STS 565/2015, 9 de Octubre de 2015

PonentePEDRO JOSE VELA TORRES
ECLIES:TS:2015:4285
Número de Recurso29/2014
ProcedimientoCIVIL
Número de Resolución565/2015
Fecha de Resolución 9 de Octubre de 2015
EmisorTribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a nueve de Octubre de dos mil quince.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, constituida por los magistrados indicados al margen, ha visto las presentes actuaciones de demanda de revisión promovidas por el procurador D. José Carlos Peñalver Garcerán, en nombre y representación de D. Mateo y Dª Adelina , del Decreto de 19 de diciembre de 2013 dictado en el Juicio Monitorio Europeo núm 666/2013 y del Auto de 13 de enero de 2014 despachando la ejecución dictado en el procedimiento de Ejecución de Títulos Judiciales núm. 915/2013 dictados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 de Majadahonda (Madrid). Ha sido parte recurrida "QUALITY MANAGEMENT BUSINESS, SL", representada ante esta Sala por la procuradora Dª María Teresa Jiménez de la Peña.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

El procurador D. José Carlos Peñalver Garcerán, en nombre y representación de D. Mateo y Dª Adelina , interpuso demanda de Revisión del Decreto de 19 de diciembre de 2013 (Monitorio Europeo 666/13) y del Auto de 13 de enero de 2014 despachando ejecución (ETJ 915/2013), en la que tras la exposición de hechos y fundamentos de derecho, terminó suplicando:

Que, teniendo por presentado este escrito con las manifestaciones en él contenidas y junto con los documentos que se acompañan y sus copias, se sirva admitirlo, me tenga por comparecido y parte demandante en la representación que ostento y acredito de don Mateo y doña Adelina , entendiéndose conmigo las sucesivas diligencias en la forma prevenida en la ley, y tenga por formulada la presente DEMANDA DE REVISIÓN del Decreto de 19 de diciembre de 2013 declarando ejecutivo el requerimiento europeo de pago expedido en los autos del juicio monitorio europeo n.° 666/13, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.° 2 de Majadahonda, así como del Auto de 13 de enero de 2014 despachando la ejecución del indicado título ejecutivo, dictado el procedimiento de ejecución de títulos judiciales n° 915/2013; y, admitiendo a trámite la demanda, se proceda solicitar del indicado Juzgado de instancia que se remitan al TribunaI todas las actuaciones de los procedimientos cuyas resoluciones se impugnan, y al tiempo, se proceda a emplazar a "QUALITY MANAGEMENT BUSINESS, S.L.", o a sus causahabientes, para que dentro del plazo de veinte días contesten a la

demanda, sosteniendo lo que convenga a su derecho; y, una vez contestada la demanda de revisión o transcurrido el plazo anterior sin haberlo hecho, se

acuerde conferir a las actuaciones la tramitación establecida para los juicios verbales; y, previos los trámites legales pertinentes, dicte en su día sentencia la que, estimando la revisión solicitada, rescinda las resoluciones que se

impugnan, mandando expedir certificación del fallo y devolver los autos al tribunal del que proceden para que las partes puedan usar de su derecho según les convenga en el juicio correspondiente.

Y todo ello con expresa condena en costas a la adversa si se opusiere a demanda

.

SEGUNDO

Por auto de 21 de enero de 2015, tras informe favorable del Ministerio Fiscal, se acordó admitir a trámite dicha demanda de revisión, reclamar todos los antecedentes del pleito y emplazar a cuantos en él hubieran litigado por término de veinte días.

TERCERO

Mediante escrito presentado el 23 de febrero de 2015, la procuradora Dª María Jiménez de la Peña se personó en nombre y representación de QUALITY MANAGEMENT BUSINESS, S.L, en calidad de demandada, contestando a la demanda y oponiéndose a su estimación por no concurrir los requisitos precisos para ello.

CUARTO

Por Diligencia de Ordenación de 16 de abril de 2015 se dio traslado a las partes sobre la necesidad de celebrar o no la vista. Dado traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal, éste dictaminó que la demanda debía ser desestimada, por las razones obrantes en su informe. Por resolución de 8 de septiembre de 2015 la Sala acordó señalar para la votación y fallo del recurso el día 1 de octubre de 2015, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Pedro Jose Vela Torres,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Fundamenta su pretensión revisora la parte demandante en las siguientes y resumidas alegaciones: El 30 de septiembre de 2013 la compañía mercantil "Quality Management Bussines, S.L.", presentó una petición de requerimiento europeo de pago contra los hoy demandantes de revisión, al amparo del Reglamento CE 1896/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de diciembre, por el que se establece un proceso monitorio europeo. En dicha petición se señalaba como domicilio de los deudores el Reino Unido, concretamente el de D. Mateo , en Londres, DIRECCION000 Street NUM000 ; y el de Dña. Adelina , también en Londres, NUM001 DIRECCION001 , DIRECCION002 , flat NUM002 . Acordada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Majadahonda la notificación por correo certificado sin acuse de recibo (pese a que tal posibilidad solo está permitida en el mencionado Reglamento cuando el deudor esté domiciliado en el mismo país), la misma resultó infructuosa, puesto que el Sr. Mateo tenía su domicilio en Pozuelo de Alarcón y la Sra. Adelina en Majadahonda. Por decreto del secretario judicial de 19 de diciembre de 2013 se declaró ejecutivo el requerimiento europeo de pago y el 26 de diciembre del mismo año se presentó demanda ejecutiva en la que la parte ejecutante volvió a señalar los mismos domicilios de Londres antes indicados. El 13 de enero de 2014, el mencionado Juzgado dictó auto despachando ejecución y decreto ordenando el embargo de bienes, cuyas notificaciones tampoco llegan a poder de los ejecutados. Intentado incidente de nulidad de actuaciones, fue desestimado por el Juzgado, al considerar que la residencia habitual de los deudores, al tiempo de presentarse el requerimiento, estaba en el Reino Unido, ya que las notificaciones por correo no fueron devueltas. Posteriormente, el 7 de abril de 2014, el propio Juzgado dictó diligencia de ordenación incorporando a las actuaciones la comunicación dirigida a Dña. Adelina , devuelta por el servicio de correos por señas insuficientes, con fecha estampada de 16 de enero de 2014. Asimismo, el 4 de abril de 2014 se obtuvo copia de la hoja de registro del Aparthotel sito en NUM000 DIRECCION000 Street de Londres, de la que resulta que el Sr. Mateo no estuvo alojado en el mismo en las fechas de tramitación del procedimiento. Con fundamento en estos dos documentos: el sobre devuelto por insuficiencia de señas y la hoja de registro del establecimiento hotelero, así como unos correos electrónicos cruzados entre el citado Aparthotel de Londres y el demandante de revisión entre los días 14 y 23 de abril de 2014 y un acta notarial de presencia, otorgada por el notario de Madrid D. Luis Maíz Cal, con fecha 22 de abril de 2014, la parte demandante solicita la revisión del decreto de 19 de diciembre de 2013 y del auto de 13 de enero de 2014 despachando ejecución.

SEGUNDO

La primera cuestión que debe abordarse es la posibilidad de que sean objeto de revisión un decreto del secretario judicial poniendo fin a un procedimiento monitorio europeo y el auto posterior que despacha ejecución, dada la dicción literal de los artículos 510 y 511 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , que se refieren a "sentencias firmes". Hay antecedentes jurisprudenciales referentes al juicio monitorio (en la regulación anterior a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil por Ley 13/2009, de 3 de noviembre), pero ningún pronunciamiento referido al juicio monitorio europeo, regulado en el ya citado Reglamento (CE) 1896/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre. En concreto, la Sentencia de esta Sala nº 655/2013, de 28 de octubre , referida al auto que ponía fin al proceso monitorio, conforme al artículo 816.2 LEC (en su redacción anterior a la Ley 13/2009), estableció que dicha resolución era equivalente, a estos efectos, a una sentencia firme, en tanto que ponía fin al procedimiento y tenía un efecto similar al de cosa juzgada. A su vez, el artículo 18 del mencionado Reglamento (CE ) 1896/2006, bajo el título "Ejecutividad", establece en su primer párrafo: "1. Si en el plazo establecido en el artículo 16, apartado 2, teniendo en cuenta un período de tiempo apropiado para que sea posible la recepción del escrito, no se ha presentado ningún escrito de oposición ante el órgano jurisdiccional de origen, este declarará ejecutivo sin demora el requerimiento europeo de pago valiéndose del formulario G que figura en el anexo VII. El órgano jurisdiccional verificará la fecha de notificación". Añadiendo en el apartado segundo: 2. Sin perjuicio del apartado 1, los requisitos formales de ejecutividad se regirán por el Derecho del Estado miembro de origen" . De cuyo tenor se desprende que la resolución que declara la ejecutividad del requerimiento es equivalente al auto despachando ejecución en el proceso monitorio al que se refería el anterior artículo 816.2 LEC . Por lo que le resultan aplicables las conclusiones establecidas en la antedicha Sentencia de 28 de octubre de 2013 .

