ATS 71/2017, 15 de Diciembre de 2016

PonenteJULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR
ECLIES:TS:2016:12394A
Número de Recurso1344/2016
ProcedimientoRECURSO CASACIÓN
Número de Resolución71/2017
Fecha de Resolución15 de Diciembre de 2016
EmisorTribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal

AUTO

En la Villa de Madrid, a quince de Diciembre de dos mil dieciséis.

HECHOS

PRIMERO

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (Sección 1ª) dictó Sentencia el 13 de mayo de 2016, en el Rollo de Sala nº 11/2015, tramitado como Procedimiento Abreviado nº 79/2014 por el Juzgado Central de Instrucción nº 4, en la que se condenó:

1) A Gabriel por el delito de integración en grupo criminal, a la pena de seis meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena. Y como autor de un delito de falsificación de tarjetas de crédito y débito en concurso medial con un delito continuado de estafa, no concurriendo circunstancias modificativas de la responsabilidad, a la pena de seis años y un día de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena.

2) A Maximo por el delito de integración en grupo criminal, a la pena de tres meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena. Y como autor de un delito de falsificación de tarjetas de crédito y débito en concurso medial con un delito continuado de estafa, no concurriendo circunstancias modificativas de la responsabilidad, a la pena de tres años y seis meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena.

3) A Jose Ramón por el delito de integración en grupo criminal, a la pena de tres meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena. Y por el delito continuado de uso de tarjetas de crédito y débito en concurso de normas con un delito continuado de estafa, a la pena de un año de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

4) A Ambrosio por el delito de integración en grupo criminal, a la pena de un mes y 15 días de prisión, que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 71 del CP, se sustituye cada día de prisión por dos cuotas de multa a razón de seis euros diarios, lo que hace un total de 540 euros, con la responsabilidad subsidiaria legal prevista en el articulo 53 CP. Y como autor de un delito continuado de estafa, a la pena de once meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

5) A Erasmo por el delito de integración en grupo criminal, a la pena de un mes y 15 días de prisión, que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 71 del CP, se sustituye cada día de prisión por dos cuotas de multa a razón de seis euros diarios, lo que hace un total de 540 euros, con la responsabilidad subsidiaria legal prevista en el articulo 53 CP. Y como autor de un delito continuado de estafa, a la pena de once meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

6) A Leandro por el delito de integración en grupo criminal, a la pena de un mes y 15 días de prisión, que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 71 del CP, se sustituye cada día de prisión por dos cuotas de multa a razón de seis euros diarios, lo que hace un total de 540 euros, con la responsabilidad subsidiaria legal prevista en el articulo 53 CP. Y como autor de un delito continuado de estafa, a la pena de veinte meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

En concepto de responsabilidad civil: Gabriel y Leandro indemnizarán a Servired, conjunta y solidariamente, en la cantidad de 196.612,88 euros, por el importe de lo defraudado a través de "Joluma Puerto S.L."; Gabriel indemnizará, igualmente, a Servired en 96,95 euros y 58 euros, por el importe de lo utilizado con las tarjetas ocupadas en su domicilio; Erasmo indemnizará a Servired en 1.858,25 euros; Ambrosio indemnizará a Servired en 5.380,50 euros; Maximo indemnizará a Servired en el importe de las operaciones fraudulentas practicadas con la tarjeta nº NUM000, a determinar en ejecución de sentencia, y en 4.779,10 euros por el importe de las realizadas con las ocupadas en su domicilio; y Jose Ramón indemnizará a Servired en el importe de las operaciones fraudulentas practicadas con las tarjetas nº NUM001 y nº NUM000, a determinar en ejecución de sentencia.

