SJMer nº 3 138/2016, 5 de Mayo de 2016, de Vigo
| Ponente | SERGIO BURGUILLO POZO |
| Fecha de Resolución | 5 de Mayo de 2016 |
| ECLI | ES:JMPO:2016:1398 |
| Número de Recurso | 97/2015 |
XDO. DO MERCANTIL N. 3
PONTEVEDRA
SENTENCIA: 00138/2016
(con sede en Vigo)
-
CALLE LALÍN NÚMERO 4 6ª PLANTA, 36209 VIGO
Teléfono: 886218403
Fax: 886218405
AC
N04390
N.I.G. : 36038 47 1 2015 0300112
ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000097 /2015
Procedimiento origen: /
Sobre CONDICIONES GENERALES CONTRATACION
DEMANDANTE, DEMANDANTE D/ña. Ildefonso , Clara
Procurador/a Sr/a. MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ CUETO, MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ CUETO
Abogado/a Sr/a. ANA MARIA GARCIA COSTAS, ANA MARIA GARCIA COSTAS
DEMANDADO D/ña. BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y SORIA
Procurador/a Sr/a. FRANCISCO JAVIER TOUCEDO REY
Abogado/a Sr/a. LAURA TASENDE CANCELA
JUZGADO MERCANTIL NÚMERO
TRES DE PONTEVEDRA
PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO 97/15
SENTENCIA
En Vigo, a cinco de mayo de dos mil dieciséis.
Vistos por don Sergio Burguillo Pozo, Magistrado Juez del Juzgado Mercantil nº 3 de Pontevedra, los autos del Juicio Ordinario 97/15, sobre DECLARACIÓN DE NULIDAD PARCIAL DE CONTRATO, en el que son partes los demandantes DOÑA Clara Y DON Ildefonso , representado por la Procuradora Sra. Vázquez Cueto y asistido por Letrado y la demandada, CAJA DE ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA S.A., representado por el Procurador Sr. Toucedo Rey y asistida por Letrado.
En fecha dieciséis de marzo de dos mil quince la representación procesal de los demandantes presentó demanda de Juicio Ordinario contra BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. con base en los siguientes hechos: Que en fecha treinta y uno de enero de dos mil siete la entidad financiera y los actores concertaron un préstamo a interés variable con garantía hipotecaria; que en la cláusula 3 bis 4 se establece un tipo de interés mínimo de 3,25%, que la cláusula habría sido incorporada sin negociación ni preaviso, y terminaba por suplicar que en su día se dicte sentencia por la que se declare la nulidad de la cláusula impuesta en el punto noveno de la escritura de ampliación y novación modificativa de préstamo hipotecario de fecha siete de junio de dos mil siete Que se tenga por no puesta dicha cláusula subsistiendo el resto de los términos del préstamo hipotecario sin dicha cláusula. Que se condene a la devolución de las cantidades indebidamente cobradas desde nueve de mayo de dos mil trece. Que se impongan las costas procesales a la demandada.
Por decreto de fecha cuatro de mayo de dos mil quince se admite a trámite la demanda, con emplazamiento de la demandada, quien contesta la misma en fecha tres de junio de dos mil quince, solicitando se dictara sentencia por la que se desestimara la demanda alegando inexistencia de imposición de la cláusula, debida información y proporcionalidad y equilibrio.
En fecha dieciocho de noviembre de dos mil quince se celebra audiencia previa, realizando las alegaciones y prueba que constan, y señalándose a vista.
Se celebró la preceptiva vista, quedando las actuaciones pendientes de dictar sentencia.
La representación de DOÑA Clara Y DON Ildefonso solicita que se declare la nulidad de la cláusula suelo del contrato de préstamo firmado con la entidad demandada.
Se afirma en la demanda que la cláusula indicada, conocida como "cláusula suelo", no fue sometida a estudio previo de la actora. Se trata de documentos de adhesión no negociados con anterioridad y de cláusulas que sólo benefician a la entidad bancaria y sin equilibrio de contraprestación a favor de los demandantes. Además, la cláusula no es transparente y tiene carácter abusivo.
La parte demandada se opone a la demanda interpuesta contra ella con base en las siguientes alegaciones: que se manifiesta la legalidad de la cláusula suelo y la perfecta integración de la misma en los contratos celebrados entre las partes.
Fijados los términos del debate, es preciso entrar a examinar cuál es la cualidad personal de los prestatarios, debiendo decantarnos porque DOÑA Clara Y DON Ildefonso tengan en el presente caso la condición de consumidores, al haber solicitado el préstamo objeto de litis en un ámbito ajeno a cualquier actividad empresarial o profesional. Esta afirmación aparece como obvia a la vista de la documental presentada, y visto el destino de la adquisición.
Así, en el caso de que la parte demandante tenga la condición legal de consumidor resultarán de aplicación las disposiciones del Texto Refundido de la Ley General de Consumidores y Usuarios, así como la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1.993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.
El artículo 3 TRLGDCU dispone que "A efectos de esta norma y sin perjuicio de lo dispuesto expresamente en sus libros tercero y cuarto, son consumidores o usuarios las personas físicas o jurídicas que actúan en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional". Por su parte, el artículo 1 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1.993 , establece que " el propósito de la presente Directiva es aproximar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores. Las cláusulas contractuales que reflejen disposiciones legales o reglamentarias imperativas, así como las disposiciones o los principios de los convenios internacionales, en especial en el ámbito de los transportes, donde los Estados miembros o la Comunidad son parte, no estarán sometidos a las disposiciones de la presente Directiva".
El artículo 3.1 de la Directiva comunitaria dispone que "las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato". Y el artículo 4.2 señala que " la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible".
El artículo 2 de la LCGC regula el ámbito subjetivo de aplicación de la norma al señalar que " la presente Ley será de aplicación a los contratos que contengan condiciones generales celebrados entre un profesional -predisponente- y cualquier persona física o jurídica -adherente. A los efectos de esta Ley se entiende por profesional a toda persona física o jurídica que actúe dentro del marco de su actividad profesional o empresarial, ya sea pública o privada. El adherente podrá ser también un profesional, sin necesidad de que actúe en el marco de su actividad ". Por su parte, el artículo 5.5 del mismo texto legal preceptúa que la redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez.
El artículo 7 LCGC establece que " no quedarán incorporadas al contrato las siguientes condiciones generales:
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Las que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa al tiempo de la celebración del contrato o cuando no hayan sido firmadas, cuando sea necesario, en los términos resultantes del artículo 5.
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Las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles, salvo, en cuanto a estas últimas, que hubieren sido expresamente aceptadas por escrito por el adherente y se ajusten a la normativa específica que discipline en su ámbito la necesaria transparencia de las cláusulas contenidas en el contrat o".
La SAP de Cáceres de 3 de junio de 2.013 concluye que las condiciones generales sobre tipos de interés variable son, en principio, válidas, pero se puede analizar si tienen carácter abusivo, a partir de un control de transparencia, pues " la cláusula suelo debe reunir los requisitos de incorporación y transparencia que se exigen para cualquier condición general, aunque se empleen en negociación entre profesionales (artículos 5 y 7 LCGC) ", F.J.6º.
Las condiciones generales de la contratación son definidas, en art. 1.1 de la ley de condiciones Generales de la contratación (LCGC), ley 7/1998, de 13 de abril , como aquellas cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato fuese impuesta por una de las partes, con independencia de la autoría material de las mismas, de su apariencia externa, de su extensión y de cualesquiera otra circunstancias, habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos.
Como dice la STS de 9/5/2013 , el insatisfactorio resultado de aplicar las reglas clásicas de contratación liberales, pensadas para supuestos en los que los contratantes se hallan en una posición idéntica o semejante, para regular los contratos celebrados por medio de condiciones generales propias del tráfico en masa, fue determinante de que el legislador introdujese ciertas especialidades conducentes a un tratamiento asimétrico, con la finalidad, como declara la Exposición de Motivos de la LCGC, de restablecer, en la medida de lo posible, la igualdad de posiciones, ya que " la protección de la igualdad de los contratantes es presupuesto necesario de la justicia de los contenidos contractuales y constituye uno de los imperativos de la política jurídica en el ámbito de la actividad económica. Por ello, la ley pretende proteger los legítimos intereses de los consumidores y usuarios, pero también de cualquiera que contrate con una persona que utilice condiciones generales en su actividad contractual ".
La consideración como condición general de la contratación entraña, a tenor del artículo 1 de la LCGC, que se trate de cláusulas predispuestas (previamente redactadas antes de negociar cada...
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