STS 89/2016, 12 de Febrero de 2016

La sentencia impugnada, dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz con fecha 6 de mayo de 2014 , condena a los recurrentes como autores de un delito de apropiación indebida a la pena de dos años de prisión. Frente a ella se alza el presente recurso, fundado en tres motivos por vulneración del derecho constitucional a la presunción de inocencia, quebrantamiento de forma e infracción de ley, recurriendo también la empresa declarada responsable civil.

Los hechos declarados probados consisten, en síntesis, en que la perjudicada Dª Bárbara suscribió un contrato de compraventa el 18 de septiembre de 2007 para la compra de una vivienda con una entidad mercantil cuyos administradores solidarios eran los acusados Abel y Calixto , entregando a cuenta inicialmente la cantidad de 6.420 euros como reserva, posteriormente 23.000 euros en el momento de firmar el contrato privado de compraventa, y finalmente, en marzo de 2009, 14.000 euros como señal por la compra de una plaza de garaje y trastero.

La entidad de referencia no ha iniciado las obras a las que se hallaba obligada conforme a las cláusulas de la compraventa. Tampoco ha devuelto la cantidad entregada ni acredita que la empleara al fin para el que la misma se entregó.

Los acusados no suscribieron aval para la devolución de las cantidades entregadas y tampoco las ingresaron en cuentas separadas de las restantes propias o del grupo o de las asignadas a otras promociones.

El primer motivo de recurso, por vulneración del derecho constitucional a la presunción de inocencia, alega, en síntesis, que no puede considerarse delictivo haber recibido cantidades a cuenta de la compra de una vivienda que no han podido ser devueltas porque se emplearon en la construcción de la vivienda. Seguidamente considera el recurrente que no es su obligación probar su inocencia, y que la prueba de cargo es insuficiente para acreditar que los declarantes utilizaron el dinero recibido en finalidades ajenas a la promoción y construcción de viviendas.

El derecho fundamental a la presunción de inocencia exige a este Tribunal constatar si los hechos declarados probados en la sentencia de instancia, y que sirven de apoyo a la condena, se fundamentan en una prueba de cargo suficiente, constitucionalmente obtenida, legalmente practicada y racionalmente valorada, pero la cuestión de si los hechos, tal y como se declaran probados, constituyen o no el delito objeto de acusación debe ser analizada en un motivo por infracción de ley, respetando escrupulosamente el relato fáctico.

En el caso actual la parte declarante cuestiona que pueda considerarse delictiva la apropiación de las cantidades anticipadas para la compra de viviendas en el caso de que en lugar de ser ingresadas en la cuenta imperativamente establecida por la Ley, previamente garantizada la devolución, se dediquen por el promotor a sus gastos de promoción y construcción. Esta afirmación implica una denuncia de infracción de ley, ya que afecta a la interpretación del tipo delictivo de la apropiación indebida en estos supuestos, pero no de presunción de inocencia. En la sentencia impugnada no se declara acreditado que el dinero se hubiese empleado en gastos ajenos a la construcción, por lo que resulta vacío de contenido el debate sobre la suficiencia de la prueba de cargo concurrente para acreditar un hecho que el Tribunal no ha declarado acreditado.

En definitiva, si en el relato fáctico no se declara probado un hecho que el recurrente considera que debe integrar el tipo delictivo objeto de acusación, la vulneración denunciada es infracción de ley y no presunción de inocencia.

El motivo, en consecuencia, debe ser desestimado.

Por razones sistemáticas procede analizar a continuación el motivo por quebrantamiento de forma, que contiene tres apartados y se fundamenta en el art 851 1º de la Lecrim , última parte, es decir denuncia predeterminación del fallo.

Según reiterada doctrina jurisprudencial, para que constituya un vicio determinante de la nulidad, la predeterminación del fallo requiere los siguientes requisitos: a) que se trate de expresiones técnico-jurídicas que definan o den nombre a la esencia del tipo aplicado; b) que sean, por lo general, sólo asequibles a juristas y no compartidas en el lenguaje común; c) que tengan valor causal respecto del fallo; d) que suprimidos tales conceptos jurídicos predeterminantes, dejen el hecho histórico sin base suficiente para la subsunción (SS.T.S. 17 de abril de 1996 y 18 de mayo de 1999, entre otras muchas).

