SAP Barcelona 308/2017, 21 de Junio de 2017

PonenteMONTSERRAT SAL SAL
ECLIES:APB:2017:8822
Número de Recurso886/2015
ProcedimientoRecurso de Apelación
Número de Resolución308/2017
Fecha de Resolución21 de Junio de 2017
EmisorAudiencia Provincial - Barcelona, Sección 14ª

AUDIENCIA PROVINCIAL

DE BARCELONA

SECCIÓN CATORCE

ROLLO 886/2015

JUZGADO PRIMERA INSTANCIA nº1 MATARO

JUICIO ORDINARIO 363/2014

S E N T E N C I A Nº 308/2017

ILMOS. SRES./AS.

PRESIDENTE

D. AGUSTIN VIGO MORANCHO

MAGISTRADOS

D. ESTEVE HOSTA SOLDEVILLA

Dª.MONTSERRAT SAL SAL

En la ciudad de Barcelona, a veintiuno de junio de dos mil diecisiete

VISTOS, en grado de apelación, ante la Sección Catorce de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de JUICIO ORDINARIO, seguidos por el JUZGADO PRIMERA INSTANCIA nº 1 DE Mataro con el nº 363/2014 a instancias de María Angeles Y Constancio representados por el Procurador sra. Javier Gonzaez contra CATALUNYA BANC, S.A. (antes Caixa Catalunya) representada por el Procurador Sr. Lopez Chocarro los cuales penden ante esta Superioridad en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la Sentencia dictada en los mismos el día 1 de junio de 2015, por el/la Juez del expresado Juzgado.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del tenor literal siguiente: " FALLO: Que debo estimar y estimo sustancialmente la demanda interpuesta por ... María Angeles y Constancio contra Bankia ( indudablemente quiso decir Catalunya Banc SA) y Debo Declarar y DECLARO LA NULIDAD(anulabilidad)de los contratos de adquisicion de deuda subordinada 1) deuda subordinada de fecha 13 de noviembre de 2008 por importe de 72.000 euros emisión octava;2) de dedua subordianda de fecha 5 de febrero de 2009 por importe de 18.030,30 euros 3) posterior canje de las mismas por acciones de Catalunya Banc SA y recompra de las mismas por el FGD de fecha 26 de junio de 2013 por importe de 55.857,44 euros. Debo condenar y condeno a la demandada a la restitución reciproca de obligaciones derivada de la nulidad declarada y por efecto legal inherente al 1303 del CC con la obligación de las partes de restituir el precio con mas los intereses legales del mismo con las especialidades antes indicadas en el fundamento de derecho noveno, desde la fecha

respectiva de suscripción de cada uno de los contratos declarados nulos hasta el momento de la restitución, pero cesando el devengo de los indicados intereses en el mes de julio de 2013 sobre la parte del dinero recuperado por aceptación de la oferta de recompra del FGD y continuándose el devengo hasta la efectiva restitución sobre la parte del dinero no reucperado. Todo ello con expresa imposición de las costas procesales a la parte demandada..."

SEGUNDO

Contra la anterior Sentencia interpuso recurso de apelación la parte demandada mediante su escrito motivado, dándose traslado a la contraria que se opuso elevándose las actuaciones a esta Audiencia Provincial.

TERCERO

Se señaló para votación y fallo el día 15 de junio de dos mil diecisiete.

CUARTO

En el presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales excepcion de los plazos dada la situación de atraso que presenta esta seccion.

VISTO siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Dª MONTSERRAT SAL SAL. de esta Sección Catorce.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO

Antecedentes y objeto del recurso.

El recurso de apelación interpuesto por la entidad CATALUNYA BANC SA contra el fallo de la referida resolucion de instancia plantea unicamente las siguientes cuestiones: la extinción de la accion por la venta del producto y perdida de los títulos y la improcedente propagación de efectos ;la acreditación del vicio en el consentimiento y la carga probatoria de la información facilitada; la no aplicación de los intereses legales y la improcedente condena en costa.

La demandada se opuso al recurso solicitando la confirmación integra de la resolución.

Constituyen pues objeto de enjuiciamiento en esta alzada unicamente aquellas cuestiones, debiendo entender confirmados el resto de los pronunciamientos.

SEGUNDO

De la defectuosa información y del vicio en el consentimiento .

Los títulos objeto de la presente Litis fueron contratados cuando ya se había traspuesto la Directiva 2004/39 en relación con la llamada normativa MIFID, pues esta se produjo por Ley 47/2007 de 19 de diciembre, con vigor desde el 20 de diciembre.

