STSJ Castilla-La Mancha 282/2015, 25 de Marzo de 2015

PonenteJAIME LOZANO IBAÑEZ
ECLIES:TSJCLM:2015:873
Número de Recurso855/2011
ProcedimientoPROCEDIMIENTO ORDINARIO
Número de Resolución282/2015
Fecha de Resolución25 de Marzo de 2015
EmisorSala de lo Contencioso

T.S.J.CAST.LA MANCHA CON/AD SEC.2

ALBACETE

SENTENCIA: 00282/2015

Recurso núm. 855 de 2011 y 118 de 2012 acumulados

Ciudad Real

S E N T E N C I A Nº 282

SALA DE LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO. SECCIÓN 2ª.

Iltmos. Sres.:

Presidenta:

Dª Raquel Iranzo Prades

Magistrados:

D. Jaime Lozano Ibáñez

D. Miguel Ángel Pérez Yuste

D. Miguel Ángel Narváez Bermejo

D. Ricardo Estévez Goytre

En Albacete, a veinticinco de marzo de dos mil quince.

Vistos por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, los presentes autos número 855/11 y 118/12 acumulados el recurso contencioso administrativo seguido a instancia de D. Alexis, representado por el Procurador Sr. Serna Espinosa y dirigido por el Letrado

D. Miguel Guzmán Martínez, y la mercantil LAFARGE CEMENTOS, S.A.U ., representada por la Procuradora Sra. Cuartero Rodríguez y dirigida por la Letrada D.ª María José Sánchez-Seco Martín, contra el JURADO REGIONAL DE VALORACIONES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, que ha estado representado y dirigido por el Sr. Letrado de la Junta, sobre JUSTIPRECIO; siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. Jaime Lozano Ibáñez.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

D. Alexis interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Jurado Regional de Valoraciones de fecha 14 de septiembre de 2011, por la cual se estableció el justiprecio en relación con la expropiación que afectó a la parcela NUM000 del polígono NUM001 de Poblete (Ciudad Real) afectada por el proyecto de explotación relativo a la concesión minera de la explotación "Dolores", llevada a cabo por la Consejería de Fomento siendo beneficiaria la mercantil LAFARGE CEMENTOS, S.A.U. (expediente NUM002 ). Este recurso se numeró como 855/2011.

SEGUNDO

Por su parte, LAFARGE CEMENTOS, S.A.U. Interpuso también recurso contenciosoadministrativo contra la resolución del mismo Jurado, de fecha 15 de diciembre de 2011, dictada en el mismo expediente, por la cual se declaró inadmisible, por extemporáneo, el recurso de reposición interpuesto por dicha mercantil contra el acto que se ha descrito en el anterior antecedente de hecho. . Este recurso contencioso-administrativo se numeró como 118/2012.

TERCERO

Mediante auto ambos recursos fueron acumulados y tramitados conjuntamente.

CUARTO

Recibido el expediente administrativo, se dio traslado del mismo a cada uno de los demandantes quienes defendieron sus respectivas posiciones jurídicas en favor de la elevación o rebaja del justiprecio, respectivamente.

QUINTO

Cada una de las partes y la demandada Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contestaron a la demanda.

SEXTO

Recibido el pleito a prueba, y practicadas las admitidas, se dio traslado para conclusiones y, verificado el trámite, se señaló votación y fallo para el día 27 de febrero de 2015.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha opone la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo interpuesto por LAFARGE CEMENTOS, S.A.U., por entender que la notificación de la resolución del Jurado Regional de Valoraciones se produjo el día 3 de enero de 2012, según consta al folio 530 del expediente administrativo, y sin embargo el recurso contencioso-administrativo se interpuso el 6 de marzo, transcurridos los dos meses para la interposición. Ahora bien, el folio 530 del expediente administrativo no contiene la notificación a LAFARGE CEMENTOS, S.A.U. De la resolución del Jurado, sino el emplazamiento en el recurso contencioso-administrativo 855/2011 interpuesto por D. Alexis .

SEGUNDO

Siguiendo con los aspectos procesales de la cuestión, es de ver que LAFARGE CEMENTOS, S.A.U. interpuso en su momento recurso de reposición contra la resolución de justiprecio, siendo dicho recurso declarado extemporáneo por el Jurado, siendo tal declaración el objeto del recurso contenciosoadministrativo. De modo que lo primero a determinar es si dicha inadmisión es correcta.

