ATS, 22 de Febrero de 2017

PRIMERO .- Por la procuradora Dª Mª Luisa Bermejo García, en nombre y representación de D. Roberto , bajo la dirección técnica de D ª Antonia de Jesús Flores Martínez, se ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia de 14 de junio de 2016, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, de la Audiencia Nacional, en el recurso número 1139/2015 , sobre denegación de nacionalidad por residencia.

SEGUNDO .- Por providencia de 12 de diciembre de 2016 se acordó conceder a las partes un plazo común de diez días para que formularan alegaciones acerca de la posible concurrencia de las siguientes causas de inadmisión del recurso:

[...]Defectuosa formalización del recurso en lo concerniente a las infracciones denunciadas consistentes en los artículos 136 y 33 del Código Penal , artículo 22. 4 del Código Civil , el principio de proporcionalidad, el artículo 39 de la Constitución Española , en relación con el artículo 10.2 del mismo texto, el artículo 3.1 de la Convención de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989 de Derechos del niño, y la jurisprudencia interpretativa, y el artículo 8.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos , infracciones todas ellas formuladas al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativo, al no haber sido anunciado previamente en el escrito de preparación [ artículos 88.1 , 89.1 y 93.2 b) de la Ley Jurisdiccional y AATS de 16 de junio de 2011 (Rec. 7046/2010 y 258/2011 ), 30 de junio de 2011 (Rec. 772/2011 ) y de 12 de abril de 2012 (Rec.5595/2011 )].

Carecer manifiestamente de fundamento el recurso interpuesto, en relación a la falta de motivación necesaria de la sentencia denunciada en el motivo cuarto, por falta de correspondencia entre la infracción denunciada y el cauce procesal utilizado, ya que, debió haberse formalizado al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa [ artículo 93.2 d) LJCA , AATS de 23 de mayo de 2013, Recurso 3921/2012 , y 21 de febrero de 2013, Recurso 3092/2012 , así como STS de 4 de noviembre de 2005, Recurso 10375/2003 ].

Carecer de interés casacional, por concurrir en el caso examinado en este recurso de casación las circunstancias previstas a tal efecto en el artículo 93.2.e) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , al versar sobre la concurrencia en el asunto particular del recurrente del requisito de la "buena conducta cívica"

.

Han presentado alegaciones las partes personadas, el Abogado del Estado como parte recurrida y el D. Roberto , como parte recurrente.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Jose Juan Suay Rincon, Magistrado de la Sala

PRIMERO .- La sentencia impugnada desestima el recurso interpuesto por D. Roberto contra la resolución dictada por la Dirección General de Registros y Notariado, por delegación del Ministro de Justicia de 12 de enero de 2015, que le denegó la nacionalidad española por residencia.

Dicha sentencia contiene la siguiente fundamentación jurídica (que transcribimos en cuanto ahora interesa):

[...] PRIMERO.- Se impugna en el presente recurso contencioso administrativo, por la representación de D. Roberto , natural de Argelia, la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado, de 12 de enero de 2015, que denegó la nacionalidad al interesado, al considerar que no había quedado justificada suficientemente su buena conducta cívica ( artículo 22.4 Código Civil ) ya que, como pone de manifiesto la correspondiente certificación del Registro Central de Penados, de fecha 10 de marzo de 2014, existen antecedentes penales que no se encuentran cancelados a la fecha de la resolución.

Y que tal circunstancia impide la apreciación del requisito de la buena conducta cívica, toda vez que la existencia de antecedentes penales revela que su comportamiento no se ha ajustado a los estándares medios de conducta o convivencia ciudadana a los que reiteradamente se ha referido la Jurisprudencia, habiendo señalado la Audiencia Nacional, que, en los casos en los que el solicitante de la nacionalidad presenta antecedentes penales, sobre todo si no son remotos en el tiempo o se superponen a la solicitud de nacionalidad, puede afirmarse que su comportamiento "no se corresponde en con el estándar de la conducta media en nuestro país".

[...]

