STSJ Comunidad de Madrid 286/2016, 17 de Octubre de 2016

PonenteMARGARITA ENCARNACION PAZOS PITA
ECLIES:TSJM:2016:10778
Número de Recurso670/2015
ProcedimientoPROCEDIMIENTO ORDINARIO
Número de Resolución286/2016
Fecha de Resolución17 de Octubre de 2016
EmisorSala de lo Contencioso

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Tercera

C/ General Castaños, 1, Planta 1 - 28004

33009730

NIG: 28.079.00.3-2015/0018865

Recurso nº 670/2015

Ponente: Dña. Margarita Pazos Pita

Recurrente: Mantenimientos y Construcciones Alcuba, S.A.

Representante: Procurador Dña. Silvia Barreiro Teijeiro

Parte demandada: Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior

Representante: Abogado del Estado

SENTENCIA NÚM. 286

ILTMO. SR. PRESIDENTE:

D. Gustavo Lescure Ceñal

ILTMOS. SRES. MAGISTRADOS:

Dña. Pilar Maldonado Muñoz

Dña. Margarita Pazos Pita

----------------------------------- En Madrid, a 17 de Octubre de 2016.

Visto el recurso contencioso-administrativo núm. 670/2015 formulado por la Procuradora D. ª Silvia Barreiro Teijeiro, en nombre y representación de la entidad Mantenimientos y Construcciones Alcuba, S.A., contra la desestimación presunta del recurso de reposición deducido contra la Resolución de la Directora General de Tráfico de 11 de febrero de 2015 que deniega la reclamación de intereses de demora por retraso en el pago de certificaciones de la obra de ejecución de la Oficina Local de Tráfico de Alcalá de Henares. Ha sido parte demandada el Ministerio del Interior, representado y defendido por la Abogacía del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

La referida parte actora promovió el presente recurso contencioso-administrativo contra la resolución reseñada, y seguido el cauce procesal previsto legalmente, cada parte interviniente despachó, en el momento oportuno y por su orden legal conferido, el trámite correspondiente de demanda y de contestación, en cuyos escritos, y conforme a los hechos y razonamientos jurídicos consignados, suplicaron, respectivamente, la anulación del acto objeto de impugnación y la desestimación del mismo, en los términos que figuran en aquéllos.

SEGUNDO

Seguido el proceso por los cauces legales, y efectuadas las actuaciones y los trámites que constan en los autos, quedaron éstos pendientes de señalamiento para votación y fallo, que tuvo lugar el día 13 de octubre de 2.016.

Siendo Ponente la Magistrada Ilma Sra. Dña. Margarita Pazos Pita.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO

Se impugna en el presente recurso contencioso-administrativo por la entidad Mantenimientos y Construcciones Alcuba, S.A. la desestimación presunta del recurso de reposición deducido contra la Resolución de la Directora General de Tráfico de 11 de febrero de 2015, que deniega la reclamación de intereses de demora por retraso en el pago de certificaciones de obra y subsiguientes facturas relativas al contrato de ejecución de la "Oficina Local de Tráfico de Alcalá de Henares".

SEGUNDO

En su escrito de demanda la recurrente invoca el artículo 200.4 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, así como el artículo 7.2 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, señalando como "dies a quo" del cómputo de los intereses de demora derivados del pago tardío de las certificaciones de obra el día del cumplimiento del plazo de los 60 días siguientes a la fecha de expedición de aquéllas, y como "dies ad quem" el día en que se ha hecho efectivo el pago por la DGT.

Señala que, de acuerdo con las Sentencias que cita, el plazo para ejercitar el derecho a reclamar el cobro de tales intereses es de 4 años a computar desde que se produce la liquidación definitiva del contrato, desde la cancelación de la garantía definitiva, desde que hubiera tenido lugar el último acto contractual o desde que concluyeran las relaciones jurídicas derivadas del referido negocio jurídico. Por lo que, habiéndose producido la cancelación de las garantías definitivas del contrato de autos el 15 de abril de 2011 y el 16 de marzo de 2012, y el requerimiento de abono de los intereses de demora el 4 de noviembre de 2014, cabe concluir que no se puede oponer en modo alguno la prescripción del referido derecho.

