SAP Palencia 149/2016, 8 de Julio de 2016

PonenteMAURICIO BUGIDOS SAN JOSE
ECLIES:APP:2016:210
Número de Recurso228/2016
ProcedimientoCIVIL
Número de Resolución149/2016
Fecha de Resolución 8 de Julio de 2016
EmisorAudiencia Provincial - Palencia, Sección 1ª

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1

PALENCIA

SENTENCIA: 00149/2016

N10250

AVENIDA ANTIGUA FLORIDA 2

Tfno.: 979.167.701 Fax: 979.746.456

N.I.G. 34120 41 1 2015 0001110

ROLLO: RPL RECURSO DE APELACION (LECN) 0000228 /2016

Juzgado de procedencia: JDO. 1A.INST.E INSTRUCCION N. 1 de PALENCIA

Procedimiento de origen: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000184 /2015

Recurrente: FERMOPAL

Procurador: MARIA BELEN VIAN HOYOS

Abogado: IGNACIO BRAGIMO ABEJON

Recurrido: CAJAMAR

Procurador: JOSE CARLOS HIDALGO FREYRE

Abogado:

Este Tribunal compuesto por los Señores Magistrados que se indican al margen ha pronunciado

EN NO MBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA Nº 149/16

SEÑORES DEL TRIBUNAL

Ilmo. Sr. Presidente

Don Mauricio Bugidos San José

Ilmos. Sres. Magistrados

Don José Alberto Maderuelo García

Don Miguel Carreras Maraña

---------------------------------En la ciudad de Palencia, a 8 de julio de 2016. Vistos, en grado de apelación ante esta Audiencia Provincial, los presentes autos de juicio ORDINARIO, sobre NULIDAD CONTRACTUAL provenientes del Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Palencia, en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia recaída en el mismo de fecha 28/03/2016, entre partes, de una, como apelante la entidad FERMOPAL SOCIEDAD LIMITADA, representada por la Procuradora Doña Belén Vian Hoyos y defendida por el Letrado Don Ignacio Bragimo Abejón, y de otra, como apelada la entidad CAJAMAR CAJA RURAL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, representada por el Procurador Don José Carlos Hidalgo y defendido por el Letrado Don Oscar Nacher, siendo Magistrado Ponente, el Ilmo. Sr. Magistrado Don Mauricio Bugidos San José.

Se aceptan los antecedentes fácticos de la sentencia impugnada.

ANTECEDENTES DE HECHO
  1. - Que el Fallo de dicha sentencia, literalmente dice: " Desestimar la demanda interpuesta por Procuradora Sra. Vian Hoyos en nombre y representación de FERMOPAL SOCIEDAD LIMITADA, contra CAJAMAR CAJARURAL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO; absolviendo a la entidad demandada de todos los pedimentos reducidos en su contra.

    Con imposición a la parte actora de las costas causadas."

  2. - Contra dicha sentencia interpuso la parte actora en el procedimiento el presente recurso de apelación, exponiendo las alegaciones en las que se basaba su impugnación, que fue admitido en ambos efectos, y previo traslado a las demás partes para que presentaran escritos de impugnación u oposición, fueron elevados los autos ante esta Audiencia, y al no haber sido propuesta prueba, es procedente dictar sentencia.

    Se aceptan los Fundamentos de Derecho de la resolución recurrida en tanto no se opongan a los de la presente resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO

El Juzgado de Primera Instancia número uno de Palencia dictó sentencia cuyo fallo es del tenor literal que hemos transcrito los antecedentes de hecho de la presente resolución; y contra ella se alza la representación de Fermopal Sociedad Limitada, que pide su revocación y lo hace mediante la interposición de recurso de apelación; y que se dicte sentencia de conformidad con lo pedido en el escrito de demanda. Conferido traslado de dicho recurso a la contraparte, ésta se opuso a su estimación.

Es origen de actuaciones demanda presentada por la entidad Fermopal en la que pedía que se declarase la nulidad de una cláusula contenida en escritura de préstamo hipotecario, de las llamadas limitativas a la variabilidad del tipo de interés o cláusula suelo, y ello sustancialmente por entender que la entidad demandada no había cumplido con las obligaciones que tanto la legislación sobre consumidores y usuarios, como la relativa a las condiciones generales de la contratación, la imponían.

