STS 2020/2017, 19 de Diciembre de 2017
| Ponente | NICOLAS ANTONIO MAURANDI GUILLEN |
| ECLI | ES:TS:2017:4651 |
| Número de Recurso | 5057/2016 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Número de Resolución | 2020/2017 |
| Fecha de Resolución | 19 de Diciembre de 2017 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Sexta
Sentencia núm. 2.020/2017
Fecha de sentencia: 19/12/2017
Tipo de procedimiento: REC.ORDINARIO(c/a)
Número del procedimiento: 5057/2016
Fallo/Acuerdo:
Fecha de Votación y Fallo: 14/12/2017
Ponente: Excmo. Sr. D. Nicolas Maurandi Guillen
Procedencia: CONSEJO GRAL.PODER JUDICIAL
Letrada de la Administración de Justicia: Secretaría Sección 006
Transcrito por: FGG
Nota:
REC.ORDINARIO(c/a) núm.: 5057/2016
Ponente: Excmo. Sr. D. Nicolas Maurandi Guillen
Letrada de la Administración de Justicia: Secretaría Sección 006
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Sexta
Sentencia núm. 2020/2017
Excmos. Sres.
D. Luis Maria Diez-Picazo Gimenez, presidente
D. Jorge Rodriguez-Zapata Perez
D. Pedro Jose Yague Gil
D. Jose Manuel Sieira Miguez
D. Nicolas Maurandi Guillen
En Madrid, a 19 de diciembre de 2017.
Esta Sala ha visto el recurso contencioso-administrativo que con el número 5057/2016 ante la misma pende de resolución, interpuesto por don Joaquín , representado por la Procuradora doña Ana María Martín Espinosa, frente al Acuerdo de 6 de octubre de 2016 de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (dictado en el recurso de alzada núm. 342/2016).
Habiendo sido parte recurrida el Consejo General del Poder Judicial, representado por el Abogado del Estado.
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Nicolas Maurandi Guillen.
Por la representación de don Joaquín , se interpuso recurso contencioso-administrativo contra el Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial a que antes se ha hecho referencia, el cual fue admitido por la Sala, motivando la reclamación del expediente administrativo que, una vez recibido, se puso de manifiesto a la parte recurrente para que formalizase la demanda dentro del correspondiente plazo, lo que verificó mediante un escrito en el que, después de exponer los hechos y alegar los fundamentos de derecho que estimó oportunos, terminó así:
" SUPLICO RESPETUOSAMENTE A LA SALA , que tenga por presentado en tiempo y forma este escrito y los documentos que lo acornpañan, se sirva admitirlo, y se tenga por formalizada la DEMANDA DE RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO , contra la RESOLUCIÓN dictada por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial , por la que se desestimaba el Recurso de Alzada interpuesto por esta parte, contra el ACUERDO de 25 de Mayo de 2016 , dictado por el Promotor de la Acción Disciplinaria, solicitándose que se dicte RESOLUCION , por la que se revoque la RESOLUCIÓN QUE AHORA DE RECURRE , así como también, el ACUERDO de 25 de Mayo de 2016, procediéndose a imponer al Ilmo. Sr. Magistrado, D Santos , titular del Juzgado de Instrucción nº. NUM000 de DIRECCION000 , LA SANCION CORRESPONDIENTE POR LAS OCHO FALTAS DISCIPLINARLAS MUY GRAVES COMETIDAS POR EL MISMO , que entendemos y por lo tanto solicitamos que sea la prevista en el Art. 420. e) , de la Ley Orgánica del Poder Judicial , ES DECIR, LA SEPARACION DEL CARGO DE MAGISTRADO para que no continúe cometiendo INIQUIDADES".
El señor Abogado del Estado, en la representación que le es propia, se opuso a la demanda y pidió la inadmisión del recurso interpuesto o, subsidiariamente, su desestimación.
Hubo recibimiento a prueba y, una vez conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo la audiencia de 14 de diciembre de 2017.
El presente recurso contencioso-administrativo, interpuesto por don Joaquín , se dirige contra el Acuerdo de 6 de octubre de 2016 de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Dicho acuerdo desestimó el recurso de alzada interpuesto contra el Acuerdo del Promotor de la Acción Disciplinaria de 25 de mayo de 2016 que, a su vez decretó el archivo de la diligencia informativa 138/2016 que había sido instruida en virtud de denuncia presentada sobre la actuación del Juzgado de Instrucción número NUM000 de DIRECCION000 (Málaga).