En el caso enjuiciado, el peticionario, acredita haber contraído matrimonio con ciudadana española el 16 de octubre de 2009 con la que tiene 3 hijos nacidos en España. Según el Informe de la Dirección General de la Policía, solicitó permiso de residencia de familiar de comunitario el 26 de octubre de 2009, fecha en la que lo obtuvo. En dicho informe se hace constar que está desempleado y en el expediente figura una certificación de la Seguridad Social de haber cotizado durante 1 año y 6 meses. Consta igualmente aportado al expediente un documento del Registro Central de penados en el que se acredita que fue condenado en sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Murcia, de fecha 1 de marzo de 2011 , en el procedimiento Abreviado 363/2010, procedente del Juzgado de Instrucción nº 1 de Murcia, como autor de un delito de robo con fuerza en las cosas en grado de tentativa, cometido el 6 de noviembre de 2009, a la pena de 6 meses de prisión, y 6 meses de inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo.

A la vista de lo expuesto considera la Sala que no se puede considerar que por parte del recurrente se haya acreditado el cumplimiento del requisito de la buena conducta a los efectos del reconocimiento de la nacionalidad española, siendo la valoración efectuada por la Administración, acorde con la delimitación del concepto que ha realizado la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Y ello por las razones que a continuación se exponen:

1) No se invocan ni acreditan en el escrito de demanda, elementos de carácter positivo en relación con la conducta cívica, como podrían ser actividades de la parte recurrente en beneficio de la comunidad o al servicio de proyectos o entidades altruistas y sin ánimo de lucro.

Por el contrario, se desconocen cuáles son sus ocupaciones o medios de vida, puesto que solo parece haber desempeñado trabajo remunerado y cotizado a la Seguridad Social por el periodo de 1 año y 6 meses.

2) Los hechos por lo que fue condenado no son remotos en el tiempo, habida cuenta de que los hechos sucedieron en 2009, justamente a los pocos días de contraer matrimonio con española y obtener tarjeta de residente comunitario. Los antecedentes penales, en contra de lo afirmado por la demanda, no se cancelaron en la fecha de la solicitud de nacionalidad.

3) Con independencia de cuál sería la fecha de cancelación de antecedentes penales de la sentencia, entiende la Sala que una condena de 6 meses de prisión por un delito de robo con fuerza es un hecho de la suficiente gravedad para no resultar revelador de buena conducta cívica. En este caso, no se trata de un hecho menor, como pretende hacer ver el demandante, sino que la pena que le fue impuesta, denota una conducta antisocial merecedora de una sanción penal grave, y pone de manifiesto una actividad que se desentiende de la observancia de normas elementales de convivencia, y de respeto y asunción de las leyes [...]

.

SEGUNDO .- En el escrito de interposición del recurso de casación se articulan varios motivos formulados al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional .

En primer lugar, aduce en esencia el recurrente, que la sentencia infringe la jurisprudencia sobre el requisito de la «buena conducta cívica», con cita de STS de 25 de octubre de 1999 , pues, no puede denegarse la nacionalidad cuando los antecedentes penales ya han sido cancelados, vulnerándose, en caso distinto, el artículo 25 CE y la finalidad de la reinserción social de las penas. Añade que la sentencia vulnera los artículos 136 y 33 CP y artículo 24.4 CC , y considera que la existencia de antecedentes penales no es decisiva ( STS de 6 de julio de 2011, rec.32/2009 ), y que han de ser valorados otros elementos, tales como, que ha trabajado y cotizado a la Seguridad Social, y que está casado con una española y tiene cuatro hijos. Finalmente, considera que la sentencia vulnera el derecho de protección social, economía y jurídica de la familia ( artículo 39 CE ) en relación al artículo 10.2 CE , y el artículo 3.1 de la Convención de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989 de Derechos del Niño y el artículo 8.1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

TERCERO .- Se ha suscitado en este caso la posible concurrencia de la causa de inadmisión consistente en carecer el recurso de interés casacional, de conformidad con lo dispuesto en el art. 93.2.e) de la LJCA , a cuyo tenor la Sala dictará Auto de inadmisión «en los asuntos de cuantía indeterminada que no se refieran a la impugnación directa o indirecta de una disposición general, si el recurso estuviese fundado en el motivo del artículo 88.1. d) y se apreciase que el asunto carece de interés casacional por no afectar a un gran número de situaciones o no poseer el suficiente contenido de generalidad» .

