ATS 1055/2019, 17 de Octubre de 2019

PonenteJULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR
ECLIES:TS:2019:13120A
Número de Recurso106/2019
ProcedimientoRecurso de casación
Número de Resolución1055/2019
Fecha de Resolución17 de Octubre de 2019
EmisorTribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal

T R I B U N A L S U P R E M O

Sala de lo Penal

Auto núm. 1.055/2019

Fecha del auto: 17/10/2019

Tipo de procedimiento: RECURSO CASACION

Número del procedimiento: 106/2019

Fallo/Acuerdo:

Ponente: Excmo. Sr. D. Julian Sanchez Melgar

Procedencia: Audiencia Provincial de Salamanca (Sección 1ª)

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Josefa Lobón del Río

Transcrito por: MLSC/MJCP

Nota:

RECURSO CASACION núm.: 106/2019

Ponente: Excmo. Sr. D. Julian Sanchez Melgar

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Josefa Lobón del Río

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Penal

Auto núm. 1055/2019

Excmos. Sres. y Excma. Sra.

  1. Manuel Marchena Gomez, presidente

  2. Julian Sanchez Melgar

Dª. Carmen Lamela Diaz

En Madrid, a 17 de octubre de 2019.

Esta sala ha visto

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Julian Sanchez Melgar.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Por la Audiencia Provincial de Salamanca (Sección 1ª), en el Rollo de Sala nº 31/2016, dimanante de las Diligencias Previas del Procedimiento Abreviado 576/2015 del Juzgado de Instrucción nº 1 de DIRECCION000, se dictó sentencia de fecha 19 de marzo de 2018, en cuya parte dispositiva se acordó lo siguiente:

"Absolver a Patricio del delito continuado de abusos sexuales a menor de 16 años, por el que venía acusado en este proceso sin hacer expresa imposición de las costas devengadas en el curso del procedimiento a ninguna de las partes".

SEGUNDO

Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de casación por O.R.R.O., mediante la presentación del correspondiente escrito por el Procurador de los Tribunales D. José Ramón Pardo Martínez.

La recurrente menciona como motivos del recurso:

  1. - Quebrantamiento de forma, al amparo del artículo 851.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

  2. - Al amparo del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por no haberse resuelto en la sentencia todos los puntos que han sido objeto de acusación o defensa.

  3. - Infracción de ley del artículo 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

TERCERO

En el trámite correspondiente a la sustanciación del recurso el Ministerio Fiscal se opuso al mismo.

En el presente procedimiento actúa como parte recurrida Patricio, representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Carmen Echavarría Terroba, oponiéndose al recurso.

CUARTO

Conforme a las normas de reparto aprobadas por Sala de Gobierno de este Tribunal Supremo, es Ponente de la presente resolución el Excmo. Sr. Magistrado D. Julian Sanchez Melgar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

A) La recurrente alega, en el primer motivo del recurso quebrantamiento de forma, al amparo del artículos 851.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por no haberse expresado en la sentencia de manera clara y terminantemente cuáles son los hechos que se consideran probados, por resultar manifiesta contradicción entre ellos, o por consignar como hechos probados conceptos que, por su carácter jurídico, implican predeterminación del fallo.

En el segundo motivo alega, al amparo del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no haberse resuelto en la sentencia todos los puntos que han sido objeto de acusación o defensa.

En ambos motivos, con independencia de las vías casacionales utilizadas, denuncia que la prueba no se ha valorado en la sentencia recurrida de forma congruente y racional, alegando que la declaración de la víctima constituye prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, a la vez que se pone de relieve la contradicción en que incurre el perito en el acto del juicio oral respecto de su informe obrante en autos, en los folios 74 a 76.

En el tercer motivo alega infracción de ley, del artículo 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Considera que en el informe pericial se afirma en sus conclusiones, que la versión de la menor es creíble y lo argumenta afirmando que no se aprecian presiones para informar en falso, excluye que la menor fabule sobre lo sucedido, manifestando que el relato presenta una estructura lógica, que resulta congruente, con sentido, incluso refiriendo detalles y es capaz de situarlos en el tiempo y en el espacio, dentro de una relación de hechos cotidianos.

Por lo tanto, dicho informe no contradice la versión de la menor.

