SAP Valencia 294/2014, 31 de Octubre de 2014

PonenteMARIA MESTRE RAMOS
ECLIES:APV:2014:5013
Número de Recurso456/2014
ProcedimientoCIVIL
Número de Resolución294/2014
Fecha de Resolución31 de Octubre de 2014
EmisorAudiencia Provincial - Valencia, Sección 6ª

ROLLO DE APELACION 2014-0456

SENTENCIA Nº294

ILUSTRISIMOS SEÑORES

PRESIDENTE

Doña María Mestre Ramos

MAGISTRADOS

Doña María Eugenia Ferragut Pérez

Don Jóse Francisco Lara Romero

En la ciudad de Valencia a treinta y uno de octubre del año dos mil catorce.

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia, integrada por los Iltmos. Sres. Magistrados anotados al margen, siendo ponente María Mestre Ramos, ha visto el presente recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia de fecha 12 de junio de 2014 dictada en AUTOS DE JUICIO ORDINARIO 799-2010 tramitados por el Juzgado de Primera Instancia Dos de los de Requena .

Han sido parte en el recurso, como APELANTE-DEMANDADA DOÑA Carina representada por la Procuradora de los Tribunales Dª Marta Aleixandre Baeza y asistida del Letrado D. Pedro Alcarria Martínez; como APELADA-DEMANDANTE LA ENTIDAD MERCANTIL MADRID LEASION CORPORACION E.F.C SA representada por la Procuradora de los Tribunales Dª María Consuelo Gomis Segarra y asistida de la letrada Dª Regina Catalán Pardo.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

La Sentencia de fecha 12 de junio de 2014 contiene el siguiente Fallo.

Que debo estimar y estimo la demanda del procedimiento 392/2009, formuladas por MADRID LEASING CORPORATION EFC. contra DÑA. Carina, por la suma total de TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS (35.059,91#) más el interés pactado, con expresa imposición de costas a la demandada.

SEGUNDO

Notificada la Sentencia, DOÑA Carina previa preparación interpuso recurso de apelación alegando, en síntesis,en primer lugar la nulidad e inaplicabilidad por abusivos y usurarios los intereses moratorios del 22% debiendo declarar procedentes unos intereses al tipo de interés que esta Sala considere correcto dentro de la facultad moderadora. Clausula General 6ª de la póliza.

Es de aplicación la Ley de Consumidores y Usuarios y la Directiva 93/13 de 5 de abril de 1993 por no constar acreditado ni desprenderse directamente de la declaración de la demandada que el bien objeto del arrendamiento se utilizare para una actividad ajena al ámbito laboral.

No existe prueba que acredite que el bien guarda relación directa con la actividad laboral de la demandada. En segundo lugar se alega error en la apreciacion de la prueba por disconformidad con las cantidades reclamadas.

Se ha ofrecido la devolución del bien siempre que pasase por su efectiva valoración al tiempo de la entrega pero la actora se ha negado.

El documento 3 fue impugnado. No ha sido adverado. El legal representante de la actora no compareció a juicio por lo que deberá tenerse por confesa.

Debe admitirse la pericial auditora que se practico en el pleito y en la que se fijo 15.497,29 euros.

La aplicación del Euribor a seis meses esta establecido en el contrato.

Tampoco se aclara si la indicación del interés esta fijada para el tiempo que va desde el inicio contractual hasta su vencimiento, por lo que siendo un pacto indemnizatorio debe interpretarse de manera restrictiva.

En tercer lugar infracción del art.218 Lec puesto que la sentencia excede de las pretensiones de la actora.

Así pidiéndose la condena de 15.960,63euros mas intereses se condena a a pagar 35.059,91 euros.

Existe una incongruencia interna por cuanto la demandante no varió su pretensión por ello si se deseaba suscitar un debate procesal a propósito de si la demandada debía abonar el importe en que se valorase el bien objeto del contrato en caso de imposibilidad de devolución debió suscitarse en la demanda.

No se da por resuelto el contrato cuestión necesaria para el resto de pretensiones.

En cuarto lugar respecto a la exhaustividad y congruencia de las sentencias.

Valorado el bien por el perito judicial en coincidencia con la valoración que consta en el contrato no resulta viable.

En quinto lugar se impugna el pronunciamiento condenatorio de costas procesales.

Solicitando se revoque la sentencia desestimando la demanda.

TERCERO

El Juzgado dio traslado a la otra parte ENTIDAD MERCANTIL MADRID LEASION CORPORACION E.F.C SA presentó escrito de oposición.

CUARTO

Las pruebas que se han practicado en primera instancia y que son objeto de nueva valoración por el Tribunal han sido:

  1. -Documental

  2. -Interrogatorio

  3. -Pericial

QUINTO

Recibidos los autos por este Tribunal, se señaló el día 29 de octubre de 2014 para deliberación y votación, que se verificó quedando seguidamente para dictar resolución.

