SAP Barcelona 532/2018, 20 de Septiembre de 2018

PonenteJUAN BAUTISTA CREMADES MORANT
ECLIES:APB:2018:8948
Número de Recurso656/2017
ProcedimientoRecurso de apelación
Número de Resolución532/2018
Fecha de Resolución20 de Septiembre de 2018
EmisorAudiencia Provincial - Barcelona, Sección 13ª

Sección nº 13 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

Calle Roger de Flor, 62-68, pl. 1 - Barcelona - C.P.: 08013

TEL.: 935673532

FAX: 935673531

EMAIL:aps13.barcelona@xij.gencat.cat

N.I.G.: 0801942120158186439

Recurso de apelación 656/2017 -1

Materia: Juicio ordinario arrendamiento de bienes inmuebles

Órgano de origen:Juzgado de Primera Instancia nº 04 de Barcelona

Procedimiento de origen:Procedimiento ordinario 979/2015

Parte recurrente/Solicitante: Geronimo

Procurador/a: Joan Josep Cucala Puig

Abogado/a: RICARDO MARTINEZ LOZANO

Parte recurrida: Hugo

Procurador/a: Angel Quemada Cuatrecasas

Abogado/a:

SENTENCIA Nº 532/2018

Magistrados:

Juan Bautista Cremades Morant

ISABEL CARRIEDO MOMPIN

M. DELS ÀNGELS GOMIS MASQUE

FERNANDO UTRILLAS CARBONELL

Barcelona, 20 de septiembre de 2018

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero

En fecha 9 de mayo de 2017 se han recibido los autos de Procedimiento ordinario 979/2015 remitidos por el Juzgado de Primera Instancia nº 04 de Barcelona a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por e/la Procurador/a Joan Josep Cucala Puig, en nombre y representación de Geronimo contra la Sentencia

de 24/01/2017 y en el que consta como parte apelada el/la Procurador/a Angel Quemada Cuatrecasas, en nombre y representación de Hugo .

Segundo

El contenido del fallo de la Sentencia contra la que se ha interpuesto el recurso es el siguiente:

"Desestimo la demanda postulada por la representación procesal de DON

Geronimo, absuelvo de sus pretensiones a DON Hugo, con imposición de costas."

Tercero

El recurso se admitió y se tramitó conforme a la normativa procesal para este tipo de recursos.

Se señaló fecha para la celebración de la deliberación, votación y fallo, que ha tenido lugar el día 19/09/2018.

Cuarto

En la tramitación de este procedimiento se han observado las normas procesales esenciales aplicables al caso.

Se designó ponente al Magistrado Juan Bautista Cremades Morant .

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO

La demanda rectora, formulada por D. Geronimo (arrendatario en el contrato que se dirá), va encaminada a la obtención de un pronunciamiento por el que "se declare que la renta del piso sito en 08003 -Barcelona, C/ DIRECCION000, NUM000, NUM001, NUM001 es de 220Ž58 € con efectos desde mes de abril 2015, y que a las rentas anteriores se les añadió incorrectamente el importe de 141Ž11 €, por lo menos desde el mes de abril de 2012, así como la existencia de un pago indebido y por tanto un enriquecimiento injusto del demandado, obligándose al demandado a devolver las cantidades indebidamente abonadas por importe sumado de 3.833Ž25 €, incrementados con los intereses legales correspondientes..." (sic), suma abonada en exceso, respecto de lo que considera procedente, todo ello con fundamento en la STS 21.5.2009 . A dicha pretensión se opone el arrendador, Sr. Hugo, en base a (1) considerar procedente la repercusión, en base a las SSTS 30.10.2013 y 26.11.2014 en relación con la DT 2ª.C.10-3 LAU 94 y el art. 108 TRLAU 64, al tratarse de obras ejecutadas, no solo a instancia del arrendatario sino también, en virtud de una resolución administrativa, no siendo de aplicación la, alegada por el actor, STS 21.5.2009, (2) la caducidad de la acción, ex art. 101, ap. 2 y 4 en relación con los arts. 106 y 109-2 TRLAU 64, de aplicación por razones de vigencia temporal, (3) aplicación de la doctrina de los actos propios.