En primer lugar, cabe señalar que la resolución de justiprecio se notificó a la mercantil el día 5 de octubre de 2011, según ella misma reconoce. Pues bien, el recurso de reposición no se interpuso el día 20 de octubre de 2011, como afirma; lo que en esa fecha se hizo fue presentar ante la Consejería de Fomento el siguiente escrito (folio 441 del expediente administrativo):

Basta con la lectura de este escrito para comprobar que no se puede tomar en ningún caso como un escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo, ni por el órgano al que se dirige (no queremos decir el órgano ante quien se presenta, que pudiera ser válido como órgano de recepción del escrito, sino ante el que se dirige) ni por su contenido, tanto positiva como negativamente: positivamente, porque expresamente se dice que el recurso se va a interponer y se anuncia que así se hará; negativamente, porque el escrito no contiene ninguna alegación ni explicación sobre la disconformidad. No hay absolutamente nada en el escrito que permitiera a la Administración tomarlo por un recurso de reposición y remitirlo al Jurado para su resolución.

El recurso de reposición se interpuso efectivamente ante el Jurado, pero esto fue ya el 9 de noviembre de 2011, cuando el plazo terminaba el 5 de noviembre. Era, pues, extemporáneo.

El recurrente entiende que si era extemporáneo debió de ser inadmitido de plano; pero que, sin embargo, el Jurado lo tramitó, con audiencia de la contraparte, lo cual impide que luego lo pueda inadmitir, pues se generó una confianza legítima de que no iba a ser así. También apela a la indefensión sufrida y a la necesidad de que se l ehubiera permitido la subsanación.

Desde luego, en principio es perfectamente posible inadmitir un recurso pese a que se haya admitido inicialmente a trámite y tramitado. El recurso contencioso-administrativo, por ejemplo, puede ser tramitado y en sentencia obtener una declaración de inadmisión ( art. 69 Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa ). Lo mismo sucede con los recursos administrativos, incluso después de su tramitación con audiencia a los interesados ( art. 113.1 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Procedimiento Administrativo). El hecho de que el recurso se tramite nunca puede generar ninguna confianza legítima acerca de que finalmente no pueda ser inadmitido, desde el momento en que la norma precisamente contempla la posibilidad de su inadmisión tras la tramitación. En cuanto a que debería haber sido requerido de subsanación, evidentemente ninguna subsanación es posible respecto de un recurso extemporáneo, pues la principal cualidad del tiempo es su irreversibilidad.

Ahora bien, aunque el interesado no lo termine de formular con precisión, hay un argumento según el cual, en abstracto, sí cabría darle la razón, a saber: si el Jurado hubiera inadmitido a limine y de inmediato el recurso de reposición, el actor aún estaba en plazo para la interposición del recurso contenciosoadministrativo, pues tal plazo, de dos meses, se extendía hasta el 5 de diciembre de 2011. Ahora bien, lo cierto es que el Jurado tenía legalmente un mes para resolver el recurso de reposición en un sentido u otro y notificar la resolución ( art. 117-2 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Procedimiento Administrativo), de modo que tenía hasta el 9 de noviembre de 2011; y para esa fecha el plazo del recurso contencioso ya estaba caducado en cualquier caso. De manera que no se puede imputar al Jurado un incumplimiento que pejudicase al interesado en su derecho, pues no había obligación de inadmitir a limine (aunque podía haberse hecho) ni de notificar la resolución antes de un mes.

De este modo, debe confirmase la resolución del Jurado y por tanto desestimarse el recurso contencioso-administrativo de LAFARGE CEMENTOS, S.A.U.

TERCERO

Por lo que se refiere a la demanda de D. Alexis, los múltiples reparos que pone a la resolución del Jurado en realidad no conducen a ninguna conclusión concreta porque se limita a exponerlos sin nada solicitar al respecto, y en definitiva lo que tenemos es que el recurrente está conforme con las indemnizaciones concedidas por aquél salvo en cuanto a tres conceptos, y es a su justificación o no a lo que debemos atender.

El primer concepto que se solicita es el equivalente a un canon de 0,40 # por tonelada de material extraído del subsuelo, con un total interesado de 5.852.931 #. El concepto es rechazable por completo, pues según el propio recurrente señala nos encontramos ante materiales mineros de la sección C, los cuales son dominio público y no propiedad del actor. Son recursos del Estado y es éste el que los concede con las contraprestaciones que correspondan. Esto no significa que el concesionario pueda penetrar sin título en la finca en cuyo subsuelo se encuentran estos bienes estatales; para hacerlo o bien debe llegar a un acuerdo con el titular de la superficie, como en el caso de autos se hizo durante muchos años, o bien debe instar a su favor la expropiación forzosa, como finalmente ha decidido hacer la concesionaria minera. Pero lo que se valora en la expropiación es la superficie del terreno, no las riquezas del subsuelo, que no son, como hemos dicho, propiedad del titular de la finca y por tanto no tiene derecho alguno a que se le abonen.

CUARTO

El Jurado concedió 63.245,41 # por perjuicios por división de la finca. El Jurado tomó en cuenta la división de la...

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