SAN 130/2016, 10 de Febrero de 2016

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias procedió a la apertura de diligencias previas ante la sospecha de que el Dr. D. Severino . catedrático de Bioquímica de la Universidad de La Laguna, pudiera estar desarrollando actividades no autorizadas de investigación de medicamentos en seres humanos, así como de fabricación, promoción y venta de una serie de productos que presentaba como dotados de propiedades terapéuticas.

Finalizadas las diligencia previas, la administración autonómica inicio expediente sancionador NUM000 a D. Severino en fecha 13 de enero de 2006. En la instrucción de las diligencias, la Dirección General de Farmacia de Canarias solicitó informe a la Agencia, que lo emitió en fechas 30 de septiembre y 25 de noviembre de 2004, en el que se manifestaba, en síntesis, que conforme la definición de medicamento contenida en el art.| 8 de la entonces vigente Ley 25/1990, del Medicamento, los productos denominados factor 1 y factor II tienen la consideración legal de medicamentos, pues; aunque no puede existir un pronunciamiento de esta cualidad en base a su composición (que se desconocía en aquella fecha) se presentan como tales, al utilizarse para el tratamiento de diversas enfermedades como la diabetes, la osteoporosis y lesiones deportivas. Se trata además de remedios secretos al desconocerse su composición, no hallándose inscritos en el registro de especialidades farmacéuticas por lo que carecen de autorización debiendo considerarse medicamentos ilegales. Asimismo, calificaba la actividad investigadora del Sr. Severino como ensayo clínico, realizado sin la preceptiva autorización, y por ello, asimismo, ilegal.

Ante los hechos descritos, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios puso en marcha la alerta de medicamentos ilegales 3/2006 en fecha 17 de febrero de 2006, dictando resolución en la que manifiesta que los productos factor I y factor II son medicamentos ilegales al presentarse dotados de propiedades terapéuticas y administrarse a personas enfermas con el fin de restablecer, corregir o modificar las funciones fisiológicas, ejerciendo una hipotética acción metabólica. Además, existen sospechas de la aparición de reacciones adversas por el uso de estos "factores", calificados con relación de causalidad con la categoría de probable por el Centro de Farmacovigilancia de Canarias. Se ordena la retirada del mercado de los productos Factor I y Factor II.

El día 7 de julio de 2006 la Consejera de Sanidad de Canarias dicta resolución en el expediente sancionador. incoado imponiendo a D. Severino seis multas por importe cada una de ellas de 60.100 euros, como responsable de la comisión de seis infracciones graves.

Contra dicha resolución el Dr. Severino interpone recurso contencioso-administrativo que se tramitó con el número 38/2007 ante el TSJ de Canarias, en el que se dictó sentencia de 27 de mayo de 2009, declarada firme por resolución de 18 de septiembre, estimatoria de sus pretensiones, que anuló la resolución impugnada de 7 de julio de 2006.

En fecha 24 de septiembre de 2010, con entrada en el Registro del entonces Ministerio de Sanidad y Política Social el 4 de octubre siguiente, D. Pablo presenta escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial dirigido a la Agencia Española del Medicamento, por los perjuicios padecidos como .consecuencia del expediente sancionador incoado por la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Canarias con el número NUM000, y las medidas cautelares adoptadas en el mismo; en relación con la prohibición de comercialización de los productos denominados Factor I y Factor II, al estimar que tenían la consideración legal de medicamentos, y no habían sido objeto de las preceptivas evaluación y autorización de la Agencia, con carácter previo a su comercialización.

Manifiesta, sin embargo, que no habrá indemnización que pueda resarcirle del calvario personal y científico que le ha infligido el "Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Sanidad".

En defensa de su pretensión refiere, en síntesis, que gestionaba su proyecto científico a través de una asociación sin ánimo de lucro, denominada Asociación del Metabolismo Celular, y asimismo gestionaba la dispensación y comercialización de los productos Factor I. y Factor II a través de una mercantil denominada Instituto del Metabolismo Celular S.L. (en adelante, IMC) de la que era propietario y administrador único.

La Consejería de Sanidad de Canarias inició contra él procedimiento sancionador numero...