ATS 1328/2018, 13 de Septiembre de 2018

PonenteMANUEL MARCHENA GOMEZ
ECLIES:TS:2018:12477A
Número de Recurso823/2018
ProcedimientoPenal. Apelación procedimiento abreviado
Número de Resolución1328/2018
Fecha de Resolución13 de Septiembre de 2018
EmisorTribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal

T R I B U N A L S U P R E M O

Sala de lo Penal

Auto núm. 1.328/2018

Fecha del auto: 13/09/2018

Tipo de procedimiento: RECURSO CASACION

Número del procedimiento: 823/2018

Fallo/Acuerdo:

Ponente: Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gomez

Procedencia: AUDIENCIA PROVINCIAL DE GUADALAJARA (SECCIÓN 1ª)

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Josefa Lobón del Río

Transcrito por: PBB/MJCP

Nota:

RECURSO CASACION núm.: 823/2018

Ponente: Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gomez

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Josefa Lobón del Río

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Penal

Auto núm. 1328/2018

Excmos. Sres.

  1. Manuel Marchena Gomez, presidente

  2. Miguel Colmenero Menendez de Luarca

  3. Antonio del Moral Garcia

En Madrid, a 13 de septiembre de 2018.

Esta sala ha visto

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gomez.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Por la Audiencia Provincial de Guadalajara (Sección 1ª), en el Rollo de Sala nº 21/2016 dimanante del Sumario Ordinario nº 1/2016, procedente del Juzgado de Instrucción nº 1 de DIRECCION000, se dictó sentencia, con fecha 9 de noviembre de 2017, en la que se condenó a Pelayo como autor de un delito de abuso sexual del artículo 181.1, 3 y 4 del Código Penal (en su redacción dada por la Ley Orgánica 5/2010), sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de cuatro años de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo. Se le prohíbe acercarse a la víctima a menos de 500 metros, a su persona, domicilio, lugar de estudios o cualquier otro en que la misma se encuentre; así como comunicarse con ella por cualquier medio o procedimiento durante un plazo de seis años.

Se le impone la medida de libertad vigilada durante el plazo de cinco años, que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad.

Deberá abonar las costas procesales, incluidas las de la acusación particular.

En concepto de responsabilidad civil deberá indemnizar a la víctima, a través de sus representantes legales, en la cantidad de 8.000 euros por daños morales, con aplicación de lo dispuesto en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

SEGUNDO

Contra dicha sentencia se interpuso recurso de casación por Pelayo, mediante la presentación del correspondiente escrito por el Procurador de los Tribunales Rafael Alvir Álvaro, con base en tres motivos: 1) al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por infracción del artículo 24.2 de la Constitución Española; 2) al amparo del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por aplicación indebida del artículo 181 del Código Penal; y 3) al amparo del artículo 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

TERCERO

En el trámite correspondiente a la sustanciación del recurso el Ministerio Fiscal se opuso al mismo.

La Procuradora de los Tribunales Doña Sonia María Isabel Lázaro Herranz, en nombre y representación del legal representante de la víctima, formuló escrito impugnando el recurso.

CUARTO

Conforme a las normas de reparto aprobadas por la Sala de Gobierno de este Tribunal Supremo, es Ponente de la presente resolución el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Marchena Gomez.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

El primer motivo se formula al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por vulneración del artículo 24.2 de la Constitución Española.

  1. El recurrente considera que no consta acreditado que la menor no prestara su consentimiento a la relación sexual. Cuestiona la valoración que la Sala efectúa de la prueba, esencialmente de la declaración de la víctima; considera que su testimonio en sede de instrucción fue inducido hacia la investigación de un delito de agresión sexual, lo que pudo influenciarla en la forma de prestar su declaración. Sostiene que la menor actuó con pleno conocimiento y consentimiento.

  2. La función casacional encomendada a esta Sala, respecto de las posibles vulneraciones del derecho a la presunción de inocencia, consagrado en el artículo 24.2 de nuestra Constitución, ha de limitarse a la comprobación de tres únicos aspectos, a saber: a) Que el Tribunal juzgador dispuso, en realidad, de material probatorio susceptible de ser sometido a valoración; b) Que ese material probatorio, además de existente, era lícito en su producción y válido, por tanto, a efectos de acreditación de los hechos; y c) Que los razonamientos a través de los cuales alcanza el Juez de instancia su convicción, debidamente expuestos en la sentencia, son bastantes para ello, desde el punto de vista racional y lógico, y justifican, por tanto, la suficiencia de dichos elementos de prueba ( SSTS 128/2008; 448/2011, de 19 de mayo y 741/2015, de 10 de noviembre).

    La jurisprudencia de esta Sala considera que el control casacional del respeto al derecho a la presunción de inocencia autoriza a esta Sala de Casación a valorar, de una parte, la existencia de prueba de cargo adecuada y, de otra, su suficiencia. La prueba es adecuada cuando ha sido obtenida con respeto a los principios estructurales que informan el desarrollo de la actividad probatoria ante los órganos jurisdiccionales. Y la prueba es bastante cuando su contenido es netamente incriminatorio. Además, la Sala de instancia ha de construir el juicio de autoría con arreglo a un discurso argumental lógico, coherente, expresivo del grado de certeza exigido para fundamentar cualquier condena en el ámbito de la jurisdicción criminal. Está también fuera de dudas que el control de racionalidad de la inferencia no implica la sustitución del criterio valorativo del Tribunal sentenciador por el del Tribunal casacional, el juicio de inferencia del Tribunal "a quo" sólo puede ser impugnado si fuese contrario a las reglas de la lógica o a las máximas de la experiencia ( SSTS 70/2011, de 9 de febrero y 156/2016, de 29 de febrero, entre otras muchas).

    En cuanto a la credibilidad de los testigos y la aplicación del contenido detallado de su testimonio, hemos afirmado que queda fuera, salvo supuestos excepcionales, de las posibilidades de revisión en el marco del recurso de casación, dada la naturaleza de este recurso y la imposibilidad de que el Tribunal que lo resuelve disponga de las ventajas y garantías que proporcionan, en la valoración probatoria, la inmediación y la contradicción (STSS 1262/2006, de 28 de diciembre y STS 33/2016, de 19 de enero, entre otras).

    En concreto y en relación a la declaración de la víctima y la verosimilitud de la misma, se viene reiterando en la jurisprudencia que la ponderación de la prueba testifical depende sustancialmente de la percepción directa que de su producción hayan tenido los Tribunales de instancia. Así, esta prueba es adecuada para enervar la presunción de inocencia en los casos en los que la declaración se ve acompañada de una corroboración, cuando la mecánica de los hechos así lo permita.

    Esta Sala, en numerosas sentencias, como es la 1505/2003 de 13 de noviembre, establece unos criterios orientativos para que la sola declaración de la víctima pueda desvirtuar la presunción de inocencia, y estos son: a) ausencia de incredibilidad subjetiva, derivada de las relaciones entre el declarante y el acusado, que pudieran conducir a la existencia de un móvil de resentimiento, enemistad, venganza, enfrentamiento, interés o de cualquier otra índole semejante, que prive a esa declaración de la aptitud necesaria para generar certidumbre; b) verosimilitud, es decir constatación de la concurrencia de algunas corroboraciones periféricas de carácter objetivo, que avalen lo que no es propiamente un testimonio (declaración de conocimiento prestada por una persona ajena al proceso) sino una declaración de parte, en cuanto que la víctima puede personarse como parte acusadora particular o perjudicada civilmente en el procedimiento ( arts. 109 y 110 LECrim.) o, cuando menos, la inexistencia de datos de tal carácter objetivo, que contradigan la veracidad de la versión de la víctima; y c) persistencia en la incriminación, que debe ser prolongada en el tiempo, plural, sin ambigüedades ni contradicciones, ya que la única posibilidad de evitar la situación de indefensión del acusado que proclama su inocencia, es la de permitirle que cuestione eficazmente la declaración que le incrimina, poniendo de relieve aquellas contradicciones que, valoradas, permitan alcanzar la conclusión de inveracidad ( STS 787/2015, de 1 de diciembre y STS 29/2017, de 25 de enero).

  3. El relato de hechos probados afirma, en síntesis, que Pelayo conocido de la familia Pelayo Delfina Rosalia. desde hacía muchos años por estar casada con una prima del Sr. Pelayo., la tarde del 11 de octubre del 2014, al finalizar la comida que celebraban en las escuelas de la localidad de DIRECCION001 -en la que aquel disponía de una segunda residencia- y a la que asistían también su esposa, así como el Sr. Pelayo., la Sra. Delfina., la hija de éstos, Rosalia. de 15 años de edad, y otras 6 personas más, propuso a la menor que le acompañara a buscar setas, mientras los demás se iban juntos al campo con idéntico fin.

    La menor accedió. El acusado entregó a su mujer la cesta que llevaba y con el pretexto de coger otra, se dirigió a su casa en compañía de Rosalia. y una vez allí le dijo que mejor "echaría un polvo" y comenzó a besar y realizar tocamientos a la menor en sus partes íntimas, conduciéndola seguidamente a un chozo, en la parte posterior de la casa, donde continuó besándola, bajándose él los pantalones y bajándoselos a ella, sentándola en una mesa o banco de trabajo, efectuando tocamientos a la menor en sus genitales.

    Seguidamente, buscando un lugar de mayor intimidad, el acusado se dirigió junto con la menor al monte, se quitó el pantalón y ropa interior y tras tumbarse, mantuvo relaciones sexuales con penetración, primeramente, con un dedo y luego con el pene, llegando a eyacular en la vagina de la menor. Posteriormente, se limpió y ayudó a la menor a limpiarse con una servilleta de papel y le indicó que no debía contar nada de lo sucedido.

    La menor sufre un síndrome de Turner diagnosticado desde los dos años, que provoca un retraso en el crecimiento físico y en la madurez emocional, que limita sus facultades cognitivas y volitivas, presentando un retraso mental leve.

    Como consecuencia de los hechos Rosalia. ha presentado una sintomatología postraumática y ha precisado tratamiento psicológico.

    El Tribunal declaró probados estos hechos, tras la práctica de la siguiente prueba:

    En primer lugar, el propio reconocimiento efectuado por el acusado de haber ejecutado los actos de contenido sexual recogidos en los hechos probados. Hechos que también fueron descritos por la víctima y se encuentran corroborados por el informe emitido por el Instituto de Medicina Legal y el informe de ADN, en el que se concluye la existencia de ADN de la víctima y del acusado en los hisopos con muestra vaginal de la menor.

    La cuestión objeto de controversia se centra en determinar si el acusado obtuvo el consentimiento de la menor aprovechándose de una situación de superioridad. La Sala de instancia considera que la prueba practicada acredita una situación de superioridad y asimetría entre el acusado y la víctima. Situación determinada por la importante diferencia de edad, madurez biológica, intelectual y emocional y de experiencia sexual; y por la amistad y confianza que mantenía el acusado con la familia de la menor.

    Respecto a la edad, consta acreditado y no es controvertido, que la víctima contaba con 15 años y el acusado con 35 años más. El acusado, afirma la Sala, era consciente de la edad de la menor por la relación que mantenía desde hacía años con los padres de ésta y por tener un hijo de edad similar a la víctima; además el día de los hechos le preguntó por el curso que estudiaba, dato que le permitía inferir la edad de la menor.

    En cuanto a las características personales de la víctima, la Sala consideró que los informes y documentos médicos acreditaban que padecía síndrome de Truner, TDAH y un retraso mental leve. Atendiendo a las explicaciones dadas en el acto del juicio por las psicólogas de IML, el Tribunal de instancia considera que dichas patologías limitan las facultades cognitivas y volitivas de la menor, con un déficit de habilidades a nivel intelectual, social e intrapersonal. Asimismo constata la falta de madurez de la menor, extremo que aprecia de su declaración en el acto del juicio y que considera que no podía ser ignorado por el acusado, por cuanto conocía a la víctima desde pequeña.

    En este contexto, la Sala de instancia no otorga relevancia al informe pericial aportado por la defensa del acusado, en el que se cuestiona el informe elaborado por el IML. Afirma el órgano a quo que dicho informe, además de no haber sido ratificado en el acto del juicio, fue realizado sin tener ningún contacto con la menor, por lo que se elaboró sin tener un conocimiento completo y exacto de las circunstancias de ésta.

    La Sala de instancia considera acreditado también que entre el acusado y la víctima y los padres de ésta existía una relación personal y de confianza desde hacía años. Confianza, afirma la sentencia recurrida, que permitió que pudiera apartar a la menor de sus padres y del resto de adultos, conduciéndola a un espacio que garantizaba la intimidad.

    Finalmente, la Sala analiza la declaración de la víctima; quien negó que existiera complicidad para realizar el acto sexual. De forma persistente, ya desde sus primeras declaraciones manifestó que no se había defendido, que se dejó llevar por temor a la reacción del agresor. Declaración de la víctima que se encuentra avalada por la testifical de Delfina, quien en el acto del juicio afirmó que no le pareció bien que el acusado se fuera a solas con la menor, y que cuando se juntó con ellos observó a la menor "muy pensativa". Asimismo, el testimonio de la menor se encuentra avalado por el trastorno postraumático que sufrió tras los hechos, que precisó de tratamiento psicológico.

    Todos estos extremos permiten al tribunal a quo concluir que el acusado obtuvo el consentimiento de la menor aprovechándose de la situación de superioridad. Decisión que es acorde con los criterios de la lógica y la experiencia; no cabe duda que la diferencia de edad, las patologías que padece la menor y la relación de confianza y familiaridad existente entre el acusado y la víctima colocaron a la menor en un claro plano de inferioridad, que restringió de forma relevante su capacidad de decidir libremente.

    De lo expuesto se deriva que la conclusión de la Audiencia está suficientemente motivada; ajustándose el juicio deductivo utilizado a las reglas de lógica y a los principios de la experiencia, por lo que no se ha producido la vulneración del derecho a la presunción de inocencia que se denuncia.

    En atención a lo expuesto, procede la inadmisión del motivo ex artículo 885.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

SEGUNDO

El segundo motivo se formula al amparo del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por indebida aplicación del artículo 181 del Código Penal.

  1. Sostiene el recurrente que no ha quedado probada la superioridad ni elementos que indiquen que la víctima fuera coartada; al contrario, se muestra su colaboración para favorecer el acto sexual.

  2. El cauce casacional elegido implica la aceptación de los hechos declarados probados en la sentencia impugnada, sin que con base en el artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal pueda pretenderse una modificación de dicho relato fáctico, ya que lo que se denuncia es una incorrecta aplicación del derecho al hecho probado de la sentencia; de ahí que reiterada jurisprudencia de esta Sala haya afirmado que el recurso de casación por infracción de ley exige el respeto absoluto e íntegro de los hechos probados en sentencia ( SSTS 171/2008; 380/2008 y 131/2016, de 23 de febrero, entre otras).

  3. De acuerdo con los hechos tal y como han quedado acreditados, la subsunción de los mismos en el delito de abuso sexual del artículo 181 apartados 1, 3 y 4 del Código Penal en su redacción dada por la Ley Orgánica 5/2010 no ofrece dificultad alguna, tal y como fue considerado por el Tribunal de instancia.

El prevalimiento, que califica el delito, consiste precisamente en el aprovechamiento de una situación de superioridad manifiesta que coarte la libertad de la víctima.

Recuerda la STS 630/16, de 14 de julio que: "Como señalan las SSTS. 480/2016, de 2 de junio, 411/2014, de 26 de mayo, 553/2014, de 30 de junio y 355/2015, de 28 de mayo, el prevalimiento se configura como un supuesto de desnivel notorio entre las posiciones de las partes, en la que una de ellas se encuentra en manifiesta posición de inferioridad que restringe de modo relevante su capacidad de decidir libremente, y la otra se aprovecha deliberadamente de su posición de superioridad, bien sea ésta derivada de su relación laboral, docente, familiar, cuasi familiar, económica, de edad o de otra índole, consciente de que la víctima tiene coartada su capacidad de decidir sobre la relación sexual requerida. Para el diccionario, prevalerse es valerse o servirse de una calidad que confiere una posición de privilegio o depara alguna ventaja. En consecuencia, en el caso actual la doble circunstancia de la diferencia de edad y la relación cuasi familiar, es la que determina el prevalimiento, sin que esta última relación deba configurar una causa autónoma de agravación genérica."

En el caso de autos el recurrente prescinde de los hechos declarados probados, sostiene que la menor tenía capacidad suficiente para prestar consentimiento a la relación sexual, y su comportamiento fue de total colaboración para favorecer el acto sexual. Sostiene que la libertad de la menor no estaba coartada.

Sin embargo, en los hechos declarados probados se recogen elementos suficientes para apreciar la inexistencia de consentimiento en la menor al haber sido prestado de forma no válida, al aprovecharse el acusado de una situación de superioridad.

Así, en primer lugar, se recoge la diferencia de edad de 35 años entre la víctima y el acusado. En segundo lugar, se constata la enfermedad que padecía la víctima, que le provocaba un retraso en el crecimiento físico y en la madurez intelectual; limitaciones que eran apreciables para cualquiera. En tercer lugar, a dichos extremos, se une la relación de confianza que existía entre la víctima y el acusado, fruto de la relación que mantenía éste con la familia de la menor, y el entorno de intimidad y soledad a los que condujo el acusado a la víctima.

Es indudable que el conjunto de todas estas circunstancias determina un desnivel notorio entre las posiciones de la víctima y del acusado; desnivel y desequilibrio del que se sirvió el acusado para obtener el consentimiento de la víctima. En este contexto, la víctima carecía de capacidad para decidir libremente y accedió a la relación sexual por la superioridad que las circunstancias otorgaban al acusado.

Por lo expuesto procede la inadmisión del motivo ex artículo 884.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

TERCERO

El tercer motivo se formula al amparo del artículo 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

  1. El recurrente designa como documentos a efectos casacionales los siguientes: 1) Informe de consulta externa del Hospital Universitario de Guadalajara (folio 81), del que se desprende que la menor era una niña con un carácter que no se dejaba influenciar fácilmente. 2) Informe de la psicóloga del HCUSM General Infanto Juvenil (folios 83 y 84) del que extrae el recurrente que la relación sexual mantenida con ella no supuso para ella un episodio traumático. 3) Informe psicológico pericial obrante a los folios 395 a 403. Afirma que la exploración de la menor efectuada en instrucción no se ha seguido con las pautas indicadas en dicho informe; además se resalta que en él se cuestiona el método utilizado en el informe elaborado por el IML, concluyendo que de las pruebas realizadas no pueden concluir de forma objetiva que exista una merma en la capacidad cognoscitiva o volitiva de la menor.

    En definitiva, según el recurrente, de este informe se infiere que no ha quedado acreditado que la víctima no tuviera capacidad para emitir un consentimiento válido.

  2. Hemos dicho que la vía del error en apreciación de la prueba exige, como requisitos, los siguientes: en primer lugar, ha de fundarse en una verdadera prueba documental, quedando excluidas las pruebas personales aunque estén documentadas en la causa; en segundo lugar, que el documento sea literosuficiente, es decir, que evidencie el error cometido por el juzgador al consignar algún elemento fáctico o material de la sentencia, por su propio contenido, sin tener que recurrir a otras pruebas ni a conjeturas o complejas argumentaciones; en tercer lugar, que sobre el mismo extremo no existan otros elementos de prueba, pues en ese caso se trata de un problema de valoración sometido a las reglas generales que le son aplicables; y, finalmente, en cuarto lugar, que el dato o elemento acreditado por el particular del documento designado por el recurrente tenga virtualidad para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo, pues si afecta a elementos fácticos carentes de tal virtualidad el motivo no puede prosperar ya que, como reiteradamente tiene dicho esta Sala, el recurso se da contra el fallo y no contra los argumentos de hecho o de derecho que no tienen aptitud para modificarlo ( STS 36/2014, de 29 de enero).