SEXTO

Se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los fundamentos de derecho de la resolución apelada en lo que no se opongan a los contenidos en esta

PRIMERO

La cuestión planteada por la parte apelante, DOÑA Carina en virtud del recurso de apelación interpuesto es resolver si procede desestimar la demanda instada por la ENTIDAD MERCANTIL MADRID LEASING CORPORATION EFC contra la parte demandada-apelante.

SEGUNDO

El primer motivo del recurso postula la nulidad e inaplicabilidad por abusivos y usurarios los intereses moratorios del 22% debiendo declarar procedentes unos intereses al tipo de interés que esta Sala considere correcto dentro de la facultad moderadora. Clausula General 6ª de la póliza.

La juzgadora de instancia considero:

"SEGUNDO.- Son hechos no controvertidos la firma del contrato de Póliza Mercantil, suscrita en fecha 29 de marzo de 2007 (documento nº2 de la demanda) así como el impago de las cuotas desde octubre de 2008, y la posterior sustracción del semi-remolque que fue apreciada en octubre de 2012. Atendiendo en primer lugar al contenido del contrato de arrendamiento financiero (leasing) de bien inmueble, suscrito por la demandada con la demandante, así como a su vigencia, hay que manifestar que de los documentos que constan en las actuaciones se aprecia la suscripción del contrato firmado en fecha 29/03/2007 en el que se acuerda la cesión del uso del semi-remolque, comprometiéndose la demandada a abonar a la demandante el precio de dicho bien, mediante pagos sucesivos, consecutivos y con periodicidad mensual desde la fecha de la firma hasta abril de dos mil doce. La obligación por tanto de la demandada era abonar los plazos pactados, habiendo abonado el precio del bien arrendado sólo hasta septiembre de 2008, inclusive. Se aprecia por tanto, como único hecho controvertido, la cuantía de la reclamación, es decir, el importe de la deuda reclamada, pues mientras MADRID LEASIN CORPORACION EFC SA reclama

15.960,63 euros, más el valor del bien cuya restitución ha devenido imposible, los intereses pactados y las costas, la demandada afirma que sólo será debido el principal adeudado, no siendo reclamables los intereses por abusivos y tampoco el valor del bien arrendado, cuya devolución no es posible, por cuanto seria una reclamación nueva que debe solicitar en un nuevo pleito.

En cuanto a la alegación que se refiere al interés moratorio pactado, pues se considera que el 22 % de interés anual es manifiestamente desproporcionado, siendo abusiva la condición que lo establece, invocándose la aplicación de la legislación protectora de consumidores y usuarios, pues se indica que la contratación con la mercantil actora la llevó la demandada como persona física, aludiéndose a la Ley de Consumidores y Usuarios y a la Directiva 93/13, de 5 de abril de 1993, en relación con este motivo, relativo al carácter abusivo y desproporcionado del interés de demora previsto en la póliza, de la prueba practicada, en concreto de la declaración de Carina se extrae que el semi- remolque lo utilizaba en el ámbito de su actividad laboral, por lo que no se considera de aplicación la legislación protectora de consumidores al no actuar la parte demandada al margen de la actividad empresarial, estimándose que no es abusiva la cláusula al referirse dicho interés de demora a una penalización por incumplimiento, considerando que tampoco es de aplicación la Ley de Represión de la Usura. ) En el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, en el artículo 3, se dispone: " A efectos de esta norma y sin perjuicio de lo dispuesto expresamente en sus libros tercero y cuarto, son consumidores o usuarios las personas físicas o jurídicas que actúan en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional." Es preciso destacar la importancia del cambio del concepto de consumidor que se incluye en el art. 3 y que supone una evidente modificación con respecto al punto central de identificación que se contenía en la definición del art. 1.2 de la Ley 26/1984 . En tal sentido, se pasa de identificar al consumidor o usuario como el destinatario final de los bienes o servicios, a considerar como tal a toda persona física o jurídica que actúe en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. El punto de inflexión se sitúa en el tipo de actividad que desarrollen los contratantes, tanto para la definición de consumidor como para el concepto de empresario que se contiene en el art. 4 .

Tras el examen de los autos resulta que Doña Carina intervino en el contrato de arrendamiento financiero, de fecha 29 de marzo de 2007, en calidad de arrendataria, siendo el objeto de dicho contrato el semi-remolque Basculante, marca Tisvol, modelo A-850150-EAL, que según sus propias palabras dejó de utilizar "cuando la faena bajo". A la vista de estos hechos y del concepto de consumidor referido no es de aplicación el artículo 10 bis de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, ni el artículo 82 del R. Decreto Legislativo 1/2007, por el que se aprueba el texto refundido de la ...

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