SEGUNDO

Contra dicha sentencia se presentó recurso de casación por la Procuradora Dª. Gloria Inés Leal Mora, en nombre y representación de Gabriel, alegando como motivos: 1) Infracción de precepto constitucional por vulneración del derecho a la presunción de inocencia del art. 24 CE. 2) Infracción de precepto constitucional del art. 24 CE por error en la valoración de las pruebas. 3) Presunción de inocencia del art. 24 CE, en relación con el art. 787 LECrim.

TERCERO

Remitidas las actuaciones para informe del Ministerio Fiscal y de la parte recurrida Servired, representada por la Procuradora Dª. Rocío Sampere Meneses, interesaron la inadmisión del recurso.

CUARTO

Conforme a las normas de reparto aprobadas por la Sala de Gobierno de este Tribunal Supremo, es Ponente de la presente resolución, el Excmo. Sr. Magistrado D. Julian Sanchez Melgar .

RAZONAMIENTOS JURíDICOS

ÚNICO.-

  1. Se formaliza el primer motivo del recurso por infracción de precepto constitucional por vulneración del derecho a la presunción de inocencia del art. 24 CE; el segundo motivo, por infracción de precepto constitucional del art. 24 CE por error en la valoración de las pruebas; y en el motivo tercero se alega la presunción de inocencia del art. 24 CE, en relación con el art. 787 LECrim.

    En el primer motivo se denuncia la falta de pruebas, alegando, en esencia, que no utilizó las tarjetas encontradas en su domicilio y que no conocía lo que había en el ordenador; en el segundo motivo se alega que el Tribunal ha valorado erróneamente las pruebas, y que de la prueba documental y de las intervenciones telefónicas solo resulta que había realizado unas obras de albañilería al condenado Leandro; y en el tercer motivo sostiene que no le puede afectar que los otros acusados prestaran su conformidad, pues además los mismos manifestaron que desconocían si él tenía algo que ver con los hechos enjuiciados.

    De la lectura de los citados motivos se comprueba que con independencia de la vía impugnativa utilizada, lo que realmente plantea el recurrente es una infracción de precepto constitucional por vulneración del derecho a la presunción de inocencia, por falta de prueba de cargo, pretensión a la que se deben reconducir los tres motivos.

  2. La STS 513/2016, de 10 de junio (con cita, entre otras, SSTS 383/2014 de 16 de mayo; 596/2014 de 23 de julio; 761/2014 de 12 de noviembre; 881/2014 de 15 de diciembre y 375/2015 de 2 de junio) señala que, según la doctrina de esta Sala, la invocación en casación del derecho fundamental a la presunción de inocencia permite a este Tribunal constatar si la sentencia de instancia se fundamenta en: a) una prueba de cargo suficiente, referida a todos los elementos esenciales del delito; b) una prueba constitucionalmente obtenida, es decir que no sea lesiva de otros derechos fundamentales, requisito que nos permite analizar aquellas impugnaciones que cuestionan la validez de las pruebas obtenidas directa o indirectamente mediante vulneraciones constitucionales y la cuestión de la conexión de antijuridicidad entre ellas; c) una prueba legalmente practicada, lo que implica analizar si se ha respetado el derecho al proceso con todas las garantías en la práctica de la prueba y d) una prueba racionalmente valorada, lo que implica que de la prueba practicada debe inferirse racionalmente la comisión del hecho y la participación del acusado, sin que pueda calificarse de ilógico, irrazonable o insuficiente el iter discursivo que conduce desde la prueba al hecho probado.

    También es reiterada la doctrina de que, salvo supuestos en que se constate irracionalidad o arbitrariedad, este cauce casacional no está destinado a suplantar la valoración por parte del Tribunal sentenciador de las pruebas apreciadas de manera directa, como las declaraciones testificales o las manifestaciones de los imputados o coimputados, así como los dictámenes periciales, ni realizar un nuevo análisis crítico del conjunto de la prueba practicada para sustituir la valoración del Tribunal sentenciador por la del recurrente o por la de esta Sala, siempre que el Tribunal de instancia haya dispuesto de prueba de cargo suficiente y válida, y la haya valorado razonablemente.