    También hemos dicho que no son documentos a efectos casacionales las pruebas personales, aunque se encuentren documentadas. En concreto hemos dicho que no son documentos, aunque se hallan documentados en la causa bajo la fe pública judicial las pruebas de otra naturaleza, como las declaraciones del acusado ni de los testigos, ya que no son documentos ni las declaraciones del acusado ni las de los testigos ya que no garantizan ni la certeza, ni la veracidad de lo dicho por el manifestante, siendo simplemente pruebas personales documentadas en las actuaciones bajo la fe del Secretario Judicial y sometidas como el resto de las probanzas a la libre valoración del Juzgador de instancia. Y tampoco tiene el carácter de documento y por tanto, carece de virtualidad impugnativa, el soporte auditivo o audiovisual en que se ha grabado el juicio ( SSTS 196/2006 de 14 de febrero y 11/2015, de 29 de enero, entre otras muchas).

    En relación a la prueba pericial, no se trata de pruebas que aporten aspectos fácticos, sino criterios que auxilian al órgano jurisdiccional en la interpretación y valoración de los hechos, sin modificar las facultades que le corresponden en orden a la valoración de la prueba. Por otro lado, su carácter de prueba personal no debe perderse de vista cuando la prueba pericial ha sido ratificada, ampliada o aclarada en el acto del juicio oral ante el Tribunal, pues estos aspectos quedan entonces de alguna forma afectados por la percepción directa del órgano jurisdiccional a consecuencia de la inmediación ( STS 54/2015, de 11 de febrero, entre otras y con mención de otras muchas).

  3. Las alegaciones del recurrente deben inadmitirse.

    Los documentos designados por el recurrente carecen de aptitud a fin de ser considerados como tales a efectos casacionales, por cuanto adolecen del requisito de la literosuficiencia para evidenciar un error en los elementos de hecho, esencialmente, en la capacidad de la menor para prestar su consentimiento.

    El hecho de que la menor tuviera un carácter rebelde o la impresión que los hechos pudieron causar a la mismas, son datos que no demuestran de forma inequívoca la inexistencia de la situación de superioridad.

    En cuanto al informe psicológico referido en tercer lugar, el mismo se encuentra en contradicción con otras periciales. En el acto del juicio comparecieron las psicólogas del IML, quienes concluyeron que la menor tiene limitadas sus facultades cognitivas y volitivas, pues sufre un síndrome de Turner que provoca un retraso en el crecimiento físico y en la madurez emocional que correspondería con su edad, presentando además un retraso mental leve, con una capacidad significativamente inferior al promedio de los niños de su edad cronológica. Además, en las actuaciones obran informes médicos que acreditan que la víctima fue diagnosticada de síndrome de Turner a los dos años, sufre un TDAH y un retraso mental leve (folios 76 a 84, 387 a 389). La Sala no otorgó validez al informe referido por el recurrente por no estar ratificado en el acto del plenario y estar confeccionado sin haber tenido contacto alguno con la menor; por lo que, la Sala concluye que los peritos no han podido tener un conocimiento exacto y completo de las circunstancias y características concretas de la víctima.

    En realidad, el recurrente realiza una interpretación diferente de los informes; apartándose, en algunos supuestos, de su tenor literal; lo que excede del cauce casacional elegido. Además, la Sala de instancia constató, con inmediación, la falta de madurez de la víctima, recogiendo dicha circunstancia de forma expresa en la sentencia recurrida.

    Por todo lo expuesto, procede la inadmisión del motivo, de acuerdo con los artículos 884.6 y 885.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

    En su consecuencia, procede adoptar la siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA: NO HABER LUGAR A LA ADMISIÓN del recurso de casación formalizado por el recurrente contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de origen en la causa referenciada en el encabezamiento de esta resolución.

Las costas del recurso se imponen a la parte recurrente.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.

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