STSJ Cataluña 992/2019, 18 de Julio de 2019

PonenteEDUARDO BARRACHINA JUAN
ECLIES:TSJCAT:2019:6613
Número de Recurso160/2018
ProcedimientoContencioso
Número de Resolución992/2019
Fecha de Resolución18 de Julio de 2019
EmisorSala de lo Contencioso

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

RECURSO ORDINARIO (LEY 1998) 160/2018

Partes: Julián C/ TEAR

S E N T E N C I A Nº 992

Ilmos/as. Sres/as.:

PRESIDENTE:

D. JAVIER AGUAYO MEJÍA

MAGISTRADO/AS

D. EDUARDO BARRACHINA JUAN

D.ª MARIA LUISA PEREZ BORRAT

En la ciudad de Barcelona, a dieciocho de julio de dos mil diecinueve .

VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN PRIMERA), constituida para la resolución de este recurso, ha pronunciado en el nombre del Rey, la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo nº 160/2018, interpuesto por Julián, representado por el/la Procurador/a D. CARMINA TORRES CODINA, contra TEAR, representado por el ABOGADO DEL ESTADO.

Ha sido Ponente el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a DON EDUARDO BARRACHINA JUAN, quien expresa el parecer de la SALA.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Por el/la Procurador/a D. CARMINA TORRES CODINA, actuando en nombre y representación de la parte actora, se interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución que se cita en el Fundamento de Derecho Primero.

SEGUNDO

Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley de esta Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación, en cuyos escritos respectivos en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación de los actos objeto del recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en los mismos.

TERCERO

Continuando el proceso su curso por los trámites que aparecen en autos, se señaló día y hora para la votación y fallo, diligencia que tuvo lugar en la fecha f‌ijada.

CUARTO

En la sustanciación del presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO

es objeto de recurso la resolución administrativa del TEARC de fecha 27 de octubre de 2017, que desestimó el recurso interpuesto contra el acuerdo de liquidación y sanción tributaria por el IRPF del ejercicio 2011, en importe de 1.158'82 euros.

En la resolución administrativa se exponen los antecedentes fácticos referentes a la actividad profesional de jugador de póquer del recurrente, en la que se declara que no constituyen gastos deducibles las pérdidas que haya podido tener en el juego organizado de póquer, tanto en torneos nacionales como internacionales, pues tampoco constituye una actividad económica la desarrollada por el recurrente, por el simple hecho de jugar al póquer. Se remite al artículo 33.1 de la Ley 35/206 en la determinación de las pérdidas y ganancias patrimoniales, expresándose en el apartado 5.1 la exclusión de las pérdidas con motivo del juego, ni los gastos causados con motivo del mismo. Se considera que el demandante ocultó ingresos que obtuvo por su participación en dichos juegos y torneos que no aparecen en la declaración del IRPF, ni como ganancia patrimonial, ni con otra denominación, lo que es constitutivo de infracción tributaria.

En la demanda se considera el obligado tributario de jugador profesional por parte de la Inspección tributaria, pero si en la resolución del TEARC, pues es su actividad exclusiva, lo que constituye su actividad económica, pues su ejercicio supone la ordenación de medios de producción, aunque no intervenga en la producción o distribución de bienes y servicios, siendo de distinta consideración en algunas f‌iguras tributarias. Se remite a la sentencia del TJUE de 11 de septiembre de 2003 que consideró a los juegos de azar una actividad económica. Ello supone la necesidad de deducir determinados gastos relacionados con la obtención de ganancias obtenidas por la actividad desarrollada, pues expresa la cantidad del premio obtenido, deduciendo el importe necesario de su participación y el resultado o ganancia f‌inal neta. Por ello, se deduce los gastos de desplazamiento y manutención (gastos de restaurante, carburante, compra de f‌ichas o billetes etc.). Impugna la sanción al no considerarla relacionada con los hechos reales, pues hubo una interpretación razonable de la norma aplicable.

En la contestación a la demanda se destaca la condición de jugador profesional de póquer, aunque niega que ello constituya una actividad económica, ni que las pérdidas en el juego puedan ser deducibles según la normativa vigente. Referente a la imposición de una sanción se razona brevemente la concurrencia del principio de culpabilidad, pues los ingresos obtenidos en el póquer no pueden ser considerados ingresos patrimoniales.

SEGUNDO

Este tribunal ha llevado a cabo una valoración conjunta de las alegaciones y razonamientos jurídicos que constan en la demanda, como en el escrito de contestación a la misma, en relación con la resolución administrativa impugnada, para llegar a la conclusión de que la acción jurisdiccional sólo puede prosperar en parte por los siguientes motivos.

Los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo juzgarán dentro del límite de las pretensiones formuladas por las partes y de los motivos que fundamenten el recurso y la oposición. Ello implica que el órgano jurisdiccional tiene una doble limitación al decidir recursos de la naturaleza del ahora examinado. De un lado, las pretensiones formuladas por el demandante, de otro, los motivos alegados. No le es posible al órgano jurisdiccional decidir sobre motivos no planteados, ni acerca de pretensiones no formuladas. Por eso, es muy importante expresar, ya desde el inicio, cuales son los motivos alegados contra la disposición impugnada, pues si bien las pretensiones formuladas son de gran generalidad como puede comprobarse por su lectura, no sucede lo mismo con los motivos alegados que tiene un contenido mucho más específ‌ico.

La controversia jurídica se centra en la determinación de los efectos jurídicos que proceden de la actividad de jugador profesional de póquer, la existencia o no de actividad económica y la posibilidad de deducir los gastos que se originan en dicha actividad para la obtención de ingresos. En un segundo aspecto, la determinación de la legalidad de la sanción tributaria impuesta, en la que adelantamos que no encontramos la más mínima motivación ni en el acta de la Inspección tributaria, ni tampoco en la resolución administrativa impugnada, lo que no ha impedido que en la contestación a la demanda se exprese una breve referencia a la concurrencia del principio de culpabilidad.

En primer lugar, el artículo 33.5 de la Ley 35/2006, hoy modif‌icado por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, en la redacción vigente al producirse el hecho imponible, disponía que no se computasen como pérdidas patrimoniales las debidas a perdidas en el juego, por lo que la cantidad invertida o apostada debe considerarse

pérdida...

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