En realidad el relato fáctico debe, en todo caso, predeterminar el fallo pues, si no fuese así, la absolución o condena carecería del imprescindible sustrato fáctico. Lo que pretende este motivo casacional no es evitar dicha predeterminación fáctica -imprescindible- sino impedir que se suplante el relato fáctico por su significación jurídica, es decir que se determine la subsunción no mediante un relato histórico, sino mediante una valoración jurídica que se lleve indebidamente al apartado de hechos probados.

En el caso actual no concurren los referidos requisitos.

En efecto en el apartado a) la parte recurrente cuestiona la expresión en el relato fáctico de que " la entidad de referencia no ha iniciado las obras a las que se hallaba obligada conforme a las cláusulas de la compraventa". Considera el recurrente que esta expresión constituye " una falaz interpretación de la realidad ", porque para proceder a la construcción de una vivienda hay muchísimos trabajos previos, preparatorios y coetáneos, que obligatoriamente requieren pagos.

Con independencia de la consideración del recurrente, que no invalida la conclusión del Tribunal sentenciador pues la afirmación de haberse realizado pagos en trabajos preparatorios no excluye la constatación del Tribunal de que las obras no se habían iniciado , lo cierto es que las expresiones utilizadas en el relato fáctico no constituyen, en absoluto, una predeterminación jurídica del fallo, pues ni son expresiones técnico-jurídicas que definan o den nombre a la esencia del tipo aplicado, ni son sólo asequibles a juristas sino compartidas por lenguaje común.

En el apartado b) se impugna la expresión del relato fáctico " tampoco han devuelto las cantidades entregadas ", alegando que en los contratos de compraventa el Código Civil no establece entre las obligaciones del vendedor la de devolver el dinero entregado. Se trata evidentemente de una consideración jurídica del recurrente, que no discutimos con carácter general, pero que es completamente ajena al cauce casacional empleado de quebrantamiento de forma.

En el apartado c) se cuestiona el apartado del relato fáctico en el que se expresa que los acusados " no acreditan que las emplearon al fin para el que estaban destinadas ", afirmando que no constituye una carga de los recurrentes acreditar este hecho. Nuevamente nos encontramos ante una cuestión ajena al cauce casacional empleado, que se analizará en el motivo por infracción de ley.

El motivo, en consecuencia debe ser desestimado.

El segundo motivo de recurso, último en nuestro análisis por razones sistemáticas, alega vulneración del art 252 CP por estimar que los acusados no se apropiaron del dinero recibido en concepto de anticipo por la compra de una vivienda, porque no fue entregado en concepto de depósito sino como parte del precio de un bien, por lo que estiman que podían emplearlo libremente en la construcción. Insisten en que no han recibido el dinero en un concepto que les obligue a entregarlo o devolverlo y nunca han negado haberlo recibido, por lo que no concurren los elementos típicos del delito de apropiación indebida.

Han de analizarse también en este motivo, como ya se ha expresado, las alegaciones realizadas en el motivo por presunción de inocencia, en el que la parte recurrente considera acreditado que el dinero recibido como anticipo de la recurrente, y no ingresado en la cuenta especial imperativamente establecida en la LOE, fue empleado en pagos diversos de las promociones realizadas por la empresa de los recurrentes (nóminas, impuestos y tributos, minutas de Notarios y/o Registradores, gastos financieros, licencias municipales, pagos a profesionales, etc.), alegando que destinar estas cantidades anticipadas a dichos gastos de la empresa de los recurrentes (incluidos sus propios impuestos) es perfectamente lícito, por lo que no han incurrido en apropiación alguna.

Alega la parte recurrente que su empresa ha empleado concretamente 101.077,52 euros en gastos previos para la construcción del edificio donde adquirió su vivienda la denunciante, y que no puede acreditarse que el dinero de la recurrente se haya utilizado en otras promociones que la empresa estaba realizando simultáneamente, porque el dinero se ingresaba en una cuenta común, sin diferenciación alguna entre las diversas promociones, según la prueba aportada por la propia parte recurrente. En consecuencia, ingresado el dinero de la recurrente en una cuenta común de la empresa, dedicada a sus diversos negocios, se ha confundido con el conjunto de su patrimonio, y no puede acreditarse que se haya destinado a gastos de otras promociones, ni a gastos ajenos a la construcción del edificio donde se encontraba la vivienda vendida, porque el dinero se dedicaba indistintamente a todas las promociones que se estaban desarrollando simultáneamente.

