ATS 1348/2016, 8 de Septiembre de 2016

PonenteJOSE RAMON SORIANO SORIANO
ECLIES:TS:2016:9153A
Número de Recurso1054/2016
ProcedimientoRECURSO CASACIÓN
Número de Resolución1348/2016
Fecha de Resolución 8 de Septiembre de 2016
EmisorTribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal

AUTO

En la Villa de Madrid, a ocho de Septiembre de dos mil dieciséis.

HECHOS

PRIMERO

Por la Audiencia Provincial de Badajoz (Sección 3ª), en autos nº Rollo de Sala 4/2016, dimanante de Procedimiento Abreviado 459/2014 del Juzgado de Instrucción nº 1 de Montijo, se dictó sentencia de fecha 19 de abril de 2016 , en cuya parte dispositiva se acordó lo siguiente:

"Que debemos condenar y condenamos a Carlos Francisco , en quien no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, como autor penalmente responsable de un delito de estafa de los arts. 248.1 y 250.1.5º CP , a las penas de tres años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y nueve meses de multa, con una cuota diaria de 6 €, y para el supuesto de impago, la responsabilidad personal subsidiaria del art. 53.1 CP .

En cuanto a la responsabilidad civil, procede la declaración de nulidad del contrato de permuta otorgado en escritura pública el día 4 de julio de 2012, entre Carlos Francisco y Juan Enrique , en nombre y representación de la entidad PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES PACHECO ALGABA S.L., y subsidiariamente, si hubiera tenido acceso al Registro de la Propiedad dicho contrato y hubiera sido adquirido el dúplex objeto del mismo por tercero de buena fe, procedería el abono por el acusado a la entidad PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES PACHECO ALGABA S.L., el importe del valor del mismo, 146.000 €.

Procede la reserva al perjudicado Juan Enrique de las acciones civiles oportunas, para la reclamación de las distintas cantidades entregadas en concepto de préstamo por el denunciante al acusado entre junio y octubre de 2012.

Con imposición al condenado de las costas procesales causadas, sin inclusión de las soportadas por la acusación particular.".

SEGUNDO

Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de casación por Carlos Francisco , mediante la presentación del correspondiente escrito por el Procurador de los Tribunales D. Ángel de la Calle Pato.

El recurrente alega tres motivos de casación:

  1. - Por vulneración de precepto constitucional, al amparo del 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, del derecho a la presunción de inocencia, del artículo 24 de la Constitución .

  2. - Por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1° de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por indebida aplicación de los artículos 249 , 250.1.5º.1 del Código Penal .

  3. - Por infracción de ley, al amparo del artículo 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , al haberse producido error de hecho en la apreciación de la prueba.

TERCERO

En el trámite correspondiente a la sustanciación del recurso el Ministerio Fiscal se opuso al mismo.

CUARTO

Conforme a las normas de reparto aprobadas por Sala de Gobierno de este Tribunal Supremo, es Ponente de la presente resolución el Excmo. Sr. Magistrado D. Jose Ramon Soriano Soriano.

En aplicación de las citadas normas de reparto, el Excmo. Sr. Magistrado D. Jose Ramon Soriano Soriano sustituye al Excmo. Sr. Magistrado D. Julián Sánchez Melgar (por razones de licencia oficial), en la deliberación y el dictado de esta resolución.

RAZONAMIENTOS JURíDICOS

PRIMERO

A) En el primer motivo del recurso, alega el recurrente la vulneración de precepto constitucional, al amparo del 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, del derecho a la presunción de inocencia, del artículo 24 de la Constitución .

Considera que no se ha practicado prueba de cargo suficiente para sostener la condena. La única prueba ha sido la declaración de la víctima-testigo, sin que conste el más mínimo reproche a las múltiples contradicciones en las que incurrió. Añade que la escritura pública de permuta que adjuntó a su escrito de denuncia, no la aportó en su integridad, y fue la defensa quien con posterioridad aportó al proceso la misma de manera completa.

  1. La función casacional encomendada a esta Sala, respecto de las posibles vulneraciones del derecho a la presunción de inocencia, consagrado en el artículo 24.2 de nuestra Constitución , ha de limitarse a la comprobación de tres únicos aspectos, a saber:

    i) que el Tribunal juzgador dispuso, en realidad, de material probatorio susceptible de ser sometido a valoración;

    ii) que ese material probatorio, además de existente, era lícito en su producción y válido, por tanto, a efectos de acreditación de los hechos; y

    iii) que los razonamientos a través de los cuales alcanza el Juez de instancia su convicción, debidamente expuestos en la sentencia, son bastantes para ello, desde el punto de vista racional y lógico, y justifican, por tanto, la suficiencia de dichos elementos de prueba ( SSTS 591/2013 y 593/2013 ).

