ATS, 25 de Octubre de 2019

PonenteFERNANDO ROMAN GARCIA
ECLIES:TS:2019:12023A
Número de Recurso1905/2019
ProcedimientoRecurso de Casación Contencioso-Administrativo (L.O. 7/2015)
Fecha de Resolución25 de Octubre de 2019
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

TRIBUNAL SUPREMO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN: PRIMERA

A U T O

Fecha del auto: 25/10/2019

Tipo de procedimiento: R. CASACION

Número del procedimiento: 1905/2019

Materia: ENERGIA

Submateria:

Fallo/Acuerdo: Auto Admisión

Ponente: Excmo. Sr. D. Fernando Roman Garcia

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. M. Concepción Riaño Valentín

Secretaría de Sala Destino: 003

Transcrito por:

Nota:

R. CASACION núm.: 1905/2019

Ponente: Excmo. Sr. D. Fernando Roman Garcia

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. M. Concepción Riaño Valentín

TRIBUNAL SUPREMO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN: PRIMERA

A U T O

Excmos. Sres.

D. Luis Maria Diez-Picazo Gimenez, presidente

D. Wenceslao Francisco Olea Godoy

D. Jose Luis Requero Ibañez

D. Francisco Jose Navarro Sanchis

D. Fernando Roman Garcia

En Madrid, a 25 de octubre de 2019.

HECHOS

PRIMERO

La representación procesal de la entidad mercantil Inmobiliaria Solpi, S.L., interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Sexta) contra la resolución del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, de 19 de septiembre de 2016, desestimatoria del recurso de alzada formulado contra la previa resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, de 16 de julio de 2015, que acordó la cancelación por incumplimiento de requisitos de la inscripción en el registro de régimen retributivo específico en estado de explotación, respecto de la instalación fotovoltaica de la actora.

SEGUNDO

Seguido el recurso contencioso-administrativo como procedimiento ordinario n.º 1104/2016, la Sala de lo Contencioso-administrativo del citado órgano jurisdiccional dictó sentencia desestimatoria en fecha 28 de diciembre de 2018.

Recuerda la Sala, en primer lugar, que la resolución recurrida fue dictada como consecuencia de la previa sentencia dictada por la Sección Octava del mismo órgano jurisdiccional, en fecha de 8 de octubre de 2014, en la que, estimándose el recurso de la parte actora, se acordó la anulación de la resolución administrativa " a fin de que se dicte nueva resolución valorando las alegaciones y documentos aportados por la parte recurrente".

Teniendo en cuenta lo anterior, y tras resumir la normativa aplicable y la jurisprudencia dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo sobre asuntos similares, razona la sentencia, en lo que aquí interesa, que no se ha producido la caducidad alegada a la vista de los artículos 44 y 92 LRJPAC, "(...) dadas las actuaciones practicadas que incluyen el archivo del procedimiento y el inicio de uno nuevo en fecha 29 de octubre de 2011, estándose además en ejecución de un sentencia de esta Sala, lo que también excluye la caducidad alegada (...)". Y añade que, dado el tenor de la sentencia que se ejecuta, no debía iniciarse un nuevo procedimiento sino, con la correspondiente retroacción de actuaciones -que incluye la conservación de lo actuado- dictar una nueva resolución del procedimiento ya existente, no resultando aplicable el instituto de la caducidad.

Por lo que se refiere al fondo del asunto, y tras descartar la prescripción de la potestad revisora también alegada por la actora, la Sala señala que se trata de una cuestión de valoración de las pruebas, circunscrita a la existencia de los correspondientes paneles en funcionamiento en una determinada fecha y la necesidad de los certificados de instalación. Y desde esta perspectiva la Sala concluye que la instalación fotovoltaica no reunía los requisitos necesarios para acceder al régimen primado previsto en el Real Decreto 661/2007, al no disponer de los equipos necesarios para producir energía eléctrica antes de la fecha de referencia. Considera que existe motivación suficiente del acto administrativo y remarca que el régimen primado se enmarca en un régimen de ayudas a las energías renovables y que por tanto es preciso un puntual cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa.

TERCERO

Notificada la sentencia, por la representación de la entidad mercantil Inmobiliaria Solpi, S.L. se ha preparado recurso de casación en el que denuncia, en primer lugar, la infracción de los artículos 42, 44 y 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC) -actuales artículos 21 y 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común- y su interpretación jurisprudencial en las sentencias que cita.

Desde esta perspectiva denuncia que se ha infringido el instituto de la caducidad en aquellos supuestos en los que se dicta una sentencia que declara la nulidad de la resolución que pone fin al procedimiento por vulnerarse garantías procedimentales del administrado y el plazo del que dispone la Administración para dictar una nueva resolución. En ese caso, alega, el procedimiento fue iniciado en fecha 18 de octubre de 2011 y la resolución del mismo tuvo lugar en fecha de 10 de agosto de 2015, superándose el cómputo de los tres meses de que dispone la Administración para resolver y notificar a los administrados en los procedimientos incoados de oficio, una vez descontado el tiempo que duró el procedimiento judicial.

En relación con tal infracción alega el recurrente, por lo que concierne al interés casacional objetivo, que la cuestión trasciende del objeto del pleito, sin que exista una jurisprudencia consolidada sobre el particular, habiéndose mostrado cambiante (tal como se pone de manifiesto en los pronunciamientos que se traen a colación en el escrito de preparación). Y añade que conviene un pronunciamiento del Tribunal Supremo a fin de determinar si, anulada una resolución administrativa por vulneración de garantís procesales, la nueva resolución dictada por la Administración, tras haberse acordado la retroacción de actuaciones: (i) se produce en un nuevo procedimiento administrativo; (ii) se produce en el procedimiento originario o (iii) se produce en ejecución de sentencia, todo ello a efectos de determinar la aplicabilidad del instituto de la caducidad y el dies a quo y el dies ad quem del cómputo del plazo.

En segundo lugar, denuncia la infracción de los artículos 319, 326, 348 y 370 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y el artículo 60 LJCA, por haberse vulnerado las normas relativas a la valoración de la prueba en relación con la documental pública y privada presentada que acreditan el cumplimiento por la instalación fotovoltaica de todos los requisitos exigidos en el Real Decreto 661/2007. La infracción se habría producido por contener la sentencia una valoración genérica del material probatorio, sin referencias explícitas a las pruebas aportadas. La sentencia contradice, en este particular, la STS de 19 de abril de 2018 (RC 536/2018) que estima el recurso presentado contra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, precisamente por no contenerse en ella ningún juicio crítico sobre las pruebas que acreditaban el efectivo vertido de energía desde determinada fecha.

En directa relación con el argumento anterior se invoca la concurrencia del supuesto de interés casacional previsto en el artículo 88.2.a) LJCA, en atención a la sustancial identidad de lo resuelto e idéntica cuestión jurídica: error manifiesto en la apreciación de la prueba y omisión de valoración de la prueba practicada a instancia del interesado.

CUARTO

La Sala de instancia tuvo por preparado el recurso por auto de 13 de marzo de 2019, ordenando el emplazamiento de las partes para su comparecencia dentro del plazo de treinta días ante esta Sala, así como la remisión de los autos originales y del expediente administrativo.

Se ha personado ante esta Sala en tiempo y forma, la procuradora D.ª Virginia Sánchez de León Herencia, en nombre de Inmobiliaria Solpi S.L., en calidad de parte recurrente. Se ha personado, asimismo, en calidad de parte recurrida, el Abogado del Estado quien formula oposición a la admisión del recurso.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Roman Garcia, Magistrado de la Sala.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO

Procede, en primer lugar, poner de manifiesto que el escrito de preparación presentado por la parte cumple con los requisitos formales que prevé el artículo 89.2 de la Ley Jurisdiccional, identificando, en particular, con precisión, las normas que la parte considera infringidas, indicadas más arriba, así como fundamentando, con singular referencia al caso, los supuestos que, con arreglo a los apartados 2 y 3 del artículo 88 de la Ley Jurisdiccional, permiten apreciar el interés casacional objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

La sentencia contra la que se prepara el presente recurso de casación, tal como ha quedado reflejado en los antecedentes de esta resolución, desestima el recurso contencioso-administrativo rechazando, en primer lugar, el motivo referido a la caducidad del procedimiento administrativo relativo a la cancelación de la inscripción en el Registro de preasignación por entender, en síntesis, que el dictado de la resolución objeto del recurso no está sometido al plazo de caducidad del procedimiento del que deriva, que ya concluyó al dictarse la resolución que se revisa, estándose en el ámbito de ejecución de sentencias. En segundo lugar, y en cuanto al fondo, considera acreditado que la instalación fotovoltaica no disponía, en la fecha requerida, de los elementos necesarios para realizar el vertido de energía con arreglo al material probatorio obrante en autos.

