ATS, 25 de Septiembre de 2019
| Ponente | IGNACIO SANCHO GARGALLO |
| ECLI | ES:TS:2019:9259A |
| Número de Recurso | 129/2019 |
| Procedimiento | Queja |
| Fecha de Resolución | 25 de Septiembre de 2019 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Civil
Auto núm. /
Fecha del auto: 25/09/2019
Tipo de procedimiento: QUEJAS
Número del procedimiento: 129/2019
Fallo/Acuerdo:
Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo
Procedencia: AUD.PROVINCIAL SECCIÓN N. 13 DE BARCELONA
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Mª Teresa Rodríguez Valls
Transcrito por: FCG/MJ
Nota:
QUEJAS núm.: 129/2019
Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Mª Teresa Rodríguez Valls
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Civil
Auto núm. /
Excmos. Sres.
D. Francisco Marin Castan, presidente
D. Ignacio Sancho Gargallo
D. Eduardo Baena Ruiz
En Madrid, a 25 de septiembre de 2019.
Esta sala ha visto
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo.
En el rollo de apelación n.º 784/2017 de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 13.ª), se dictó auto, de fecha 3 de abril de 2019 , rectificado por el de 23 de mayo de 2019 , declarando desiertos los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal interpuestos por la representación de las sociedades mercantiles Praedium Desarrollos Urbanos, SL, y Marivent Yachts, SL, contra la sentencia de fecha 21 de diciembre de 2018 dictada por dicho Tribunal.
Por el procurador D. Ignacio Argos Linares, en nombre y representación de la sociedad mercantil Praedium Desarrollos urbanos, SL, se ha interpuesto recurso de queja por entender que cabían los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, y debían de haberse tenido por interpuestos.
El procurador Sr. Vázquez Guillén, en nombre y representación de Montemare 2006, SL, mediante escrito de fecha 29 de abril de 2019 solicitó comparecer en el presente recursos para oponerse al mismo. En fecha 17 de junio de 2019 se dictó diligencia de ordenación en que se acordó no haber lugar a lo solicitado. Por escrito de 21 de junio de 2019, el procurador Sr. Argos Linares solicitó aclaración de la citada resolución, y por decreto de fecha 26 de junio de 2019, se aclara la diligencia de 17 de junio de 2019 en los términos del mismo.
La parte recurrente ha constituido el depósito para recurrir exigido por la disposición adicional 15.ª de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial .
La Audiencia Provincial ha declarado desiertos los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal que se pretende formular al amparo del ordinal 3.º del art. 477.2 de la LEC , contra sentencia dictada en juicio verbal de desahucio por falta de pago, al estimar incumplido por la parte recurrente el presupuesto contenido en el artículo 449.1 de la LEC , al no haber acreditado tener satisfechas las rentas vencidas.
Los recursos, en su día interpuesto, en cuanto al recurso de casación se desarrollaba en tres motivos, el primero, por infracción del a rt 1124 CC y de LA jurisprudencia que lo interpreta, con cita de las SSTS 22 de febrero de 2013 y 6 de mayo de 2015 . El segundo por infracción del art. 1204 CC y de LA jurisprudencia que los interpreta, con cita de las SSTS 11 de febrero de 2016 y 9 de e febrero de 2009. Y el tercero, por infracción del art. 1281 CC y de LA jurisprudencia que lo interpreta, con cita de las SSTS 25 de febrero e 2013 , y 20 de febrero de 2014 .
En cuanto al recurso extraordinario por infracción procesal, se desarrolla en cuatro motivos, el primero, al amparo del art. 469.1. 3º LEC por infracción del art. 250.1.1º LEC en relación con el art. 444.1 LEC , por inadecuación del procedimiento. El segundo es al amparo del art. 469.1.2º LEC , por infracción del art. 218.1 por incongruencia extra petita .El motivo tercero es al amparo del art. 469.1.2º LEC , por infracción del art. 218.1 LEC por incongruencia extra petita . Y el Cuarto, al amparo del art. 469.1.4º LEC , por infracción del art. 24.1 CE , por errónea valoración de la prueba.