Asimismo solicita el abono de los intereses legales de tales intereses de demora en los términos establecidos en el art. 1109 del Código Civil desde la fecha de interposición del recurso y hasta la fecha del abono efectivo de los referidos intereses moratorios.

Por su parte, la Administración demandada se opone al recurso deducido de adverso aduciendo, en primer lugar, que la recurrente reclamó inicialmente el abono de intereses respecto de la primera certificación parcial, por lo que se debe tener por aquietada a aquélla al criterio de la Administración respecto de tal certificación.

A continuación alega la extemporaneidad del recurso contencioso-administrativo dada la ausencia de prueba del recurso de reposición citado de contrario, del que -dice- no hay constancia en el expediente ni en su ampliación, consistiendo toda la prueba del mismo en el documento nº 4 acompañado con el escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo, que por ser una fotocopia y carecer de sello de entrada no puede ser reconocido por la Administración.

Asimismo, frente al art. 200.4 de la LCSP invocado por la actora, sostiene la Administración la aplicabilidad del art. 99 del TRLCAP, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, como señala que resulta del PCAP en consonancia con la DT1ª de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, que dispone que los contratos que a la fecha de su entrada en vigor, que tuvo lugar el 30 de abril de 2008, ya se hubiese publicado la convocatoria del procedimiento de adjudicación, continuarán rigiéndose por la normativa anterior.

Aduce igualmente la prescripción de la acción para reclamar intereses de demora por las certificaciones parciales 4 y 17 al haber transcurrido 4 años desde su pago; fecha de pago que señala que opera como término final del periodo por el que cabe la reclamación de intereses.

Alega que la jurisprudencia sobre la prescripción citada de contrario no es aplicable pues se fundamenta en la atribución a la Administración de la culpabilidad en la demora de la expedición de la certificación final, lo que no se aprecia en el caso de autos, en el que no concurre demora o irregularidad alguna en la Administración que justifique prolongar la vigencia de la acción para exigir el cobro de las certificaciones parciales más allá de los cuatro años previstos en la LGP hasta la expedición de la certificación final.

Destaca, por el contrario, la actitud -dice- bastante negligente de la actora, ya que no incluyó los intereses de demora en la cuenta de liquidación presentada para la certificación final. Ello -continúa- supone un nuevo argumento para no aplicar la jurisprudencia citada por la actora y ello porque considera que la citada doctrina jurisprudencial permite al contratista reclamar con ocasión de la liquidación final los intereses correspondientes a certificaciones parciales abonadas hace más de cuatro años pero si no se reclamaron estos intereses en aquel trámite, no ampara la resurrección de un trámite fenecido a causa de una inactividad prolongada durante más de cuatro años. Y en este sentido invoca la Administración la jurisprudencia de la Sala de lo Civil de Tribunal Supremo conforme a la cual la interrupción de la prescripción requiere un "animus conservandi".

Por otra parte, con carácter principal respecto de la pretensión de pago de intereses de demora por la certificación final, y con carácter subsidiario respecto de los intereses de demora de las certificaciones parciales, se aduce que las certificaciones fueron abonadas en plazo. Señala que resulta esencial determinar el momento en que una certificación se tiene por emitida, y a este respecto considera que una certificación no se puede reputar emitida hasta que sea firmada por todas y cada una de las autoridades competentes para emitirla. A mayor abundamiento -dice- si la recurrente pretende que se computen los 60 días desde que presentó la correspondiente factura, debería haber acreditado cuál es la fecha en que se presentaron ante la DGT.

Finalmente opone la improcedencia del anatocismo al no existir omisión alguna al respecto que haya de cubrirse acudiendo al Código Civil.

TERCERO

Así planteados los términos del debate, en primer lugar se ha de señalar que no puede prosperar la extemporaneidad del recurso aducida por la Abogacía del Estado con base en la ausencia de prueba del recurso de reposición citado de contrario, del que -dice- no hay constancia en el expediente ni en su ampliación, consistiendo toda la prueba del mismo en el documento nº 4 acompañado con el escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo, que por ser una fotocopia y carecer de sello de entrada no puede ser reconocido por la Administración.

Sin embargo el examen de tal documento nº 4 ya releva la existencia en el mismo de sello indicativo del órgano ante el que se presentó -Registro General de la Delegación del Gobierno en Galicia-, el número...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR