ATS 641/2015, 16 de Abril de 2015

PonenteALBERTO GUMERSINDO JORGE BARREIRO
Número de Recurso87/2015
ProcedimientoRECURSO CASACIÓN
Número de Resolución641/2015
Fecha de Resolución16 de Abril de 2015
EmisorTribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal

AUTO

En la Villa de Madrid, a dieciséis de Abril de dos mil quince.

HECHOS

PRIMERO

Por la Audiencia Provincial de Sevilla (Sección 1ª), en autos nº Rollo de Sala 4813/2014, dimanante de Procedimiento Abreviado 14/2013 del Juzgado de Instrucción nº 3 de Coria del Río, se dictó sentencia de fecha 1 de diciembre de 2014 , en la que se absolvió "a los acusados Desiderio , Eleuterio y Estrella , de los delitos de omisión del deber de perseguir determinados delitos y de encubrimiento, por los que venían siendo acusados, quedando sin efecto cuantas medidas cautelares se hubieran adoptado contra los mismos en la presente causa y declarando de oficio las costas procesales causadas." .

SEGUNDO

Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de casación por Florentino , mediante la presentación del correspondiente escrito por el Procurador de los Tribunales D. Jesús Aguiler España. El recurrente menciona como motivo susceptible de casación: al amparo del art. 849.2 de la LECrim , por error en la apreciación de la prueba.

TERCERO

En el trámite correspondiente a la sustanciación del recurso el Ministerio Fiscal se opuso al mismo.

En el presente procedimiento actúan como partes recurridas Desiderio , Eleuterio y MARÍA Estrella , representados por la Procuradora de los Tribunales Dª. Virginia Aragón Segura, oponiéndose al recurso presentado.

CUARTO

Conforme a las normas de reparto aprobadas por Sala de Gobierno, de este Tribunal Supremo, es Ponente de la presente resolución el Excmo. Sr. Magistrado D. Alberto Jorge Barreiro.

RAZONAMIENTOS JURíDICOS

ÚNICO.- Se formaliza por la representación procesal del recurrente el motivo de su recurso de casación al amparo del art. 849.2 de la LECrim , por error en la apreciación de la prueba.

  1. El recurrente se refiere al documento obrante al folio 57 de los autos, consistente en informe suscrito por el Jefe de la Policía Local de Coria del Río en fecha 7- 07-09, en el que se hace constar por el referido mando "que el protocolo en accidentes de tráfico con heridos graves, accidentes de cierta consideración o cuando se detecte por parte de algún conductor síntomas de conducir bajo los efectos del alcohol, es efectuar diligencia de sintomatología externa y solicitar la presencia de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil para que comparezca al objeto de realizar las pruebas oportunas". En su exposición, alude, asimismo, el recurrente, a las declaraciones de dicho agente, a la declaración de los facultativos intervinientes en el accidente de autos, a las testificales incorporadas al procedimiento. El recurrente afirma que, a la luz de los documentos incorporados al procedimiento y de las normas de aplicación aludidas, es evidente que la actuación de los acusados fue incumplir conscientemente con sus cometidos, omisión que posibilitó la falta de pruebas que en el juicio correspondiente permitió que el conductor implicado en el accidente no fuera condenado por delito contra la seguridad del tráfico, intentando los acusados con su acción encubrir al citado conductor, dada su condición de policía nacional retirado, alterando el atestado realizado mediante la omisión de diligencias que inexcusablemente debían haber practicado. La Audiencia se equivoca en la valoración probatoria del conjunto de las pruebas aportadas y en especial de los documentos a los que el motivo ha hecho mención.

  2. Como es bien sabido, pues existe abundante y conocida jurisprudencia de esta sala, la previsión del art. 849.2º LECrim , tiene por objeto hacer posible la impugnación de sentencias en las que un extremo relevante del relato de hechos se halle en manifiesta contradicción con el contenido informativo de algún documento, que no hubiera sido desmentido por otro medio probatorio. Donde "documento" es, en general, una representación gráfica del pensamiento formada fuera de la causa y aportada a ésta a fin de acreditar algún dato relevante. Así pues, para que un motivo de esta clase pueda prosperar será necesario acreditar la existencia de una patente contradicción entre unos y otros enunciados, tan clara, que hiciera evidente la arbitrariedad de la decisión del tribunal al haberse separado sin fundamento del resultado de la prueba.

    De otra parte, hay que tener en cuenta que, como regla, los informes periciales carecen de la calidad de documentos (en sentido técnico-procesal) a los efectos del art. 849.2º, por más que puedan acogerse como tales en algún caso, como cuando existiendo una sola pericia o varias coincidentes, el tribunal se hubiera apartado sin motivación razonable del contenido de los mismos. Y que tampoco tienen esa condición las declaraciones de testigos que, regularmente aparecen transcritas en las causas, ni las diligencias policiales con manifestaciones de los propios agentes o de otras personas, recogidas por ellos e incorporadas al atestado ( STS 17-12-14 ).

    Más aún, nos encontramos en presencia de una sentencia absolutoria, conocida es la especial rigidez que tienen las sentencias absolutorias a las que esta Sala ya se ha referido con frecuencia --SSTS 142/2011 ; 1423/2011 ; 309/2012 ; 757/2012 ; 309/2012 ; 1020/2012 ó las más recientes 157/2013 ; 325/2013 y 462/2013 -- y la exigencia, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del TEDH que por conocida se exime la cita, de oír personalmente al absuelto por parte del Tribunal como paso previo para convertir en condenatoria la sentencia dictada en la instancia en sentido absolutorio, en la medida que para acreditar la existencia de los elementos subjetivos del delito se hace preciso tal audiencia. Pues bien, en casación es imposible abrir esta fase probatoria de acuerdo con el Pleno no Jurisdiccional de 19 de Diciembre de 2012 ( STS 20-06-13 ).

  3. El motivo no se ajusta a las prescripciones del precepto invocado, según resultan del muy consolidado canon jurisprudencial que acaba de citarse. Lo denunciado no es el antagonismo existente entre un concreto enunciado de los hechos probados y otro asimismo preciso, probatoriamente inobjetable, resultante de un documento verdadero y propio; pues lo que se hace por el recurrente es reiterar el argumento acusatorio mantenido en la instancia, sin que los datos probatorios contenidos en el informe que se cita entre en contradicción con los hechos probados por la propia objetividad incontestable de alguno de sus extremos. Como el propio motivo expresa, dentro de los elementos probatorios que la sentencia de autos valoró para el fallo absolutorio, hubo diversa prueba testifical, que no constituye documento casacional, incluida la declaración del propio autor del informe, cuyo contenido no es sino la plasmación escrita del testimonio de aquél. El hecho probado relata que el día 10-03-2008, Matías ., quien tiempo atrás había sido policía nacional y se encontraba jubilado, conducía su vehículo Opel por la Avenida Primero de Mayo de Coria del Río (Sevilla), viéndose involucrado en un accidente de circulación con una motocicleta conducida por Pelayo ., quien resultó herido como consecuencia del impacto, falleciendo días después. Aquél día, con motivo de este accidente, en su calidad de Policías Locales, acudieron al lugar los tres acusados y elaboraron el atestado nº NUM000 . Los mencionados agentes no efectuaron a Matías prueba de detección de alcohol ni levantaron acta de síntomas externos. Tampoco acompañaron al mismo las fotografías que habían tomado y avisaron a los bomberos para que procedieran a la limpieza de los restos que habían quedado en la calzada.

    El Tribunal sentenciador explica en la sentencia recurrida que la cuestión a dilucidar era si los funcionarios policiales acusados, pese a apercibirse de que el citado Matías iba bebido, no realizaron las diligencias necesarias para corroborarlo, omitiéndolas intencionadamente en el atestado que elaboraron; afirmando las acusaciones que su estado de embriaguez en el momento del accidente era patente y que omitieron su mención en el atestado, dada la condición de policía nacional del citado. El Tribunal sentenciador concluye que "ninguna de tales aseveraciones ha quedado probada con la certeza que exige el derecho penal".

    En el examen que la sentencia ofrece sobre las manifestaciones testificales escuchadas en el plenario se razona que no hay pruebas suficientes que corroboren que los agentes tuvieran conocimiento de la condición de policía de Matías , lo que en modo alguno se ve desvirtuado por el informe mencionado en el motivo, cuyo autor manifestó al Tribunal que no tenía datos para realizar tales afirmaciones -sobre el conocimiento por los acusados de tal condición- y que lo dijo porque si él sabía que el conductor había sido policía, entendía que los acusados también podían conocerlo, salvo la acusada, porque llevaba poco tiempo incorporada al cuerpo. Añadiendo el Tribunal, con exposición de las declaraciones escuchadas al respecto, que tampoco existen evidencias notorias de que los agentes percibieran la supuesta embriaguez del conductor, habiendo sido "objeto de arduo debate si existía un protocolo que vinculara a los agentes en esta actuación según el cual los acusados imperativamente debían haber realizado las pruebas de detección alcohólica así como efectuado acta de síntomas externos". Siendo lo determinante, no la existencia de regulación legal -pues no cabe identificar todo incumplimiento de deberes legales y estatutarios de un funcionario con una infracción legal-, sino si los agentes "conociendo que el conductor condujo bajo la influencia de bebidas alcohólicas, haciendo dejación voluntaria de sus funciones, omitieron la práctica de aquellas diligencias tendentes a acreditarlo entre las que se encuentran las pruebas de detección alcohólica, el acta de síntomas externos y el reflejo en el atestado tanto de éstas como de los testigos existentes".

    Tras su análisis, la sentencia afirma que tales extremos no han quedado acreditados; de otro lado, se añade que ni la retirada de los restos de la calzada, ni la omisión de las fotografías (aportadas mucho tiempo después), o la no realización de las mediciones de un accidente en el que se representan con nitidez las causas de la colisión (tal y como se desprende del croquis), podrían coadyuvar al mayor esclarecimiento de la supuesta conducción en estado de embriaguez de Matías . Las circunstancias que la sentencia valora en atención a todas las pruebas expuestas determinan en el Tribunal de instancia "serias dudas respecto a que los acusados perpetraran las omisiones intencionadas de inhibirse de dar la noticia criminis o que realizaran actos de ocultamiento que impidieran el descubrimiento de un delito".

    Frente a todo ello, el referido informe del Jefe de Policía Local, las declaraciones testificales, y "los documentos incorporados al procedimiento y las normas de aplicación aludidas", incluido el atestado policial, no constituyen prueba pericial o documental única que acredite por su propio contenido error alguno en el factum. Las actuaciones invocadas en el motivo fueron valoradas en sentencia en la forma que se refirió anteriormente, mostrando el recurrente su discrepancia con el fallo.

    Por otra parte la sentencia recurrida responde al estándar exigible de motivación adecuada y suficiente para sostener su fallo, por lo que se encuentra extramuros de una decisión arbitraria ex art. 9-3º C.E .

    De todo lo expuesto se sigue que la denuncia del recurrente no puede prosperar, siendo inviable a la luz de la doctrina que se ha expuesto, acerca de las posibilidades de una condena ex novo en casación de un acusado que haya resultado absuelto en el juicio de instancia, cuando la condena requiere entrar a examinar y modificar la convicción sobre los hechos.

    Procede la inadmisión del motivo de acuerdo con lo dispuesto en el art. 885.1 de la LECrim .

    En su consecuencia, procede adoptar la siguiente parte dispositiva:

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA:

NO HABER LUGAR A LA ADMISIÓN del recurso de casación formalizado por el recurrente, contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de origen, en la causa referenciada en el encabezamiento de esta resolución.

Las costas del recurso se imponen a la parte recurrente.

Se declara la pérdida del depósito si la recurrente lo hubiese constituido.

Así lo acordaron y firman los Excmos. Sres. que han constituido Sala para ver y decidir esta resolución.

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