, la Generalidad Valenciana, representada y asistida por el Letrado de sus Servicios Jurídicos la entidad Soluciones Sila, S.L, y como partes recurridas la Administración General del Estado, representada y asistida por el Sr. Abogado del Estado y Dº. Benedicto, representado por la procuradora de los Tribunales Dª. Beatriz Sánchez-Vera y Gómez-Trelles, bajo la dirección letrada de Dº. Miguel Gálvez Álvarez.

Admisión del recurso.

Recibidas las actuaciones en este Tribunal, la Sección Primera de esta Sala acordó, por auto de 14 de febrero de 2018, la admisión del recurso de casación, en el que aprecia que concurren en este recurso de casación las circunstancias de interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia previstas en los apartados 3.a) y 2.c) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, precisando que:

"2º) La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en:

Determinar si la aportación de bienes inmuebles a una sociedad, a cambio de participaciones, cuando tal aportación supera el valor de las participaciones, y conlleva la asunción de una deuda que grava tales inmuebles, supone la realización de uno o dos hechos imponibles del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

3. ) Identificar como normas jurídicas que, en principio, será objeto de interpretación los artículos 1.2, 4 y 7.2.A) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre".

Interposición del recurso de casación y oposición.

Recibidas las actuaciones en esta Sección Segunda, el Letrado de los Servicios Jurídicos de la Generalidad Valenciana, en la representación que ostenta, por medio de escrito presentado el 12 de abril de 2018, interpuso recurso de casación, en el que expuso que las normas infringidas por la sentencia impugnada son: los artículos 1.2, 4 y 7.2.A) del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (LITPAJD).

La recurrente manifiesta que la sentencia recurrida concluye que se ha producido una única convención, sujeta a la modalidad de operaciones societarias, mientras que de la regulación normativa se desprende que existen dos convenciones o negocios, recogidos en un único documento notarial, y por ello dos hechos imponibles gravados por el ITP-AJD, uno en su modalidad de operaciones societarias (cosa que no se discute) y otro en su modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas.

Considera que la Sala de instancia, si hubiera aplicado correctamente los preceptos que considera infringidos, debería haber concluido que la aportación de bienes inmuebles a la sociedad, a cambio de participaciones, al superar tal aportación el valor de las participaciones y conllevar la asunción de una deuda que grava tales inmuebles, suponía la realización de los dos referidos hechos imponibles del ITP-AJD; el primero gravado por la modalidad de operaciones societarias, y el segundo, por la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas; es decir, nos hallamos ante una primera operación jurídica o convención, como es la aportación de un bien para la ampliación de capital o constitución de una sociedad; y ante una segunda operación jurídica o convención, como lo es la transmisión de un bien por valor superior al de las participaciones que se suscriben, a cambio de la asunción de una deuda que tenía el transmitente y de la que se hace cargo la sociedad.

En su apoyo, la recurrente, cita diversas sentencias de Tribunales Superiores de Justicia, una consulta de la Dirección General de Tributos V0549/08 y la sentencia del Tribunal Supremo de 1-7- 2013, dictada en el recurso de casación 713/2012.

Tras las anteriores alegaciones, la parte recurrente solicitó a la Sala que "dite sentencia que, estimando el recurso de Casación, case y anule la Sentencia Nº 1364/17, de 27/09/2017, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sección Cuarta, en el Procedimiento Ordinario N.º 04/500/2016; declarando que la aportación de bienes inmuebles a una sociedad, a cambio de participaciones, cuando tal aportación supera el valor de las participaciones, y conlleva la asunción de una deuda que grava tales inmuebles, supone la realización de dos hechos imponibles del ITP-AJD; el primero gravado por la modalidad de operaciones societarias y, el segundo, por la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas".

Por su parte, la procuradora doña Beatriz Sánchez-Vera y Gómez-Trelles, en nombre y representación de don Benedicto, por escrito presentado con fecha 16 de mayo de 2018, formuló oposición al recurso de casación manifestado que los postulados mantenidos tanto por esta parte como por la Abogacía del Estado tienen su base en los artículos 1.2 y 4 del ITP-AJD, y que la aportación de un patrimonio a una sociedad aportando no solo bienes, sino también determinados débitos, puede contemplarse como adjudicación en pago de asunción de deudas, pero al formar parte esa aportación de una operación societaria, no es posible desligarla de la misma, por lo que no puede quedar sujeta a la modalidad de TPO ni a la de AJD dada su incompatibilidad con la de operaciones societarias.