TERCERO

La demanda de revisión se funda en el ordinal 1º del artículo 510 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , consistente en el recobro u obtención, después de pronunciada la sentencia, de documentos decisivos de los que no se hubiere podido disponer por fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado, alegándose en este caso que el impedimento a la obtención o recobro de los documentos fue la conducta del demandado. La jurisprudencia de esta Sala ha venido exigiendo los siguientes requisitos para que pueda prosperar este motivo de revisión: a) Que los documentos se hayan obtenido (o, en su caso, recobrado) después de pronunciada la sentencia firme cuya rescisión se pretende; b) que no se haya podido disponer de los documentos para el proceso en que hubiera recaído dicha sentencia por causa de fuerza mayor o, en su caso, por obra de la parte en cuyo favor se hubiera dictado la sentencia; c) que se trate de documentos decisivos para el pleito, esto es, con valor y eficacia para resolverlo; y d) que los requisitos expresados se prueben por la parte demandante, a quien incumbe la correspondiente carga procesal ( SSTS de 12 de abril de 2011 , 4 de julio y 13 de diciembre de 2012 y 8 de mayo de 2015 ). Asimismo, ha de tenerse en cuenta que la revisión de sentencias firmes, por su naturaleza extraordinaria, supone una excepción al principio esencial de irrevocabilidad de las sentencias que hayan ganado firmeza, al estar en juego el principio de seguridad jurídica proclamado por el artículo 9.3 de la Constitución y el principio procesal de autoridad de cosa juzgada.

CUARTO

De la exposición fáctica contenida en el primer fundamento jurídico ya se desprende que el remedio procesal adecuado para dar solución a lo sucedido no es el proceso extraordinario de revisión, sino -en su caso- el procedimiento de rescisión de sentencia firme a instancia del rebelde ("audiencia al rebelde"), regulado en los artículos 501 a 507 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . La finalidad que se persigue con este medio de impugnación es evidente, la de remediar situaciones de indefensión de aquellos demandados que hayan permanecido permanentemente inactivos durante el proceso por razones que no pueden imputárseles. La audiencia al rebelde está pensada para las situaciones de rebeldía involuntarias, en cuyo supuesto se le da al demandado la oportunidad de solicitar la rescisión de una sentencia firme que le perjudica, dictada inaudita parte. De lo que se trata, pues, es de oír a aquel que no ha podido serlo por causas ajenas a su voluntad y debería haberlo sido. Es cierto que el impropiamente denominado "recurso" de la audiencia al rebelde tiene con el proceso de revisión aspectos comunes que no pueden pasarse por alto y que hace de ellos medios privilegiados de impugnación. Ambos se dirigen contra sentencias firmes, con efecto de cosa juzgada, que pretenden impugnar con el fin de conseguir posteriormente una nueva sentencia sobre el mismo asunto. Pero mientras que la audiencia al rebelde se concede al demandado que ha permanecido inactivo desde el inicio del proceso por causas no imputables a él y que se encuentra ante una sentencia firme con efecto de cosa juzgada material dictada sin su presencia procesal; la revisión está concebida legalmente para cualquier parte (demandante o demandada) que se ha visto perjudicada por una sentencia firme, contra la que se permite impugnación, siempre que hayan aparecido nuevas circunstancias previstas legalmente que hacen suponer fundadamente una injusticia o un error.

QUINTO

En este caso, lo ocurrido tiene mucho mejor encaje en el primero de los remedios procesales previstos, el de audiencia al rebelde, puesto que se refiere a una situación que, según la propia demanda de revisión, afecta a quien habiendo permanecido involuntariamente en situación procesal de rebeldía, bien a causa de una fuerza mayor que le impidiera comparecer en el proceso, bien por no haber tenido conocimiento de la demanda contra él presentada y del pleito que contra él se seguía, se ha encontrado con una resolución judicial firme sin haber tenido nunca la oportunidad de ser oído y de ejercitar su derecho de defensa. Por el contrario, mediante la revisión no se trata de lograr la declaración de nulidad de un anterior juicio, ni la de la sentencia en él recaída, por vicios del procedimiento o de la sentencia, sino que se basa en el conocimiento de determinados hechos que no están en los autos, pero cuyo trascendente significado permite suponer que el resultado del proceso al que afectan obedeció a su influencia o a su concurrencia, de modo que dicho resultado pudo haber sido distinto. Es decir, en el proceso de revisión, la sentencia dictada cuya revisión se pretende guarda adecuada correspondencia con lo que consta en los autos, pero determinadas circunstancias aparecidas fuera del proceso ponen de relieve que la misma puede ser injusta o errónea. En tales casos el ordenamiento jurídico ha de conceder un medio para revisar la cuestión ya decidida por una sentencia firme y posibilitar la prevalencia de la justicia sobre los efectos de cosa juzgada que la seguridad jurídica exige. Se trata de rescindir el anterior proceso y sus efectos para permitir el sometimiento de la cuestión litigiosa a un nuevo examen judicial.

SEXTO

Es cierto que esta Sala ha afirmado en diversas resoluciones que una de las manifestaciones de la maquinación fraudulenta que permite la revisión de la sentencia es aquella en que incurre quien ejercita una acción judicial cuando oculta el domicilio de la persona contra la que estaba dirigida, alegando que lo desconoce para interesar que se le emplace por edictos y se sustancie el procedimiento en rebeldía ( SSTS de 14 mayo 2003 , 9 de mayo de 2007 , 6 de septiembre de 2007 y 8 de enero de 2013 ). Esta causa de revisión ha sido relacionada por la jurisprudencia con el derecho a la tutela judicial efectiva y con el carácter subsidiario que, según la jurisprudencia constitucional, debe tener el emplazamiento o citación por edictos, de tal manera que solo cabe acudir a él como última solución cuando no se conoce el domicilio de la persona que deba ser notificada o se ignora su paradero por haber mudado de habitación. Pero ni en este caso se funda la revisión en una supuesta maquinación fraudulenta, ya que ni siquiera se invoca o cita el ordinal 4º del art. 510 LEC , ni la parte ejecutante instó de inicio la citación edictal. Ni siquiera se ha alegado que por parte de la ejecutante hubiera una ocultación maliciosa del domicilio de los demandados, puesto que, insistimos, no se ha hecho mención a maquinación fraudulenta. En consecuencia, si lo denunciado es un vicio de procedimiento, en concreto que las notificaciones dirigidas a los deudores no pudieron llegar a su conocimiento porque se practicaron en domicilios que no eran realmente los suyos (sobre esto versa todo el esfuerzo argumentativo de la demanda de revisión), lo procedente no es el proceso de revisión de sentencias firmes, regulado en los artículos 509 a 516 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , sino el antedicho procedimiento de audiencia al rebelde de los artículos 501 a 508 de la misma Ley .

SÉPTIMO

Pero es que, además, incluso aunque a efectos dialécticos considerásemos que es procedente el recurso de revisión, en el caso no se cumplen los requisitos del artículo 510 LEC , por la sencilla razón de que los documentos en los que se funda la pretensión revisora no son de fecha anterior a la resolución cuya revisión se pretende. En efecto, conforme a reiterada jurisprudencia de esta Sala, ya citada en el fundamento jurídico tercero, es preciso que los documentos en los que se funde la pretensión revisora ya existieran con anterioridad a la sentencia cuya revisión se pretende, si bien no pudieron tenerse en cuenta en el momento de dictarla, por fuerza mayor o por obra de la otra parte. Y en el caso enjuiciado, no concurre tal requisito, por cuanto los documentos por los que los demandantes pretenden la anulación de la resolución que puso fin al proceso monitorio europeo se crearon con posterioridad a su fecha, razón por la que, además, no cabe entender que fueron retenidos por la otra parte del proceso y, menos, que el demandante no pudo disponer de ellos por fuerza mayor. Así se desprende de la mera enumeración de fechas que se contiene en la demanda, donde se dice que son de fechas comprendidas entre el 4 y el 21 de abril de 2014, es decir, de fechas ulteriores a las resoluciones cuya revisión se insta: el decreto del secretario judicial de 19 de diciembre de 2013 y el auto de 13 de enero de 2014 ; ya que incluso en el caso del sobre, el estampillado del servicio de correos -que sería el dato revelador a efectos revisores- es de fecha posterior (16 de enero de 2014).

OCTAVO

En atención a lo expuesto, la demanda de revisión interpuesta debe ser desestimada, con las consecuencias legales a ello inherentes, consistentes en la imposición de las costas a los demandantes y la pérdida del depósito constituido por dicha parte ( art. 516.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ).

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

  1. - Desestimar la demanda de revisión formulada por el Procurador Sr. Peñalver Garcerán, en representación de D. Mateo y Dña. Adelina , contra el decreto de 19 de diciembre de 2013 declarando ejecutivo el requerimiento europeo de pago expedido en los autos de juicio monitorio europeo nº 666/13 del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Majadahonda y el auto de 13 de enero de 2014 despachando la ejecución de dicho título, en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales nº 915/13 del mismo Juzgado.

  2. - Imponer las costas de este proceso a la parte demandante, así como ordenar la pérdida del depósito constituido.

Hágase saber a las partes que contra esta sentencia no cabe recurso alguno.

Líbrese al mencionado tribunal la certificación correspondiente, con devolución de los autos y del rollo de Sala.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos Francisco Marin Castan, Francisco Javier Orduña Moreno, Rafael Saraza Jimena, Pedro Jose Vela Torres, firmada y rubricada. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Pedro Jose Vela Torres , Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.

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