ATS, 17 de Noviembre de 2016

PonenteJOSE JUAN SUAY RINCON
ECLIES:TS:2016:11970A
Número de Recurso1540/2016
ProcedimientoRECURSO CASACIÓN
Fecha de Resolución17 de Noviembre de 2016
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

AUTO

En la Villa de Madrid, a diecisiete de Noviembre de dos mil dieciséis.

HECHOS

PRIMERO .- Por la procuradora doña Matilde Marín Pérez, en nombre y representación de DON Alfonso , DON Amadeo , DOÑA Angustia , DOÑA Araceli , DOÑA Bárbara , DOÑA Benita , DON Bartolomé , DOÑA Carmela y DOÑA Catalina , se interpuso recurso de casación contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sección Segunda, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 17 de noviembre de 2015 , con la corrección de errores del auto de 22 de febrero de 2016, dictada en el recurso número 30/13, en materia de urbanismo.

Se han personado como partes recurridas la Letrada de la Comunidad Autónoma de Canarias, en la representación que le es propia y la procuradora Doña Milagros Duret Argúello, en nombre y representación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

SEGUNDO .- En virtud de providencia de 6 de septiembre de 2016, se acordó conceder a las partes un plazo común de diez días para que formularan alegaciones sobre la posible concurrencia de las siguientes causas de inadmisión del recurso: - En relación con el motivo primero por tener la cita de normas jurídicas del Derecho estatal y de la jurisprudencia mero carácter instrumental para eludir la inadmisión del recurso ( arts. 86.4 y 93.2.d) LRJCA ). - En relación al segundo motivo al formularse por un cauce procesal inadecuado, pues la denuncia que se realiza ha de invocarse al amparo del apartado d) del art. 88.1 de la Ley jurisdiccional ( artículo 93.2.d) LJCA ).

Este trámite ha sido cumplimentado por la parte recurrente y por la representación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en sendos escritos de misma fecha 22 de septiembre de 2016, sin haber formulado alegaciones la Comunidad Canaria, como consta en la diligencia de ordenación de 30 de septiembre de 2016, debidamente notificada a todas las partes.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Jose Juan Suay Rincon, Magistrado de la Sala

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

PRIMERO .- La sentencia impugnada desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Alfonso y otros contra el Acuerdo de la Comisión de Ordenación. del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias de 29 de octubre de /2012 de Aprobación definitiva de la Adaptación Plena del Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales aprobados mediante Decreto Leg. 1/2000 de 8 de Mayo y a las Directrices de Ordenación General y Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, en el particular de la categorización de una finca situada en DIRECCION000 Dice el primer fundamento de derecho: "La pretensión de la parte actora, tal y como se solicita en suplico de la demanda es que toda la finca de su propiedad se incluya en la categoría de suelo rústico de protección agrícola, por los "valores económicos compatible con suelo de protección de infraestructuras y equipamientos, a fin de habilitar la posibilidad de ejecutar en este emplazamiento equipamientos y dotaciones que sirvan a los núcleos industriales y residencial colindante ", a continuación resume los motivos esenciales de la demanda, resaltando literalmente algunas de las consideraciones y la conclusión del informe pericial aportado en demanda.

El segundo fundamento de derecho comienza " Realmente la demanda en la que se pretende que procede categorizar el suelo en su integridad como rústico de protección agrícola por sus valores actuales y futuros para en su caso ser destinado a implantación de equipamientos y dotaciones en suelo rústico, hace supuesto de lo que es en realidad la cuestión planteada.

Es lo cierto que según pasamos a examinar, de la prueba practicada se deduce sin duda de que la demanda parte de un error inicial cual es de que el Plan Insular de Ordenación de Gran canarias delimita estos suelos como B.b.1.3 de muy alto valor agrario, cuando tal instrumentos los incluye como suelos B.b.1 pero dentro de la subzona B.b.1.2 que añade al valor agrario el alto valor paisajístico. A partir de la vinculación que el Plan general de Ordenación debe guardar con el Plan Insular, en la clasificación y categorizacion del suelo rústico, es indiscutible que el Planificador dentro de sus potestades discrecionales ha explicitado las razones que le llevaron a incluir la parte antes definida como suelo de protección paisajística. Por ello resulta especialmente relevante las determinaciones del Plan Insular a quien corresponden el establecimiento de los criterios generales de clasificación y categorización del suelo en función de los valores a proteger, según recoge el artº 19 del TR. 1/2000 . En tal sentido resulta ilustrativo el informe acompañado con la contestación a la demanda formulada por el Cabildo Insular de Gran Canaria, que condensa y sintetiza la racionalidad dela categorizacion elegida en la forma siguiente: ../..

y concluye: " Como decimos lo expuesto en este informe que no ha sido contradicho por prueba alguna, es suficiente para desestimar el recurso."

La parte recurrente en la instancia preparó e interpuso el presente recurso de casación articulado en dos motivos:

- el primero del art. 88.1..d) LJ por inaplicación del art. 13 TRLS de 2008, y

- el segundo, al amparo del art. 88.1.c) LJ porque la sentencia no ha tenido en cuenta la totalidad de las pruebas practicadas, incurriendo en falta de motivación, para acabar concluyendo que la prueba pericial fue valorada en la sentencia al margen de la lógica y racionalidad procesal .

Estos motivos deben ser inadmitidos por las razones que exponemos a continuación.