Así, la sentencia recurrida considera el valor neto de los inmuebles aportados a la sociedad era más que suficiente para suscribir el nominal de las participaciones, y concluye que la escritura objeto de imposición dejaba claro que era solo una convención sujeta al impuesto y que concurría exclusivamente la modalidad de operaciones societarias. La recurrida manifiesta, además, que la operación societaria que nos ocupa ha sido tratada por diferentes sentencias dictadas por TSJ, dando lugar a pronunciamientos de diversa índole, y que Directiva 2008/7/CE reafirma su consideración como aportaciones de capital que solo pueden ser grabadas por operaciones societarias permitiendo la deducción de las obligaciones asumidas.

Tras las alegaciones anteriores, terminó suplicando a la Sala "dicte Sentencia desestimando íntegramente el Recurso de Casación interpuesto por LA GENERALITAT VALENCIANA contra la Sentencia nº 1364/17, de fecha 27 de septiembre de 2.017, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sección 4ª, en el Procedimiento Ordinario nº 4/400/2016, declarándola ajustada a derecho por los motivos que en la misma constan, y en consecuencia, que la operación y escritura objeto de imposición a los efectos que nos ocupan suponía una sola convención sujeta al Impuesto, concurriendo únicamente la modalidad de operaciones societarias con arreglo a los criterios mencionados en el cuerpo de este escrito y se imponga al recurrente las costas procesales".

Asimismo, el Sr. abogado del Estado, por medio de escrito presentado con fecha 11 de junio de 2018, también formalizó su oposición al recurso manifestando que se opone al recurso de casación por las razones que figuran en el expediente administrativo y en la sentencia de instancia, teniendo en cuenta que es a los jueces a quo a los que corresponde la calificación de los contratos y, desde este punto de vista, la declaración de que existe una sola convención, que constituye una aportación no dineraria de suscripción de participaciones, no es ilógica o arbitraria, lo que permitiría, en el caso concreto, mantener el criterio seguido en la instancia.

Tras las anteriores alegaciones, terminó suplicando a la Sala "dicte sentencia por la que se desestime el recurso de casación, confirmando la sentencia recurrida ".

Señalamiento para deliberación del recurso.

Por providencia de fecha 9 de julio de 2018, el recurso quedó concluso y pendiente de votación y fallo, al no haber lugar a la celebración de vista pública por no advertir la Sala la necesidad de dicho trámite. Llegado su turno, se señaló para deliberación, votación y fallo el 21 de enero de 2020, prolongándose el debate en sesiones sucesivas.

El ponente inicialmente designado (el magistrado don José Antonio Montero Fernández) manifestó su discrepancia con el criterio adoptado por la mayoría, declinando elaborar el texto de la sentencia, lo que llevó al presidente de la Sección -a tenor del turno establecido- a designar ponente del asunto al magistrado don Jesús Cudero Blas.

Objeto del recurso de casación y cuestión con interés casacional.

Es objeto del presente recurso de casación la sentencia de 27 de septiembre de 2017, dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, desestimatoria del recurso contencioso administrativo interpuesto por la Generalitat Valenciana frente a la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de dicha Comunidad Autónoma de fecha 15 de marzo de 2015, que había estimado la reclamación económico administrativa interpuesta contra liquidación NUM001 y por importe de 7.245,51 euros.

Los hechos relevantes para la solución del caso son, a tenor de las actuaciones procesales y las alegaciones de las partes, los siguientes:

1. Con fecha 3 de mayo de 2012 se otorga escritura de constitución de la mercantil ACB 2221 ALICANTE, SL, en la cual don Benedicto, en pago de las participaciones sociales que adquiere por importe de 58.000 euros, aporta a la sociedad cuatro fincas, tasadas todas ellas en 152.303,90 euros y gravadas con hipoteca con un porte pendiente de pago de 25.196,27 euros.

2. El importe de la deuda pendiente de amortizar fue íntegramente asumido por la sociedad receptora de la aportación.

3. El sujeto pasivo autoliquidó el impuesto sobre la modalidad "operaciones societarias" teniendo en cuenta exclusivamente el valor de las participaciones sociales suscritas y descartando que la asunción de deuda tuviera relevancia fiscal alguna.

4. La Administración de la Comunidad Valenciana, por el contrario, consideró que el acto comprendía una segunda convención, consistente en la asunción de deuda por la sociedad referida al crédito hipotecario que garantizaban las fincas aportadas, hecho imponible sometido a la modalidad de transmisiones onerosas del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y sujeto a tributación independiente.

El auto de admisión, dictado el 14 de febrero de 2018, considera que concurre el interés casacional objetivo que define el artículo 88.2.a) LJCA, señalando que la misma consiste en:

"Determinar si la aportación de bienes inmuebles a una sociedad, a cambio de participaciones, cuando tal aportación supera el valor de las participaciones, y conlleva la asunción de una deuda que grava tales inmuebles, supone la realización de uno o dos hechos imponibles del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados".

Asimismo, identificó como normas jurídicas que, en principio, será objeto de interpretación los artículos 1.2, 4 y 7.2.A) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.

Los términos de la polémica.

1. Como se sigue del fundamento precedente, la cuestión no es pacífica, al punto que diferentes Tribunales Superiores de Justicia han dado respuestas contradictorias, considerando (como la Sala de Madrid) que en una operación como la descrita hay dos convenciones sujetas a las dos modalidades impositivas o (como las Salas de Valencia o de Andalucía) que solo podía gravarse por "operaciones societarias", pues la aportación de bienes "engloba" la asunción de deuda.

2. En la sentencia de esta misma Sala y Sección de 1 de julio de 2013 (recurso de casación núm. 713/2012) se acogió el criterio de la existencia de dos hechos imponibles en los siguientes términos:

   "La Sala de instancia en su fundamento segundo describió la operación documentada en la escritura pública del 4 de diciembre de 2007, que sirvió de sustento a la liquidación combatida.

   La sociedad citada decidió ampliar el capital social en nueve millones ochocientos quince mil doscientos ochenta euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 981.528 participaciones sociales de diez euros de valor nominal cada una, a la que acudieron Caja Segovia y Caja Círculo, suscribiendo 245.382 participaciones e ingresándolas en la cuenta de "Desarrollos Inmobiliarios".

   Consulting 2001 Inmobiliaria, SL suscribió 490.764 participaciones sociales y para el pago de las mismas transmitió a la entidad emisora el pleno dominio de las 28 fincas que iban a formar parte como suelo urbanizable delimitado (SUD) del Sector número 10 y 11 del Plan General de Ordenación Urbana Aldeatejada (Salamanca), así como las hipotecas que gravaban cada una de las fincas aportadas, y en cuya obligación de pago se subrogó "Desarrollos Inmobiliarios", incluida la obligación personal con ellas garantizada. Para el cálculo del valor de la aportación se descontó la suma pendiente de amortizar del préstamo hipotecario, adjudicándose las participaciones por el valor neto de las fincas, que ascendió a 4.907.640 €, valor nominal de las participaciones suscritas (...).

   Con buen criterio, la sentencia impugnada consideró que se había realizado el hecho imponible del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, puesto que junto a la operación societaria por la que inicialmente tributó la mercantil, se materializó una entrega de bienes inmuebles con asunción de deudas pendientes, hecho imponible recogido en el artículo 7.2 del Texto Refundido de 1993.

   Prueba evidente del doble negocio jurídico llevado a cabo es que, para la suscripción del capital ampliado, se descontó y no se computó el importe de la deuda asumida con la entrega de los bienes inmuebles y en la que se subrogó íntegramente "Desarrollos Inmobiliarios".

3. En definitiva, como se pone de manifiesto en el auto de admisión, el núcleo de la polémica gira en torno a si en las operaciones societarias consistentes en la ampliación de capital (como fue el caso que se resolvió en la sentencia antes citada), o de constitución de sociedad (caso que ahora nos ocupa), existe una única operación sujeta a la modalidad "operaciones societarias", o, además, una segunda convención de adjudicación en pago de asunción de deudas por los bienes inmuebles que se entregan al asumir la deuda hipotecaria que los grava.

La normativa aplicable.

1. El artículo 7.2 del Real Decreto Legislativo 1/1993 regula una serie de operaciones que no cabe calificar, realmente, como transmisiones, sino como un conjunto de actos que legalmente se asimila o equipara a las transmisiones patrimoniales a efectos del gravamen por este concepto. Concretamente:

   "Se considerarán transmisiones patrimoniales a efectos de liquidación y pago del impuesto: A) Las adjudicaciones en pago y para pago de deudas, así como las adjudicaciones expresas en pago de asunción de deudas".

   En el caso que nos ocupa estamos ante la adjudicación en pago de asunción de deuda, que produce un cambio del deudor primitivo por el adjudicatario del bien o derecho y del que deriva un desplazamiento patrimonial.

2. El art. 19.1.1º del texto refundido de la ley del impuesto establece, en relación con las operaciones societarias, que:

   "Son operaciones societarias sujetas: 1. La constitución, aumento y disminución de capital, fusión, escisión y disolución de sociedades".

3. El artículo 1.2 del mismo texto legal señala que las dos modalidades que estamos analizando ("operaciones societarias" y "transmisiones patrimoniales onerosas") son entre sí incompatibles, pues

   "En ningún caso, un mismo acto podrá ser liquidado por el concepto de transmisiones patrimoniales onerosas y por el de operaciones societarias".

4. El artículo 4 del texto refundido dispone, matizando aquella incompatibilidad cuando sean apreciables varias convenciones en un solo documento o concreto, que:

   "A una sola convención no puede exigírsele más que el pago de un solo derecho, pero cuando un mismo documento o contrato comprenda varias convenciones sujetas al impuesto separadamente, se exigirá el derecho señalado a cada una de aquéllas, salvo en los casos en que se determine expresamente otra cosa".

5. En cuanto a la base imponible, el artículo 25.1 de la ley del impuesto la define, en una operación societaria como la que nos ocupa, afirmando:

   "En la constitución y aumento de capital de sociedades que limiten de alguna manera la responsabilidad de los socios, la base imponible coincidirá con el importe nominal en que aquél quede fijado inicialmente o ampliado con adición de las primas de emisión, en su caso, exigidas".

   Quiere ello decir, por tanto, que la base imponible coincide con el importe neto del capital social que responde al valor de las aportaciones evaluables económicamente de los socios, de manera que la suma en que consiste el capital social debe coincidir con la suma de las aportaciones de los socios, que en todo caso es una cifra positiva -aún cuando las aportaciones sean de activos y pasivos-, coincidente con la cifra neta de la aportación.

6. Y el artículo 10 del repetido texto legal se refiere así a la base imponible en la modalidad de transmisiones patrimoniales:

   "La base imponible está constituida por el valor real del bien transmitido o del derecho que se constituya o ceda. Únicamente serán deducibles las cargas que disminuyan el valor real de los bienes, pero no las deudas aunque estén garantizadas con prenda o hipoteca".

   De esta suerte, si consideráramos que en la escritura de 3 de mayo de 2012 existen -a efectos tributarios- dos convenciones, la base imponible del impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas estaría constituida por el valor real de la parte del inmueble transmitido que se corresponde con el equivalente de la deuda adjudicada.

El criterio de este Tribunal y la respuesta a la cuestión interpretativa que suscita el auto de admisión .

1. El análisis de la escritura pública de 3 de mayo de 2012, de constitución de sociedad mediante la aportación de inmuebles y asunción de deuda, pone de manifiesto, prima facie, que las partes acuerdan (i) la suscripción de participaciones por valor de 58.000 euros del capital social de la entidad SOCIEDAD LIMITADA ACB 2221 ALICANTE -que se constituye en ese acto- por don Benedicto, (ii) mediante la aportación de cuatro inmuebles hipotecados valorados en 152.303,90 euros, (iii) que garantizan una deuda hipotecaria pendiente de amortizar por valor de 25.296,27 euros y (iv) con asunción por parte de SOCIEDAD LIMITADA ACB 2221 ALICANTE de la citada deuda pendiente.

   De esta forma, el valor neto de los inmuebles aportados a la sociedad era suficiente para suscribir el nominal de las participaciones, pues los inmuebles -descontada la carga real que pesaba sobre ellos- tenían un valor superior al de las participaciones que se suscriben.

2. Con independencia -por el momento- de su repercusión tributaria, es evidente que las partes efectúan dos convenciones perfectamente delimitadas y separables: la primera, la suscripción del capital mediante la aportación de inmuebles hipotecados; la segunda, la asunción -por la entidad de nueva constitución- del crédito hipotecario.

   Decimos que tales convenciones son separables por la razón esencial de que no hay obstáculo legal para que la primera se produzca sin que tenga lugar la segunda. O, dicho con más precisión, es posible que las fincas hipotecadas se aporten a la sociedad sin que ésta asuma el crédito hipotecario pendiente.

   Y ello es así, entendemos, tanto si el valor neto de los inmuebles supera el capital suscrito, como aquí sucede, como si ese valor es plenamente coincidente con el de las aportaciones que se adquieren, que existen dos negocios jurídicos perfectamente identificables y autónomos.

   En otras palabras, es posible la operación societaria en sentido estricto (constitución de una sociedad y adquisición de las participaciones sociales mediante la aportación de inmuebles hipotecados) sin necesidad de que la entidad de nueva creación asuma el crédito hipotecario pendiente, sea el valor neto de los inmuebles superior o igual al del capital suscrito.

3. La circunstancia que acaba de señalarse permite extraer una primera e importante consecuencia: no puede sostenerse válidamente que la escritura que nos ocupa expresara -a efectos tributarios- una sola convención -como señala la Sala de instancia- o que la asunción de deuda hipotecaria quede "absorbida" por la aportación de los inmuebles o sea fiscalmente irrelevante -a efectos de transmisiones patrimoniales onerosas- cuando, como se ha visto, puede constituirse la mercantil SOCIEDAD LIMITADA ACB 2221 ALICANTE mediante la aportación de fincas hipotecadas sin asunción de la deuda hipotecaria pendiente, esto es, sin que la sociedad de nueva constitución se obligue al pago de un crédito que podría seguir siendo de cargo exclusivo del deudor hipotecario.

4. Si ello es así -y aquí sí procede ya analizar la relevancia fiscal del negocio que nos ocupa- resulta de plena aplicación el artículo 4 del texto refundido de la ley del impuesto, según el cual -y como excepción a la regla de no sometimiento a gravamen de una sola convención- resulta obligado exigir el tributo que corresponda a cada una de ellas "cuando un mismo documento o contrato comprenda varias convenciones sujetas al impuesto separadamente".

   Y es que, identificadas esas dos convenciones, cada una de ellas constituye el hecho imponible de dos modalidades previstas en la ley del impuesto: operaciones societarias (por la constitución de SOCIEDAD LIMITADA ACB 2221 ALICANTE, ex artículo 19.1.1 del texto refundido) y transmisiones patrimoniales onerosas (por la asunción de deuda por SOCIEDAD LIMITADA ACB 2221 ALICANTE del crédito hipotecario pendiente que grava las fincas aportadas por don Benedicto, ex artículo 7.2 del mismo texto legal).

5. Existe, además, un argumento complementario del puramente literal y que está relacionado -nuevamente- con la posibilidad de la aportación de inmuebles hipotecados sin asunción de deuda.

   En un supuesto como en el que nos ocupa, aparecen dos indicadores de capacidad económica ( artículo 31.1 CE) perfectamente identificables: la aportación de los inmuebles y la asunción de deuda por el crédito hipotecario que aún grava los inmuebles aportados, pues -no lo olvidemos- la primera de las convenciones es perfectamente posible sin la segunda y, por ello, no tiene porqué estar vinculada a ella.

6. El argumento de la base imponible tampoco es relevante. Se desprende de la ley (en la modalidad "operaciones societarias") que la base imponible se corresponde con la suma del capital social y que ésta debe coincidir con la cifra neta de la aportación.

   Pero ello no significa en modo alguno que eso impida gravar la asunción de deuda por "transmisiones patrimoniales onerosas".

   Como hemos afirmado en sentencias anteriores de esta misma fecha, la circunstancia (legal) de que la base imponible de la operación societaria objeto de tributación haya de excluir el valor de las deudas que recaían sobre los bienes y que asume la persona jurídica, no determina en absoluto que la transmisión de esas deudas esté exenta de todo gravamen, pues el precepto, al igual que la Directiva que resulta de aplicación, tiene por objeto el impuesto sobre las aportaciones a sociedades, no otros actos o negocios jurídicos que se realicen con ocasión de esas aportaciones, como sucede en el caso que ahora nos ocupa (la asunción del crédito hipotecario que pesa sobre las fincas aportadas).

7. Por último, y aun aceptando que la cuestión que nos ocupa es discutible, una solución idéntica a la recogida en la sentencia recurrida supondría revisar la doctrina establecida recientemente por este mismo tribunal en un supuesto prácticamente idéntico al aquí analizado.

   Y no entendemos, desde luego, que esa solución contraria aparezca con la suficiente nitidez como para alterar ese criterio jurisprudencial.

8. En consecuencia, debemos responder a la cuestión suscitada en el auto de admisión en el sentido de que la constitución de una sociedad mediante aportación de inmueble hipotecado cuando se produce la asunción de la deuda hipotecaria pendiente, supone la existencia de dos convenciones, sujetas, respectivamente, a la modalidad de "operaciones societarias" y a la de "transmisiones patrimoniales onerosas".

Resolución de las pretensiones deducidas en el presente recurso de casación.

La lógica consecuencia de lo hasta aquí expuesto no puede ser otra que la estimación del presente recurso de casación, pues la Sala de Valencia ha aplicado en la sentencia recurrida un criterio contrario a la doctrina que hemos entendido correcta en relación con la existencia de dos convenciones que pueden ser gravadas por ambas modalidades del impuesto.

Y por esa misma razón, procede -una vez casada la sentencia citada- resolver el litigio en sentido estimatorio y declarar la disconformidad a Derecho de la resolución del TEAR que anuló la resolución del órgano de gestión de la Hacienda autonómica que -por entender que concurrían en el documento de autos dos convenciones- consideró (acertadamente, como se ha visto) que las mismas estaban sujetas no solo a "operaciones societarias", sino también a "transmisiones patrimoniales onerosas".

Sobre las costas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 93.4 LJCA, no procede declaración expresa de condena a las costas del recurso de casación, al no apreciarse mala fe o temeridad en la conducta procesal de ninguna de las partes.

Y a tenor del artículo 139.1 LJCA, por lo que se refiere a las costas de la instancia, cada parte abonará las causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Fijar los criterios interpretativos expresados en el fundamento jurídico cuarto de esta sentencia.

Segundo. Declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Generalidad Valenciana, representada y asistida por el Letrado de sus Servicios Jurídicos, contra la sentencia núm. 1364, de 27 de septiembre de 2017, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, pronunciada en el recurso núm. 4/500/2016, contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana de fecha 15 de marzo de 2015, estimatoria de la reclamación económico-administrativa NUM000, interpuesta contra liquidación NUM001 del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, y por importe de 7.245,51 €, sentencia que se casa y anula.

Tercero. Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Generalitat Valenciana contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana de fecha 15 de marzo de 2015, estimatoria de la reclamación económico-administrativa NUM000, interpuesta contra liquidación NUM001 del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, y por importe de 7.245,51 €, declarando la mencionada resolución del TEAR disconforme con el ordenamiento jurídico y ajustada a Derecho, en consecuencia, la liquidación girada en relación con la operación documentada en la escritura de 3 de mayo de 2012 que tiene en cuenta la sujeción a ambas modalidades del tributo ("operaciones societarias" y "transmisiones patrimoniales onerosas").

Cuarto. No formular pronunciamiento sobre las costas del recurso de casación, ni sobre las de la instancia.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

Nicolás Maurandi Guillén José Díaz Delgado

Ángel Aguallo Avilés José Antonio Montero Fernández

Jesús Cudero Blas Rafael Toledano Cantero

Dimitry Berberoff Ayuda Isaac Merino Jara

T R I B U N A L S U P R E M O

Sala de lo Contencioso-Administrativo