SAP Madrid 327/2016, 19 de Mayo de 2016

PonenteCELSO RODRIGUEZ PADRON
Número de Recurso661/2014
ProcedimientoPENAL - PROCEDIMIENTO ABREVIADO/SUMARIO
Número de Resolución327/2016
Fecha de Resolución19 de Mayo de 2016
EmisorAudiencia Provincial - Madrid, Sección 23ª

Sección nº 23 de la Audiencia Provincial de Madrid

C/ de Santiago de Compostela, 96, Planta 9 - 28035

Teléfono: 914934646,914934645

Fax: 914934639

GRUPO 5

37051530

251658240

N.I.G.: 28.079.00.1-2014/0012279

Procedimiento sumario ordinario 661/2014

Delito: Abusos sexuales

O. Judicial Origen: Juzgado de Instrucción nº 06 de Fuenlabrada

Procedimiento Origen: Sumario (Proc.Ordinario) 2/2013

SENTENCIA Nº 327/16

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS

Dª MARIA RIERA OCARIZ

D. CELSO RODRÍGUEZ PADRÓN

Dª. ANA MARÍA PÉREZ MARUGÁN

En Madrid, a 19 de mayo de 2016.

VISTO, en juicio oral y público, ante la Sección Veintitrés de la Audiencia Provincial de Madrid, el Rollo 661/2014 (Procedimiento Ordinario), procedente del Juzgado de Instrucción Num. 6 de los de Fuenlabrada, seguido de oficio por delitos de agresión sexual sobre menores y de agresión sexual, contra Benito, mayor de edad, natural de Ecuador, nacido el NUM000 de 1973, vecino de Fuenlabrada, con domicilio en c/ DIRECCION000, NUM001 - NUM002, sin antecedentes penales y cuyas circunstancias personales constan en las actuaciones.

Han sido partes, el Ministerio Fiscal, representado por Dª. Susana Martín Vicente, la perjudicada, Aurelia, y el acusado, representado por el Procurador D. José Enrique Ríos Fernández y defendido por el Letrado

D. Javier Serrano Martínez.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Ante el Juzgado de Instrucción Num. 6 de los de Fuenlabrada, se siguieron Diligencias de Procedimiento Ordinario como Sumario Num. 2/2013, en virtud de denuncia interpuesta por la menor de edad Aurelia, el día 17 de septiembre de 2013 ante la Oficina de Denuncias de la Comisaría de Policía de Fuenlabrada, por posibles delitos de agresión sexual sobre menores y agresión sexual, delos que hacía responsable a su padre, Benito .

Tras la práctica de las diligencias de instrucción que se estimaron necesarias, se dictó en dicho procedimiento en fecha 23 de diciembre de 2013 Auto de Procesamiento contra Benito, al estimar que en su contra concurrían indicios racionales de criminalidad de la comisión continuada de un delito de abusos sexuales a una menor de 13 años del art. 183 del CP y de otro delito continuado de abusos sexuales del art. 181, 1 y 4 del CP .

SEGUNDO

Declarado concluso el sumario y remitido a la Audiencia Provincial para trámite y enjuiciamiento, fue revocado por Auto de esta Sección 23, a la que correspondió el conocimiento del asunto, de fecha 19 de septiembre de 2014, a fin de que se llevase a cabo como diligencia complementaria un nuevo dictamen pericial en torno a la credibilidad del testimonio, que fue cumplimentada en la forma que consta en autos.

En el trámite de la fase intermedia del proceso, el Ministerio Fiscal formuló escrito de acusación, calificando los hechos como constitutivos de:

Tres delitos continuados de agresión sexual previstos y penados en los artículos 178, 179, 180.1.3º (víctima menor de edad), 4º (prevalimiento de situación de parentesco) y 180.2 en relación con el artículo 74 del Código Penal (según redacción anterior a la reforma operada por la LO 5/2010 por ser más favorable).

Un delito continuado de agresión sexual previsto y penado en los artículos 178, 179 y 180.4º (prevalimiento de situación de parentesco) en relación con el artículo 74 del Código Penal (según redacción posterior a la reforma operada por la LO 5/2010), y solicitaba la imposición de las siguientes penas:

Por cada uno de los delitos A) la pena de 15 años de prisión, accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena privativa de libertad, así como la pena accesoria de prohibición de aproximación a menos de 300 metros al domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado por Aurelia y de comunicar con él por cualquier medio por un período de dieciséis años.

Por el delito B) la pena de 14 años de prisión, accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena privativa de libertad así como la pena accesoria de prohibición de aproximación a menos de 300 metros al domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado por Aurelia y de comunicar con él por cualquier medio por un período de quince años.

Por parte de la defensa del procesado, en el oportuno trámite se presentó escrito en el que, expresando su disconformidad con el Ministerio Público, considera que los hechos no son constitutivos de delito, por lo que procede la libre absolución del denunciado, proponiendo para el acto de la vista oral los medios de prueba que constan al folio 117.

TERCERO

La vista oral se celebró los días 4 y 5 de mayo de 2016, con asistencia de las partes y la práctica de las pruebas testificales, periciales y documentales que constan en la oportuna grabación de las sesiones del juicio.

Concluida la prueba, por el Ministerio Fiscal se elevaron a definitivas las conclusiones elaboradas previamente con carácter provisional. La misma conclusión dedujo la defensa en cuanto a sus conclusiones provisionales.

CUARTO

Tras la exposición de conclusiones y seguido trámite de informe por las partes, se otorgó la palabra al acusado, quien no quiso añadir nada a lo manifestado a lo largo de la vista oral, que así fue declarada conclusa para sentencia.

El procesado ha permanecido en prisión provisional por esta causa desde el 18 de septiembre de 2013 hasta el 10 de marzo de 2014.

Ha sido Ponente el Magistrado D. CELSO RODRÍGUEZ PADRÓN, que expresa el parecer de la Sala.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO

El procesado, Benito, mayor de edad, natural de Ecuador, con residencia legal en España, NIE NUM003, sin antecedentes penales y cuyas demás circunstancias personales constan en autos, convivía con su esposa, Agueda, asimismo de nacionalidad ecuatoriana y cuyas circunstancias personales también constan en las actuaciones, en la localidad de Torrejón de Ardoz, en compañía de sus tres hijos menores de edad: Aurelia (nacida el NUM004 ), Alexis (nacido el NUM005 ) y Margarita (nacida el NUM006 ). Problemas de índole económica y de otra naturaleza que carece de relevancia a los efectos que se juzgan determinaron una situación familiar desestructurada. El matrimonio se separó por razones que no tienen incidencia en los hechos enjuiciados en el año 2006, residiendo los tres menores una temporada con su madre en la ciudad de Madrid, aunque regresando a vivir con su padre poco después, residiendo primero en la localidad de Alcoy (Alicante) y posteriormente en la de Fuenlabrada desde el año 2010.

SEGUNDO

Acompañada de su madre, Aurelia interpuso en fecha 17 de septiembre de 2013, una denuncia ante la Comisaría de Policía de Fuenlabrada, manifestando que desde el año 2006 y aproximadamente hasta el año 2012 había sido sometida por su padre a prácticas de naturaleza sexual contra su voluntad, consistentes en diversos tocamientos y penetraciones, anales y vaginales, que no han dejado constancia por medio de lesiones físicas. La propia denunciante, en declaración judicial prestada en el seno de esta causa el día 7 de marzo de 2014, se desdijo de su versión inicial, sosteniendo que todo era una invención y por lo tanto mentira.

TERCERO

De la prueba practicada en juicio, no puede considerarse acreditada la realidad de los hechos que en su día fueron objeto de denuncia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO

La conclusión alcanzada por la Sala que se avanza en los hechos probados como ausencia de una determinación incriminatoria por falta de prueba de la realidad de lo denunciado, descansa jurídicamente, ante todo, en la proyección constitucional del derecho a la presunción de inocencia proclamado en el artículo 24.2 del texto fundamental.

Hemos puesto de relieve en numerosas ocasiones la existencia de una más que consolidada doctrina del Tribunal Constitucional (reiterada ya desde sentencias como la 107/1983, de 29 de noviembre, y cuya cita sostenida sería interminable) que analiza tal concepto. Si bien -afirma el Tribunal- limitadamente venía siendo un principio teórico del derecho en el ámbito de la jurisdicción criminal, a través del axioma "in dubio pro reo", relacionado con la valoración benigna de las pruebas en caso de incertidumbre, pasó a convertirse en un amplio derecho fundamental al constitucionalizarse su existencia en el artículo 24.2 de la Ley suprema, haciéndose vinculante para todos los Poderes Públicos y dotándola de la protección del amparo constitucional, representando por su contenido una insoslayable garantía procesal que determina la exclusión inversa de culpabilidad criminal de cualquier persona durante el desarrollo del proceso por estimarse que no es culpable hasta que así se declare en sentencia condenatoria, al gozar entre tanto, de una presunción "iuris tantum" de ausencia de culpabilidad hasta que su conducta sea reprochada por la condena penal, apoyada en la acusación pública o privada que, aportando pruebas procesales, logre su aceptación por el Juez o Tribunal en relación a la presencia de hechos subsumibles en el tipo delictivo.

Ya en fechas más recientes, como a título de ejemplo puede verificarse en la STS de 11.12.2013 (ROJ: STS 5872/2013 (FJ 1º) se sostiene que: "cuando se denuncia la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, se concreta, en la verificación de si la prueba de cargo en base a la cual el Tribunal sentenciador dictó sentencia condenatoria fue obtenida con respeto a las garantías inherentes del proceso debido, y por tanto: - en primer lugar, debe analizar el "juicio sobre la prueba", es decir, si existió prueba de cargo, entendiendo por tal aquella que haya sido obtenida con respeto al canon de legalidad constitucional exigible, y que además, haya sido introducida en el Plenario de acuerdo con el canon de legalidad ordinaria y sometida a los principios que rigen dicho acto. Contradicción,...

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