La sentencia de instancia, después de considerar que la actora no tenía carácter de consumidor, pronunció fallo desestimatorio por considerar que por parte de la demandada no se había incumplido sus obligaciones; mas el apelante insiste en sus argumentos; sostiene que sí que debe de concedérsele carácter de consumidor, y que en todo caso y aunque así no fuere, ni tuvo conocimiento de la cláusula cuya nulidad se solicita, como tampoco y desde luego información del alcance y significado de la misma, asertos que son negados por la entidad apelada.

SEGUNDO

Se sostiene en el primer motivo de recurso la existencia de error en la valoración probatoria, pretendiendo que no se han tenido en cuenta circunstancias que constan en las actuaciones, tendentes a acreditar el carácter de consumidor de la entidad recurrente, con las consecuencias que ello conlleva, más entendemos que ello no es así, pues como más adelante diremos la prueba practicada está correctamente valorada.

Necesario resulta para llegar a esta conclusión hacer a modo de premisa una síntesis de los criterios que hemos de tener en cuenta para la valoración de prueba, y no sólo aquellos que afectan a la primera instancia, sino también a ésta a alzada. Éstos son:

  1. el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que la carga de la prueba de los hechos que se aleguen es de la parte que lo hace, de forma tal que la actora, en principio, está obligada a la de todos aquellos que serán fundamento de su pretensión, y la demandada a la de los que contradigan o contrarresten los anteriores. No obstante, el Juez o Tribunal, una vez practicada prueba legalmente solicitada, pueden valorarla en su integridad, sin que queden vinculados por la norma expuesta, es decir sin que necesariamente tengan que tener en cuenta quién fue la parte que propuso la prueba en que asienta la estimación de la pretensión, o bien su desestimación; y ello porque a partir de dicha situación tiene plena libertad de valoración. Dicha regla si debe de aplicarse cuando los hechos fundamentadores de la pretensión, o aquellos que pretenden combatirla, no han sido probados, situación en la cual la parte que tenía la carga de ello, debe de arrostrar con las consecuencias.

  2. el sistema de valoración de prueba en el derecho español, no es el de prueba tasada excepto en lo que se refiere a los documentos públicos que hacen fe de todo aquello que el fedatario hace constar como de conocimiento directo; sino que esencialmente es el de libre valoración de la prueba, lo que supone que el interrogatorio de partes, prueba testifical y prueba pericial, ha de ser ponderado por el juzgador con arreglo a los principios de la lógica y de la sana crítica, y con prudente arbitrio.

  3. al respecto de la prueba documental, el artículo 326 de la ley de Enjuiciamiento Civil, establece que " 1. los documentos privados harán prueba plena en el proceso, cuando su autenticidad no sea impugnada por la parte a quien perjudiquen... y que ... 2. cuando se impugnare la autenticidad de un documento privado, el que lo haya presentado podrá pedir el cotejo pericial de letras o proponer cualquier otro medio de prueba que resulte útil y pertinente al efecto" . La doctrina jurisprudencial al respecto, dice, entre otras en sentencia de 21 de febrero de 2008 que "en cuanto al documento privado cuya autenticidad se impugnase, ha sido una doctrina jurisprudencial consolidada que la falta de reconocimiento de un documento privado no le priva íntegramente de valor probatorio, pudiendo ser tomado en consideración ponderando el grado de credibilidad que puede merecer en las circunstancias del debate, o complementado con otros elementos de prueba, pues la posición contraria supondría tanto como dejar al arbitrio de una parte la eficacia probatoria del documento, la cual se recoge ahora en el apartado segundo del precepto, pues la falta de prueba de autenticidad del documento privado impugnado o incluso la ausencia de actividad probatoria para acreditar su autenticidad, no implica su carencia de valor probatorio, que el tribunal debe valorar, según la norma, conforme a las reglas de la sana crítica" .

  4. únicamente este Tribunal de alzada puede modificar la valoración probatoria que conste en la sentencia de instancia, cuando esta sea manifiestamente errónea o contraria a los principios de la lógica o de la sana crítica. Ello es así por dos razones, la primera porque es el Juzgador de Instancia quien presencia de forma directa la prueba que se practica en juicio -que salvo la prueba documental no puede ser reproducida en esta alzada, salvo por visión videográfica- y por ello el que puede percibirse de la forma de declarar las partes, peritos y...

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