ATS, 16 de Septiembre de 2015
| Ponente | EDUARDO BAENA RUIZ |
| ECLI | ES:TS:2015:6806A |
| Número de Recurso | 121/2015 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Fecha de Resolución | 16 de Septiembre de 2015 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
AUTO
En la Villa de Madrid, a dieciséis de Septiembre de dos mil quince.
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Por la representación procesal de DON Juan Alberto con domicilio en la localidad de Illescas (Toledo) se presentó escrito con fecha de 2 de septiembre de 2014 formulando demanda de juicio verbal de reclamación de cantidad por importe de 1.200 euros ante el decanato de los Juzgados de Illescas contra FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A, con domicilio en la localidad de Pozuelo de Alarcón (Madrid), por incumplimiento de servicio de portabilidad de línea telefónica.
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La citada demanda fue turnada al Juzgado de Primera instancia nº 5 de Illescas, que por Diligencia de Ordenación de fecha de 20 de noviembre de 2014 acordó dar traslado a la actora y al Ministerio Fiscal, a los efectos de informar sobre la posible incompetencia territorial.
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Evacuado el traslado, por la parte actora interesar la continuación de la tramitación del procedimiento por el Juzgado de Primera instancia nº 5 de Illescas. Por el Ministerio Fiscal se emitió informe con fecha de 19 de diciembre de 2014 en el sentido de considerar competente al Juzgado que por turno corresponda de la ciudad de Pozuelo de Alarcón.
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- Por el Juzgado de Primera instancia nº 5 de Illescas se dictó auto con fecha de 3 de marzo de 2015 , declarando su falta de competencia territorial para el conocimiento del asunto, por corresponder a los juzgados de Pozuelo de Alarcón.
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- Recibidas y turnadas las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Pozuelo de Alarcón se dictó auto con fecha de 11 de mayo de 2015 , declarando su falta de competencia territorial para el conocimiento del asunto, remitiendo las actuaciones al Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes ante este órgano.
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- Recibidas las actuaciones ante esta Sala, y formado el correspondiente rollo, por el Ministerio Fiscal se emitió informe con fecha de 1 de julio de 2015, en el que se consideraba competente al Juzgado de Primera instancia nº 5 de Illescas al tratarse de una acción individual ejercitada por un consumidor que ha contratado en un ámbito ajeno a su actividad profesional o empresarial.
Ha sido ponente el Excmo. Sr. Magistrado D. Eduardo Baena Ruiz .
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El presente conflicto negativo de competencia territorial se plantea entre un Juzgado de Illescas y otro de Pozuelo de Alarcón, respecto de una demanda de juicio verbal que tiene por objeto una acción individual de un consumidor contra una empresa prestadora de servicios de telefonía.
El Juzgado de Illescas entiende que carece de competencia territorial porque resulta de aplicación la regla general del art. 51.1 LEC , según la cual la competencia le corresponde al juzgado del lugar donde tenga su domicilio la persona jurídica demandada, que en este caso sería Madrid.
Por su parte, el Juzgado de Pozuelo de Alarcón entiende que rige la regla prevista en el art. 52.2 LEC , y que la competencia para el conocimiento del pleito corresponde al juzgado del domicilio del consumidor.
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Para la resolución del presente conflicto negativo de competencia territorial debemos partir de la consideración de que en el juicio verbal no es válida la sumisión expresa ni tampoco la tácita, según resulta de lo dispuesto en el art. 54.1 LEC . Cualquiera que sea la pretensión ejercitada en esta clase de juicio, la competencia territorial se determina siempre de forma imperativa con arreglo a los fueros legalmente establecidos para cada caso: en primer lugar, el fuero especial que corresponda conforme a las previsiones del art. 52 LEC ; y, en su defecto, los fueros generales relativos al domicilio o residencia del demandado ( art. 50 LEC para las personas físicas y art. 51 para las personas jurídicas y entes sin personalidad).
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También debemos tener presente el criterio seguido en casos anteriores, en concreto en los Autos de 17 de mayo y 5 de noviembre de 2004 (conflictos nº 24 y nº 73/2004, respectivamente) o de 24 de junio o de 15 de julio de 2015, (conflictos nº 102/2015 y 89/2015), entre los más recientes.
En estos precedentes las demandas de juicio verbal tenían por objeto reclamaciones derivadas de contratos de prestación de servicios o relativos a bienes muebles, precedidos de oferta pública. El conflicto negativo de competencia territorial se suscitó entre el tribunal del domicilio de la persona jurídica demandada, art. 51.1 LEC , y el del domicilio del aceptante de la oferta, el del demandante, por aplicación del art. 52.2 LEC . La competencia se atribuyó al tribunal del domicilio de quien había aceptado la oferta. Las resoluciones destacan que la finalidad del fuero contenido en el mencionado art. 52.2 LEC es la de proteger a los asegurados, compradores, prestatarios y aceptantes de servicios o bienes muebles. En concreto, estas resoluciones señalan la necesidad de aplicar con todo su rigor el art. 58 LEC en relación con sus arts. 54 y 59 LEC para, de este modo, lograr el fin de todo el conjunto normativo, que es impedir privilegios procesales para las empresas dedicadas a la contratación en masa o por vías o medios que la sitúan en una posición inicialmente más ventajosa que la del aceptante de sus ofertas.
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Si seguimos la doctrina que emana de las citadas resoluciones, en nuestro caso debemos atribuir la competencia al Juzgado nº 5 de Illescas, en aplicación de la regla imperativa de competencia prevista en el art. 52.2 LEC .
El art. 52 LEC contiene, en materia de competencia territorial, una lista de supuestos en los que no se aplican las reglas de los artículos anteriores -fueros generales de los arts. 50 y 51 LEC -, sino una serie de fueros especiales que la casuística del precepto recoge. El apartado 2 del mencionado art. 52 LEC contiene un fuero basado en el domicilio del asegurador, comprador, prestatario y de quien hubiera aceptado la oferta, conforme al cual "[c]uando las normas del apartado anterior de este artículo no fueren de aplicación a los litigios en materia de seguros, ventas a plazos de bienes muebles corporales y contratos destinados a su financiación, así como en materia de contratos de prestación de servicios o relativos a bienes muebles cuya celebración hubiera sido precedida de oferta pública, será competente el tribunal del domicilio del asegurado, comprador o prestatario o el del domicilio de quien hubiere aceptado la oferta, respectivamente."
Aun cuando pueda ser dudoso el factor de la oferta pública precedente al contrato en el caso concreto, no lo es que la demanda tiene por objeto una reclamación de un consumidor contra una empresa de telefonía en relación a los servicios prestados. Lo decisivo es que en la demanda se ejercita la acción individual de un consumidor, factor determinante de una interpretación favorable a dicho consumidor, conforme a la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril (cuya trasposición al Derecho interno, tras la STJUE de 9 de septiembre de 1994 , se llevó a cabo por la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los consumidores y usuarios). Seguir otro criterio podría mermar el derecho a la tutela judicial efectiva del consumidor demandante, que para una reclamación de reducida cuantía, se vería obligado, tras haber presentado su demanda en Illescas, lugar de su domicilio, a tener que dirigirse a un Juzgado de Pozuelo de Alarcón, por encontrarse allí el domicilio de la demandada, situación que los tribunales deben evitar, en atención a las normas tuitivas de protección de consumidores y usuarios.
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Declarar que la competencia territorial para conocer del asunto corresponde al Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Illescas.
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Remitir las actuaciones a dicho Juzgado.
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Comunicar este auto, mediante certificación, al Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Pozuelo de Alarcón.
Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, de lo que como Secretario, certifico.
