ATS, 30 de Enero de 2018

JurisdicciónEspaña
EmisorTribunal Supremo, sala cuarta, (Social)
PonenteROSA MARIA VIROLES PIÑOL
ECLIES:TS:2018:1340A
Fecha30 Enero 2018
Recurso número1410/2017
Categoríarecurso de casación,inspección de trabajo y seguridad social,centro de trabajo,recurso de casación para la unificación de doctrina,estatuto de los trabajadores

T R I B U N A L S U P R E M O

Sala de lo Social

A U T O

Auto: UNIFICACIÓN DOCTRINA

Fecha Auto: 30/01/2018

Recurso Num.: 1410/2017

Fallo/Acuerdo:

Procedencia: T.S.J.ANDALUCIA SOCIAL

Ponente Excma. Sra. Dª: Rosa María Virolés Piñol

Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. Margarita Torres Ruiz

Reproducido por: JHV/M

Recurso Num.: 1410/2017

Ponente Excma. Sra. Dª :Rosa María Virolés Piñol

Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. Margarita Torres Ruiz

A U T O

TRIBUNAL SUPREMO.

SALA DE LO SOCIAL

Excmos. Sres.:

Dª. Maria Milagros Calvo Ibarlucea, Dª. Rosa María Virolés Piñol, D. Angel Blasco Pellicer

En la villa de Madrid, a treinta de Enero de dos mil dieciocho.

Es Ponente la Excma. Sra. Dª Rosa María Virolés Piñol,

H E C H O S

PRIMERO

Por el Juzgado de lo Social N.º 6 de los de Jerez de la Frontera se dictó sentencia en fecha 29 de diciembre de 2015 , en el procedimiento n.º 493/2015 seguido a instancia de D.ª Julia contra AramarK Servicios de Catering, SLU, sobre despido, que estimaba en parte la pretensión formulada.

SEGUNDO

Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en fecha 15 de febrero de 2017 , que estimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia revocaba la sentencia impugnada.

TERCERO

Por escrito de fecha 30 de marzo de 2017, se formalizó por el letrado D. David Ruiz Cortes en nombre y representación de AramarK Servicios de Catering, SLU, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO

Esta Sala, por providencia de 23 de noviembre de 2017, acordó abrir el trámite de inadmisión por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO

El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales", SSTS 16/07/2013 (R. 2275/2012 ), 22/07/2013 (R. 2987/2012 ), 25/07/2013 (R. 3301/2012 ), 16/09/2013 (R. 302/2012 ), 15/10/2013 (R. 3012/2012 ), 23/12/2013 (R. 993/2013 ), 29/04/2014 (R. 609/2013 ) y 17/06/2014 (R. 2098/2013 ).

Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales, SSTS 14/05/2013 (R. 2058/2012 ), 23/05/2013 (R. 2406/2012 ), 13/06/2013 (R. 2456/2012 ), 15/07/2013 (R. 2440/2012 ), 16/09/2013 (R. 2366/2012 ), 03/10/2013 (R. 1308/2012 ), 04/02/2014 (R. 677/2013 ) y 01/07/2014 (R. 1486/2013 ).

SEGUNDO

Se recurre en casación para la unificación de doctrina la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla), de 15 de febrero de 2017, R. Supl. 1020/2016 , que estimó el recurso de suplicación interpuesto por la trabajadora y revocó la sentencia de instancia, y en su lugar estimó la demanda y declaró nulo el despido, condenando a Aramark Servicios de Catering, SLU a la inmediata readmisión de la actora.

La sentencia de instancia había declarado improcedente y no nulo el despido de la trabajadora, por vulneración de la garantía de indemnidad.

La actora ha venido prestando sus servicios profesionales a jornada completa para la demandada en el centro de trabajo de Asisa- Jerez, con antigüedad de 28 de Enero de 2008 y categoría profesional de cocinera. El 2 de Abril de 2012 se firmó entre las partes un contrato indefinido ordinario a tiempo completo.

El 24 de Marzo de 2015 la empresa comunicó a la actora que había decidido proceder a su despido debido a las discrepancias surgidas en la forma de desempeñar sus funciones y las directrices de la Empresa y que los hechos suponían el quebranto de los deberes laborales básicos.

La empresa decidió proceder al despido al amparo de lo dispuesto en el artículo 54.2 apartado e) ET .

El 10 de Diciembre de 2014, cuatro trabajadoras de la empresa, incluidas la actora, dirigieron carta a la empresa demandada, realizando reclamaciones a la misma. El 11 de Febrero de 2015, se formula por las mismas trabajadoras denuncia ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cádiz , dirigiendo ésta escrito a la Inspección datado el 15 de Mayo de 2015, interesando certificación o informe sobre la denuncia presentada, siéndole remitido Oficio en fecha de 21-5-15 en relación con la O.S. 11/ 0002401/15, cuyo contenido doy por reproducido en el que se reseña que en fecha de 9 de Abril de 2015 se giró visita de inspección al centro de trabajo, así como la práctica de requerimientos a la empresa, con indicación que en caso de incumplimiento determinará el levantamiento de acta de Infracción.

En este caso la sala de suplicación aprecia la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de garantía de indemnidad, tras valorar las diversas circunstancias que concurren, que son el que la causa del despido sea inexistente; la existencia de malas relaciones con la supervisora; el escaso tiempo transcurrido entre la reclamación de 10 de diciembre de 2014 (sobre exceso de horas de trabajo, tercera paga extra, falta de entrega de nóminas) y la denuncia a la Inspección de Trabajo el 15 de febrero de 2015, y el despido el 24 de marzo de 2015, consituyendo todos ellos indicios suficientes y esclarecedores de la verosímil represalia y vulneración constitucional denunciadas. Señala la sentencia que ante tales indicios la empresa no aporta ninguna justificación objetiva y razonable de que la decisión de despedir esté desligada de todo propósito anticonstitucional, lo que determina la calificación de nulidad del despido conforme al art. 55.5 del Estatuto de los Trabajadores .