La pretensión deducida en el "suplico" de la demanda que ha sido formalizada en el actual proceso postula, como ya se expresó con anterioridad, lo siguiente:
"(...).que se dicte RESOLUCION, por la que se revoque la RESOLUCIÓN QUE AHORA DE RECURRE, así como también, el ACUERDO de 25 de Mayo de 2016,
procediéndose a imponer al Ilmo. Sr. Magistrado, (...) , titular del Juzgado de Instrucción nº. NUM000 de DIRECCION000 , LA SANCION CORRESPONDIENTE POR LAS OCHO FALTAS DISCIPLINARLAS MUY GRAVES COMETIDAS POR EL MISMO, que entendemos y por lo tanto solicitamos que sea la prevista en el Art. 420. e) , de la Ley Orgánica del Poder Judicial , ES DECIR, LA SEPARACION DEL CARGO DE MAGISTRADO para que no continúe cometiendo INIQUIDADES. (...)".
La excepción de falta de legitimación activa de la parte recurrente opuesta por el Abogado del Estado debe ser examinada con carácter prioritario, por constituir un necesario presupuesto procesal para que pueda ser enjuiciada la pretensión que ha sido ejercitada en la demanda formalizada en el actual proceso.
En relación con dicha cuestión, ha de comenzarse recordando que una consolidada jurisprudencia de esta Sala (por todas, la sentencia de 25 de marzo de 2003 y las que en ella se citan, y la posterior de 12 de diciembre de 2012) ha afirmado la falta de legitimación del denunciante para intervenir en los procesos contencioso administrativos seguidos contra las decisiones del Consejo General del Poder Judicial que ordenan el archivo de los procedimientos disciplinarios.
Y merece también ser subrayado que el núcleo argumental de esta jurisprudencia parte del dato de que la imposición o no de una sanción al Juez denunciado no produce efecto positivo alguno en la esfera jurídica del denunciante, ni elimina carga o gravamen alguno de esa esfera.
Tras lo anterior, conviene asimismo hacer referencia a las ideas con las que ha sido desarrollado ese básico núcleo argumental. Son las siguientes:
- 1) La existencia de la legitimación viene ligada a la de un interés legítimo de la parte a cuya satisfacción sirva el proceso.
Y la amplitud con la que la jurisprudencia viene interpretando el artículo 28.1.a) de la Ley, por exigencias del artículo 24.1 CE , y la sustitución del concepto de interés directo por el de interés legítimo, no llegan hasta el extremo de que no se condicione en todo caso la legitimación a la existencia de un interés real.
Como ha dicho el Tribunal Constitucional ( STC 143/87 ), el interés legítimo al que se refiere el artículo 24.1 CE , y también el artículo 19 de la nueva Ley jurisdiccional 6/1998, equivale a una titularidad potencial de una posición de ventaja o de una utilidad jurídica por parte de quien ejercita la pretensión, y que se materializaría de prosperar ésta.
- 2) La clave de si existe o no interés legítimo en el proceso de impugnación de una resolución del CGPJ, dictada en expediente abierto en virtud de denuncia de un particular por una hipotética responsabilidad de un juez, debe situarse en el dato de si la imposición o no de una sanción al Juez denunciado puede producir un efecto positivo en la esfera jurídica del denunciante, o eliminar una carga o gravamen en esa esfera.
- 3) El problema de la legitimación tiene un carácter casuístico, lo que no permite una respuesta indiferenciada para todos los casos, y hace que en cada uno de ellos deba realizarse la búsqueda del concreto interés legítimo que pueda servir de soporte a la legitimación, incumbiendo su alegación y prueba a quien se lo arrogue.
- 4) El haber sido parte en un determinado proceso judicial, no supone necesariamente poseer la específica legitimación que aquí se está analizando.
El procedimiento disciplinario no puede interferir un proceso judicial en curso, por lo que los intereses legitimadores de quien es litigante en dicho proceso, por sí solos, no pueden servir como base de su legitimación para reclamar la imposición de una determinada sanción al juez que, a criterio de dicho litigante, no satisfizo aquel interés del proceso.
- 5) Tampoco el propósito de ejercitar la pretensión de responsabilidad del Estado, prevista en el artículo 121 CE , puede servir de base a una legitimación para reclamar la imposición de sanción a un Juez.
Ni en ese concreto precepto, ni en la ley en general, hay elementos que permitan sostener que la proclamación de una anormalidad del funcionamiento de la Administración de Justicia haya de derivar de una previa corrección disciplinaria impuesta al titular del órgano jurisdiccional al que se imputa aquélla.