Por su parte, la entidad recurrente argumenta que en el dictado de la nueva resolución, como consecuencia de la retroacción de actuaciones acordada por el Tribunal de instancia, la Administración se encuentra sujeta a los plazos de caducidad del expediente administrativo con arreglo a lo establecido en los artículos 42, 44 y 92 LJCA (es decir, a un plazo de tres meses) por lo que, al computarse el plazo ya transcurrido y añadirse el plazo hasta el dictado de la nueva resolución sancionadora, una vez firme la sentencia, se habría superado el plazo legalmente previsto con la consiguiente caducidad del procedimiento. Por lo que respecta al fondo de la cuestión, entiende la recurrente que la Sala ha omitido la valoración de las pruebas practicadas a instancia de la recurrente, que evidenciaban el cumplimiento de los requisitos para el disfrute del régimen primado.

SEGUNDO

El recurso de casación se estructura en dos infracciones de diverso signo para las que se argumenta de forma diferenciada sobre la relevancia de la infracción y la concurrencia del interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.

Por lo que respecta a la pretendida infracción de las normas reguladoras del instituto de la caducidad, se invocan, aun sin cita numérica, los supuestos del artículo 88.2.a y c) LJCA. Así, aunque se haga referencia a la inexistencia de una jurisprudencia consolidada, tal referencia se realiza en relación con los pronunciamientos judiciales de orden diverso que se consigan en el escrito. Se reclama, pues, un pronunciamiento de esta Sala más que para crear jurisprudencia, para uniformarla o precisarla, completarla o matizarla.

Y, ciertamente, el asunto planteado en los términos descritos no carece de interés casacional para la formación de jurisprudencia como lo demuestra el hecho de que han sido admitido ya diversos recursos que presentan características similares y plantean interrogantes semejantes, aun en diferentes ámbitos materiales, existiendo ya algún pronunciamiento de este Tribunal.

Así, en los AATS de 19 de noviembre de 2018 (RCA 4691/2018 y RCA 5246/2018) o en los AATS de 6 de marzo (RCA 7479/2018 y 7304/2018) entendimos que no carecía manifiestamente de interés casacional objetivo la cuestión relativa al plazo en que debe resolver la Administración en aquellos casos en que una sentencia firme anula una resolución sancionadora (por infracción de la Ley de Defensa de la Competencia, pero únicamente en lo que respecta a la cuantía de la multa impuesta) y ordena a la Administración, conforme a las previsiones del artículo 71.1.c) LJCA, que proceda al dictado de una nueva resolución respecto del mencionado extremo. En los mencionados autos distinguimos dos supuestos:

(i) Aquellos en los que la sentencia no hubiere fijado plazo de cumplimiento del fallo; supuestos en los que la cuestión se circunscribe a determinar si la Administración puede dictar la nueva resolución sin límite temporal alguno o si, por el contrario, está condicionada por el tiempo que empleó en dictar la resolución sancionadora primeramente anulada -a efectos de una eventual concurrencia de caducidad del procedimiento administrativo sancionador-;

(ii) Aquellos en los que la sentencia fija un plazo de cumplimiento del fallo conforme a lo previsto en el artículo 71.1.c) LJCA; supuestos en los que la cuestión se centra en determinar el Tribunal sentenciador, para concretar dicho plazo, debe tener en cuenta el tiempo que hubiera empleado anteriormente la Administración para dictar la resolución sancionadora primeramente anulada a efectos de una eventual caducidad del procedimiento administrativo sancionador; o si, por el contrario, no existe límite alguno.

Pues bien, en la STS de 30 de septiembre de 2019 -dictada en el citado RCA 5246/2018- hemos resuelto dicha cuestión declarando que "1) Anulada jurisdiccionalmente una resolución sancionadora únicamente en lo que se refiere a la cuantía de la multa, la nueva resolución administrativa que recalcula el importe de la multa de acuerdo con los criterios fijados en la propia sentencia es un acto de ejecución que debe llevarse a cabo en los plazos legalmente establecidos para la ejecución de sentencias ( artículo 104 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contenido-Administrativa), sin que resulten de aplicación las previsiones contenidas en los artículos 42, 44 y 92 de la Ley30/1992, de 26 de noviembre (ahora, artículos 21, 25 y 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre ) sobre el plazo de la Administración para resolver y la caducidad del procedimiento sancionador. 2/ El cumplimiento de la sentencia que anula la resolución sancionadora únicamente en lo relativo a la cuantía de la multa no exige que se inicie y tramite un nuevo procedimiento administrativo cuando la propia sentencia deja señalados, de acuerdo con lo debatido el proceso, los criterios y pautas para la cuantificación de la multa (...)".

También en el ámbito del derecho tributario hemos resuelto cuestiones similares a las que plantea la entidad recurrente. Así, mediante ATS de 16 de julio de 2019 admitimos el RCA 2931/2018 declarando que la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es la de "a) Determinar si los actos dictados por la Administración tributaria en ejecución de una resolución judicial que se limita a anular una liquidación tributaria por falta de motivación, sin abordar el fondo del asunto, suponen o no una retroacción de actuaciones -al margen de que se ordene ésta formalmente en el fallo- y si, en cualquier caso, forman o no parte del mismo procedimiento de gestión en el que tuvo su origen el acto administrativo anulado por aquélla; b) En directa conexión con tal cuestión, si la Administración ostenta en cumplimiento de lo ordenado en la sentencia una potestad propia o debe limitarse a observar lo mandado por los Tribunales de Justicia ( artículo 117.3 CE, en relación con los artículos 103 y siguientes de la LJCA) y c) Precisar, en todo caso, el plazo de que dispone la Administración para ejecutar tal sentencia y qué consecuencias surgen de su incumplimiento y, en particular, si resulta aplicable el establecido en el artículo 104 LGT, en qué medida y con qué conciliación con los artículos 103 y siguientes de la LJCA". Cuestiones que se encuentran, todavía, pendientes de pronunciamiento.

De lo expuesto hasta ahora se desprende la conveniencia de admitir este recurso de casación a fin de precisar y complementar nuestra jurisprudencia sobre la cuestión apuntada para aclarar a qué plazos de actuación se encuentra sometida la Administración para el dictado de una nueva resolución cuando la originalmente dictada ha sido anulada judicialmente por defectos procedimentales; cuestión ésta, que dependerá del procedimiento en el que inserte esa segunda resolución.

TERCERO

Por lo que respecta a la segunda de las infracciones, relativa a las normas de valoración de la prueba, la recurrente invoca el supuesto previsto en el artículo 88.2.a) LJCA, aportando como resolución de contraste la STS n.º 635/2018, de 19 de abril (RC 536/2016), que, en un asunto concerniente también a la acreditación del cumplimiento de los requisitos por parte de una instalación fotovoltaica para acceder al régimen primado, considera que la sentencia de instancia se ha limitado "a corroborar la conclusión a la que llega la Administración sin efectuar una valoración de conjunto ni individualizada de los medios de pruebas declarados pertinentes, rechazando, sin ninguna argumentación, la tesis de la actora (...)". Concluimos en la citada sentencia, en resumen, que se había producido la infracción de "la doctrina que esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo fijamos en la sentencia de 18 de septiembre de 2015 (RC 220/2015 ), en que se subraya el deber de los órganos judiciales de efectuar un juicio motivado sobre el conjunto del material probatorio aportado a autos, en términos de razonabilidad y complitud, que deberá basarse en el respeto a las normas que regulan la prueba tasada para no incurrir en ilegalidad o arbitrariedad".

No obstante, lo anterior, no se aprecia la concurrencia del interés casacional aducido por la parte actora, pues lo único pretendido es la eventual corrección de la aplicación de esa jurisprudencia que invoca en la sentencia que recurre; y no la pretensión de matizarla, precisarla o concretarla para realidades jurídicas diferentes a las ya contempladas en esa jurisprudencia -por todos, ATS de 3 de mayo de 2017 (RCA 189/2017)-. A lo anterior cabe añadir que la invocación del supuesto previsto en el artículo 88.2.a) LJCA no resulta útil cuando la diferente solución a la que se llega en la sentencia recurrida y en las de contraste está vinculada al examen casuístico de las circunstancias concurrentes en cada pleito -por todos, ATS de 8 de marzo de 2017 (RQ 126/2016)-.

CUARTO

Por tanto, en virtud de lo dispuesto en los artículos 88.1 y 90.4 de la LJCA, procede admitir a trámite el recurso de casación preparado por la representación de la entidad mercantil Inmobiliaria Solpi, S.L. contra la sentencia dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 28 de diciembre de 2018. Y a tal efecto, precisamos que la cuestión en la que se entiende que existe interés casacional objetivo consiste en precisar y completar nuestra jurisprudencia a fin de determinar:

(i) Si anulada jurisdiccionalmente una resolución administrativa por falta de motivación o incumplimiento de otras garantías del procedimiento administrativo, ordenándose la retroacción de actuaciones y el dictado de una nueva resolución, ésta se enmarcaría bien en el procedimiento inicial en el que se produjo el defecto procedimental; bien en un nuevo procedimiento administrativo; o bien en el procedimiento de ejecución de sentencias con arreglo al artículo 104 LJCA.

(ii) Y, en función del procedimiento en qué se enmarque, con que plazo cuenta la Administración para el dictado de esa nueva resolución administrativa y cómo se determina el cómputo de aquél, a efectos de la eventual aplicación del instituto de la caducidad.

Para determinar lo anterior, precisando la jurisprudencia ya dictada, serán objeto de interpretación los artículos 42, 44 y 92 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (actuales 21, 25 y 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), el artículo 104 LJCA.

QUINTO

Conforme a lo dispuesto en el art. 90.7 de la LJCA, este auto se publicará en la página web del Tribunal Supremo.

SEXTO

Procede comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada en este auto, como dispone el artículo 90.6 de la LJCA y conferir a las actuaciones el trámite previsto en los artículos 92 y 93 de la LJCA, remitiéndolas a la Sección Tercera de esta Sala, competente para su sustanciación y decisión de conformidad con las reglas de reparto.

La Sección de Admisión acuerda:

  1. ) Admitir a trámite el recurso de casación n.º 1905/2019 preparado por la procuradora D.ª Virginia Sánchez de León Herencia, en representación de la entidad mercantil Inmobiliaria Solpi S.L. contra la sentencia dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con fecha 28 de diciembre de 2018, en el recurso contencioso-administrativo n.º 1104/2016.

  2. ) Declarar que la cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en precisar y complementar nuestra jurisprudencia a fin de determinar:

    (i) Si anulada jurisdiccionalmente una resolución administrativa por falta de motivación o incumplimiento de otras garantías del procedimiento administrativo, ordenándose la retroacción de actuaciones y el dictado de una nueva resolución, ésta se enmarcaría bien en el procedimiento inicial en el que se produjo el defecto procedimental; bien en un nuevo procedimiento administrativo; o bien en el procedimiento de ejecución de sentencias con arreglo al artículo 104 LJCA.

    (ii) Y, en función del procedimiento en que se enmarque, con qué plazo cuenta la Administración para el dictado de esa nueva resolución administrativa y cómo se determina el cómputo de aquel, a efectos de la eventual aplicación del instituto de la caducidad.

  3. ) Para determinar lo anterior, precisando la jurisprudencia ya dictada, serán objeto de interpretación los artículos 42, 44 y 92 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (actuales 21, 25 y 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), el artículo 104 LJCA.

  4. ) Publicar este auto en la página web del Tribunal Supremo, haciendo referencia al mismo.

  5. ) Comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada en este auto.

  6. ) Para la sustanciación del recurso, remítanse las actuaciones a la Sección tercera de esta Sala Tercera, a la que corresponde con arreglo a las normas sobre reparto de asuntos.

    Así lo acuerdan y firman.

    D. Luis Maria Diez-Picazo Gimenez D. Wenceslao Francisco Olea Godoy D. Jose Luis Requero Ibañez

    D. Francisco Jose Navarro Sanchis D. Fernando Roman Garcia

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR