STSJ Canarias 823/2015, 12 de Mayo de 2015

PonenteMARIA JOSE MUÑOZ HURTADO
ECLIES:TSJICAN:2015:2682
Número de Recurso237/2015
ProcedimientoRECURSOS DE SUPLICACIóN
Número de Resolución823/2015
Fecha de Resolución12 de Mayo de 2015
EmisorSala de lo Social

SENTENCIA

12/05/2015

En el recurso de suplicación interpuesto por Dª Elvira, representada por el Letrado D. Gustavo Tarajano Mesa, contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de Las Palmas de fecha 17/11/14 dictada en Autos nº 417/14 sobre DESPIDO promovidos por Dª Elvira contra D. Juan Antonio y Fondo de Garantía Salarial.

Es Ponente la Iltma. Sra. Magistrada Dª Mª Josè Muñoz Hurtado quien expresa el criterio de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y terminó por sentencia, cuya relación de hechos probados es la siguiente:

Primero

La demandante figura dada de alta en el regimen especial de trabajadores autonomos desde el 01/09/08 al 30/04/14.

Segundo

La actora y el demandado iniciaron una relación sentimental y de convivencia en el año 2006. Dicha relación cesó el 14/04/14.

Tercero

El demandado es titular de dos parafarmacias, una situada en la calle Ripoche y otra en el mercado central. La actora y demandada se turnaba, estando cada uno en una tienda. La actora ademas de despachar a los clientes se encargaba de la compra de productos.

Cuarto

El horario de la tienda de la calle Ripoche era de 10.00 h a 14.00 h y de 17.00 h 21.00 h, el de la tienda del Mercado Central era de 7.00 h a 14.00 h.

Quinto

Desde marzo de 2009 el demandado ha venido realizando mensualmente a la actora transferencias en concepto de comisiones. El importe medio de las mismas asciende a 40.20 euros dia.

Sexto

La actora y demandado tenían cuenta de titularidad común.

Séptimo

En fecha 02/05/14 la demandada remitió escrito a la actora con el siguiente tenor literal: "sirva la presente para poner en su conocimiento de manera escrita, que conforme ya se le había comunicado verbalmente, que la relación mercantil de intermediación comercial que mantenía con ud. se tiene por finalizada con fecha de efectos desde el pasado lunes 14 de abril de 2014".

Octavo

En fecha 27/08/08 la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social giró visita de inspección razón por la cual la actora se inscribió en el RETA.

Noveno

Se intentó la conciliación ante el SEMAC con el resultado de sin avenencia.

SEGUNDO

La parte dispositiva de la Sentencia de instancia dice:

Apreciar de oficio la excepción de incompetencia de jurisdicción en cuanto a la demanda interpuesta por Elvira contra Juan Antonio, absolviendo a la demandada, sin perjuicio del derecho de la actora a ejercitar las acciones que pudieran corresponderle frente a la misma ante el orden jurisdiccional civil.

TERCERO

Frente a dicha resolución se interpuso el recurso de Suplicación, que fue impugnado por la representación procesal del demandado. CUARTO.- El 9/03/15 se recibieron las actuaciones en esta Sala, señalándose para la deliberación del recurso el recurso el siguiente 7 de Mayo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO

La Sra. Elvira, impugnó judicialmente la decisión del Sr. Juan Antonio, con el que había convivido more uxorio, de dar por rescindida la relación contractual de intermediación comercial que les vinculaba con efectos al 14/04/14, solicitando su calificación como un despido improcedente por ser las notas de la prestación de servicios por cuenta del demandado las propias de un contrato de trabajo, acumulando a dicha acción la de reclamación de los salarios de marzo y abril y la liquidación de la compensación económica de las vacaciones no disfrutadas a la fecha de cese, dictándose por el Juzgado de lo Social nº 1 de Las Palmas sentencia por la que, entendiendo que la relación que había unido a las partes no era laboral, sino de colaboración familiar, se estimó la excepción de incompetencia de jurisdicción, absolviendo en la instancia, y remitiendo a la parte actora a hacer valer su pretensión ante la jurisdicción civil.

En desacuerdo, Dª Elvira recurre en suplicación, articulando cuatro motivos revisorios, amparados procesalmente en el apartado b del Art. 193 LRJS, a fin de ampliar los ordinales primero, tercero, quinto y sexto, y, otro de censura jurídica, encauzado a través del apartado c del mismo precepto de la ley procesal, en el que acusa la infracción por inaplicación de los Arts. 1.1, 8.1 y 56.1 ET, en relación con la doctrina de la Sala que cita en el escrito de formalización.

El demandado se ha opuesto al recurso.

SEGUNDO

A) En cuanto a los motivos de revisión fáctica con fundamento en el apartado b) del artículo 193 LRJS (Ley 36/11), que constituye reproducción literal del Art. 191.b LPL, la Jurisprudencia relativa a los requisitos que han de darse para la procedencia de la reforma de los hechos probados en el recurso de casación ( SSTS 23/04/12, Rec. 52/11 y 26/09/11, Rec. 217/10 ), cuya doctrina resulta aplicable al de suplicación, dado su carácter extraordinario y casi casacional ( STC 105/08, 218/06, 230/00 ), subordina su prosperabilidad al cumplimiento de los siguientes requisitos:

  1. Indicar el hecho expresado u omitido que el recurrente estime equivocado, siendo posible atacar la convicción judicial alcanzada mediante presunciones, si bien para ello resulta obligado impugnar no solo el hecho indiciario de la presunción judicial sino también el razonamiento de inferencia o enlace lógico entre el mismo y el hecho presunto ( STS 16/04/04, RJ 2004\3694 y 23/12/10, Rec. 4.380/09 )

    Debe tratarse de hechos probados en cuanto tales no teniendo tal consideración las simples valoraciones o apreciaciones jurídicas contenidas en el factum predeterminantes del fallo, las cuales han de tenerse por no puestas ( STS 30/06/08, RJ 138/07), ni tampoco las normas jurídicas, condición de la que participan los convenios colectivos, cuyo contenido no debe formar parte del relato fáctico ( SSTS 22/12/11, Rec. 216/10 )

  2. Citar concretamente la prueba documental o pericial que, por sí sola, demuestre la equivocación del juzgador, de una manera evidente, manifiesta y clara, sin que sean admisibles a tal fin, las meras hipótesis, disquisiciones o razonamientos jurídicos.

  3. Al estar concebido el procedimiento laboral como un proceso de instancia única, la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud únicamente al juzgador de instancia, por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica, de ahí que la revisión de sus conclusiones únicamente resulte viable cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de medios de prueba hábiles a tal fin que obren en autos, no siendo posible que el Tribunal ad quem pueda realizar un nueva valoración de la prueba, por lo que, debe rechazarse la existencia de error de hecho, si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes.

    Como consecuencia de ello, ante la existencia de dictámenes periciales contradictorios, ha de aceptarse normalmente el que haya servido de base a la resolución que se recurre, pues el órgano de instancia podía optar conforme al artículo 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por el que estimara más conveniente y le ofreciera mayor credibilidad, sin que contra la apreciación conjunta de la prueba quepa la consideración aislada de alguno de sus elementos y solo pudiendo rectificarse aquel criterio por vía de recurso si el dictamen que se opone tiene mayor fuerza de convicción o rigor científico que el que ha servido de base a la resolución recurrida. d) El contenido del documento a través del que se pretende evidenciar el error en la valoración de la prueba por parte del Juzgador de instancia no puede ser contradicho por otros medios de prueba y ha de ser literosuficiente o poner de manifiesto el error de forma directa, clara y concluyente.

    Además, ha de ser identificado de forma precisa concretando la parte del mismo que evidencie el error de hecho que se pretende revisar, requisito este último que se menciona de manera expresa en el Art. 196.3 LRJS al exigir que en el escrito de formalización del recurso habrán de señalarse de manera suficiente para que sean identificados el concreto documento o pericia en que se base el motivo

  4. Fijar de modo preciso el sentido o forma en el que el error debe ser rectificado requiriendo expresamente el apartado 3 del Art. 196 LRJS que se indique la formulación alternativa que se pretende.

  5. Que la rectificación, adición o supresión sean trascendentes al fallo es decir que tengan influencia en la variación del signo del pronunciamiento de la sentencia recurrida.

  6. La mera alegación de prueba negativa -inexistencia de prueba que avale la afirmación judicial- no puede fundar la denuncia de un error de hecho

    1. 1.- El párrafo con que se quiere completar el ordinal primero, en el que se deja constancia del periodo en que la demandante estuvo en alta en el RETA, dice así:

    La parte actora inició la prestación de sus servicios para la empresa Daniel Alberto Valverde Felice el

    1.09.2008 sin suscribir contrato de trabajo

    Vamos a rechazar esta reforma, por cuanto, no obstante omitirse en el relato judicial la fecha de inicio de la prestación de servicios por parte de Dª Elvira realizando las funciones que se detallan en el ordinal segundo, es un hecho conforme entre las partes que ello aconteció cuando la misma causó alta en el RETA, lo que hace innecesaria la inclusión de dicho dato en el histórico para que podamos...

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