ATS, 7 de Febrero de 2017

Por el Juzgado de lo Social Nº 2 de los de Oviedo se dictó sentencia en fecha 24 de noviembre de 2015 , en el procedimiento nº 589/15 seguido a instancia de Dª Juliana contra CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, sobre despido, que estimaba en parte la pretensión formulada.

Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Principado de Asturias, en fecha 15 de marzo de 2016 , que estimaba en parte el recurso interpuesto y, en consecuencia, revocaba la sentencia impugnada en el sentido indicado en el fallo de la sentencia, confirmándola en todos sus otros pronunciamientos.

Por escrito de fecha 6 de mayo de 2016 se formalizó por el Letrado del Servicio Jurídico del Principado de Asturias en nombre y representación de PRINCIPADO DE ASTURIAS, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

Esta Sala, por providencia de 26 de octubre de 2016, acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

1.- La actora presta sus servicios para la Administración del Principado de Asturias desde el 21/3/2007, con la categoría profesional de Titulado Medio, como ATS. Comenzó a trabajar para el Principado de Asturias en virtud contrato de obra o servicio determinado, que fue prorrogado por distintos periodos hasta el 30/4/2012. En mayo de 2012 recibió una indemnización por fin de contrato. Simultáneamente, fue contratada el 30/4/201 en virtud de un contrato temporal de interinidad, con la misma categoría, en el mismo Equipo Territorial de Oviedo. Por sentencia firme, de 29/9/2015 , fue declarada la relación laboral indefinida no fija, desde el 21/3/2007. Por resolución de 14/08/2014 de la Consejería de Hacienda y Sector Público se inició procedimiento de concurso de traslado, de acuerdo con el art. 40 del CCU de la Administración del Principado de Asturias que en el Anexo I incluía las plazas ofertadas, entre ellas la de la actora. El concurso se resolvió por resolución de la Dirección General de la Función Pública de 20/03/2015. La Administración dictó resolución el 8/6/2015, en la que acordó la extinción de la relación laboral con efectos al 17 de ese mes, siendo esta extinción la ahora impugnada.

La sentencia de instancia estimó parcialmente la demanda, declarando procedente la extinción de la relación laboral, con efectos de 17/6/2015, fijando la indemnización, prevista en la DT 13ªET en 4.561,12 €, al computar como fecha de antigüedad la de 21/3/2007 y corresponderle 8 días de trabajo. Recurrida en suplicación, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 15 de marzo de 2016 (rec 350/16 ), mantiene la declaración de improcedencia del despido pero modifica el importe de la indemnización, que amplía a 5.839, 02 al considerar que le corresponden nueve días de salario por cada año de servicio, indemnización establecida para los contratos temporales que se celebren a partir del 1/1/2012. Considera que el contrato de interinidad de la actora, ahora extinguido, fue suscrito el día 30/4/2012, y en consecuencia la indemnización a abonar debe calcularse sobre una base de 9 días de salario por año de servicio.

2. - Recurre la Administración en casación para la unificación de doctrina alegando que la indemnización debe calcularse sobre una base de 8 días de salario puesto que el contrato inicial se formalizó en el año 2007.

   Invoca de contraste la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de octubre de 2015 (Rec. 2592/2014 ), que declara adecuado a Derecho la extinción del contrato de una trabajadora indefinida no fija al servicio de la Xunta de Galicia, por cobertura de su plaza tras la celebración del concurso convocado al efecto. La actora fue declarada indefinida no fija con una antigüedad reconocida de 02/09/1997, por sentencia judicial firme. Por orden de 02/05/2012 se convocó concurso para la provisión de puestos de trabajo, ofertando la plaza de la actora, y una vez resuelto le fue comunicado el cese el 15/05/2013. La sentencia declara que el cese es válido y que a la actora le corresponde la indemnización prevista en el art. 49.1.c)ET . En concreto, la de ocho días por cada año de servicio prestado por el demandante, y en la manera que se establece en Disposición Transitoria 13ª del Estatuto de los Trabajadores en la redacción vigente a la fecha de extinción de contrato.

3. - El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales". Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales, ( SSTS 29/04/2014 (R. 609/2013 ), 17/06/2014 (R. 2098/2013 ), 18/12/2014 (R. 2810/2012 ) y 21/01/2015 (R. 160/2014 ).

   Son evidentes las similitudes entre las sentencias comparadas, dado que en ambos casos se trata de trabajadores que ostentan la condición de indefinidos no fijos, que ven extinguida la relación como consecuencia de la cobertura de la plaza que ocupaban tras la celebración del concurso convocado al efecto. Sin embargo la contradicción es inexistente al ser diferentes las secuencias contractuales, lo que tiene su influencia a la hora de determinar la aplicación de la Disposición Transitoria 13ª del Estatuto de los Trabajadores . Por otra parte, el alcance de los debates tampoco es enteramente coincidente.

   En la sentencia de contraste, se cuestiona si la solución indemnizatoria prevista en la letra c) del artículo 49ET , completada por la Disposición Transitoria 13ªET , para determinados contratos temporales resulta de aplicación a los trabajadores indefinidos no fijos de las Administraciones Públicas, cuestión a la que se le da una respuesta positiva. En este supuesto únicamente consta que el demandante tenía adquirida la condición de trabajador indefinido no fijo, por sentencia de 21/9/2007 , con efectos de 2/9/1997. Y es esta fecha, indiscutida, la que se toma en consideración para la aplicación de la Disposición Transitoria 13ªET de ocho días por cada año de servicio prestado por el demandante. Sin embargo, en la sentencia recurrida lo que se cuestiona es la fecha que debe tomarse en consideración a los efectos de aplicar la referida normativa (la del primer contrato temporal o la del segundo). En este supuesto, concurren unos datos ajenos a la de contraste cuales son que la actora suscribió un contrato temporal el 21/3/2007, que fue prorrogado en distintos periodos hasta que se extinguió el 30/4/2012, percibiendo la indemnización por fin de contrato. Fue nuevamente contratada el 30/4/2012. Con posterioridad a dicha contratación, por sentencia del año 2015, se declaró que la relación que vincula a las partes desde el 21/3/2007 era de carácter indefinido no fijo. Y es a esta fecha a la que se atiene la sentencia para fijar la indemnización de 9 días de salario por año de servicio.

4. - En su escrito de alegaciones la parte recurrente insiste en la contradicción entre la sentencias pero de la exposición que antecede se evidencia la falta de identidad entre los supuestos enjuiciados y por tanto la ausencia de contradicción. No siendo atendibles tampoco las apreciaciones sobre la eventual existencia de una vulneración del derecho a la tutela judicial, al ser constante y conocida la doctrina constitucional sobre la satisfacción de dicho derecho fundamental mediante una resolución de inadmisión de un recurso suficientemente motivada.

De conformidad con lo establecido en los artículos 219 y 225 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede declarar la inadmisión del recurso, sin imposición de costas a la parte recurrente, al no haber comparecido en el recurso ninguna de las partes recurridas.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.