    Por otra parte, la STS 610/2016, de 7 de julio, declara que el Tribunal Constitucional y esta Sala han precisado que el derecho a la presunción de inocencia no se opone a que la convicción judicial en un proceso penal pueda formarse sobre la base de una prueba indiciaria, si bien esta actividad probatoria debe reunir una serie de exigencias para ser considerada como prueba de cargo suficiente para desvirtuar tal presunción constitucional. Se coincide en resaltar como requisitos que debe satisfacer la prueba indiciaria los siguientes: que los indicios, que han de ser plurales y de naturaleza inequívocamente acusatoria, estén absolutamente acreditados, que de ellos fluya de manera natural, conforme a la lógica de las reglas de la experiencia humana, las consecuencias de la participación del recurrente en el hecho delictivo del que fue acusado y que el órgano judicial ha de explicitar el razonamiento en virtud del cual, partiendo de esos indicios probados, ha llegado a la convicción de que el acusado realizó la conducta tipificada como delito.

  3. Relatan los hechos probados que los acusados Gabriel, alias " Flequi", y Maximo, actuando de común acuerdo con otras personas, no identificadas o en ignorado paradero, y con ánimo de ilícito enriquecimiento, se prestaron a colaborar en la fabricación de falsas tarjetas bancarias, mediante la modalidad conocida como "carding", para su utilización en establecimientos comerciales. Para esta última función contaban asimismo con el acusado Jose Ramón.

    Los comercios electrónicos en los que el grupo realizaba operaciones con tarjetas de crédito falsificadas, con consentimiento de los titulares que las facilitaban con ánimo de ilícito enriquecimiento, eran: comercio nº NUM002, con TPV de Caja Mar, correspondiente a un club de alterne, sito en la calle Ramón Sainz nº 29 de Madrid, regentado por el acusado Ambrosio; y comercio n º NUM003, con TPV del Banco de Sabadell, correspondiente a la prestación de servicios de taxi, titular el acusado Erasmo.

    En dichos comercios, durante los meses de febrero a abril de 2013 se realizaron las siguientes operaciones fraudulentas: 20 transacciones en el primero por importe total de 5.380,50 euros; y en el segundo un total de 17 operaciones por importe global de 1.858,25 euros.

    Una de las numeraciones utilizadas el día 25 de febrero de 2013 en el comercio de Erasmo ( NUM004), fue asimismo usada los días 26 de febrero de 2013 en el restaurante Garbi, sito en la calle Infanta Mercedes de Madrid, por 91 euros, y el 27 de febrero de 2013 en el establecimiento Blazer, sito en la Avda de Madrid 11 de Arganda del Rey, por importes de 449 y 455 euros, por Virgil Cana (persona que no ha podido ser imputada en el presente procedimiento, dado su ignorado paradero).

    La tarjeta nº NUM001 la utilizaron el 23 de febrero de 2013 en los comercios de los hermanos Ambrosio Erasmo; y, asimismo, el acusado Jose Ramón empleó dicha numeración al día siguiente, 24 de febrero de 2013, en diversos establecimientos comerciales de la ciudad de Madrid, con ánimo de ilícito enriquecimiento, por importes de 80,28 euros, 112,8 euros, 139,28 euros, 104 euros, 114,12 euros, 118,9 euros, 114,22 euros y 89,7 euros.

    Otra numeración bancaria empleada en los comercios de los hermanos Ambrosio Erasmo, NUM005, la usaron en otros negocios gestionados por una misma persona, el acusado Leandro, administrador único de cuatro mercantiles asociadas a los correspondientes números de comercio electrónico, todos ubicados en un club de alterne, sito en la calle de los Metales nº 3 de Humanes (Madrid), "SKP", "Joluma Puerto", "Hotel Priapo S.L." y "Obras y Proyecto Jolram S.L.".

    Las operaciones fraudulentas realizadas con tarjetas en dichos establecimientos, consentidas por el empresario con ánimo de lucro, fueron: 1) "Hotel Priapo", comercio nº NUM006, con TPV del Banco de Santander, por importe de 82.132 euros, desde el 1 de mayo al 21 de agosto de 2013. Con nº de comercio NUM007, TPV de Ceca, fraude de 26.392 euros. 2) "Jolram S.L.", comercio nº NUM008, TPV de CECA, con un fraude total de 28.694 euros. 3) "Joluma Puerto", con numero de comercio NUM009, TPV de Servired, un total de 196.612, 88 euros. 4) "SKP", con numero de comercio NUM010, 320 euros.

    La utilización de la numeración NUM000 en el establecimiento "Bodybell", sito en la Avenida de la Albufera de Madrid, el 3 de mayo de 2013, sobre las 20:26 horas, por importe de 137,13 euros, permitió la identificación del acusado Maximo, quien vigilaba la compra que realizaba el acusado Jose Ramón.

    Dicha numeración la usaron a las 21:15 horas de dicho día en el establecimiento "Romo Shoes" por 123,99 euros, y a las 23:40 horas en el Hotel Priapo por 640 euros, siendo denegada la operación.

    Por auto de fecha 1 de agosto de 2013, se acordó la entrada y registro en los domicilios de algunos de los acusados. En el domicilio de Maximo, sito en el CAMINO000, nº NUM011- NUM012, de Madrid, se encontraron las siguientes tarjetas a su nombre: tarjeta Visa BBVA nº NUM013 falsa; tarjeta Barclays Mastercard nº NUM014 falsa, con datos en su banda magnética NUM015; tarjeta del Banco de Santander Mastercard nº NUM016, a nombre de Maximo, tarjeta auténtica en soporte, sin datos grabados en su banda magnética; tarjeta del Banco de Santander Mastercard nº NUM017,a nombre de Maximo, tarjeta auténtica en soporte, sin datos grabados en su banda magnética; y tarjeta regalo de El Corte Inglés, de soporte auténtico, si bien el número de tarjeta no se corresponde con el impreso en el soporte. Las mismas registraron operaciones fraudulentas por importe total de 4.779,10 euros durante los días 30 y 31 de julio de 2013.

    En el domicilio de Gabriel, sito en la CALLE000, nº NUM018- NUM019 de Madrid, se intervinieron las siguientes tarjetas a su nombre: tarjeta Visa DBS nº NUM020, falsificada, con el contenido grabado en su banda magnética NUM021; tarjeta Visa DBS nº NUM022, falsificada, con el contenido grabado en su banda magnética NUM023. Utilizadas el 22 de mayo de 2013 por importes de 96,95 euros y 58 euros. Además se encontró un listado de caja de "Joluma Puerto S.L.", y un ordenador portátil de la marca HP Compaq, con nº de serie NUM024, con un disco duro con nº de serie NUM025, con tres archivos de texto conteniendo diversas numeraciones, contestación de solicitud de tarjeta American Express y confirmación de solicitud de transacción bancaria internacional.

    Los archivos de texto del ordenador con caracteres numéricos se corresponden con el track 2 de la información contenida en tarjetas bancarias, incluyendo el número PAN o número de tarjeta reseñado en el anverso. La información ofrecida por los diversos servicios de medios de pago han revelado que con las numeraciones reseñadas en los archivos se realizaron cinco operaciones en "Joluma Puerto" el día 2 de junio de 2013, entre las 1:26 horas y la 1:51 horas, por importe global de 15.150 euros.

    Igualmente, se incautó en el salón de su vivienda un documento de Moneygram donde la persona que realiza el envío de dinero es Jose Ramón.

    En aplicación de la referida doctrina jurisprudencial procede comprobar la racionalidad de las pruebas e indicios que llevaron a sostener una sentencia condenatoria por parte del Tribunal "a quo".