Situados, pues, en esta perspectiva de análisis, resulta evidente la concurrencia de los requisitos formales a que se anuda la aplicación de la causa de inadmisión concernida, pues, en efecto: a) se trata de un litigo de cuantía indeterminada; b) no se ha suscitado en el proceso ninguna impugnación de disposiciones generales; y c) el escrito de interposición del recurso de casación se funda en el motivo casacional del subapartado d) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional .

El tema realmente controvertido es si, al margen de estas consideraciones, debe apreciarse la concurrencia de la causa de inadmisión planteada, por concurrir los requisitos exigidos a tal efecto por el artículo 93.2.e) de la Ley Jurisdiccional .

CUARTO .- Pues bien, acerca de la interpretación de dicho artículo 93.2.e) nos hemos pronunciado en Autos de 21 de julio de 2016 (RC 733/2016), y de 22 de septiembre de 2016 (RC 13/2016), ambos con cita del Auto de 25 de noviembre de 2010 (RC 2785/2009), señalando en este último lo siguiente:

[...] para responder a ese interrogante resulta obligado situar la controversia en el contexto de la naturaleza y significado del recurso de casación y de la propia posición institucional del Tribunal Supremo como órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes ( art. 123 CE ), de la que fluye que el recurso de casación tiene como misión fundamental asegurar la unidad del Ordenamiento Jurídico garantizando una aplicación judicial de las Leyes correcta, uniforme y previsible. Por eso, esta Sala ha afirmado reiteradamente que la finalidad del recurso de casación es corregir los errores en que hubieran podido incurrir los Tribunales de instancia en la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico, y no someter a revisión la valoración de la prueba realizada por el Tribunal de instancia.

Es en este contexto como debe entenderse la previsión del artículo 93.2.e) de la Ley Jurisdiccional 29/1998, a cuyo tenor el recurso de casación carecerá de interés casacional cuando no afecte a un gran número de situaciones o no posea el suficiente contenido de generalidad.

El precepto contempla dos supuestos diferenciados en los que puede apreciarse carencia de interés casacional como causa de inadmisión del recurso de casación: el primero, cuando el recurso no afectare a un gran número de situaciones, y, el segundo, cuando no poseyera el suficiente contenido de generalidad.

Respecto del primero de los supuestos enunciados y a la hora de delimitar el ámbito de aplicación de esa causa de inadmisión, resulta obligado partir de la base de que cuando en el recurso de casación se plantea, como corresponde conforme a su naturaleza, una cuestión atinente a la recta interpretación y aplicación de una norma jurídica, siempre cabrá sostener que la cuestión suscitada trasciende del caso litigioso y puede proyectarse sobre otros pleitos, pues lo habitual es que las normas jurídicas se aprueben con vocación de generalidad, siendo excepcionales las llamadas "normas singulares" o "normas de caso único".

Por eso, de aceptarse acríticamente la tesis consistente en que la concurrencia de la causa de inadmisión que nos ocupa debe descartarse siempre que la cuestión interpretativa y aplicativa de la norma, cuya infracción se denuncia, pueda repercutir sobre otros casos, la causa de inadmisión del artículo 93.2.e) sería prácticamente inaplicable y su inclusión en la Ley de la Jurisdicción resultaría superflua por inútil desde el momento que su operatividad real quedaría apriorísticamente reducida a casos anecdóticos; conclusión que, obviamente, ha de rechazarse, pues es evidente que si el legislador ha incluido en la Ley procesal esta causa de inadmisión del recurso de casación, es porque a través de la misma pretende filtrar y delimitar los asuntos que merecen ser examinados en el marco de este recurso extraordinario.

Sobre la base de estas consideraciones debe apreciarse la exigencia de que el asunto no afecte a un gran número de situaciones para que el recurso sea considerado carente de interés casacional.

