ATS, 16 de Noviembre de 2018

JurisdicciónEspaña
Fecha16 Noviembre 2018
EmisorTribunal Supremo, sala segunda, (penal)

T R I B U N A L S U P R E M O

Sala de lo Penal

Auto núm. /

Fecha del auto: 16/11/2018

Tipo de procedimiento: CAUSA ESPECIAL

Número del procedimiento: 20907/2017

Fallo/Acuerdo:

Ponente: Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gomez

Procedencia: Fiscalía General del Estado

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Antonia Cao Barredo

Transcrito por: ICR

Nota:

CAUSA ESPECIAL núm.: 20907/2017

Ponente: Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gomez

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Antonia Cao Barredo

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Penal

Auto núm. /

Excmos. Sres. y Excma. Sra.

D. Manuel Marchena Gomez, presidente

D. Andres Martinez Arrieta

D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre

D. Luciano Varela Castro

D. Antonio del Moral Garcia

D. Andres Palomo Del Arco

Dª. Ana Maria Ferrer Garcia

En Madrid, a 16 de noviembre de 2018.

Esta sala ha visto

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gomez.

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- Con fecha 2 de noviembre de 2018, el Procurador D. Luis José Mata de la Torre, actuando en nombre y representación de la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege (PROLEGE), presentó escrito mediante el que solicitaba ser tenido como parte acusadora en el ejercicio de la acción penal. El mismo día aportó un segundo escrito en el que expresaba la voluntad de adherirse a la calificación provisional presentada por el Ministerio Fiscal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

La representación legal de la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege (PROLEGE), con fecha 2 de noviembre de 2018, presentó escrito mediante el que interesaba ser tenida como parte en el ejercicio de la acción popular, contra todas las personas físicas hasta ahora procesadas por los hechos que han motivado la presente instrucción y por los delitos de rebelión ( arts. 472 y concordantes CP), sedición ( arts. 544 y concordantes CP), malversación de caudales públicos ( arts. 432 y concordantes CP) y desobediencia ( art. 410 del CP).

A su juicio, la interpretación de esta Sala acerca del alcance del art. 110 de la LECrim, ha estado marcada en numerosos precedentes por un criterio de máxima flexibilidad a la hora de hacer posible la incorporación al proceso de la acción popular. Del mismo modo, considera innecesaria la prestación de fianza, en la medida en que la STS 702/2003, 30 mayo -con cita de otras resoluciones- entendió que aquélla no era necesaria cuando se trataba de un procedimiento ya iniciado.

SEGUNDO

Tiene razón el Letrado de la acusación cuando invoca una línea jurisprudencial que ha matizado la férrea exigencia cronológica asociada al art. 110 de la LECrim. Decíamos en la STS 883/2009, 10 de septiembre, que de lo que se trata es de encontrar un adecuado punto de equilibrio entre la vigencia del principio de preclusión como criterio ordenador del procedimiento y la necesidad de dispensar una protección reforzada a la víctima del delito -acusación particular- o al interés en la prevalencia del derecho -acusación popular-. La necesidad de huir de una "... interpretación excesivamente rigurosa, que no encaja en el principio de igualdad de armas" ha sido apuntada en distintas ocasiones por esta Sala (cfr. SSTS 385/2015, 25 de junio y 271/2010, 30 de marzo).

Incluso la jurisprudencia constitucional ha llegado a relativizar el significado del principio preclusivo que encierra el art. 110 de la LECrim, llegando a admitir la personación, aun después del juicio oral, con el exclusivo objeto de permitir a la acusación no personada la formulación de un recurso de apelación (cfr. STC 66/1992, 29 de abril).

En definitiva, como decíamos en la STS 459/2005, de 12 de abril, la interpretación de los requisitos consignados en el artículo 110 LECRIM se debe hacer por el órgano jurisdiccional en la forma que sea más favorable a la efectividad del derecho consagrado en el artículo 24.1 CE (posterior en el tiempo a la regulación por la norma procesal).

Ahora bien, la cuestión alcanza otro sentido si tenemos en cuenta que la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito ha introducido el artículo 109 bis LECRIM para indicar que las víctimas del delito que no hubieran renunciado a su derecho podrán ejercer la acción penal en cualquier momento "antes del trámite de calificación del delito"; y, además, que la propia Ley 4/2015, de 27 de abril, señala en su artículo 11, letra a), que toda víctima tiene derecho a ejercer la acción penal y la acción civil "conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sin perjuicio de las excepciones que puedan existir".

Si ello es así, es necesario plantearse una modulación de los criterios anteriormente expuestos, por cuanto ya no cabe sostener que el artículo 24 CE ha incidido en el artículo 110 LECRIM para flexibilizarlo. Este argumento decae si ya contamos con una norma postconstitucional que ha reiterado el criterio del tradicional artículo 110 LECRIM: que la personación de la acusación particular se ha de realizar antes del inicio del trámite de calificación. Por otra parte, carece de sentido diseñar dos regímenes dispares según la acusación de que se trate: uno, basado en la interpretación flexible del artículo 110 LECRIM para la acusación popular; y otro, ajustado al tenor literal del nuevo artículo 109 bis LECRIM, que es el mismo que el del artículo 110 LECRIM (la personación se ha de realizar "antes del trámite de calificación del delito") para la acusación particular (cuando por definición es la persona ofendida o perjudicada por el delito -víctima-).

La nueva regulación de la materia nos obliga a ceñirnos al tenor de los artículos 109 bis y 110 LECRIM en ambos casos y concluir que la personación de la acusación popular se debe realizar antes del trámite de calificación del delito.

En el presente caso, la acción popular -que con la misma fecha aportó escrito mediante el que expresaba su adhesión expresa "... a la calificación provisional presentada por el Ministerio Fiscal en todos sus términos"- ha formalizado su petición de ser tenida por parte cuando ya se había abierto el juicio oral, conferido traslado al Ministerio Fiscal, a la Abogacía del Estado y a la acusación popular representada por el partido político VOX. En consecuencia, visto el estado procesal de la causa, no procede autorizar la personación de la asociación PROLEGE en calidad de acusación popular.

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA: No ha lugar a autorizar la personación en la presente causa de la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege (PROLEGE).

Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.

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