A raíz de dicha reforma pesan sobre las entidades que prestan servicios de inversión toda una serie de obligaciones informativas, ( existentes con anterioridad a la reforma de 2007, que fueron ampliadas tras la misma, en especial las del art. 79.bis LMV) que, por sintetizar, pueden resumirse en la idea de proporcionar, de manera comprensible, y con antelación suficiente información adecuada a los clientes sobre los instrumentos financieros de modo que les permita comprender la naturaleza y los riesgos del servicio de inversión y del tipo específico de instrumento financiero que se ofrece pudiendo, por tanto, tomar decisiones sobre las inversiones con conocimiento de causa. Y, Existiendo un servicio de asesoramiento, conlleva para la entidad la obligación de realizar un test de idoneidad a fin de analizar precisamente la idoneidad del producto al perfil del cliente inversor, que supone la obligación de estudiar el perfil del cliente y sus objetivos o finalidad de inversión para poder recomendarle como idóneo el producto concreto.

Lo cierto es que el órgano a quo baso su condena en el error generado a los actores por el incumplimiento de los deberes genéricos de información asi como la no realización del test de conveniencia a la actora y la insuficiencia del contenido del realizado al actor, lo que ratificamos en esta alzada tras visionar el acto del juicio y la testifical de los empleados de la entidad que comercializo el producto, sin que se aprecie el denunciado error en la valoración de la prueba, sin que nada mas proceda añadir a la exhaustiva valoración realizada por el juez de instancia.

Para rebatir las afirmaciones contenidas en el escrito del recurso parece aconsejable recordar que sobre el error vicio en el consentimiento existe ya una jurisprudencia consolidada, véase entre otras la STS de 20 de febrero de 2014, que declara que hay error vicio cuando la voluntad del contratante se forma a partir de una creencia inexacta. Es decir, cuando la representación mental que sirve de presupuesto para la realización del contrato es equivocada o errónea (...) El art. 1.266 del Cci dispone que, para invalidar el consentimiento, el error ha de recaer (...) sobre la sustancia de la cosa que constituye el objeto del contrato o sobre aquellas condiciones de la cosa que principalmente hubieren dado motivo a celebrarlo, esto es, sobre el objeto o materia propia del contrato (art. 1261.2 Cci). Además el error ha de ser esencial, en el sentido de proyectarse, precisamente, sobre aquellas presuposiciones -respecto de la sustancia, cualidades o condiciones del objeto o materia del contrato- que hubieran sido la causa principal de su celebración, en el sentido de causa concreta

o de motivos incorporados a la causa (...) Y por otro lado, el error ha de ser (...) excusable. La jurisprudencia valora la conducta del ignorante o equivocado, de tal forma que niega protección a quien, con el empleo de la diligencia que era exigible en las circunstancias concurrentes, habría conocido lo que al contratar ignoraba y, en la situación de conflicto, protege a la otra parte contratante, confiada en la apariencia que genera toda declaración negocial seriamente emitida.

La parte recurrente cuestiona la acreditación por parte de la actora del supuesto vicio pues aun cuando reconoce que corresponde a las entidades de crédito demostrar haber facilitado al cliente la información necesaria acerca del producto contratado, dicha carga debe ponerse en relación con las concretas circunstancias del caso y a la parte contraria se le entrego la orden de compra donde figura el carácter de prudente del producto, el folleto informativo donde constan claramente los riesgos del producto;se le practico el test de conveniencia; se le facilito información trimestral sobre dicho producto y sus rendimientos y que debe partirse de la concepción clásica que expone la STS núm. 49/2013 de 12 de febrero conforme la voluntad se presume libre, consciente y espontáneamente manifestada, representando una presunción 'iuris tantum' de la validez del contrato que únicamente puede destruirse mediante la correspondiente prueba cuya carga incumbe a quien sostiene lo contrario.

Sin embargo, y comenzando por esta última cuestión, como ya ha indicado esta Sala en anteriores resoluciones, conviene recordar que la referida presunción de validez del consentimiento prestado no puede entrar en juego cuando, como ocurre en autos, nos encontramos con específicos deberes de información que la Ley pone a cargo de las sociedades que, como la recurrente, prestan servicios de inversión pues corresponde a estas últimas acreditar su cumplimiento.

El Tribunal Supremo viene destacando que la normativa que rige la contratación de productos y servicios de inversión impone a las empresas que operan en este mercado un estándar muy alto en el deber de información a sus clientes ( STS de 13/11/2015 ) y que esta obligación de información es una obligación activa, no de mera disponibilidad. Es la empresa de servicios de inversión la que tiene obligación de facilitar la información que le impone dicha normativa legal, no sus clientes, inversores no profesionales, quienes deben averiguar las cuestiones relevantes en materia de inversión y formular las correspondientes preguntas. Sin conocimientos expertos en el mercado de valores, el cliente no puede saber qué información concreta ha de demandar al profesional. El cliente debe poder confiar en que la entidad de servicios de inversión que le asesora no está omitiendo información sobre ninguna cuestión relevante» ( STS del 17 de noviembre de 2015 y las que en ella se citan).

En el presente caso el juez de...

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