Entiende que es inadecuado que el Tribunal tomara en consideración la rectificación que efectuó el perito en el acto de la vista.

Dado el contenido de todos los motivos procede su unificación y desarrollo conjunto.

  1. En torno a esta cuestión es preciso destacar la doctrina del Tribunal Constitucional que, al analizar el control de constitucionalidad en materia de recursos de amparo contra sentencias absolutorias, en sentencias 45/2005 de 28.2, 145/2009 de 15.6, ha recordado que la víctima de un delito no tiene un derecho fundamental a la condena penal de otra persona, sino que meramente es titular del ius ut procedatur, es decir del derecho a poner en marcha un proceso, sustanciado de conformidad con las reglas del proceso justo, en el que pueda obtener una respuesta razonable y fundada en Derecho, que ha sido configurado por este Tribunal como una manifestación especifica del derecho a la jurisdicción (por todas, SSTC. 31/96 de 27.2, 16/2001 de 29.1) y que no se agota en un mero impulso del proceso o mera comparecencia en el mismo, sino que de él derivan con naturalidad y necesidad los derechos relativos a las reglas esenciales del desarrollo del proceso ( SSTC. 218/97 de 4.12, 138/99 de 22.7, 215/99 de 29.11). Y, por consiguiente, el análisis y la declaración de vulneración de los derechos procesales invocados es ajeno a la inexistencia de un derecho de la víctima del proceso penal a la condena penal de otro y ha de efectuarse tomando como referente el canon de los derechos contenidos en los artículos 24.1 y 2 C.E.".

    Por ende, la función de este tribunal se limita a enjuiciar si las resoluciones judiciales impugnadas han respetado el ius ut procedatur del justiciable que ha solicitado protección penal de los derechos que las Leyes en vigor reconocen. Supuesto este en que sí es posible declarar la nulidad de la sentencia penal absolutoria al haber sido dictada en el seno de un proceso penal sustanciado con lesión de las más esenciales garantías procesales de las partes, pues toda resolución judicial ha de dictarse en el seno de un proceso, respetando en él las garantías que le son consustanciales ( SSTC. 215/99 de 29.11, 168/2001 de 16.7), o en fin, por poder incurrir la sentencia absolutoria en arbitrariedad, irracionabilidad o error patente, no satisfaciendo así las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva ( STC. 45/2005 de 8.2).

    En efecto, las sentencias absolutorias, en relación con la constatación de la inexistencia de arbitrariedad o error patente, precisan de una motivación distinta de la que exige un pronunciamiento condenatorio, pues en estas últimas es imprescindible que el razonamiento sobre la prueba conduzca como conclusión a la superación de la presunción de inocencia. Como se decía en la STS nº 1547/2005, de 7 de diciembre, la necesidad de motivar las sentencias se refiere también a las absolutorias, "De un lado porque la obligación constitucional de motivar las sentencias contenida en los artículos 24.2 y 120.3 de la Constitución, así como en las Leyes que los desarrollan, no excluyen las sentencias absolutorias". "De otro, porque la tutela judicial efectiva también corresponde a las acusaciones en cuanto al derecho a una resolución fundada. Y de otro, porque la interdicción de la arbitrariedad afecta a todas las decisiones del poder judicial, tanto a las condenatorias como a las absolutorias, y la inexistencia de tal arbitrariedad puede ponerse de manifiesto a través de una suficiente fundamentación de la decisión".

  2. Declara la sentencia en el apartado de Hechos Probados que no han resultado probados los hechos que a continuación se narran y que venían imputándose a Patricio.

    Así, no hay prueba, de que Patricio, "encargado de dar el desayuno a su hija y llevarla al colegio y aprovechando la planta superior de la vivienda donde habitaban, sentara a la menor en la cama o en el sofá y aprovechara esta circunstancia para hacer a la menor diversos tocamientos en la zona genital, con ánimo libidinoso."

    En primer lugar, de la simple lectura del apartado descrito, se desprende que se trata de un relato en el que se explica de forma clara cuáles fueron los hechos que no quedaron acreditados tras la prueba practicada. No puede compartirse que se haya producido la vulneración denunciada por vía del quebrantamiento de forma alegado.