  2. Han sido declarados probados los siguientes hechos.

    El acusado Carlos Francisco y el denunciante, Juan Enrique , éste en nombre y representación de la entidad mercantil unipersonal Promociones y Construcciones Pacheco Algaba S.L., de la que era administrador único, otorgaron escritura pública de permuta el 4 de julio de 2012, en la que Juan Enrique , en nombre y representación de dicha mercantil, permutaba una finca urbana, vivienda unifamiliar adosada, tipo 3, procedente del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución número 1 de Puebla de Obando (Badajoz), compuesta de dos plantas, baja y primera, valorada en 146.000 €, propiedad de Promociones y Construcciones Pacheco Algaba S.L., y el acusado Carlos Francisco un cuadro, del que afirmaba era propietario y que era del autor Mariano Fortuny, valorado en 200.000 €, escritura en la que, asimismo, se hacía constar que existiendo una diferencia de valor entre la referida vivienda y el mencionado cuadro de 54.000 €, la sociedad Promociones y Construcciones Pacheco Algaba S.L. se comprometía a abonar al acusado esa cantidad, tan pronto transmita el cuadro.

    Dicho cuadro no es del autor Mariano Fortuny (Mariá Fortuny), habiendo actuado el acusado Carlos Francisco movido con el ánimo de producir error en Juan Enrique , e inducirle a realizar la permuta del referido dúplex por el cuadro, y así obtener un beneficio patrimonial ilícito, conociendo que el cuadro no pertenecía a dicho pintor.

    Asimismo, el acusado Carlos Francisco entregó al denunciante dos cheques de fechas 15 y 16 de abril de 2014, respectivamente, a favor de Promociones y Construcciones Pacheco Algaba S.L., por un importe cada uno, de 135.000 €, para hacer frente al pago del precio del dúplex, así como de distintas cantidades de dinero, que le fueron entregadas entre junio y octubre de 2012, en concepto de préstamo, por Juan Enrique , y que no le había devuelto. Los cheques resultaron impagados, al carecer de fondos la cuenta bancaria de la que era titular el acusado, en la entidad Deutsche Bank SAE contra la que se libraron.

    A día de hoy, el acusado no ha abonado a Juan Enrique esas sumas de dinero prestadas, la escritura de permuta no ha tenido acceso al Registro de la Propiedad, y Juan Enrique sigue teniendo el cuadro en su poder y ha arrendado a terceros el dúplex.

    En los razonamientos jurídicos de la sentencia recurrida, explica la Audiencia el resultado de los medios de prueba practicados en el plenario y el juicio deductivo mediante el cual forma su convicción.

    Dispuso de la declaración de Juan Enrique , en el sentido de los Hechos Probados. Afirmó que el acusado es anticuario de profesión, con establecimiento abierto al público. Y que ambos, acusado y denunciante, habían hecho "algunos negocios juntos", por lo que "eran amigos". Del cuadro, el acusado afirmó que era de Mariano Fortuny, lo que llevó al denunciante a realizar la permuta. De haber sabido que no era de tal autor, no la habría realizado. Afirmó que el acusado fue quien puso el precio al cuadro, y que él puso el precio al dúplex. Le ofreció la documentación del cuadro en varias ocasiones, pero nunca la presentó, y realizaron en la notaría el contrato de permuta. Resultó finalmente que el cuadro era falso. Reconoció que inicialmente le entregó las llaves de la casa al acusado, pero que luego se las pidió, y le indicó que hasta que no le diera la documentación del cuadro no se las entregaba. Afirmó que además de la permuta le prestó dinero.

    Para el Tribunal su testimonio fue claro, convincente y verosímil, en los mismos términos que la denuncia, y resultó corroborada por la documental obrante en autos: el contrato de permuta, y un correo electrónico que le remitió al denunciante una persona que quería comprarle el cuadro, en el que le indicó que no era de Mariá Fortuny Marsal, remitiéndole el informe que le había hecho una persona del Museu dŽArt i Historia. En el citado informe se precisa que el hecho de que esté firmada como "Fortuny" puede indicar que sea de otro artista con ese mismo apellido. Este documento no fue impugnado por la defensa.

    Para el Tribunal es lógico y racional afirmar que fue el denunciado quien puso el precio del cuadro. Y ello por cuanto era anticuario, y además se fijó por una cantidad superior al valor del dúplex. Ello imponía al denunciante tener que pagar una diferencia. De haber puesto el denunciante el precio como afirmó el acusado no lo habría fijado en dicha cantidad.