La exigencia impuesta por el art. 449.1 LEC se erige como un presupuesto procesal necesario para la admisión de los recursos de apelación, extraordinarios por infracción procesal y de casación, y se impone ya en la fase de interposición de dicho recurso, debiéndose precisar que no puede ser subsanado mediante un pago o consignación extemporánea, pues es doctrina del Tribunal Constitucional (elaborada en relación con otros precedentes de consignación impugnatoria establecidos en nuestro ordenamiento jurídico con anterioridad a la LEC vigente), que dicha consignación no constituye un mero requisito formal sino una exigencia sustantiva o esencial, cuya finalidad es asegurar los intereses quien ha obtenido una sentencia favorable, debiendo interpretarse tal requisito de recurribilidad, sin embargo, de una manera finalista o teleológica atendiendo tanto a la propia finalidad que con su imposición persigue el legislador, que no es otra que asegurar que el sistema de los recursos no sea utilizado como instrumento dilatorio ( SSTC 46/89 y 31/92 ), como al principio de interpretación de las normas procesales en el sentido más favorable a la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva y a la regla general del art. 11.3 LOPJ ( SSTC 12/92 , 115/92 , 130/93 , 214/93 , 249/94 y 26/96 ), de modo que la misma doctrina constitucional ha venido a distinguir entre el hecho del pago o consignación, en el momento procesal oportuno, y el de su prueba o acreditación, permitiendo la subsanación de la falta de ésta última cuando no se hubiese facilitado justificación de ese extremo, por ser éste un requisito formal susceptible de tal cosa, que sólo puede fundar una resolución de inadmisión del recurso previa la concesión de un plazo para la subsanación sin que se hubiera cumplido con el mencionado requisito ( SSTC 344/93 , 346/93 y 100/95 ), lo que no cabe decir del hecho del pago o consignación en sí mismo, que constituye un requisito esencial para acceder a los recursos que no cabe reputar desproporcionado, atendidos los fines a los que está ordenado (cf. SSTC 104/84 , 90/86 , 87/92 , 214/93 , 344/93 , 346/93 , 249/94 , 100/95 y 26/96 , entre otras). Dicha doctrina constitucional fue reiteradamente aplicada por esta Sala a la hora de exigir el cumplimiento de lo dispuesto en el art. 1706-3º de la LEC de 1881 , que imponía al arrendatario la obligación de aportar, al momento de la interposición del recurso, el documento acreditativo del pago o consignación de las rentas vencidas en aquellos recursos de casación que interpusieran contra las sentencias recaídas en los juicios sobre arrendamientos rústicos, urbanos o de cualquier naturaleza, y, en la medida en que actualmente también lo que hace la nueva LEC, en su art. 449.1, debe aquélla entenderse vigente, más si se atiende a lo dispuesto en el ordinal 6º del referido art. 449 LEC , que, al remitirse al art. 231 del mismo texto legal , posibilita la subsanación, antes de rechazar o declarar desierto el recurso, en el caso de que la parte recurrente no acreditara documentalmente, a satisfacción del tribunal, el cumplimiento del requisito legal, pero no autoriza a que el requisito, esto es, el pago o la consignación se haga con posterioridad.
En el caso que nos ocupa por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 13.ª, se acordó declarar desiertos los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, por no constar acreditado el requisito de encontrarse el recurrente al corriente en el pago de las rentas vencidas, y lo cierto es que tales fundamentos no quedan desvirtuados por las alegaciones de la parte recurrente en queja, que no acredita tener satisfechas las rentas vencidas, ni consignación de las mismas, siendo así que la sentencia recurrida le condena al pago de 479.233, 62 euros en concepto de rentas contractuales hasta el mes de diciembre de 2018, con más las rentas contractuales que se devenguen a partir de enero de 2019, hasta la entrega de la posesión del inmueble, a razón de 7.226, 11 euros, por lo que se ha de confirmar el auto recurrido, por falta de cumplimiento del art. 449.1 LEC .
Siendo lo anterior suficiente para la desestimación del recurso de queja, en cualquier caso, examinado el escrito de interposición de los recursos, el recurso de casación ha de ser inadmitido por carencia manifiesta de fundamento ( art. 483.2. 4º LEC ) por alteración de la base fáctica de la sentencia recurrida.
Así, el motivo primero del recurso, se basa en que la parte contraria incumplió el contrato de compraventa, lo que omite que la sentencia recurrida, después de la valoración probatoria no tiene por acreditado ese incumplimiento, y sí una falta de ejercicio por la parte ahora recurrente del derecho de opción de compra del contrato de 23 de diciembre de 2014, y falta de satisfacción de las rentas contractuales derivadas del contrato de arrendamiento de 1 de noviembre de 2010. En el mismo defecto incurre el motivo segundo que se basa en una supuesta novación extintiva del contrato de arrendamiento, por el contrato de 23 de diciembre de 2014, novación que no tiene por acreditada la sentencia recurrida .Y en cuanto al motivo tercero, el recurso se basa en que el contrato de 23 de diciembre de 2014 no era de opción de compra, sino de compraventa o de promesa de compraventa, y esto en base a la interpretación literal del mismo, lo que se contradice con los hechos probados en la sentencia recurrida, al tiempo que no acredita que la interpretación hecha por la Audiencia sea arbitraria, irrazonable, ilógica, o contraria a un precepto legal.
Circunstancias que son la base fáctica de la sentencia recurrida, y que solo revisando la prueba y su valoración podrían alterarse, lo que no cabe en el recurso de casación, que no es una tercera instancia.
En cuanto al recurso extraordinario por infracción procesal, la no admisibilidad del recurso de casación determina igualmente su inadmisión, ya que, mientras esté vigente el régimen provisional, la viabilidad de este último recurso está subordinada a la recurribilidad en casación de la sentencia dictada en segunda instancia, conforme a lo taxativamente previsto en la disposición final 16.ª, apartado 1, párrafo primero y regla 5ª, párrafo primero y segundo, de la LEC . Por ello, el recurso extraordinario por infracción procesal también debe ser inadmitido al concurrir la causa de inadmisión contemplada en el art. 473.2.1º, en relación con la mencionada disposición final decimosexta, apartado 1, párrafo primero y regla 5ª, párrafo primero y segundo LEC .
Circunstancias las expuestas que determinan la desestimación del presente recurso de queja y la subsiguiente confirmación del auto denegatorio de la admisión, debiendo añadirse que ninguna vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva o indefensión de la recurrente se produce por la desestimación del recurso, pues la propia doctrina del Tribunal Constitucional es bien clara al señalar que no existe un derecho constitucionalmente protegido a interponer determinados recursos y, por tanto, que no existe un derecho de relevancia constitucional a recurrir en infracción procesal y casación, siendo perfectamente imaginable, posible y real que no esté prevista semejante posibilidad ( SSTC 37/88 , 196/88 y 216/98 ); por el contrario, el derecho a los recursos, de neta caracterización y contenido legal ( SSTC 3/83 y 216/98 , entre otras), está condicionado al cumplimiento de los requisitos de admisibilidad establecidos por el legislador y delimitados por vía interpretativa por esta Sala, a la que corresponde la última palabra sobre la materia, con el único límite consistente en la proscripción de la arbitrariedad y la evitación de los errores materiales ( SSTC 37/95 , 186/95 , 23/99 y 60/99 ), sin que la interpretación de las normas rectoras del acceso a la casación tenga que ser necesariamente la más favorable al recurrente ( SSTC 230/93 , 37/95 , 138/95 , 211/96 , 132/97 , 63/2000 , 258/2000 y 6/2001 ); y que el "principio pro actione ", proyectado sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, no opera con igual intensidad en las fases iniciales del pleito que en las posteriores ( SSTC 3/83 , 294/94 y 23/99 ), habiéndose añadido que el referido derecho constitucional se satisface incluso con un pronunciamiento sobre la inadmisibilidad del recurso, y no necesariamente sobre el fondo, cuando obedezca a razones establecidas por el legislador y proporcionadas en relación con los fines constitucionalmente protegibles a que los requisitos procesales tienden ( SSTC 43/85 , 213/98 y 216/98 ).
LA SALA ACUERDA :
Desestimar el recurso de queja interpuesto por el procurador D. Ignacio Argos Linares, en nombre y representación de la sociedad mercantil Praedium Desarrollos Urbanos, SL ,contra el auto de fecha 3 de abril de 2019 , rectificado por el de 23 de mayo de 2019 , que se confirma, por el que la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 13.ª) declaró desiertos los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal contra la sentencia de 21 de diciembre de 2018 , debiendo ponerse esta resolución en conocimiento de la referida Audiencia, para que conste en los autos.
Contra este Auto no cabe recurso alguno de conformidad con el art. 495.5 LEC .
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
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SAP Castellón 29/2022, 16 de Marzo de 2022
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SAP A Coruña 9/2020, 14 de Enero de 2020
...de la misma Sala de 4 de diciembre de 2019 (Roj: ATS 12775/2019), 9 de octubre de 2019 (Roj: ATS 10142/2019), 25 de septiembre de 2019 (Roj: ATS 9259/2019) y 23 de noviembre de 2010 (Roj: ATS En consecuencia, ni procedía admitir el alegato ulterior de la parte apelante, ni la consignación t......
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