El motivo debe ser desestimado. Conforme a lo alegado por el recurrente bastaría a los promotores de viviendas con incumplir la ley e ingresar las cantidades recibidas anticipadamente en una cuenta genérica de su empresa, sin garantizarlas como están obligados, prescindiendo de la cuenta específica legalmente imperativa, para que estas cantidades se confundan con su patrimonio, y no sea posible acreditar en que las han gastado, eludiendo totalmente su responsabilidad. Uniendo a esta argumentación la exigencia de que, pese a que es el promotor el que ha dispuesto de las cantidades entregadas burlando manifiestamente sus obligaciones legales de garantía y separación, sean por el contrario los perjudicados los que estén obligados a acreditar que el promotor se ha gastado su dinero en atenciones diferentes de la construcción de las específicas viviendas a las que estaban destinados los anticipos. Prueba que, como el propio recurrente señala, es prácticamente imposible cuando las cantidades anticipadas se ingresan ilegalmente en una cuenta común de la empresa, con lo que se consuma el esperpento que pretende la parte recurrente, al incumplir primero la Ley y después emplazar a la víctima a una prueba diabólica, no exigida por el tipo, haciendo prácticamente inviable la sanción por apropiación indebida en estos supuestos.

Por el contrario, la doctrina de esta Sala, como señalan, entre otras muchas, las SSTS de 23 de diciembre de 1.996 , 1 de junio de 1.997 , 22 de octubre de 1.998 , 27 de noviembre de 1.998 , núm. 29/2006, de 16 de enero , 29 de abril de 2008 , 2 de diciembre de 2009 , 18 de marzo y 15 de septiembre de 2010 , núm. 163/2014, de 6 de marzo , núm. 253/2014, de 18 de marzo , núm. 286/2014, de 8 de abril , núm. 309/2014, de 15 de abril , núm. 605/2014, de 1 de octubre , núm. 269/2015, de 12 de mayo y núm. 345/2015 , de 17 de junio, establece que los supuestos de distracción por el vendedor de cantidades anticipadas en la venta de viviendas deben tipificarse como apropiación indebida cuando la vivienda no se construye y la devolución del dinero anticipado no se ha garantizado como exige la ley.

La doctrina de esta Sala puede extraerse, en forma resumida y legalmente actualizada, de la STS núm. 309/2014, de 15 de abril , extensamente citada por la sentencia de instancia, y que analiza los precedentes legislativos relativos a las condiciones legales a las que se somete la disposición por los promotores de viviendas de las cantidades percibidas anticipadamente.

La Ley 57/1968 de 27 de julio, reguladora de las percepciones de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas (modificada por la DA 1ª de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación , y hoy derogada por la Ley 20/2015, de 14 de julio, que mantiene sus criterios esenciales en la DA 1ª de la LOE ), estableció en su art. 1º la obligación de que las personas físicas y jurídicas que promuevan la construcción de viviendas garanticen la devolución de las cantidades entregadas, más los intereses legales del dinero vigentes hasta el momento en que se haga efectiva la devolución, mediante contrato de seguro, o por aval solidario prestado por Banco o Caja de Ahorros, " para el caso de que la construcción no se inicie o no llegue a buen fin por cualquier causa en el plazo convenido ".

La disposición adicional primera de la LOE (Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación ) vigente en el momento de la producción de estos hechos delictivos, mantenía expresamente la vigencia de las obligaciones legales establecidas imperativamente en la Ley 57/68, disponiendo que la percepción de cantidades anticipadas en la edificación por los promotores o gestores se cubrirá mediante un seguro que indemnice el incumplimiento del contrato en forma análoga a lo dispuesto en la Ley 57/1968, de 27 de julio, sobre percepción de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas.

Dicha Ley, y sus disposiciones complementarias, conforme a la DA 1ª de la LOE de 5 de noviembre de 1999, vigente cuando ocurrieron los hechos, es de aplicación a la promoción de toda clase de viviendas, incluso a las que se realicen en régimen de comunidad de propietarios o sociedad cooperativa.

La redacción actual de la LOE, conforme a la modificación introducida por la reciente Ley 20/25, de 14 de julio, ha clarificado el régimen vigente, sin modificarlo sustancialmente, al derogar expresamente la Ley 57/1968 de 27 de julio, a la que se remitía expresamente la redacción anterior de la DA 1ª de la LOE , e incluir directamente las obligaciones legales de los promotores que perciban cantidades anticipadas en el propio texto de la Ley de Ordenación de la Edificación (DA 1 ª).