La sentencia de instancia desestima la demanda, en base al art. 101, ap. 2 y 4 TRLAU 64 y STS 26.11.2014, con imposición de las costas al actor. Frente a dicha resolución se alza el actor, reiterando su pretensión inicial, en base a que fue el demandado quien, por su dejadez, provocó la situación que llevó a que fuera requerido por la administración, invocando el fraude de ley ex art. 6.4 CC

Para desestimar esta última invocación, baste con lo que declaramos en la SAP 13 219/2015 de 8 julio, citada por la demandada: "... es doctrina comúnmente admitida ( Sentencias del Tribunal Supremo de 28 de enero de 2005, 9 de marzo de 2006, y 29 de diciembre de 2011 ; RJA 1829/2005, 1072/2006, y 302/2012 ), que el fraude procesal es una faceta del general fraude de ley que proscribe el artículo 6.4 del Código civil, y requiere, como elemento esencial, un acto o serie de actos que, pese a su apariencia de legalidad, violan el contenido ético de los preceptos en que se amparan, ya se tenga o no conciencia de burlar la Ley ( Sentencias, entre otras, de 17 de abril de 1997 ( RJ 1997, 2915), 3 de febrero de 1998 (RJ 1998, 614 ), y 21 de diciembre de 2000 (RJ 2001, 1082) ). Se caracteriza ( Sentencias, entre otras, de 4 de noviembre de 1994 ( RJ 1994, 8373), 23 de enero de 1999 ( RJ 1999, 318), 27 de mayo de 2001, y 13 de junio de 2003 (RJ 2003, 5048)) por la presencia de dos normas: la conocida, denominada "de cobertura", que es a la que se acoge quien intenta el fraude, y la que a través de ésta se pretende eludir, que es la norma denominada "eludible o soslayable", amén que ha de perseguir un resultado contrario a lo ordenado o prohibido imperativamente ( Sentencia de 27 de marzo de 2001 (RJ 2001, 4767) y 30 de septiembre de 2002 (RJ 2002, 8487) ). Es claro, que no se requiere la intención, o conciencia, o idea dirigida a burlar la ley ( Sentencias de 17 de abril de 1997 ( RJ 1997, 2915), 3 de febrero de 1998 (RJ 1998, 614) y otras), pero es preciso que la Ley en que se ampara el acto presuntamente fraudulento no le proteja suficientemente ( Sentencia de 23 de febrero de 1993 (RJ 1993, 1227) ), y que la actuación se encamine a la producción de un resultado contrario o prohibido por una norma tenida como fundamental en la materia, y tal resultado se manifieste de forma notoria e inequívocamente ( Sentencias de 4 de noviembre de 1982 y 30 de junio de 1993 (RJ 1993, 5341) ).

En el presente caso, en el que no es objeto del pleito la pretensión de declaración de ruina, o la pretensión declarativa de la necesidad de las obras de reparación, que fueron objeto de un pleito anterior, no resulta claramente de las alegaciones de la demandada apelante la norma que se pretende eludir por la demandante con la pretensión de condena al pago de la repercusión por obras que constituye el único objeto de los presentes autos.

.....no concurren ninguno de los mencionados requisitos para apreciar el pretendido fraude procesal, o el abuso

derecho en el ejercicio de las acciones legales, ya que es plenamente legítimo y serio, y en modo alguno excesivo o anormal, el interés jurídico de la arrendadora en obtener el incremento de renta, por obras necesarias en el edificio, con fundamento legal en la norma de la Disposición Transitoria Segunda C) 10.3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.", y además realizadas a instancia del arrendatario y por imposición de la Administración, como se dirá.

Con ello, se reproduce en esta alzada el debate planteado en la instancia, para cuya resolución se dispone del mismo material instructorio.

SEGUNDO

Conviene partir de una serie de hechos básicos, en los cuales se hallan contestes las partes o se consideran suficientemente acreditados:

1) La realidad del contrato de arrendamiento de 11.11.1968 concertado con la entonces propietaria, la Sra. Rita, como arrendadora (posteriormente fue propietario el demandado, D. Hugo, doc. 2 dda.), y D. Geronimo

, como arrendatario, de cuyo contrato merecen destacar que se pacta por tiempo de "años" y por una renta de 18.000 pts. anuales, 1500 mensuales, prestándose fianza por esta última suma, pactándose que "en compensación a las obras de conservación y repercusión por arbitrios municipales el alquiler estipulado en el presente contrato queda desglosado en la forma siguiente: en concepto de alquiler ....1100 ptas, repercusiones 400 pts" (doc. 1 dda).

2) Por denuncias del arrendatario, se instruyó expediente por el Distrito de Ciutat Vella, que concluyó por resolución de 26.5.2011, que devino firme, requiriendo al demandado para la realización de obras (f. 33 vuelto)

3) En 3.3.2011 el arrendatario dirigió un escrito al arrendador, vía burofax, requiriéndole para, en el plazo de 5 días, la realización de las obras...

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