    Se consideran como principales pruebas e indicios incriminatorios, recogidos por la sentencia del Tribunal de instancia, los siguientes:

    - Las intervenciones telefónicas; resultando de la observación de las mismas que el recurrente mantenía conversaciones con los acusados Leandro y Jose Ramón. El teléfono con el que el recurrente mantuvo las comunicaciones con dichos acusados fue encontrado en su poder.

    - La diligencia de entrada y registro del domicilio del acusado. Cuando se practicó dicho registro se halló en poder del recurrente: dos tarjetas de crédito falsificadas, en concreto, tarjeta Visa DBS nº NUM020 y tarjeta Visa DBS nº NUM022; y un listado de caja de "Joluma Puerto", negocio titularidad del acusado Leandro.

    - Prueba documental que refleja que las tarjetas falsificadas intervenidas fueron utilizadas el 22 de mayo de 2013 por importe de 96,95 euros y 58 euros.

    - El informe pericial, ratificado en el acto del juicio oral, donde se constata la falsedad de las tarjetas incautadas al recurrente.

    En dicho informe pericial se refleja que el ordenador intervenido en la vivienda donde residía el recurrente, contenía archivos referentes a numeración de tarjetas de crédito. Tal informe detalla la existencia de un archivo de texto con caracteres en su mayoría numéricos, los cuales tras su análisis, se comprueba que entre ellos se encuentra lo que se correspondería con el track 2 de la información contenida en una tarjeta bancaria, habiendo procedido seguidamente a su extracción; igualmente, se afirma como dentro del track 2 se encuentra el nº PAN (los dieciséis dígitos anteriores al símbolo =), comúnmente conocido como el número de la tarjeta bancaria y que asimismo se extraen. Añadiendo, que con dichas tarjetas bancarias se habían realizado operaciones fraudulentas por importe de 18.940 euros; y parte de esas operaciones fraudulentas lo fueron en el establecimiento "Joluma Puerto", establecimiento titularidad del acusado Leandro.

    La Audiencia razona que, si bien el citado ordenador fue hallado en una de las zonas comunes de la vivienda, en concreto en la terraza, residiendo en dicha vivienda otras personas además del recurrente, el listado de caja de "Joluma Puerto" sí fue hallado en su poder, además de constar acreditado que mantenía conversaciones telefónicas con Leandro.

    Asimismo, en el salón de la vivienda apareció un documento de Moneygram, siendo la persona que realizaba el envío de dinero Jose Ramón, con el que también contactaba el recurrente por teléfono; no constando que Jose Ramón conociera a otros residentes de la vivienda.

    Frente a ello, ninguna relevancia otorga la Audiencia a las manifestaciones del recurrente sobre que la relación con Leandro se debía a la realización de una obra de pladur; en este sentido, no se ha aportado ninguna prueba en orden a acreditar el pago de esa supuesta obra.

    En consecuencia, no se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia porque el Tribunal de instancia ha valorado y ponderado racionalmente las pruebas practicadas, sin separarse de la lógica, los conocimientos científicos o las máximas de experiencia para afirmar que el recurrente formaba parte del grupo criminal objeto de autos, dedicado a la falsificación de tarjetas de crédito y su posterior utilización, teniendo en cuenta los efectos hallados en su poder, las relaciones con otros acusados a través de las intervenciones telefónicas y los informes periciales sobre la falsificación y la utilización de las tarjetas.

    Procede la inadmisión del recurso, conforme al artículo 885.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

    En su consecuencia, se ha de dictar la siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA:

NO HABER LUGAR A LA ADMISION del recurso de casación formulado por la parte recurrente contra la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, en la causa referenciada en el encabezamiento de esta resolución.

Las costas del recurso se imponen a la parte recurrente.

Así lo acordaron y firman los Excmos. Sres. que han constituido Sala para ver y decidir esta resolución.

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