Esta Sala también ha declarado, en esa jurisprudencia a la que acaba de hacerse referencia, que la modificación de los artículos 423 y 425 de la LOPJ no supone que se haya atribuido expresamente a los denunciantes legitimación para interponer el recurso contencioso-administrativo, confiriéndoles la que no se deriva de la genérica aplicación del artículo 28.1.a) de la Ley Jurisdiccional de 1956 (y actualmente del artículo 19 de la Ley Jurisdiccional de 1998 ).
Ha dicho que la normativa contenida en la LOPJ no tiene virtualidad para modificar el régimen procesal procedente en cuanto a la legitimación de los denunciantes, y que lo único que hace es salvar la legitimación -o remitir a ella- que pudiera derivar de la Ley Jurisdiccional.
Y para llegar a la anterior conclusión ha tomado en cuenta estas expresiones contenidas en los preceptos de la LOPJ:
-
Al ocuparse de la sanción de advertencia, el artículo 422.1 párrafo segundo dispone:
"Contra la resolución que recaiga sobre dicha clase de sanción podrá interponer el sancionado con carácter potestativo, antes de acudir a la vía contencioso- administrativa, recurso administrativo, y el denunciante, en su caso, acudir a la vía contencioso-administrativa de acuerdo con las normas de legitimación establecidas en la Ley reguladora de la expresada Jurisdicción".
-
El artículo 423, apartados 2 y 3 "in fine", no permiten al denunciante recurrir las decisiones sobre la iniciación y decisión del expediente disciplinario en vía administrativa,
"sin perjuicio de la legitimación que ostente como interesado en la vía jurisdiccional".
-
El artículo 425.8, párrafo primero "in fine ", manda notificar al denunciante la resolución del expediente sancionador,
"quien únicamente podrá recurrir, en su caso, en vía contencioso-administrativa".
Esas expresiones, ha dicho esta Sala, permiten constatar que el artículo 422.1 párrafo segundo remite para determinar la legitimación del denunciante a las normas establecidas en la Ley de la Jurisdicción , y que no hay razón para entender que se sigue distinto criterio en los demás supuestos previstos por la L.O.P.J.
Y también esta Sala ha subrayado que el modo potencial del verbo "ostente" (artículo 423.3), y los términos "en su caso" (artículo 425.8 párrafo primero), son de por sí suficientemente expresivos de que no se está haciendo una regulación directa de la legitimación procesal de los denunciantes para impugnar los acuerdos de la Comisión Disciplinaria, sino que se trata de una remisión a la regulación contenida fuera de esos preceptos.
La falta de legitimación es apreciable en el presente proceso, al ser también aquí de aplicación el criterio jurisprudencial que ha quedado expuesto por lo que se dice a continuación.
El único interés de la pretensión ejercitada en la demanda, como claramente resulta de la lectura del "suplico", es que se haga un pronunciamiento sobre si el Magistrado denunciado ha incurrido en faltas disciplinarias y, como consecuencia de ello, se haga un pronunciamiento sobre la procedencia de imponerle una sanción.
Por tanto, el éxito de esa pretensión de la demanda no produciría en principio ningún efecto favorable en la esfera jurídica de la parte actora en el actual proceso, ni tampoco en las actuaciones jurisdiccionales a las que estuvo referida la denuncia presentada ante el CGPJ, pues la eventual sanción que pudiera ser impuesta, por sí sola, no le originaría ventaja alguna, ni le eliminaría ninguna carga o inconveniente.
Procede, pues, declarar inadmisible el recurso contencioso-administrativo; con imposición a la parte recurrente de las costas procesales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de esta jurisdicción contencioso-administrativa -LJCA- (según la redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal) y por no concurrir razones que justifiquen apartarse de la regla general establecida en dicho precepto legal.
Pero la Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado 4 de ese mismo artículo 139 de la LJCA , señala como cifra máxima a que asciende la imposición de costas por todos los conceptos comprendidos en ellas la de 2.000 euros; y para la fijación de la expresada cantidad se tienen en cuenta los criterios seguidos habitualmente por esta Sala en atención a las circunstancias del asunto y a la dedicación requerida para formular la oposición.
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido
-
- Declarar la inadmisión del recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Joaquín frente al Acuerdo de 6 de octubre de 2016 de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (dictado en el recurso de alzada núm. 342/2016).
-
- Imponer a dicho recurrente las costas procesales hasta el límite establecido en el último fundamento de derecho de esta sentencia.
Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.
Así se acuerda y firma.
D. Luis Maria Diez-Picazo Gimenez
D. Jorge Rodriguez-Zapata Perez D. Pedro Jose Yague Gil
D. Jose Manuel Sieira Miguez D. Nicolas Maurandi Guillen
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D. Nicolas Maurandi Guillen, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que, como Letrada de la Administración de Justicia, certifico.
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