    Por otra parte consideró acreditado que el acusado sabía que el cuadro era falso. El Tribunal lo infiere de que afirmó haberlo adquirido en un "lote" por 2.500 euros, y que tenía la documentación del mismo, documentación que nunca le fue mostrada al denunciante, ni tampoco se aportó en el Notario, ni a la causa. Para el Tribunal afirmar que no se le ha requerido, no determina excusa suficiente, pues consta en autos que no fue requerido para presentar la copia completa de la escritura pública de la permuta, y a pesar de ello lo hizo. Por otra parte valoró que la afirmación del acusado "no le dije que fuera auténtico", para el Tribunal no es creíble, por cuanto ni es lo que cuenta el denunciante ni es lo que consta en la escritura que fue firmada por él ante el Notario.

    La afirmación del acusado de que realizó las entregas de los cheques para abonar el dúplex, así como la del resto de las cantidades, no le resultó tampoco creíble al Tribunal. Lo cierto fue que llegó incluso a reconocer finalmente que fueron cheques impagados al carecer de fondos.

    Finalmente el Tribunal consideró irrelevante a los efectos de la condena que en el contrato de permuta se incorporara la frase del denunciante "que tiene comprador y que la venta se efectuará en breve plazo". Tampoco determina elemento alguno, para considerar que se trató de una denuncia falsa, el que el denunciante no presentara la copia completa de la escritura pública, o que acudieran a un Notario de su confianza para firmar el contrato.

    La misma suerte corren las alegaciones del acusado negando la veracidad de los hechos denunciados, pues determinaría un ilógico e incomprensible proceder del denunciante, que permuta su dúplex, valorado en 146.000 euros, por un cuadro del que nunca se hubiera afirmado su autenticidad. Lo que se contradice con el contenido del contrato de permuta. Finalmente es insostenible que fuera el denunciante quien fijara el precio del cuadro, cuando es de oficio constructor, frente al acusado que es anticuario.

    Con toda la prueba y los elementos acreditados de los que se dispuso consideró el Tribunal que el acusado, conociendo que el cuadro no era del pintor reseñado, se lo ofreció al denunciante para la permuta pactada, a cambio de un dúplex. El denunciante, creyendo en la autenticidad del cuadro, procedió a firmar el contrato, lo que determinó el acto de disposición patrimonial causante del perjuicio.

    Puede afirmarse, como alega el recurrente, que existen versiones de hechos completamente distintas e incompatibles entre sí, pero determinar la mayor o menor credibilidad de aquéllas corresponde al Tribunal de instancia y sólo una conclusión arbitraria o irracional podría generar la censura casacional de la prueba de cargo. Lo que no sucede en el presente caso pues ha existido prueba de cargo suficiente contra el recurrente, al margen de que éste no comparta la valoración que de las pruebas personales y documentales ha realizado el Tribunal Sentenciador.

    El razonamiento de la sentencia es plenamente convincente y responde a las reglas de la lógica y a las máximas de la experiencia, atendiendo a la interrelación de todos los extremos acreditados, sin que ninguno de los argumentos desarrollados en el recurso permita desvirtuar en modo alguno la conclusión del Tribunal sentenciador sobre la ilícita conducta del recurrente.

    Finalmente resulta irrelevante para configurar el delito que el denunciante tenga el cuadro, y que también tenga las llaves de la vivienda, incluso aunque fuera cierto que la tiene alquilada, como parece que afirmó un testigo en el acto de la vista. Son hechos, en todo caso posteriores a la consumación del delito de estafa.

    Procede la inadmisión del motivo de acuerdo con lo dispuesto en el art. 885.1 de la LECrim .

SEGUNDO

A) Alega el recurrente en el segundo motivo de su recurso infracción de ley, al amparo del artículo 849.1° de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por indebida aplicación de los artículos 248.1 , y 250.1.5º.1º del Código Penal .

Considera que no ha realizado conducta engañosa alguna. El denunciante se llevó el cuadro porque le gustó, y pensó que valía mucho dinero, siendo él mismo quien indicó el precio, por cuanto había una tercera persona que le ofreció 200.000 euros por el mismo. El recurrente no le dijo que el cuadro era de Mariano Fortuny, le dijo que "estaba firmado por M. Fortuny". Todo lo realizó el denunciante, porque tenía un piso que no vendía e ideó la operación con la única finalidad de salvar su empresa por las deudas que arrastraba. No hay tampoco perjuicio patrimonial, por cuanto mantiene en su posesión el cuadro y el dúplex. Todo es una mera cuestión civil que se ha criminalizado. No tuvo tampoco ánimo de lucro.

  1. La utilización del cauce casacional previsto en el art. 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige el pleno respeto a los hechos declarados probados en la sentencia recurrida. Por lo tanto, sólo son objeto de impugnación las cuestiones de derecho que constan en la sentencia.

  2. De acuerdo con los Hechos Probados, la subsunción de los hechos que realiza el Tribunal es adecuada.

La conducta del acusado descrita en el factum de la sentencia, como en la misma se expone, contiene todos los elementos del tipo delictivo apreciado, calificado conforme a lo dispuesto en los arts. 248 y 250 del CP .

El motivo realmente no sólo cuestiona la calificación de tales hechos probados, pues en realidad niega la realidad de éstos, efectuando a tal fin diversas alegaciones.

El Tribunal sentenciador ha concretado el engaño antecedente, causante y bastante, en el hecho de que el acusado afirmara la autoría de un cuadro, que no era cierta, lo que fue creído por el denunciante, dada la credibilidad profesional del denunciado, que era un anticuario con negocios conocidos. Y por ello le permutó dicho cuadro por un inmueble de su propiedad, abonándole incluso 54.000 euros, al ser superior el precio del cuadro que el de la vivienda ofertada. Desde tal momento, ya se ha producido el perjuicio patrimonial para el denunciante.

No en vano en la propia sentencia se procede, en el plano de la responsabilidad civil, a declarar la nulidad del contrato de permuta, precisando que de haber tenido acceso al Registro de la Propiedad dicho contrato, y que se hubiera adquirido el dúplex por tercero de buena fe, procedería el abono por el acusado a la entidad Promociones y Construcciones Pacheco Algaba S.L., el importe de su valor, esto es 146.000 euros.

Y finalmente todo ello lo realizó Carlos Francisco , con un dolo, pues era conocedor de la falsedad de sus afirmaciones en cuanto a la autoría del cuadro, y con ánimo de lucro, pues se vería enriquecido con un dúplex a costa de un cuadro que no era obra de Mariano Fortuny.

Procede la inadmisión del motivo de acuerdo con lo dispuesto en el art. 885.1 y 884.3 de la LECrim .

TERCERO

A) En el tercer motivo del recurso, alega el recurrente infracción de ley, al amparo del artículo 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , al haberse producido error de hecho en la apreciación de la prueba.

Cita las declaraciones documentadas del imputado y del testigo-víctima, así como las declaraciones de la persona que reside en el dúplex, que afirmó que le paga las mensualidades al denunciante. Finalmente considera que la escritura pública de la permuta acredita las contradicciones en las que incurrió el testigo- víctima, de quien afirma que es quien tiene en la actualidad el cuadro y el inmueble, del que nunca perdió la posesión.

  1. En relación con el art. 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal la doctrina del Tribunal Supremo, en sentencias como la de 24-3-2004 , sostiene: "El error valorativo que autoriza este motivo casacional exige la concurrencia de ciertos requisitos reiteradamente señalados por esta Sala:

    -. Ha de fundarse, en una verdadera prueba documental, y no de otra clase, como las pruebas personales aunque estén documentadas.

    -. Que evidencie el error de algún dato o elemento fáctico o material de la Sentencia de instancia, por su propio y literosuficiente poder demostrativo directo, es decir, sin precisar de la adición de ninguna otra prueba ni tener que recurrir a conjeturas o complejas argumentaciones.

    -. El dato que el documento acredite no se encuentre en contradicción con otros elementos de prueba.

    -. Que el dato contradictorio así acreditado documentalmente sea importante en cuanto tenga virtualidad para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo, pues si afecta a elementos fácticos carentes de tal virtualidad el motivo no puede prosperar ya que, como reiteradamente tiene dicho esta Sala, el recurso se da contra el fallo y no contra los argumentos de hecho o de Derecho que no tienen aptitud para modificarlo.

  2. No puede aceptarse que se haya producido la vulneración denunciada. En cuanto a las declaraciones personales, aun cuando estén documentadas, no puede afirmarse que se trate de documentos con efectos casacionales. Por lo que respecta a la escritura pública de la permuta el Tribunal no se ha apartado de su contenido en ningún momento.

    Lo que se desprende de los planteamientos realizados por el recurrente en el presente motivo es de nuevo su discrepancia con la valoración que de las citadas declaraciones y del citado documento ha realizado el Tribunal.

    Estas cuestiones han sido resueltas en el primer Razonamiento, al que nos remitimos íntegramente.

    Procede la inadmisión del motivo de acuerdo con lo dispuesto en el art. 885.1 de la LECrim .

    En su consecuencia, procede adoptar la siguiente parte dispositiva:

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA:

NO HABER LUGAR A LA ADMISIÓN del recurso de casación formalizado por el recurrente, contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de origen, en la causa referenciada en el encabezamiento de esta resolución.

Las costas del recurso se imponen a la parte recurrente.

Así lo acordaron y firman los Excmos. Sres. que han constituido Sala para ver y decidir esta resolución.

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