    Cuestión distinta es que la recurrente no comparta la valoración probatoria realizada por el Tribunal para llegar a la conclusión absolutoria, especialmente que considere que no debió ser valorada la rectificación que el perito realizó en el acto de la vista, frente al informe que obraba en autos. Lo que plantea la recurrente es su discrepancia con las conclusiones a las que llega el Tribunal tras la práctica de la prueba y propone una modificación de las mismas, a la luz de lo que, según su criterio, puede desprenderse de dichas pruebas.

    El Tribunal escuchó el relato de la menor, la ratificación que del mismo realizó la madre como testigo de referencia, escuchó la versión del acusado y valoró la rectificación que realizó el perito en el acto de la vista que manifestó que tuvo ocasión de conocer y explorar más a fondo a los progenitores y que fue ello lo que le llevó a la plena convicción de que no se produjeron los abusos a la hija menor. Todo lo anterior llevó al Tribunal a la conclusión de que no hubo prueba que pudiera imputar al acusado los hechos en su día denunciados, y que en el caso ha de primar la presunción de inocencia que prevalece ante el resultado probatorio.

    Por tanto, no es posible aceptar la tipicidad de los hechos en el delito en su día denunciado.

    La versión de la recurrente no quedó acreditada. No se dispuso de elementos de prueba suficientes para poder afirmar que existió el abuso sexual y el delito de exhibicionismo denunciados. Y las conclusiones alcanzadas por el Tribunal fueron explicadas extensamente, aportando las razones de su decisión.

    Por tanto, no pueden compartirse las afirmaciones de la recurrente de que el Tribunal de instancia no haya realizado un estudio detallado de la prueba practicada. Y a la vista de todo lo anterior, debemos concluir que el Tribunal ha dado una respuesta en Derecho y en profundidad a las cuestiones que, ante él se plantearon y que los juicios de inferencia y los razonamientos expresados se ajustaban a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia sin incurrir en arbitrariedad.

    Debemos recordar que, aunque pudiera afirmarse que existen versiones de hechos completamente distintas e incompatibles entre sí, determinar la mayor o menor credibilidad de aquéllas corresponde al Tribunal de instancia.

    A ello debe añadirse que, al concurrir pruebas personales, es claro que, a tenor de la doctrina que mantiene este Tribunal, de acuerdo con el TEDH y el Tribunal Constitucional, no resulta viable modificar el relato fáctico de la sentencia recurrida ni la convicción absolutoria que la Audiencia Provincial ha desarrollado de manera exhaustiva en su Sentencia.

    La jurisprudencia de este Tribunal, reflejando la establecida, a su vez, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha sentado la doctrina de que el Tribunal de apelación, o de casación, no puede modificar el pronunciamiento absolutorio previo en contra de una persona, dictando, en su contra, una sentencia condenatoria, sin previamente otorgarle la debida audiencia, a no ser, como única y exclusiva excepción, que se trate de un problema de mera subsunción jurídica, partiendo del respeto escrupuloso y absoluto a los hechos declarados probados. Así se pronuncia la STS 500/2012, de 12 de junio, recordando la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la que se dice, literalmente, que "entre los postulados establecidos destaca como rector que, cuando el órgano ad quem ha de conocer de cuestiones de hecho y de derecho, estudiando en general la cuestión de la culpabilidad o la inocencia, no puede, por motivos de equidad en el proceso, resolver sin la apreciación directa del testimonio del acusado que sostiene que no ha cometido el hecho delictivo que se le imputa" (entre otras, SSTEDH de 27 de junio de 2000, caso Constantinescu c. Rumanía, § 55; 1 de diciembre de 2005, caso Ilisescu y Chiforec c. Rumanía, § 39; 18 de octubre de 2006, caso Hermi c. Italia, § 64; 10 de marzo de 2009, caso Igual Coll c. España, § 27).

    Por todo ello, procede la inadmisión de los motivos de acuerdo con los artículos 884.3º y 885.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

    En consecuencia, se dicta la siguiente parte dispositiva:

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA: NO HABER LUGAR A LA ADMISIÓN del recurso de casación, formulado por la recurrente contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de origen en la causa referenciada, que figura en el encabezamiento de la presente resolución.

Las costas del recurso se imponen a la parte recurrente.

Se acuerda la pérdida del depósito, si se hubiera constituido.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.

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