Por otro lado, y en relación con el segundo supuesto previsto en la norma, conviene precisar que la inadmisión del recurso de casación cuando el asunto no posea el suficiente contenido de generalidad debe valorarse a la luz de la función institucional del recurso de casación, supra anotada. Si la misión de este recurso especial y extraordinario es básicamente proporcionar pautas interpretativas y aplicativas de las normas que proporcionen uniformidad, certeza y seguridad a los operadores jurídicos, esa función pierde sentido y relevancia, y, por tanto, pierde interés general cuando la tesis sostenida por el recurrente en casación ha sido ya reiteradamente examinada y resuelta por este Tribunal Supremo y no se aportan argumentos críticos novedosos que permitan reconsiderar la jurisprudencia asentada; pues en estos supuestos la admisión y posterior resolución del recurso de casación mediante sentencia, que examinara el fondo del asunto reiterando una doctrina consolidada, no aportaría ningún dato útil para el tráfico jurídico general, mientras que, por contra, puede entorpecer y dilatar el pronunciamiento sobre los asuntos que sí requieren una pronta respuesta por carecer de una doctrina jurisprudencial que contribuya a proporcionar la certeza y seguridad jurídica imprescindible para preservar la unidad del Ordenamiento. Por ello, de concurrir tales circunstancias habrá de apreciarse también que el recurso de casación carece de interés casacional, debiendo diferenciarse esta causa de inadmisión de la contemplada en el apartado c) del articulo 93.2 de la Ley Jurisdiccional , que a diferencia de aquella exige una identidad sustancial entre el recurso de casación sometido a trámite de admisibilidad y otros que hubieren sido desestimados en el fondo, cuya concurrencia no es necesaria para apreciar que la cuestión jurídica controvertida ha sido ya objeto de tratamiento por la jurisprudencia.

Por el contrario, debe afirmarse que un asunto revestirá un contenido de generalidad que justifique su admisión, entre otros, en los siguientes casos: primero, cuando se trate de un recurso que plantee una cuestión interpretativa y aplicativa del Ordenamiento Jurídico sobre el que no haya doctrina jurisprudencial, o aún habiéndola haya sido desconocida o infringida por el Tribunal de instancia; segundo, cuando se trate de un recurso que, aun versando sobre cuestiones que ya han sido examinadas y resueltas por la jurisprudencia, realiza un enfoque crítico de la misma que pudiera dar pie a una reconsideración de dicha doctrina y eventualmente a su cambio; y tercero, cuando el asunto suscitado, aun sin estar incluido en ninguno de los supuestos anteriores, plantea una cuestión que por sus repercusiones socioeconómicas revista tal entidad que requiera el pronunciamiento del Tribunal Supremo de España. Ahora bien, esta enumeración se realiza de forma ejemplificativa, y carece de pretensión de exhaustividad, lo que permitirá que en adelante este Tribunal, atendiendo a las singularidades que presente el caso concreto, delimite con mayor precisión el alcance de este concepto jurídico indeterminado.

No es ocioso señalar que el Tribunal Constitucional ha llegado a conclusiones similares en la reciente STC (Pleno) 155/2009 de 25 de junio de 2009 , donde, interpretando una causa de inadmisión del recurso de amparo constitucional que guarda similitudes con la aquí concernida, consistente en carecer el recurso de amparo de "especial trascendencia constitucional", ha afirmado lo siguiente:

"Este Tribunal estima conveniente, dado el tiempo transcurrido desde la reforma del recurso de amparo, avanzar en la interpretación del requisito del art. 50.1 b) LOTC . En este sentido considera que cabe apreciar que el contenido del recurso de amparo justifica una decisión sobre el fondo en razón de su especial trascendencia constitucional en los casos que a continuación se refieren, sin que la relación que se efectúa pueda ser entendida como un elenco definitivamente cerrado de casos en los que un recurso de amparo tiene especial trascendencia constitucional, pues a tal entendimiento se opone, lógicamente, el carácter dinámico del ejercicio de nuestra jurisdicción, en cuyo desempeño no puede descartarse a partir de la casuística que se presente la necesidad de perfilar o depurar conceptos, redefinir supuestos contemplados, añadir otros nuevos o excluir alguno inicialmente incluido. Tales casos serán los siguientes: a) el de un recurso que plantee un problema o una faceta de un derecho fundamental susceptible de amparo sobre el que no haya doctrina del Tribunal Constitucional, supuesto ya enunciado en la STC 70/2009, de 23 de marzo; b) o que dé ocasión al Tribunal Constitucional para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un proceso de reflexión interna, como acontece en el caso que ahora nos ocupa, o por el surgimiento de nuevas realidades sociales o de cambios normativos relevantes para la configuración del contenido del derecho fundamental, o de un cambio en la doctrina de los órganos de garantía encargados de la interpretación de los tratados y acuerdos internacionales a los que se refiere el art. 10.2 CE ; c) o cuando la vulneración del derecho fundamental que se denuncia provenga de la Ley o de otra disposición de carácter general; d) o si la vulneración del derecho fundamental traiga causa de una reiterada interpretación jurisprudencial de la Ley que el Tribunal Constitucional considere lesiva del derecho fundamental y crea necesario proclamar otra interpretación conforme a la Constitución; e) o bien cuando la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el derecho fundamental que se alega en el recurso esté siendo incumplida de modo general y reiterado por la jurisdicción ordinaria, o existan resoluciones judiciales contradictorias sobre el derecho fundamental, ya sea interpretando de manera distinta la doctrina constitucional, ya sea aplicándola en unos casos y desconociéndola en otros; f) o en el caso de que un órgano judicial incurra en una negativa manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina del Tribunal Constitucional ( art. 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: LOPJ (RCL 1985 \1578, 2635) ); g) o, en fin, cuando el asunto suscitado, sin estar incluido en ninguno de los supuestos anteriores, trascienda del caso concreto porque plantee una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica o tenga unas consecuencias políticas generales, consecuencias que podrían concurrir, sobre todo, aunque no exclusivamente, en determinados amparos electorales o parlamentarios"

.

QUINTO .- Proyectadas estas consideraciones sobre el caso que ahora nos ocupa, hemos de concluir que este recurso de casación carece de interés casacional y por ende resulta inadmisible, toda vez que la parte recurrente en casación no plantea ninguna cuestión dotada de un contenido de generalidad y entidad jurídica tal que justifique su examen por el Tribunal Supremo. Más bien al contrario, se trata de una cuestión de carácter marcadamente casuístico y perfiles singulares. Por añadidura, no se plantea en el recurso de casación ninguna cuestión interpretativa y aplicativa de normas jurídicas, en torno a la cual se revele necesario el examen y la respuesta del Tribunal Supremo. Lo único que se discute en este recurso, es la valoración de la prueba efectuada por la Sala de instancia en torno a la acreditación o no del requisito de la «buena conducta cívica» a efectos del reconocimiento de la nacionalidad española. Así las cosas, es evidente la concurrencia en este caso de la causa de inadmisión prevista en el artículo 93.2.e) de la Ley Jurisdiccional , no obstando a esta consideración las alegaciones manifestadas por el recurrente con ocasión al trámite conferido, que reiteran resumidamente la pretensión del recurrente, al carecer del contenido de generalidad pretendido en los términos ya expuestos.

La inadmisión del recurso por esta razón hace innecesario el examen de las otras causas de inadmisión sugeridas a las partes en la providencia de 12 de diciembre de 2016.

SEXTO. - No procede imponer las costas, ex art. 93.5 de la misma Ley de la Jurisdicción .

Por lo expuesto,

Inadmitir el recurso de casación número 2513/2016 interpuesto por la representación de D. Roberto , contra la sentencia de 14 de junio de 2016, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, de la Audiencia Nacional, en el recurso número 1139/2015 , resolución que se declara firme; sin imposición a la parte recurrente de las costas procesales causadas en este recurso.

Lo mandó la Sala y firman los Magistrados Excmos. Sres. al inicio designados