SEGUNDO .- Del examen de las actuaciones sustanciadas ante la Sala de instancia, se desprende que las pretensiones de las partes en el proceso se han basado en normas de Derecho autonómico, cuya interpretación y aplicación al caso de autos ha sido relevante y determinante del fallo de la sentencia impugnada. Veamos:

La demanda está basada, exclusivamente, en derecho autonómico pues en los fundamentos de derecho: "B) de fondo", sólo se cita el art. 55 TRLOTENC - Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo , por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias- sobre las categorías del suelo rústico de canarias y los artículos 3.1 y 4 de la Ley 9/199 de Ordenación del Territorio de Canarias. Por su parte la sentencia desestima la demanda por los fundamentos que hemos reseñado en el anterior razonamiento jurídico.

El artículo 86.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, dispone que las sentencias que, siendo susceptibles de casación por aplicación de los apartados precedentes, hayan sido dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, sólo serán recurribles en casación si el recurso pretende fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o comunitario europeo que sea relevante y determinante del fallo recurrido, siempre que hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora, indicando el artículo 89.2 de la expresada Ley , a propósito del escrito de preparación, que en el supuesto previsto en el artículo 86.4 habrá de justificarse que la infracción de una norma estatal o comunitaria europea ha sido relevante y determinante del fallo de la sentencia.

Por esta razón no puede ahora, en casación, alegar la inaplicación del art. 13 TRLS de 2008, pues era la primera vez que se alegaba en el proceso y constituye una invocación instrumental de preceptos estatales para cuestionar la interpretación de normas autonómicas.

No obstan a la anterior conclusión las alegaciones efectuadas por la parte recurrente en el trámite de audiencia concedido, pues las normas alegadas como infringidas no han sido objeto de aplicación, ni han sido las normas por la que ha transcurrido el debate planteado, ni tampoco relevante y determinante parar el fallo de la sentencia. En este escrito sólo se pide la admisión de su recurso en aplicación de la doctrina sobre el rigor excesivo en las exigencias formales, pero como reiteradamente se ha dicho (por todos, Auto de 16 de noviembre de 1996) la naturaleza extraordinaria del recurso de casación obliga a la observancia de los requisitos que la Ley establece para la viabilidad del recurso de casación, requisitos que no constituyen un prurito de rigor formal sino una clara exigencia del carácter de recurso extraordinario que aquél ostenta, sólo viable por motivos tasados y cuya finalidad no es otra que la de depurar la aplicación del derecho, tanto en el aspecto sustantivo como procesal, que haya realizado la sentencia o auto de instancia.

Todo lo cual nos lleva a declarar la inadmisibilidad del primer motivo del recurso por cuanto la sentencia impugnada, para llegar a la conclusión finalmente alcanzada sólo interpreta y aplica derecho autonómico.

TERCERO .- El segundo motivo se encabeza por infracción del apartado 1º, punto c) del artículo 88 de la Ley Jurisdiccional porque la sentencia no ha tenido en cuenta la totalidad de las pruebas practicadas, incurriendo en falta de motivación.

En en el escrito de interposición, ni en el de preparación, se citan los preceptos legales que se consideran infringidos sobre la motivación de las sentencias y a pesar de la claridad del cauce utilizado, del art. 88.1.c) LJ , lo que ocurre es que del desarrollo del motivo se deduce, con claridad meridiana, que lo que está criticando es que la Sala de instancia ha valorado la prueba pericial " al margen de la lógica y racionalidad procesal, y por ello, vulnerando la doctrina jurisprudencial."

Es doctrina jurisprudencial consolidada, por todos nuestro reciente auto de 2 de octubre de 2014, recurso de casación 1675/2014, que el motivo previsto en el artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción es idóneo para denunciar los errores in iudicando de que pueda adolecer la resolución recurrida; mientras que el motivo del 88.1.c) de la misma Ley resulta idóneo para hacer valer el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales, es decir, para denunciar errores in procedendo en que haya podido incurrir el órgano jurisdiccional a quo desde la iniciación del proceso hasta su finalización por auto o sentencia, sobre todo cuando en la formación de éstos se desatienden normas esenciales establecidas al efecto (motivación, congruencia, claridad, precisión) y siempre que tales vicios generen indefensión al recurrente.

Pues bien, en este caso la parte recurrente expresa que su segundo motivo de casación se articula al amparo del artículo 88.1.c) LJ , pero en el desarrollo del motivo manifiesta en realidad su discrepancia con la valoración de la prueba. Obvio es que tal supuesta infracción, de existir, no constituye vicio "in procedendo" ocurrido en el curso del proceso e imputable a la Sala a quo , sino que en todo caso hace referencia a la cuestión de fondo planteada, cuyo examen únicamente puede hacerse mediante la articulación del motivo al amparo del apartado d) del tan citado artículo 88.1.

Al error del cauce procesal en el que incurre este segundo motivo, no se hace mención alguna el escrito de alegaciones del recurrente de fecha 22 de septiembre de 2016.

CUARTO .- Al ser inadmisible el recurso de casación, las costas procesales causadas deben imponerse a la parte recurrente, como dispone el artículo 93.5 de la Ley Jurisdiccional . Si bien la Sala, haciendo uso de la facultad que le otorga el artículo 139. 3 de la LRJCA , fija en en 500 euros a reclamar por la defensa del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, excluyendo derechos de procurador al no ser preceptiva su intervención, y sin que hayan devengado cantidad alguna la Letrada de la Comunidad Autónoma de Canaria que no ha formulado alegaciones en el trámite de audiencia, como dejó constancia la diligencia de ordenación de 30 de septiembre de 2016.

Por lo expuesto,

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación interpuesto por la procuradora doña Matilde Marín Pérez, en nombre y representación don Alfonso y otros, contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sección Segunda, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 17 de noviembre de 2015, dictada en el recurso número 30/13 ; resolución que se declara firme; con imposición a la parte recurrente de las costas procesales causadas en este recurso, en los términos expuestos en el último razonamiento jurídico.

Lo mandó la Sala y firman los Magistrados Excmos. Sres. al inicio designados

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