TERCERO

Recurre Aramark Servicios de Catering, SLU en casación para la unificación de doctrina, citando como sentencia de contraste la dictada por la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía (Granada), de 25 de junio de 2008, R. Supl. 1357/2008 , que desestimó el recurso de la trabajadora y confirmó la sentencia de instancia, que había calificado como improcedente su despido.

En el caso de la referencial la petición de nulidad del despido se basaba en la interposición previa de una denuncia ante la Inspección de Trabajo, pero la sala considera que no existía ningún indicio ni de discriminación ni de vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, pues no constaba que la empresa al acordar el cese tuviera conocimiento de la denuncia, ni que se sancionara a la empresa por el órgano competente. A lo anterior se añade que la grabación de una conversación en la que fue parte la demandante, no constituye una infracción del derecho al secreto de las comunicaciones, puesto que no hay secreto para aquel a quien la comunicación se dirige.

La referencial consideró que no era suficiente indicio la mera alegación de la vulneración constitucional, por lo que no podía trasladarse la carga de la prueba al empleador; y en el caso de autos no había indicio alguno que justificara la discriminación de trato "desigual" o "discriminatorio" ni existía índice comparativo demostrativo de trato desigual respecto de otro trabajador. Así, el reproche se centraba en la pretendía vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva pero, ello no obstante, la Sala no observa se haya producido dicho evento, porque al no modificarse los hechos probados, no constaba que la empresa tuviese conocimiento al acordar el cese de la trabajadora de la denuncia formulada por ésta en la Inspección de Trabajo sobre la circunstancia de no reunir el lugar de trabajo las condiciones adecuadas de seguridad e higiene. Concluye la referencial ratificando el criterio del juzgador de instancia de que dada la fecha de la denuncia y que la actora trabajaba en aquella dependencia en determinados periodos, a veces de duración mensual desde hacia tres años, la denuncia había sido un hecho buscado ex post facto para la acción de despido.

No puede apreciarse contradicción entre las dos sentencias que se comparan, puesto que mientras en la sentencia recurrida se constataban y valoraban diversas circunstancias como la inexistencia de la causa de despido; la existencia de malas relaciones con la supervisora; el escaso tiempo transcurrido entre la reclamación de 10 de diciembre de 2014 (sobre exceso de horas de trabajo, tercera paga extra, falta de entrega de nóminas) y la denuncia a la Inspección de Trabajo el 15 de febrero de 2015, y el despido el 24 de marzo de 2015, constituyendo todos ellos indicios suficientes y esclarecedores de la verosímil represalia y vulneración constitucional, la empresa no aportaba ninguna justificación objetiva y razonable de que la decisión de despedir estuviera desligada de todo propósito anticonstitucional.

Sin embargo, en el caso de la sentencia de contraste la sala consideró que no había indicio sino la mera alegación de la vulneración constitucional, por lo que no podía trasladarse la carga de la prueba al empleador; no existiendo tampoco índice comparativo demostrativo de trato desigual respecto de otro trabajador. Así, el reproche se centraba en la pretendida vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva pero al no modificarse los hechos probados, no constaba que la empresa tuviese conocimiento al acordar el cese de la trabajadora de la denuncia formulada por ésta en la Inspección de Trabajo sobre la circunstancia de no reunir el lugar de trabajo las condiciones adecuadas de seguridad e higiene, concluyendo que debía ratificarse el criterio del juzgador de instancia de que dada la fecha de la denuncia y que la actora trabajaba en aquella dependencia en determinados periodos, a veces de duración mensual desde hacia tres años, la denuncia había sido un hecho buscado ex post facto para la acción de despido.

CUARTO

Por providencia de 23 de noviembre de 2017, se mandó oír a la parte recurrente dentro del plazo de cinco días, y en aplicación de lo que dispone el artículo 225.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , al apreciar la Sala la eventual existencia de causa de inadmisión por posible falta de contradicción entre la sentencia recurrida y la que se cita como término de comparación, al no concurrir las identidades del art. 219 de la LRJS .

La parte recurrente, en su escrito de 11 de diciembre rechaza los argumentos expuestos en la providencia, considerando que la cuestión esencial del debate es si la empresa conocía, en el momento del despido, que la actora había puesto una denuncia ante la inspección de trabajo y que en ambos casos consta probado que en el momento del despido la empresa no tenía conocimiento de la denuncia y que los hechos que pone de manifiesto la providencia no pueden avalar la inadmisión del recurso.

Sin embargo los argumentos expuestos por la misma no desvirtúan en modo alguno las consideraciones que se hacen en los razonamientos previos de esta resolución, por lo que, de conformidad con el informe del Ministerio fiscal, procede inadmitir el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, con imposición de costas por tener la parte recurrente, dándose, en su caso, a las consignaciones y aseguramientos prestados el destino que corresponda de acuerdo con la sentencia de suplicación.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el letrado D. David Ruiz Cortes, en nombre y representación de AramarK Servicios de Catering, SLU, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla de fecha 15 de febrero de 2017, en el recurso de suplicación número 493/2015 , interpuesto por D.ª Julia , frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 6 de los de Jerez de la Frontera de fecha 29 de diciembre de 2015 , en el procedimiento n.º 493/2015 seguido a instancia de D.ª Julia contra AramarK Servicios de Catering, SLU, sobre despido.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, con imposición de costas a la parte recurrente, dándose, en su caso, a las consignaciones y aseguramientos prestados el destino que corresponda de acuerdo con la sentencia de suplicación.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

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    • España
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