Dispone actualmente dicha norma, reiterando lo que viene estableciendo el legislador de modo imperativo desde hace casi 50 años , lo siguiente:

"Percepción de cantidades a cuenta del precio durante la construcción: Uno. Obligaciones de los promotores que perciban cantidades anticipadas . 1. Las personas físicas y jurídicas que promuevan la construcción de toda clase de viviendas, incluidas las que se realicen en régimen de comunidad de propietarios o sociedad cooperativa, y que pretendan obtener de los adquirentes entregas de dinero para su construcción, deberán cumplir las condiciones siguientes: a) Garantizar, desde la obtención de la licencia de edificación, la devolución de las cantidades entregadas más los intereses legales, mediante contrato de seguro de caución suscrito con entidades aseguradoras debidamente autorizadas para operar en España, o mediante aval solidario emitido por entidades de crédito debidamente autorizadas, para el caso de que la construcción no se inicie o no llegue a buen fin en el plazo convenido para la entrega de la vivienda. b) Percibir las cantidades anticipadas por los adquirentes a través de entidades de crédito en las que habrán de depositarse en cuenta especial, con separación de cualquier otra clase de fondos pertenecientes al promotor, incluido el supuesto de comunidades de propietarios o sociedad cooperativa, y de las que únicamente podrá disponer para las atenciones derivadas de la construcción de las viviendas . Para la apertura de estas cuentas o depósitos la entidad de crédito, bajo su responsabilidad, exigirá la garantía a que se refiere la condición anterior. 2. La garantía se extenderá a las cantidades aportadas por los adquirentes, incluidos los impuestos aplicables, más el interés legal del dinero".

Lo esencial de la norma establecida en el art. 1° de la Ley 57/68 , que se ratificó en la redacción inicial de la LOE, y se vuelve a ratificar en la última reforma de 14 de julio de 2015, es la necesidad de establecer un patrimonio separado y garantizado con las cantidades recibidas .

Un patrimonio separado de cualquier otra clase de fondos pertenecientes al promotor, custodiado en una cuenta especial en la que necesariamente habrán de depositarse las cantidades anticipadas por los adquirentes. Estas cantidades solo se podrán percibir a través de entidades de crédito, y únicamente podrá disponer de ellas el promotor para las atenciones derivadas de la construcción de las viviendas, siempre que previamente se ingresen en dicha cuenta separada y esté garantizada su devolución en la forma prevenida por la Ley. Norma imperativa, que no puede dejarse sin efecto por disposición de las partes.

Este es el contenido específico, con repercusión penal, de dicho precepto. El delito de apropiación indebida lo cometerá, conforme al art. 252 del CP quien, habiendo recibido cantidades que, por imperativo legal solo puede percibir a través de una cuenta especial con garantía expresa de devolución, no las entregue (o ingrese) en dicha cuenta separada, e incumpliendo esta obligación las confunda con el patrimonio propio, disponiendo de ellas como si fueran suyas, bien para sí, bien para las necesidades de sus negocios . De este modo está disponiendo ilícitamente de ellas, incumpliendo una prohibición legal clara y explícita, aunque sea una utilización temporal y con la intención de entregar la vivienda comprometida, comportamiento que inicia, pero no consuma, el delito de apropiación indebida. El delito se consuma cuando se llega al denominado "punto sin retorno" ( STS 513/2007, de 19 de junio ; STS 938/1998, de 9 de julio ; STS 374/2008, de 24 de junio y STS 228/2012, de 28 de marzo , entre otras), es decir cuando el promotor incumpla definitivamente la doble alternativa prevista por la ley, entregar la vivienda o devolver el dinero que debería haber garantizado.

En conclusión, el delito se consuma cuando se produce la definitiva desaparición del valor objeto de apropiación del patrimonio del perjudicado, ya que el delito de apropiación indebida es un delito de resultado contra el patrimonio, y se consuma cuando este resultado perjudicial se produce de modo ya irreversible.

En definitiva, el Legislador diseña, con carácter imperativo, una modalidad contractual especial para los contratos de cesión de las viviendas en construcción en los que se pacte la entrega al promotor de cantidades anticipadas.

En esta modalidad contractual específica las cantidades anticipadas por los adquirentes deben percibirse (o entregarse por el promotor si las ha recibido directamente) a través de una Entidad Bancaria o Caja de Ahorros en las que habrán de depositarse en una cuenta especial, con separación de cualquier otra clase de fondos pertenecientes al promotor.

Lo que pretende el Legislador es evitar que el adquirente de la vivienda se convierta en socio inversor del promotor, es decir que quien únicamente desea adquirir una vivienda sea utilizado para financiar la construcción, de forma que su anticipo se convierta en un préstamo, sin interés y sin garantía, para la financiación de la vivienda, corriendo el adquirente con los riesgos derivados del negocio de la construcción. Por ello obliga a que estos fondos se consideren como un depósito, se ingresen en una cuenta especial y se separen necesariamente del patrimonio del promotor o constructor.

Ahora bien, el Legislador, con buen criterio, es consciente de que mantener los fondos inactivos resulta disfuncional desde la perspectiva económica y financiera. Por ello introduce una segunda norma, adicional a la que constituye el patrimonio separado, permitiendo al promotor disponer de dichos bienes exclusivamente para las atenciones de la construcción, siempre que se ingresen inicialmente en la cuenta especial y se garantice su devolución para el caso de que la vivienda no se llegue a construir o a entregar, mediante el correspondiente aval.

De esta forma el Legislador equilibra ambos intereses. Los del consumidor garantizando que el dinero anticipado para la compra de una vivienda no está sujeto a las vicisitudes del negocio del promotor, a sus dificultades financieras, a su habilidad constructiva y comercial o a las eventuales crisis económicas, porque la voluntad contractual del adquirente de la vivienda no es la de constituirse en socio inversor de la promoción. Para ello el Legislador establece una modalidad contractual que legalmente prohíbe al promotor disponer de los fondos salvo que esté garantizada su devolución.

Por otra parte el Legislador proporciona al promotor un medio financiero que le permite obtener cantidades anticipadas para financiar la construcción, sin intereses, con la limitación de garantizar su separación patrimonial y devolución en la forma legalmente establecida.

En caso de incumplimiento de estas obligaciones legales, el promotor incurre, por este solo hecho, en las sanciones administrativas legalmente previstas. Pero, además, si dispone de la cantidades recibidas anticipadamente sin ingresarlas en la cuenta separada y sin garantizar su devolución en la forma imperativamente prevenida por la ley, el promotor, que conoce perfectamente la Ley de Ordenación de la Edificación, que es la regulación básica de su actividad, está disponiendo dolosamente de unos fondos que sabe que no están a su disposición, con independencia del fin al que los destine, por lo que si finalmente la utilización ilícita de los fondos se hace definitiva, porque el promotor no entrega la vivienda ni devuelve el dinero anticipado, se cumplen los requisitos típicos del delito de apropiación indebida.

Esta tutela penal de los compradores de viviendas que entregan cantidades anticipadas a promotores que incumplen la normativa legal y finalmente les privan de la vivienda y del dinero, cumple el triple requisito del principio de intervención mínima porque tutela un bien jurídico digno de protección penal, susceptible de protección penal a través del delito de apropiación indebida y, sobre todo, necesitado de protección penal. Esta necesidad procede de que, como muestra la experiencia, la tutela civil es absolutamente ineficaz en estos casos dado que si los promotores han gastado el dinero y no construyen la vivienda, ordinariamente la empresa promotora desaparece o resulta insolvente, siendo inviable la recuperación del dinero, que en muchas ocasiones constituyen los ahorros destinados a la obtención de un bien de primera necesidad, como es la vivienda, y resultan imposibles de reponer para las familias afectadas.

Por ello, desde hace casi cincuenta años, la Ley establece con claridad cuáles son las obligaciones de los promotores que constituyen un requisito ineludible para poder disponer de los fondos anticipados por los compradores. Si los incumplen, decía la ley de 1968 expresamente, incurren en apropiación indebida, lo que pone de relieve que desde el primer momento legislativo, la norma buscaba la tutela penal de los consumidores defraudados en estos supuestos específicos. El Código Penal de 1995 derogó esta penalización especial por innecesaria, pues la conducta de disposición indebida de los fondos incumpliendo los requisitos legales puede ser subsumida en el delito de apropiación indebida, sin necesidad de remisión específica, al concurrir en ella, como se ha expresado, los elementos integradores del tipo ( STS 1893/97 de 23 de diciembre , recordada recientemente por la STS 286/2014, de 8 de abril ).

La Ley se dicta para ser cumplida, y a los Tribunales les compete hacerla cumplir. Hora es, ya, de que esta normativa legal que el Legislador mantiene vigente y ha reiterado tres veces desde hace casi cincuenta años, se cumpla de manera efectiva. Y que su incumplimiento, conlleve las sanciones penales procedentes cuando determine la definitiva disminución del patrimonio del perjudicado, por la ilegal disposición por el promotor del dinero entregado, sin necesidad de imponer al perjudicado la carga de acreditar el destino de las cantidades indebidamente dispuestas. Porque el desvalor de la conducta penada no está ligado al destino del dinero indebidamente apropiado, sino al hecho de haber dispuesto el acusado de bienes ajenos que la Ley le impedía expresa e imperativamente disponer, y haber ocasionado con ello un perjuicio patrimonial definitivo al perjudicado, titular de los bienes objeto de apropiación.

Procede, por todo ello, la desestimación del motivo, y con él de la totalidad del recurso interpuesto por los dos recurrentes condenados.

El recurso interpuesto por la representación de la empresa Ferrera Desarrollo y Promociones SL, se articula en tres motivos por infracción constitucional, infracción de ley y quebrantamiento de forma, que son idénticos a los motivos de recurso formulados por los anteriores recurrentes, sin efectuar ninguna alegación específica respecto de la responsabilidad civil que se le ha atribuido en la sentencia, por lo que estos motivos deben ser desestimados por las mismas razones ya expuestas, sin que proceda entrar en el análisis de otras cuestiones por no haberse planteado y encontrarnos en el ámbito de la responsabilidad civil, en la que rige el principio dispositivo.

Procede, por todo ello, la íntegra desestimación de ambos recursos, con imposición de las costas a los recurrentes, por ser preceptivas.

En providencia de 8 de julio del pasado año 2015 se acordó pasar la causa a las partes a los efectos de que pudiesen adaptar su recurso de casación a las modificaciones legales introducidas por la reforma operada en el Código Penal por la L.O. 1/2015.

Las partes recurrentes informan expresamente que mantienen íntegramente sus motivos de recurso, sin añadir consideraciones adicionales en función de la reforma del delito de apropiación indebida (antes art. 252, hoy art. 253). El Ministerio Fiscal considera que la reforma no tiene incidencia en el presente recurso, en la medida en que solo modifica el número de precepto penal que tipifica la apropiación indebida, que pasa a ser el art. 253, en lugar del art. 252.

La modificación de la redacción del antiguo artículo 252, hoy 253, podría llevar a efectuar algunas consideraciones más complejas, pero en las que estimamos que no procede entrar al no haberse planteado argumentación adicional alguna por las partes recurrentes y que por tanto tampoco se han sometido a contradicción.

La apropiación indebida de dinero siempre ha suscitado problemas doctrinales y jurisprudenciales, por su naturaleza fungible, pero sin entrar ahora en debates más profundos, es necesario constatar, como ya lo hemos hecho en la reciente sentencia núm. 18/2016, de 26 de enero , que el Legislador zanja la cuestión de la posibilidad de admitir la apropiación indebida de dinero en sentido propio, manteniendo específicamente el dinero como objeto susceptible de apropiación indebida en el art. 253. Lo cual no excluye que algunos supuestos cuya naturaleza anterior era la de distracción y no apropiación, se puedan remitir ahora a la tipificación de la administración desleal (art. 252), sancionada con idéntica penalidad.

En el caso actual, como ya hemos señalado, nos encontramos en realidad más en un supuesto de apropiación, en sentido propio, que de simple desvío de dinero de la finalidad con la que se ha recibido, pues ya hemos razonado que lo penalmente relevante es que el promotor dispone como suyo de un dinero que no ha recibido en propiedad sino que por expresa disposición legal imperativa debe ingresarse "en depósito" en una cuenta especial separada, con prohibición de disponer de él, para cualquier destino , salvo que se cumplan determinadas condiciones legales previas que, en el caso actual, no se han cumplimentado.

Procede, por todo ello, la íntegra desestimación de los recursos interpuestos con imposición a los recurrentes de las costas por ser preceptivas.